Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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Federico Sosto López acaba de darle el tiro de gracia a una de esas instituciones pilares, nada menos que a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Habló claro y sin pelos en la lengua. Él, magistrado suplente del más alto tribunal de la República, es asesor del dúo presidencial. Así lo confesó. Ya no hay nada para especular. La división de poderes, eje estructural de la democracia representativa, dejó de existir. Parece increíble, pero no hubo necesidad de ninguna acción subversiva del orden constitucional. La subversión sale desde las mismas entrañas del poder que debe velar por ese orden constitucional.
Le copiamos a la periodista doña Iris Zamora, al respecto. Indica ella que según el estatuto del Juez Iberoamericano, de la Unión Internacional de Magistrados, “el componente más sustancial del Estado Democrático de Derecho es la separación de poderes y la independencia judicial frente a los demás; la independencia (que debe ser técnico-jurídica, política, social y económica), es la más importante condición de la imparcialidad, la cual a su vez es la característica nuclear de la actividad del juez y la más firme garantía de los derechos y libertades ciudadanos”.
El magistrado suplente Sosto, con su confesión descarada de que es asesor de la Casa Presidencial, debe renunciar inmediatamente. Además, habría violentado la propia Ley Orgánica del Poder Judicial que, según nos han explicado, le impide el ejercicio privado de su profesión de abogado, en su condición de magistrado suplente de la Sala IV.
La Corte Plena debe responder ante el país. Se ha posicionado una gigantesca sospecha de que este caso no es aislado; es decir, que podría él no ser el único de su clase que ha estado respaldando las decisiones del poder político de turno, en aras de los particulares intereses de negocios del mismo, en el marco de la tramitación parlamentaria del TLC y de su agenda de implementación.
El señor Sosto ha tenido participación, como magistrado propietario, en la tramitación constitucional de asuntos de interés para el dúo presidencial, en el marco de esa agenda. Nos preguntamos: ¿cuántas veces habría consultado con los hermanos Arias al respecto?…
Tal y como fue planteado por un prestigioso grupo de entidades sindicales y como lo están haciendo ya una enorme cantidad de ciudadanos, demandamos la nulidad de todos aquellos fallos de la Sala IV tramitados en el período en que el señor Sosto ha fungido como magistrado suplente y, eventualmente, como propietario de esta instancia constitucional.
Su sola presencia indirecta en el devenir de la tramitación de proyectos y consultas polémicas, como las relacionadas con el TLC, arroja una sombra de total oscuridad sobre la transparencia del Poder Judicial y de dicha sala en particular, por más que diga haber estado apartado de decisiones polémicas sobre tal materia.
Hoy, la sensación de que somos una ciudadanía indefensa ante los abusos de poder que estamos presenciando, en todas sus formas, obliga a la más grande unidad de todas las fuerzas de todos los sectores preocupados por este grave deterioro de la institucionalidad, ante episodios como el que hoy estamos condenando. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las más preciadas instituciones republicanas de nuestro sistema de democracia representativa han sido raptadas, secuestradas, violadas por intereses contrarios al bien común. Rescatarlas se convierte en la tarea estratégica más importante de la actual circunstancia histórica que vive nuestra querida Patria.
