La nueva Ley establece que las empresas, sociedades o personas jurídicas no pueden donar pero no impide que sì puedan comprar bonos. Bonos que pueden ser clase A, B, C hasta la Z. Una manera de hacer lo mismo y escapar de los controles, su resultado. El financiamiento político público y privado hecho un solo colocho, la rendición de cuentas y la transparencia más oscuros que cuando va a amanecer, diría el poeta.
¡Con razón tan feliz algarabía en los círculos de poder! ¿Así pretenden restablecer la confianza ciudadana en el sistema democrático e incrementar la participación? ¿A golpe de anuncios incumplidos y trampitas leguleyas?
Para el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la financiación pública se convierte en una especie de bolsa de valores electoral. El señor Sobrado según informa la prensa: “hace la diferencia entre donar dinero y adquirir bonos de deuda política. Lo último es inversión y no se limitará-afirmó-. Al Presidente del TSE y a quienes aprobaron la Ley no parece importarles el destino de la ganancia de la que considera el primero una inversión. Esto es, el empleo de capital en la actividad electoral con el objetivo de incrementarlo.
¿Inversión y ganancia de capital en qué y para quién? en democracia, no pareciera verdad? puesto que no parece interesar la forma que adquiera la ganancia derivada de esa supuesta inversión sea en dinero, especie, comisiones, intereses, puestos, favores, lavado o eso que llama otra ley: tráfico de influencias. Ni se preguntan a cuenta de qué se permite cualesquiera de esas formas lucrativas, sin límite alguno, a las personas jurídicas por parte de los partidos políticos, tratándose de la deuda política pública, dineros de todos los costarricenses.
El señor Sobrado no está solo en eso de las interpretaciones, lo acompaña la Diputada Ballesteros del PLN quien, después de hacer melodrama acerca de lo que les costó sacar la nueva Ley electoral en la comisión que preside, dictamina que: “la exclusión de las empresas o sociedades (como donantes de la campaña) no se hizo porque fueran corruptas, sino porque las usaban para fines ilícitos y convenía cerrar ese portillo” En otras palabras: fue algo inmoral y hasta ilegal lo que estuvo detrás de las tales donaciones y fideicomisos, algo así como topadores o lavadores, no lo explicita la diputada, ella sabrá. Sin embargo, no pareciera preocuparle el otro portillo que dejó abierto para que esos mismos que en su decir no son corruptos pero tienen fines ilícitos, compren bonos, hagan su inversión, incrementen el capital.
Cierra con broche de oro la disquisición de la candidata del PLN a la Presidencia: “Nos preparamos para eso, no tenemos preocupación. Creemos que con las nuevas reglas de financiamiento estatal se facilita la ejecución del gasto electoral. Una cosa compensa a la otra”, declaró. Bonos por donaciones, figuras mercantiles imaginativas… he allí la cuestión.
Otros partidos dicen no preocuparles el asunto. Se entiende, no se explica, porque según Informe final de Transparencia Internacional Elecciones 2006: “en comparación con los otros partidos, la emisión de bonos del partido Liberación Nacional es masiva: los 5.000 millones de colones que emitió en bonos representan casi 3.5 veces el monto emitido por el PUSC, y cerca de 5 veces el monto de los bonos del Movimiento Libertario o del PAC”.
Todo listo para el artificio de facilitar en el 2010, a las personas jurídicas (empresas), que el Presidente del TSE declara no poder saber quiénes son, para que compren bonos de deuda pública y saltarse a la torera el impedimento de las donaciones privadas que según la diputada Ballesteros se usaron para fines ilícitos. Ergo: los fines ilícitos se trasladan a los bonos, el TSE no lo limita en modo alguno y colorín colorado, aquí no ha pasado nada: Elecciones S.A., democracia corporativa.
¿Alguien en su sano juicio podrá estar de acuerdo con semejante despropósito? ¿Elecciones limpias? ¿Controles efectivos? ¿Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Otro informe legislativo que señale que: “Si bien es cierto que las agrupaciones políticas desplegaron sus argucias para violar las disposiciones electorales, el papel realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones se ha distanciado sustancialmente de su mandato legal. No ha existido una verdadera fiscalización de los procesos internos y de las organizaciones partidarias y paralelas. Tampoco el TSE ha cumplido el papel de fiscalización que le permita ir configurando una mejor conducta de los partidos. Éstos, al contrario, han estado transgrediendo la ley a vista y paciencia del órgano rector”. (Informe Asamblea Legislativa 2002-2006)” ¡Hágame el favor!
