Hace poco conocimos lo que le sucedió en México a la inteligente periodista Carmen Aristegui. Ella sustentaba uno de los más populares y serios programas de opinión en una cadena de radioemisoras, controladas por los grupos televisivos Azteca y Televisa. Simultáneamente hacía (y hace) un magnífico trabajo en la CNN norteamericana en español. Aquí presenta temas de actualidad con personalidades destacadas del exterior y del propio México.
En este espacio de CNN se debaten infinidad de asuntos de interés público. Y se hace con la solvencia intelectual y ética de los sustentadores. Curiosamente, la emisora estadounidense con proyección latinoamericana y mundial, le ha conferido a Carmen hasta ahora plena libertad para ventilar sus agendas. Sin embargo, las trasmisiones radiales de México le fueron cortadas por sus jefes locales, al no permitir que ella prosiguiera su labor de servicio público.
Y el argumento empresarial para proceder así fue que los fines editoriales de las radios no concordaban con los de la valiente y experimentada diarista. Pretexto obvio para aplicar censura previa y poner en acción el modelo autoritario de comunicación social que allá, como en tantos otros lugares y Costa Rica no se salva es el pan nuestro de cada día.
Televisa y Azteca son dos empresas de comunicación que en apariencia están compitiendo, pero en el fondo son la misma cosa porque ambas tienen objetivos similares en los campos comerciales, políticos y sociales.
Y lo único que no pueden permitir es la existencia de voces independientes y honradas que quieran ejercer un periodismo moderno y desligado de propósitos marginales a la respetable profesión del periodismo.
Este, por cierto, está siendo sometido en gran parte del mundo y aquí de nuevo Costa Rica no se salva a los fines únicos del negocio, ya no solo editorial, sino también a los otros que se ligan de maravilla para impulsar, apoyar, esconder, promover u ocultar parcialmente (según sea la necesidad) aquello que sirva o se oponga a sus afanes, estrangulando los intereses superiores de la comunidad.
Hoy vemos en todos los meridianos corporaciones de comunicación que están impulsando y complementando actividades hoteleras, industriales, de bienes raíces, educativas y, por qué no habría de ser así, políticas con “p” minúscula. Usan el poder de la comunicación para apoyar a sus políticos en tanto se porten bien y sus negocios y empresas, o para denostar a los demás o por lo menos invisibilizarlos. Esto es más fácil y menos riesgoso, según creen.
El caso de México no es exclusivo de ese país. Allí se ejemplariza uno de los grandes peligros de las instituciones democráticas que no pueden funcionar si no existe una prensa libre, independiente, solo al servicio del bien común, ofreciendo informaciones y opiniones balanceadas, sin lastres, sin listas negras, sin verdades a medias, con real apertura, tanta como la que se pide con razón a las dictaduras aunque se niega en la propia casa.
Estamos ante uno de los más serios desafíos que afronta Costa Rica en el presente y delicado momento transicional. En tanto los dirigentes políticos y sociales no entiendan el gravísimo peligro de que los cuasimonopolios empresariales de comunicación sean quienes digan la última palabra e impidan la palabra de los demás, estarán coadyuvando a cavar la poza profunda en la cual se enterrarán los valores democráticos de la república.
Se impone además una reflexión final al recordar los detestables antecedentes de lo acontecido con motivo del referendo sobre el TLC, cuando un amplísimo sector de los medios de comunicación se matriculó con uno de los grupos en disputa y cambió de la noche a la mañana los resultados previstos.
¿Qué sucedería si el país en algún momento resolviera convocar a una Asamblea Constituyente, cada vez más urgente y necesaria para poder “aggiornarnos”?
Siguiendo el patrón conocido, sabemos por adelantado que esa Asamblea estaría formada no con personas libremente escogidas, sino con aquellas que nos impondrían los medios de comunicación monopólicos. Y esto no sería ejercicio de la democracia, sino imposición de la dictadura mediática. Esa es la cuestión.
16 de Febrero 2008
