Con el propósito de valorar y tomar una posición fundamentada sobre el paquete de reformas propuesto por la actual administración, presentamos los siguientes lineamientos y principios de valoración. Estos pretenden servir de guía para el estudio sistemático de las propuestas de reforma, estudio que ha sido iniciado a solicitud y con el respaldo del señor rector de la Universidad Nacional (UNA), Dr. Olman Segura.
De esta manera, se cumple con una obligación en cuanto universidad pública, la de ofrecer a la ciudadanía análisis serios y a la vez comprensibles sobre proyectos de ley que son de su indudable interés.
Como punto de partida, es posible caracterizar la situación tributaria costarricense de la siguiente manera:
1- Una carga tributaria baja y claramente insuficiente (cercana al 13,5% del PIB), lo que limita considerablemente la pretensión de que el Estado pueda ofrecer servicios y bienes públicos de calidad y con una amplia cobertura.
2- Una estructura tributaria “moderadamente regresiva” (opinión dominante en círculos oficiales), al menos en comparación con el resto de países centroamericanos; y basada fundamentalmente en impuestos indirectos (75% de lo recaudado). Además, una parte importante de los muy modestos impuestos directos (sobre la renta y al patrimonio) son aportados por los asalariados del sector formal de la economía, con amplias exenciones y exoneraciones para los sectores empresariales más dinámicos y rentables.
3- Una cuantiosa evasión fiscal, tanto en el impuesto sobre las ventas como en el impuesto sobre la renta (renta empresarial, especialmente), que ronda los ¢500 mil millones anuales (según cálculos recientes de la Contraloría General de la República).
4- Una administración tributaria con progresos recientes (profesionalización de personal, fortalecimiento institucional, mayor control y fiscalización, aumento en declaraciones electrónicas); pero que aún mantiene importantes limitaciones (alta evasión, grandes deudas morosas acumuladas o prescritas, fallas evidentes en el régimen sancionatorio).
5- Una legislación tributaria generosa con ciertos sectores económicos (_“guerra de incentivos fiscales”_), dedicada a favorecer el turismo, las exportaciones no tradicionales, incluyendo la maquila; con amplias o totales exoneraciones, no solo de aranceles, sino también del impuesto sobre la renta, de los impuestos municipales y sobre los activos. Como se sabe, parte de esta legislación deberá ser reformulada antes de que finalice 2009, por disposiciones de la OMC.
6- Una política tributaria, y fiscal en general, que enfrenta el dilema de que: a) se debilita la generación de recursos debido a la reducción de aranceles (del arancel externo común en el Mercomun, ajustes estructurales y apertura comercial, ingreso al GATT/OMC, y suscripción de TLC) y a las amplias exenciones y exoneraciones para atraer inversión extranjera y aumentar las exportaciones; b) por otro lado, es necesario aumentar los recursos para favorecer una mayor competitividad con equidad social y desarrollo humano. Esta tensión también involucra la demanda incluso exigencia por parte de organismos financieros internacionales y calificadoras de riesgo-país, de una mínima estabilidad macroeconómica, para la cual es central un déficit fiscal reducido.
Ante este panorama, consideramos que una reforma tributaria en Costa Rica debería guiarse por los siguientes principios o criterios de orientación.
1- Un imperativo ético: enfrentar radicalmente el grave problema de la evasión. No queremos decir que basta con “cobrar bien los impuestos existentes”, ya que muy posiblemente, el logro de ese objetivo presupone (entre otros aspectos) cambios sustanciales en la legislación tributaria, para enfrentar con éxito las muchas deficiencias legales que permiten, facilitan o incluso promueven la evasión.
2- No puede agravar las inequidades de la actual estructura tributaria. Por ello, la misma debe tener como claro efecto una mayor progresividad en esa estructura (_“que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”_). Hay que tener en cuenta que esta progresividad debe evaluarse para la política fiscal en general, y no solo para la política tributaria aisladamente considerada.
3- Debe ser transparente. Que la ciudadanía tenga acceso a información básica: ¿cuánto se espera recaudar en cada tipo de impuesto?, ¿cuáles son los efectos previsibles sobra la inflación y la actividad económica?, ¿quiénes van a ser exentos o exonerados (gastos tributarios)?, ¿cuáles deducciones, créditos o tasas preferenciales se contemplan? Esta transparencia es necesaria para valorar la propuesta en función de los principios anteriores (combate a la evasión y equidad).
4- Debe atacar de manera integral los problemas tributarios. Lo mejor es no seguir “poniendo parches”, sino resolver los problemas estructurales (baja carga tributaria, evasión, inequidad tributaria, baja elasticidad en el ingreso de los impuestos, etc.).
5- Dado que una solución integral podría requerir un aumento significativo en la carga tributaria (hasta 5 ó 6 puntos porcentuales del PIB), este aumento debe ser progresivo. Por ejemplo, un punto porcentual del PIB por año.
6- Es imprescindible que el Gobierno se comprometa a explicar cómo utilizará los nuevos recursos. Las prioridades deberían ser educación, salud, seguridad ciudadana, e infraestructura; no sería ético reclamar nuevas cargas a partir de estas demandas y luego utilizarlas en otros usos.
Sobre la base de estos criterios y de su posterior desagregación y refinamiento, nos comprometemos a entregar dentro de pocos meses a la ciudadanía un análisis global de la propuesta de reforma tributaria que ha presentado la actual administración Arias Sánchez.
Nuestro norte será, como corresponde, “contribuir en la creación de una sociedad más solidaria, próspera, justa y libre” (UNA; Estatuto Orgánico, Preámbulo).
Fuente: La Prensa Libre
22 de noviembre de 2006
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