Colombia es un país hermano de Nuestra América, desgarrado y ensangrentado por un conflicto de más de medio siglo de duración. Hoy es el único país del continente donde se juntan todos los conflictos posibles: guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico, narcopolítica, parapolítica, terrorismo, que tienen prácticamente colapsado al Estado colombiano y que se constituye en un conflicto regional que afecta al pueblo colombiano y a todos los pueblos latinoamericanos.
Así las cosas, cada vez que en Colombia ha surgido alguna posibilidad, por mínima que fuera, de encontrar una salida política para la búsqueda de la paz, ha sido saludada y apoyada por la comunidad internacional y por todas las personas decentes y de buena voluntad.
En Costa Rica, las administraciones de José María Figueres Olsen (1994-1998) y de Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), de acuerdo a las mejores tradiciones nacionales, colaboraron para que en nuestro país, a petición de las autoridades colombianas, pudieran llevarse a cabo conversaciones entre representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del gobierno colombiano, del gobierno de los Estados Unidos y lógicamente, conversaciones políticas de los representantes diplomáticos de la insurgencia colombiana con diversos sectores políticos y sociales de la sociedad costarricense, en el contexto de esa búsqueda de una salida pacífica al cruento y prolongado conflicto colombiano. La esperanza de que eso iba a ser posible era la foto del presidente colombiano, Andrés Pastrana, con el jefe de las FARC, Manuel Marulanda.
Fue en esos años y en ese contexto, que siendo yo diputado de la República me entrevisté con los representantes de las FARC, en mi despacho en la Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el entonces ministro don Roberto Rojas. Eran reuniones públicas, como tantas que en esas fechas tenían lugar en nuestro país, en que era normal ver a representantes de las FARC reunidos con expresidentes, exministros, exdiputados y una amplia diversidad de representantes de la sociedad civil.
Desgraciadamente esas negociaciones finalmente fracasaron, y el sueño de la paz para Colombia que parecía cercano y realizable se volvió a romper. Nos debemos sentir orgullosos como país de haber puesto nuestro grano de arena en ese esfuerzo.
A partir de ese momento no volví a tener ninguna relación, ni ningún contacto con las FARC. Esa es la verdad. No digo estas cosas porque tenga que defenderme de nada ni ante nadie. Mi vida personal y pública es transparente. Soy un hombre que lucha de frente en defensa de los ideales en los que creo, soy de izquierdas y pienso que el futuro de la humanidad, si es que sobrevivimos a tanta catástrofe acumulada, pasará por el socialismo, a pesar de que soy consciente también de los crímenes que se han cometido en su nombre.
Rechazo, venga de donde venga, ese cinismo, que por cierto no puede atribuírsele a Maquiavelo, un político moral, de que el fin justifica los medios. Si el fin es noble, los medios no pueden, no debieran, pervertirlo; por eso no puedo aceptar que la muerte o el sufrimiento de gente inocente, llámese terrorismo de Estado o insurgente, el hambre, la extrema desigualdad, la opresión, la discriminación, el secuestro, la extorsión o cualquier otro tipo de violencia contra la gente o contra la naturaleza, sean métodos de lucha política que podamos tolerar y permanecer indiferentes. Si siempre han sido métodos odiosos en la dominación secular de un capitalismo salvaje, explotador y depredador, no dejan de ser igualmente, o más aún, odiosos cuando se cometen en nombre de la libertad y de la justicia.
No entro ahora a la polémica internacional sobre la computadora y sus correos, cuya propiedad y autoría se atribuye al asesinado comandante de las FARC, Raúl Reyes. La misma INTERPOL ha reconocido que el ejército colombiano, después de bombardear e invadir territorio ecuatoriano, no respetó “los principios reconocidos internacionalmente aplicables al manejo ordinario de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”, y agrega que “ la verificación realizada por la INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuarios que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen”, para concluir que “la veracidad o exactitud del contenido de cualquier prueba se establecen en el marco de un procedimiento judicial de ámbito nacional o internacional”. Esto es, como diría Günter Grass, un cuento largo, sólo el paso del tiempo establecerá la verdad.
Ahora lo que me interesa es dejar establecida mi verdad. Por dos razones, la primera: mis relaciones con las FARC se circunscribieron única y exclusivamente, como afirmé más arriba, a las que sostuve en el contexto de las amplias y diversas conversaciones para la paz que se desarrollaban en Costa Rica en el cruce de las dos administraciones indicadas; y la segunda: cualquier otra versión, no sólo sería una mentira absoluta, sino algo más grave, un intento de criminalizar a mi persona y al Partido Frente Amplio, para tratar de obstaculizar que el sólido prestigio ganado en nuestras luchas contra la corrupción y en defensa de los interereses del país y de las mayorías populares, se traduzca, como ya está ocurriendo, en la construcción de una fuerza política en capacidad de dar un aporte sustancial a la derrota de los neoliberales.
Y hay una tercera razón, que trataré de dilucidar en la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa, de la cual soy miembro: ¿Quién quiere callar al diputado José Merino para que este país no avance en el conocimiento de la verdad sobre el narcotráfico y el lavado de capitales, y las redes político-empresariales cómplices?
Alguien quiere seguir jugando la carta del miedo. Pero nadie logrará ni callarme, ni comprarme, ni doblegarme.
* Diputado, Partido Frente Amplio
