Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones
23 de julio de 2008
ANTTEC 067-08
Señores (as)
Diputados (as)
Asamblea Legislativa
Estimados señores(as):
Como es de su conocimiento, próximamente el ICE entrará en un régimen de competencia, impactando en su sector más rentable: el de las Telecomunicaciones.
Las experiencias en otros países ha demostrado que en los procesos de apertura, la empresa doméstica que estaba en condición monopólica, ha perdido clientes por la reducción de la participación de mercado al surgir nuevos agentes comercializadores del servicio y por ende las entradas han bajado sustancialmente entre un 40 y 50% de ingresos.
Si a este riesgo le agregamos el estado financiero alarmante en que se encuentra el Sector Eléctrico del ICE, tenemos como resultado números rojos en sus estados financieros mensuales del 2008.
Para enfrentar esta situación, el Sector Eléctrico ha acudido a líneas de crédito por más de $100.000.000 (cien millones de dólares), agravando aún más los problemas financieros, pues deben pagarse en muy poco tiempo. Además se han realizado operaciones entre sectores que descapitalizan el Sector de Telecomunicaciones, como el acuerdo del OPGW del 2007, mediante el cual el Sector de Telecomunicaciones pagó al Sector Eléctrico por el uso de la red (postería), la suma de ¢67.000 millones (sesenta y siete mil millones de colones), que comparado con lo que pagan las compañías de cable al ICE por el mismo concepto es a toda luces desproporcionado.
Si se analiza el primer trimestre del año 2008, el Sector Eléctrico cerró con una pérdida, donde los rubros de gasto más importante son: equipos arrendados (BOT), combustibles y pago a cogeneradores privados. Es decir, que entre estos tres rubros se lleva más del 50% de los ingresos por servicios.
Al cierre de Diciembre 2007, los costos de operación y mantenimiento de equipos bajo arrendamientos (¢35.769 millones; treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve millones de colones) y compras y servicios complementarios (¢80.455 millones; ochenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de colones), que incluye combustible y generadores privados, alcanzaron el 40% del total de los costos y más de un 38% de los ingresos por servicios.
Como se puede observar, el tema del precio del petróleo tiene un fuerte impacto en el costo de la electricidad generada con combustible. Esto es consecuencia directa de las restricciones de la política económica neoliberal de gobiernos anteriores, con las cuales se buscaba que el ICE no desarrollara sus planes de inversión y obras hidroeléctricas porque absurdamente se consideraba gasto y no inversión. Hoy esa política nos pasa la factura.
Sin embargo, el alto precio de los hidrocarburos no es el único factor de impacto financiero como se quiere erróneamente dar a entender a la opinión pública, pues estas pérdidas del Sector Eléctrico no son algo nuevo. Al 31 de diciembre del 2007, el sector cerró con una pérdida de operación de ¢25.109 millones (veinticinco mil ciento nueve millones de colones) y una pérdida neta, sin tomar en cuenta sus subsidiarias, de ¢41.418 millones (cuarenta y un mil cuatrocientos dieciocho millones de colones). Esto se continúa reflejando en forma negativa en los siguientes meses del 2008, no vislumbrándose ninguna acción correctiva.
Resulta más grave la violación a las leyes cuando se hacen estos traslados del Sector de Telecomunicaciones, maquillando de esa forma la terrible realidad financiera que atraviesa el ICE y que violenta la Ley 8131 de Administración Financiera y Presupuesto Público, pues cada tarifa de servicios está compuesta por el costo más la Reserva del Desarrollo, según lo establecen claramente las Leyes 449 y 3226; es decir, no incluye el traslado de recursos, que actualmente se le cobra ilegalmente al usuario.
Hoy nos preguntamos dónde está y qué hace el Ministro Rector del ICE Dr. Roberto Dobles Mora, ante esta situación y dónde están los funcionarios responsables de política económica que restringieron la inversión del ICE en obras hidroeléctricas.
Ante esta situación, nos parece que es necesario que la Asamblea Legislativa convoque a la Administración Superior del ICE, desde su Presidente Ejecutivo, Gerente General, Subgerencia Corporativa, Subgerencia Administrativa, Financiera, Telecomunicaciones, Energía y Auditoría Interna, para que expliquen y rindan cuentas sobre la situación de crisis financiera del ICE y qué directrices han recibido desde la Rectoría Sectorial para resolver esta grave situación, que pone en riesgo el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
Sobre todo preocupa que en estos momentos se combinan dos coyunturas: la crisis del petróleo —que impacta sobre el costo de vida y el mercado energético—, y, por otro lado, la decisión gubernamental y legislativa de apertura al mercado de telecomunicaciones que afecta directamente la alianza que durante décadas articuló el ICE en sus sectores de telecomunicaciones y energía como estrategia sustentada en economías de escala, al combinar ambos servicios y optimizar el uso de los recursos.
Debe determinarse si el Ministro Rector está evadiendo su responsabilidad y deber, que le obliga la ley sobre la vigilancia en el mejor uso de los fondos y recursos públicos y en la rectoría sobre el desempeño de las instituciones bajo su coordinación, en este caso particular el ICE.
Bajo este marco financiero, nos preguntamos cómo podrá competir el ICE si a finales del año prácticamente estará en una situación financiera agobiante. ¿Será acaso que quieren montar una situación semejante al extinto Banco Anglo Costarricense, para justificar su desmantelamiento?
Hacemos de conocimiento público lo grave de esta situación e instamos a la Asamblea Legislativa para que ejerza el control político que le compete, específicamente para esta materia y convoque no solo a la Administración del ICE, sino también al Ministro Rector a rendición pública de cuentas, y muy en especial a los Señores Subauditores del ICE, para que rindan cuentas sobre el mandato que le da a las Auditorias Internas el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, que dispone que la Auditoría Interna debe proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas.
Atentamente,
Jorge Arguedas Mora
Presidente
Julio Durán Mora
Secretario
