Así consta en nota oficial 1734 03 DUE, fechada 31 de julio anterior, suscrita por el Comisario Mario Calderón Cornejo, Director de Unidades Especializadas del Ministerio de Seguridad Pública de nuestro país; quien le pide al Lic. Luis Fernando Vásquez Castillo, Jefe del Departamento de Normalización de la Dirección General de Aduanas, “agilizar” los trámites del aeropuerto, tanto de entrada como de salida, para los 40 militares colombianos.
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), esta situación reviste extrema gravedad por las siguientes razones:
1.
La llegada de estos militares de guerra colombianos se produce a pocas semanas de la vista al país del Presidente de la República de Colombia, Alvaro Uribe Vélez; lo cual estaría indicando que tuvieron que darse compromisos políticos por parte de nuestro Gobierno, en torno a la situación de guerra en ese hermano país suramericano, que se pactaron en secreto.
2.
Resulta risible y ridículo creer que militares colombianos, provenientes nada más y nada menos que de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Colombia, vengan a Costa Rica a recibir un curso impartido por nuestra Fuerza Pública. Todo lo contrario. Estamos seguros que la situación es la inversa y que se quiere esconder que el personal policial costarricense participante en dicha “capacitación” recibirá, muy probablemente, instrucción militar de guerra y de contrainsurgencia.
3.
Desconocemos si la Asamblea Legislativa de Costa Rica fue informada de tal situación y si ello requería permiso parlamentario para la entrada al país de militares de guerra colombianos, una de las partes del grave conflicto armado de Colombia.
4.
Costa Rica estaría involucrándose, de manera activa, a espaldas de la ciudadanía, en la estrategia militar estadounidense denominada “Plan Colombia”; diseñada para exterminar por la vía de la guerra a la otra contraparte del conflicto colombiano, las fuerzas guerrilleras.
5.
Esta situación deja al desnudo las verdaderas intenciones de la famosa escuela policial internacional que el Gobierno de los Estados Unidos de América quiere establecer en nuestro país. La denominada “Academia para el Cumplimiento de la Ley” (ILEA, por sus siglas en inglés), no es más que la instalación de un centro de operaciones de estrategia militar, pensado inicialmente para el abordaje del conflicto armado colombiano; situación que atenta gravemente contra la tradición civilista costarricense y la famosa “neutralidad” que predicamos al mundo. Además, indudablemente, nos convertirá en objetivo de eventuales acciones terroristas.
6.
Con este ingreso de militares colombianos al país para una supuesta capacitación, Costa Rica toma partido en cuanto a una de las partes del conflicto armado de Colombia, convirtiéndonos en blanco de ataque de la otra contraparte, por lo cual nos expondríamos, como país, a vivir situaciones de alto riesgo en suelo costarricense.
7.
Finalmente, se debe explicar por parte de las autoridades ejecutivas involucradas en esta situación, tajante y públicamente, qué se entiende por “agilizar los trámites correspondientes”, en el caso del ingreso al país de personal militar extranjero; con cuánta periodicidad ocurren situaciones similares y qué tipo de personas o grupos reciben ese trato ágil por parte de las autoridades aduaneras.
Por tanto:
1.
Demandamos la suspensión inmediata de la llegada al país de dichos oficiales militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Colombia.
2.
Exigimos total transparencia por parte del Poder Ejecutivo, especialmente de los ministros de Estado en las carteras de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores y Culto, así como del propio Sr. Presidente de la República, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella; acerca de la naturaleza de los compromisos que en nombre de nuestro país asumieron con el Presidente de la República de Colombia, con relación a la guerra civil que vive ese país suramericano.
3.
Exhortamos a la Asamblea Legislativa para que inicie el proceso político correspondiente a fin de esclarecer esta peligrosa situación; desde la perspectiva de la posibilidad de violación constitucional en cuanto al ingreso al país de fuerzas militares extranjeras, mancillándose la potestad del Primer Poder de la República al respecto.
4.
Llamamos a todas las organizaciones sindicales, sociales, cívicas y patrióticas a formar una gran unidad política y de acción ciudadana para que la Asamblea Legislativa rechace la instalación en el país de la escuela militar que con la anuencia del Gobierno de la República, los Estados Unidos de América pretenden instaurar en el país.
San José, 3 de agosto del 2003.
