Así consta en el Oficio DM-292, fechado 17 de febrero de 2003, enviado por el citado jerarca al Lic. Jorge Polinaris Vargas, Viceministro de MIDEPLAN, documento puesto en conocimiento de la ANEP.
Los dineros serían tomados de los fondos de preinversión, constituidos por un Contrato de Préstamo, No. 569/OC-CR, del Gobierno de Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); préstamo que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, según Ley de la República No. 7376, del 23 de febrero de 1994, por un total de 6 millones de dólares.
MIL MILLONES DE COLONES significa que, en una población de 4 millones de personas, a cada costarricense (hombre, mujer, niño, niña), el proceso del TLC le costará 250 colones; pues esa escandalosa cantidad de dinero debe pagarse a la entidad bancaria que la presta.
Resulta imperioso que el Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, explique las razones de que el proceso del TLC alcance MIL MILLONES DE COLONES, suma escandalosa si la analizamos a la luz de los lamentos cotidianos del actual Gobierno por el asunto fiscal del país.
Debe rendirse cuentas plenas del porqué tan escandalosa erogación, si el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con un equipo numeroso de negociadores comerciales, de alta experticia, a quienes se les paga salarios significativos con cargo al Presupuesto Nacional. Téngase presente que para el presente año 2003, la planilla del COMEX está cercana a los 500 millones de colones.
Tal rendición de cuentas debe indicar, por ejemplo, si de esa suma tan grande se pagan consultorías, por ejemplo, por qué razones y a qué entidades, empresas y/o personas. Es fin, la ciudadanía debe saber a qué manos llegará tanta plata por el TLC.
Por otra parte, para los entendidos en la materia, estaríamos al frente de un destino irregular de los fondos provenientes de dicho empréstito, pues se emplean para fines distintos de los que dictaminó la Asamblea Legislativa al aprobar dicho empréstito.
Otra situación grave es que esa transferencia de MIL MILLONES DE COLONES no será reembolsable al fondo de preinversión correspondiente, lo cual afectaría proyectos que sí tendrían respaldo financiero con esos dineros. Por ejemplo, estaríamos hablando de que podrían verse entorpecido el financiamiento de los estudios de catastro y de planes reguladores en los gobiernos locales.
Finalmente, ANEP se encuentra preparando la debida documentación en su poder, para trasladar esta denuncia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Igualmente, emplazaremos a la Asamblea Legislativa para que ésta se pronuncie. Deseamos determinar no solamente la legalidad de tal transferencia de fondos, sino la propiedad y la racionalidad del destino que se ha indicado, cual es, “ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.
San José, 7 de mayo del 2003.
