Las declaraciones presidenciales remachan un concepto: nada tiene de malo lo que el gobierno hace. No importa que sea la Asamblea Legislativa, el TLC, Sardinal, las escuchas telefónicas o los fondos del BCIE y Taiwán, porque todo es legal. Nadie tiene derecho a dudar de un gobierno que se dice respetuoso de la ley.
En verdad el arismo ha desarrollado una fórmula para hacer lo que le viene en ganas. Utiliza a su antojo una distinción entre legalidad y moralidad; y plantea, sin sonrojo, que al gobierno solo se le puede juzgar con base en lo legal. Todo aquello que no sea ilegal le está permitido. Nada es incorrecto si los magistrados o los jueces lo aprueban. No importa como se logre.
Las consideraciones éticas, los valores morales y las responsabilidades políticas no son aplicables a quien ocupa el solio presidencial y sus acompañantes. Esas calificaciones solo pueden achacarse a los otros, no importa el nombre, aunque sus actos también estén amparados por la ley.
Si la prensa, con todo derecho, pide explicaciones, eso es irrespeto y crea una mala imagen de las autoridades. Si se hacen críticas y se protesta públicamente, sin violentar las normas, eso es atentar contra la institucionalidad. Si abundan las mociones a un proyecto legislativo eso es censurable, aunque el reglamento lo permita.
La aplicación a conveniencia de esa lógica que acomoda lo legal y lo moral, y la connivencia de aquellos con quienes comparten intereses, ha propiciado actuaciones de los más altos jerarcas que lesionan nuestro sistema político y socavan la esencia democrática.
La Asamblea Legislativa, Primer Poder de la República, ha cedido su primacía al Ejecutivo. Los ejemplos sobran. Las órdenes llegan directamente de la Presidencia. Pero esa sumisión no es ilegal… nada tiene de malo dejar de lado los principios republicanos.
En la discusión sobre el TLC las autoridades afirmaron que Costa Rica no había aceptado la “certificación” por parte de Estados Unidos, porque eso era ceder soberanía. Nos engañaron. Ahora tramitan una reforma para incorporar la certificación al Tratado. Pero ese engaño no es ilegal… nada tiene de malo.
Sobre el memorando de la desvergüenza, que promovió el miedo y el chantaje para doblegar la voluntad popular en las urnas del referéndum, un tribunal dictaminó que no se cometió ningún ilícito… y nada tiene de malo seguir usando las mismas tácticas perversas.
Las escuchas telefónicas que realiza la DIS atentan contra la privacidad de las personas y son moneda común en los regímenes totalitarios; pero aún no se ha demostrado su ilegalidad… y nada tiene de malo que nos sigan espiando.
Contribuyentes de Oscar Arias en la campaña electoral tuvieron el beneplácito del gobierno para apropiarse del agua de Sardinal, pero eso nada tiene de malo porque es difícil probar que hayan transgredido lo legal.
La contratación de amigos y de empresas de amigos con recursos del BCIE y de Taiwán por más de ¢2 millones… nada tiene de malo porque la Presidencia discurre que no tiene que rendir cuentas por fondos públicos que acredita como privados.
La función pública exige transparencia, pero no solo en la dimensión jurídica, sino también en la moral. No puede hablarse de democracia si los gobernantes gozan de impunidad ética.
15/07/2008
