Tatiana Gutiérrez Wa-chong
tgutierrez@ prensalibre.co.cr
Los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se defendieron ante las acusaciones dadas por algunos personeros de la Sociedad Portuaria de Caldera –actual concesionario del muelle- diciendo que ellos no tienen la culpa de que no se haya construido la Terminal Granelera y que lo único que hicieron fue obligarlos, tal y como se solicita en la Ley, a que se haga un estudio de impacto ambiental siempre que se van a iniciar obras concesionadas.
También, explicaron que a dos años de que se haya aprobado la Concesión, el pueblo de Costa Rica no se ha beneficiado, el servicio sigue siendo ineficiente, ha aumentado el desempleo en Puntarenas y las tarifas que cobra el nuevo administrador son las mismas que tenía el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
Lo que más le preocupa a ANEP, aseguró Douglas Carrillo Azofeifa, directivo nacional, es que las condiciones laborales se han deteriorado porque al ser contratados por servicios profesionales no tienen porque verse beneficiados por el pago de las garantías sociales y esto los podría afectar. Los representantes dijeron que “desde que se construyeron las instalaciones en Puerto Caldera, mediante la Ley Préstamo 5582, del Gobierno japonés (que todavía estamos cancelando como país), las autoridades gubernamentales respectivas, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como del Incop, no se preocuparon por convertir a Puerto Caldera.
“Lo planificado por los japoneses jamás fue ejecutado, prevaleciendo los intereses particulares de los políticos empresarios sobre el interés nacional, hecho consolidado en 11 de agosto de 2006, al pasar la actividad portuaria a manos privadas”, destacaron.
Carrillo comentó que tampoco han podido aumentar la capacidad del muelle y que la idea de que la Concesión iba a solucionar todos los problemas portuarios ha quedado en el vacío.
Agregaron que ANEP siempre denunció, de manera enfática y sólida, las inconsistencias jurídicas y los groseros vicios que se cometieron en el oscuro trámite de este negocio.
“Entre los muchos vicios y atropellos que denunciamos fue que nunca se realizaron, antes de confeccionar los carteles de licitación, como lo demanda la ley, los estudios de impacto ambiental.
“Así las cosas, legitimados en el artículo 50 Constitucional y en las normas que tutelan el derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, procedimos ante tal desafuero, en resguardo del interés nacional y de los derechos ambientales.
“Por lo tanto, si el Gobierno y las autoridades llamadas a cumplir con el ordenamiento jurídico no cumplieron con sus responsabilidades y obligaciones, no se vale que, gratuitamente, se quiera culpar a nuestra organización, por salir en la defensa de los intereses nacionales”, destacaron
Fuente: La Prensa Libre, sábado 28 de junio de 2008
