Honduras es notaria por su inequidad económica. Los muy ricos tienen las riendas del poder y están literalmente por encima de la ley. Muy pocos miembros de las élites económica y militar del país han sido llevados a la justicia por destruir el ambiente, robar la tierra y los recursos de los pobres, utilizar al Estado para ganancia personal, o silenciar a los periodistas que tratan de exponer sus crímenes.
En cumplimiento de sus promesas de campaña, el presidente Zelaya rápidamente impulsó una mayor legislación para proteger los bosques de Honduras de la poderosa industria maderera, que había disfrutado de la protección de gobiernos previos. Para lograr ayuda con el resto de su moderado programa de reforma consultó al embajador de los EE.UU. y buscó asistencia de fuentes tradicionales de Washington, tales como la AID (Agency for International Development), IDB (Interamerican Development Bank). Su cooperación con el presidente venezolano Hugo Chávez no empezó sino hasta más tarde.
Con anterioridad a la elección de Zelaya, yo ayudé a fundar una organización no gubernamental hondureña llamada “Democracy without borders”, que se dedicó a hacer al gobierno más capaz de rendir cuentas y de dar respuesta al 60% de los hondureños que viven por debajo de la línea de pobreza. Décadas antes, yo había servido como jefe de la sección política de nuestra embajada en Tegucigalpa. Después de que Zelaya llegó a la presidencia, me reuní a menudo con él y con sus consejeros claves. Aunque los temas de política exterior fueron debatidos acaloradamente, nunca hubo ninguna hubo ninguna mención ni de Venezuela ni del presidente Chávez.
De las muchas crisis que la administración Zelaya tuvo que confrontar, lo que empujó a la economía hondureña al punto de inflexión fue el disparo exagerado del precio del petróleo. Cada semana las líneas de bus y las compañías camioneras exigían acción, llamaban a paros laborales y amenazaban con huelgas. El presidente Zelaya decidió que tenía que actuar. Tomó control temporal de las terminales de almacenamiento, que estaban en manos de propietarios extranjeros, como parte de una política para chequear ganancias y bajar los precios de la gasolina. Esta iniciativa le ganó a Zelaya una aprobación popular amplia, pero atrajo sobre él la ira colectiva de las compañías petroleras internacionales.
Mientras que este drama se desarrollaba, un miembro del gabinete preocupado me preguntó cómo debería el presidente Zelaya manejar la oferta sorpresiva del presidente Hugo Chávez para proporcionar petróleo a Honduras a precios subsidiados. Después de enterarme de todos los detalles, le aconsejé al ministro discutir la iniciativa venezolana con el embajador de EE.UU. Debería explicarle a él que la administración Zelaya tenía que actuar en los mejores intereses de Honduras y preguntarle qué podría hacer Washington para ayudar al gobierno a asegurar un abastecimiento confiable de petróleo a precios razonables. Por desgracia, la administración Bush no ofreció a Zelaya más que las promesas de que el curso correcto era confiar en los beneficios de largo plazo del capitalismo de mercado.
La crisis en Honduras debería recordar a la administración Obama que ha heredado una política inadecuada con respecto a Centroamérica. Mientras que el presidente Chávez proporciona petróleo barato para favorecer a aliados regionales, los EE.UU. proporcionan fondos para la guerra contra las drogas y asistencia militar. Los líderes civiles son comprensiblemente escépticos de una guerra de drogas que solo parece haber incrementado la corrupción y la violencia en sus países. Los presidentes elegidos también se preocupan de que el programa antinarcóticos de Washington le dé a los militares de América Central, una licencia para intervenir en los asuntos internos de sus países, —rol expresamente prohibido por las constituciones de todos los países de la región. Los eventos recientes de Honduras confirman que estos temores son bien fundados.
Los oficiales militares y civiles hondureños que pusieron este golpe en movimiento, han cometido un acto colectivo de suicidio político. Han demostrado que ellos son inadecuados para tener un oficio público en un gobierno constitucional. El futuro de la democracia en Honduras será más brillante una vez que ellos se hayan ido.
* Ex embajador de EE.UU. en El Salvador, ex oficial político de la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa
