San José, jueves 9 de octubre de 2008
FECON – 096-08
Señor
Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica
Casa Presidencial
Zapote
Estimado señor:
Desde hace muchos años, el movimiento ecologista costarricense ha alertado tanto a las autoridades como a la sociedad en general, sobre los peligros y nefastas consecuencias que derivan de la privatización de nuestra biodiversidad y nuestra vida por medio de patentes o “derechos del obtentor”, que solamente protegen intereses de grandes empresas transnacionales y que legitiman la biopiratería de los recursos biogenéticos del país.
La vida no es una mercancía y por lo tanto no debe ser tratada como tal, las patentes, la propiedad intelectual, la apropiación de materiales genéticos y de conocimiento tradicional por parte de transnacionales, son intentos de apropiación del bien común.
Nos indignan leyes absurdas en las cuales nuestros agricultores, campesinos, indígenas y productores del campo sean tratados como delincuentes por prácticas ancestrales de intercambio de semilla y de conocimiento tradicional; imponiéndoseles sanciones tales como medidas cautelares y destrucción de sus cosechas.
Como usted mismo ha reconocido, la crisis alimentaria asecha a nuestro país, de ahí intuimos otra consecuencia grave de estas prácticas, la cual radica en el encarecimiento y falta de acceso a semillas para abastecimiento interno; así mismo, la posibilidad de abrirse un portillo a organismos genéticamente modificados (transgénicos), lo cual también va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria y nuestra biodiversidad.
Hoy, nuestra preocupación se acrecienta, no solo porque nuestras alertas no han sido escuchadas por parte de dichas autoridades, si no porque, además, nos encontramos ante un atropello más a la institucionalidad del país, evidenciado en el trámite del expediente Nº 16.955 “Reforma y adición de varias normas que regulan las materias relacionadas con propiedad intelectual”, en una forma excesiva, inconsulta, apresurada y tardía; sobre el cual la Sala constitucional ya se pronunció sobre la obligatoriedad de consultarle a nuestros pueblos indígenas, en el tanto es un derecho establecido en el convenio 169 de la OIT suscrito por nuestro país y con jerarquía superior incluso a nuestra Constitución Política al ser considerado un derecho humano.
Por lo tanto, exigimos que se deje de violar nuestra institucionalidad y se proceda a realizar la consulta a nuestros pueblos originarios, tal y como lo indicó la Sala Constitucional, por afectársele en el artículo 10 del expediente Nº 16.955; así como también eliminar el artículo 7 del mismo, con el procedimiento adecuado y no nuevamente con mecanismos antojadizos, por cuanto representa un exceso a los compromisos adquiridos por nuestro país en el TLC.
Atentamente,
Heidy Murillo Quesada
Presidenta
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente
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