Javier Córdoba Morales
Redactor Semanario Universidad
Una publicación del diario guatemalteco Siglo XXI sobre la posibilidad de quiebra del 75% de las cooperativas ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), enciende las señales de alerta para el movimiento cooperativo costarricense.
El artículo de Jackelinne Castillo señaló que tres de cada cuatro, de las 1600 cooperativas existentes en Guatemala, está en riesgo de quiebra ante la competencia generada por el TLC.
Según la nota, las auditorias realizadas por la Inspección General de Cooperativas (INGECOP) de Guatemala muestran que el 25% de estas empresas sociales opera con utilidades, otro 25% tiene pérdidas y el 50% restante tiene sus finanzas estables.
Las empresas más afectadas son las que trabajan en el sector agrícola, de consumo, vivienda y comercialización, a las cuales las autoridades cooperativistas de Guatemala recomiendan una reconversión de sus actividades.
No sucede lo mismo con las cooperativas de ahorro y crédito, según lo estable de sus finanzas, las cuales podrían mantenerse vigentes ante la afluencia de capitales que traería el tratado.
Curiosamente, la nota destaca que anualmente la cantidad de cooperativas aumenta en un 40%, de las cuales casi la mitad corresponden al sector agrícola, el más vulnerable frente al TLC.
En un comunicado, el Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios Públicos y Los Recursos Naturales de Guatemala, muestra su preocupación por el desempleo que esta situación puede generar.
“El artículo no hace cálculos respecto a cuánto desempleo va a significar para el país la quiebra de las cooperativas. Se informa que son 1600 las cooperativas existentes, todas en riesgo y las agrícolas, además, en alto riesgo. Si en cada una trabajara un promedio de 10 personas, (que probablemente sea más alta la cifra), estaríamos ante 16 mil futuros desempleados y desempleadas, gracias a las bondades del TLC”, dice el comunicado.
Los activistas señalan que la desaparición de estas empresas locales irá descapitalizando su país y la ganancia generada por la nuevas actividades, se irá en gran parte a manos extranjeras.
Como parte del movimiento social, este Frente hace un fuerte llamado a los cooperativistas y a la población en general, pues en su criterio no dieron a lucha suficiente para rechazar el tratado.
“Compartimos íntegramente el texto de la información, por cuanto se basta por sí misma para que no sólo el movimiento cooperativista ponga las barbas en remojo, sino que, además, vayan tomando conciencia todos los otros sectores sociales que pueden verse igualmente afectados. Muchos, cuando se llamó a la lucha contra el TLC, se abstuvieron bajo el supuesto de que, quizás, les traería algunas ventajas. Ahí las tienen”, dice el documento.
SIN OPOSICIÓN
Felix Cristiá, Director Ejecutivo de la Confederación de Cooperativistas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA), dijo que esta entidad desconoce la información que revela la publicación en Guatemala, pero reconoce como una realidad la vulnerabilidad de las cooperativas agrícolas.
“Depende del sector en el que se ubiquen las cooperativas, porque hay algunas que están exportando y se van a beneficiar, hay otras que tendrán dificultades cuando entren productos que compitan con sus producciones y que son productos de exportación de los Estados Unidos. Así que todo depende en el movimiento cooperativo, del sector en que se esté ubicado”, comentó Critiá.
Cristiá comentó que esta entidad regional ha discutido el TLC en varios foros, pero no ha tomado posición, ya que reconocen que puede perjudicar a unos, pero beneficiar a otros; aunque hay temas que les resultan preocupantes.
“Entre los temas que nos deben preocupar están los de seguridad alimentaria, quienes serán ganadores, quienes serán perdedores. Cuando se comience a ejecutar el tratado hay que poner en el tapete el tema de la educación y la tecnología, ver si estamos preparados para asumir nuevos retos, ver el tema de las mujeres trabajadoras y estar claros en lo que significan las aperturas de telecomunicaciones y seguros”, expresó Cristiá.
RIESGOS ADVERTIDOS
La situación guatemalteca no sorprendió a Harys Regidor, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (COONACOP), quien señaló que los cooperativistas costarricenses ya han advertido sobre los riesgos del TLC.
“Prácticamente no vislumbramos en ninguna parte del tratado una salvaguarda para las empresas de economía social, ya lo dijimos en la Comisión de Internacionales; quiere decir que nos pone a competir en igualdad de condiciones sin tomar nunca en cuenta las asimetrías desde ningún punto de vista”, aseguró Regidor.
Según el cooperativista, en los encuentros con sus colegas centroamericanos, estos mostraron poca profundización sobre el tema del TLC, por lo que no tenían noción real de cómo serían afectados.
“Nos parecía que no había la suficiente profundización del tema, sin embargo en el momento en que ha entrado en vigencia el tratado, y cuando han tenido el acercamiento, no de grandes capitales, digamos que de capitales intermedios, pues el asunto se ha empezado a complicar”, analizó Regidor.
Regidor aseguró que éste es uno de los ciclos históricos en los cuales el cooperativismo se ve atacado por quienes ven afectados sus intereses.
“Esto es histórico, y no solamente en Costa Rica, cuando el cooperativismo se torna fuerte y eficiente, pareciera que hay intereses que se tocan y no aceptarían un cooperativismo fuerte. A nosotros nos llama la atención las opiniones alrededor de Dos Pinos que manifiestan que eso no es una cooperativa, bueno pareciera que es un delito ser exitoso en empresa de economía social”, argumentó Regidor.
Otra situación que preocupa al cooperativismo nacional, es el hecho que no se les identifique como empresas de economía social y se les someta a supervisión, en el caso de las entidades financieras, sin tomar en cuenta sus características particulares.
“Ahorita se tiene el ofrecimiento del Gobierno de la República de entrar en la propuesta de una supervisión especializada como sucede en muchos otros países, en donde existe una supervisión bancaria y una supervisión propia para las empresas de economía social. Si esto no sucede, difícilmente el sector de ahorro y crédito va a poder soportar el embate”, señaló Regidor.
Perjudicar al cooperativismo costarricense significaría afectar a 480 empresas en todas las áreas productivas, que dan empleo a más de 600.000 personas, el 30% de nuestra población económicamente activa.
Regidor destacó el papel de soporte que tienen las cooperativas en las economías de cada país, tal y como sucedió en Argentina durante su última crisis.
“Cuando se dio la crisis, las únicas empresas que quedaron eran las que tenían el capital local, y el capital local eran las cooperativas. En este momento lo que llaman “empresas recuperadas” pasa por un modelo asociativo y que privilegia el capital local, pero fue una lección muy dura que nosotros no quisiéramos pasar”, concluyó Regidor.
Fuente: Semanario Universidad
