Don Óscar explicó el contenido del plan, y en su ponencia marcó el acento en la protección que este ofrece a la clase trabajadora. A contra pelo de toda lógica, una de las medidas protectoras anunciadas, consiste en reducir la protección que nuestro Código de Trabajo le reconoce a la persona asalariada.
Es difícil entenderlo. El presidente ofrece para quienes viven del salario, “protegerlos desprotegiéndolos”. La curiosa fórmula consiste en eliminar para siempre [sin importar que la crisis sea pasajera], el pago de las horas extraordinarias. Aunque suene extraño, para que el trabajador sufra menos la crisis, de ahora en adelante tendrá que trabajar hasta doce horas con pago sencillo, es decir, más trabajo por menos salario.
De igual forma, el “Plan Escudo” permite al empleador establecer jornadas anualizadas; así algunos meses se trabajará más horas y otros meses menos, sin importar que esto implique para muchas personas que no solamente trabajan en la empresa, la imposibilidad de conciliar sus tareas extralaborales con las variaciones de jornada. Sirva de ejemplo el caso de los miles de estudiantes que tienen la doble tarea del trabajo y el estudio. Una jornada de doce horas implica inexorablemente, renunciar al trabajo o al plan de estudio. Un asunto de mera escogencia…
La disonancia que esto ocasiona en un plan que pretende escudar a los más débiles, tiene explicación propia. Flexibilizar las jornadas de trabajo no es algo que el presidente haya pensado para proteger a los trabajadores de los efectos de la crisis. El mal llamado “Proyecto de Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores, número 16.030”, (piedra angular del Plan de don Óscar), es una propuesta que las cámaras empresariales, desde años atrás, han tratado de convertir en ley. Hasta ahora tal propósito había fracasado gracias a la decidida oposición de los sindicatos y organizaciones sociales que con buen tino han advertido sobre las consecuencias negativas que trae la propuesta.
La oposición a la flexibilidad de las jornadas de trabajo, sustenta su tesis en la experiencia de los otros países latinoamericanos donde se introdujeron reformas flexibilizadoras de la legislación laboral, mediante leyes que impusieron, sin dejar espacio alguno a la negociación entre partes, cambios como los que aquí propone el citado proyecto.
En Brasil, Chile y Argentina, por citar algunos ejemplos, lejos de mejorar la competitividad de las empresas o reducir las tasas de desempleo fines justificadores de la reforma, la flexibilidad laboral repercutió en aumento de los niveles de precariedad del empleo, al punto que estos países, se vieron obligados a modificar nuevamente su legislación laboral y volver a esquemas de mayor protección para los trabajadores.
Si el presidente de la República tomara en cuenta estas experiencias como guía – algo bastante recomendable-, dispondría en su “Plan Escudo” que al igual que las otras propuestas, como la reducción de los intereses de crédito y el seguro de desempleo, la modificación de las jornadas de trabajo sea una medida transitoria o bien, justificada únicamente para situaciones especiales.
En todo caso, el plan debe enmendarse para establecer que la implementación de los nuevos esquemas del ordenamiento del tiempo laborable, no se haga mediante el imperativo e indiscriminado trato de la Ley, sino a través del acuerdo de los sectores interesados y perjudicados directamente, tal y como lo han hecho algunos países europeos, donde la flexibilidad laboral ha sido tema de negociación entre partes y no legislación impuesta.
De no ser así, el “Plan Escudo” no es otra cosa que una propuesta política pensada para escudar a los más fuertes, y justamente podemos acusarlo de estar viciado del oportunismo propio de aquello que dice: “en río revuelto, ganancia de pescadores…”
