A ésta le precedió la ruptura de las negociaciones por parte de Nicaragua, durante la inconclusa VII Ronda en Honduras. Esta dinámica debe llevarnos a una profunda reflexión, para fijar una postura centroamericana por consenso, consecuentes con nuestra soberanía y considerando que la negociación es de bloque a bloque.
Se ha enfatizado por parte de la UE que el interés primordial, es el desarrollo de la región centroamericana en el marco de la apertura de mercados, por lo que, además del Pilar Comercial, se incluyeron en la negociación los Pilares de Diálogo Político y Cooperación. Sin embargo, a lo largo de las rondas ya realizadas y estando a las puertas del cierre de la negociación, dentro de una serie de altibajos y en medio de una crisis financiera y económica mundial, lo que se ha visto es un énfasis total en la parte comercial, prueba de ello son las minirondas realizadas antes de cada ronda oficial para garantizar avances en lo comercial. (De las últimas 3 rondas programadas entre marzo y abril 2010, do serán destinadas al pilar comercial). Los otros dos pilares responden exclusivamente a favorecer las condiciones para que las inversiones y bienes europeos ingresen a la región con la menor cantidad de impuestos y restricciones.
Es fundamental destacar que la crisis financiera mundial condiciona por completo la negociación de este Acuerdo de Asociación, debido a que la Unión Europea está mostrando sus mejores armas de protección, dejando a un lado los buenos propósitos con los que se iniciaron las negociaciones. Centro América, por su parte, no tiene aún una postura conjunta armonizada en todos los temas ni mucho menos, la garantía de poder ingresar al mercado europeo ya que sólo se ha logrado un mínimo consenso en cuanto al tema de intercambio de bienes y servicios, no así en Derechos de Propiedad Intelectual, normas de origen, medidas fitosanitarias, zonas francas o restricciones arancelarias.
Llama la atención que el sector empresarial centroamericano manifiesta una postura de desacuerdo al cierre de las negociaciones, especialmente en Guatemala. Cabe destacar que la participación de este sector se ha reducido al sector agroexportador que necesita garantizar el acceso a los bienes ya introducidos al mercado europeo y abrir otros de su interés, entre estos el azúcar, banano, café, ron, carne y el arroz.
Lo anterior indica que el fin de la negociación llevará a lo mismo de siempre, un acuerdo con una estructura muy limitada al intercambio comercial dentro del modelo neoliberal, que mantendrá a la región en relación de dependencia hacia la cooperación internacional, lo cual contradice el postulado de contribuir al proceso de desarrollo humano integral de la UE. Las reconocidas asimetrías entre las regiones no han sido respetadas por la UE.
No menos importante que la crisis, es la situación política imperante en Europa, considerando que en el Parlamento Europeo la derecha conservadora tiene actualmente el control, con lo cual es casi un hecho que el sector empresarial europeo tendrá mayores facilidades para realizar sus operaciones, incluyendo entre otros, subsidios agrícolas y montos de cooperación externa. Para el caso concreto de Guatemala, el sector empresarial manifestó su desaprobación a la forma en que se han realizado las rondas de negociación, insistiendo en que las pocas ofertas de Europa no llenan las expectativas y vaticinando que la ronda de julio 2009, no sería la definitiva porque la UE no es consecuente con sus ofrecimientos, según lo indicado por representantes de la Cámara del Agro ante la Comisión Empresarial para las Negociaciones Internacionales (CENCIT) .
En cuanto a la participación de la Sociedad Civil europea y centroamericana, la UE contempló diversas actividades informativas, con diferentes organizaciones de ambas regiones, pero éstas no fueron vinculantes, ante lo cual subrayamos que No se incluyó en el proceso de definición del mandato negociador ni en otros puntos vitales del proceso, por lo que los movimientos sociales organizados de la región centroamericana junto con ALOP y otras organizaciones y redes europeas, cuestionaron permanentemente los impactos negativos que los tratados de libre comercio en general están dejando en las economías nacionales, siendo el AdA UE-CA otro más de lo mismo.
Varias han sido las propuestas presentadas tanto a los Equipos Negociadores como a las delegaciones de la UE en Centro América, por parte de diferentes expresiones sociales organizadas, mismas que han sido recibidas pero no tomadas en cuenta, entre ellas la Declaración de Tegucigalpa, signada por las y los participantes en el Foro Popular Internacional Centro América – Unión Europea en marzo 2009.
El 6 de abril de 2009, fue presentado el Informe Preliminar de la Evaluación de Impacto en la Sostenibilidad del Comercio (EISC) del AdA UE-CA (mismo que debería haberse realizado antes de iniciar las negociaciones y que a la fecha no conocemos la versión final), y el cual ha tenido reacciones de fondo por parte de las organizaciones de sociedad civil que han seguido el proceso, debido a que no fue entregada una versión en español, se invitó a pocas organizaciones al Taller de Consulta realizado en Managua el 20 de abril de 2009 (con muy poco tiempo para un análisis real). En este Informe la variable empleo es el único indicador relacionado con aspectos sociales, según lo advierte la red europea APRODEV (Hoja de Pica No. 18); no se mencionan todos los sectores, actores y análisis relevantes; no hace referencia a los impactos del AdA UE-CA en la integración regional centroamericana, especialmente en cuanto a aspectos transversales como género, ambiente y pueblos indígenas, entre otros.
La experiencia con el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, permite prever que el AdA lejos de traer algún beneficio para Centroamérica, únicamente aprovechará las ventajas que ofrece la región, especulando con las tasas de retorno y ganancia, abriendo más la brecha entre ricos y pobres y reduciendo la capacidad de los países en desarrollo de lograr una posición favorable en la economía mundial. El TLC y el AdA responden al modelo neoliberal, teniendo como diferencia única el discurso político utilizado en la negociación, el cual se ha reducido en la práctica, al pilar de los intereses comerciales.
¿Pero, qué ocurre en el caso de la agricultura y el AdA UE-CA? Centroamérica se encuentra en una posición geopolítica privilegiada y con una enorme biodiversidad que la hace una región atractiva e importante, aspectos que desde la visión de la UE permiten una negociación comercial favorable a sus intereses a nivel regional, sobre todo porque las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC), no avanzan al ritmo esperado y la UE no puede conseguir más beneficios para sus empresarios porque, al igual que Estados Unidos, mantiene aranceles y subsidios a su agroindustria (v.g. en España les donan a los granjeros el 95% del costo del cultivo del arroz; el subsidio a los lácteos se estima en una 136% del precio de la mantequilla; el subsidio a la leche cubre el 60% de su precio).
El agro no es prioridad para la UE pero el hecho de que continúen con sus subsidios y exportando sus productos, bajo una liberalización arancelaria inadecuada, pone en enorme riesgo a las poblaciones más pobres –las centroamericanas, por ejemplo, debido a que más del 65% de éstas vive en áreas rurales, dependiendo de producción de alimentos de subsistencia.
La UE produce más de lo que consume, por lo que necesita vender al exterior sus excedentes agrícolas, ganaderos y agroindustriales. Además, debe lograr la entrada de sus multinacionales de electricidad, banca, telecomunicaciones y agua a los países del sur. Esto la ha llevado en los últimos años a manifestar su interés por alcanzar una Zona de Libre Comercio con los países de América Latina, fundamentada en el tratamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias, en la alta dependencia de las importaciones para su industria de exportación y en la necesidad de ampliar servicios comerciales, inversiones, propiedad intelectual, compras gubernamentales, entre otros. Por otro lado, la UE ha expresado su preocupación por diseñar una estrategia para tener mayor protagonismo en cuanto a productividad y competitividad como región a nivel internacional.
El marco de negociación del AdA reconoce teóricamente las asimetrías existentes entre Europa y Centroamérica; sin embargo, en la práctica esto no es así. Por ejemplo, para los pequeños y medianos productores el peso del componente agrícola es clave no sólo por la soberanía alimentaria sino también por la generación de empleo. Los países centroamericanos son productores para la exportación y aumentando cada día como importadores de alimentos (granos y procesados), al contrario de los europeos, que son exportadores de excedentes e importadores de bienes primarios para exportar (bienes con valor agregado).
La UE tiene importantes compromisos con otros países productores de banano fuera de la región centroamericana. En cuanto al azúcar, la UE es autosuficiente pero podría estar interesada en proteger este sector de su mercado interno, con fuertes aranceles y ayudas internas; por otro lado, está latente la discusión sobre la producción de etanol y las capacidades de la región centroamericana para exportar a los EEUU y la UE, porque los países europeos aspiran a que en el 2010 haya una incorporación del 5.75% de agrocombustibles en su estrategia energética hasta alcanzar un 10% en el 2020, y esto exige una demanda del exterior porque deben importar entre el 10% y 30% del agrocombustible que se requeriría para la UE , por lo que la negociación de caña de azúcar y de aceite de palma girarán en torno a esta problemática. El Salvador cada día aumenta sus exportaciones de agrocombustibles para suplir la demanda de Estados Unidos.
En otro orden de ideas, el AdA UE-CA exige, al igual que el DR-CAFTA, que se adopte la normativa sobre los derechos de los obtenedores de semillas, con lo que los agricultores no pueden intercambiarlas como tradicionalmente lo han hecho, amenazando los medios de vida de los productores pobres porque incrementa el precio de la semillas enriqueciendo a las grandes empresas transnacionales.
Aunado a lo anterior, los productos agroquímicos aumentan de precio y, si los pequeños y medianos agricultores desean competir, deben utilizarlos, ya que los procedimientos para producción orgánica son más lentos y encarecen los productos, con el riesgo de que los productores puedan quedar fuera del mercado y de las cadenas de suministro a su alcance, además de que hasta los conocimientos locales y sus recursos genéticos pueden pasar a ser de libre acceso de aquellas empresas que tienen la capacidad de patentarlos.
Los países industrializados mantienen barreras a las exportaciones agrarias. La UE liberaliza sólo aquellos productos que no compiten con sus propios productores, definiendo, una estrategia comercial altamente proteccionista frente a aquellos bienes agropecuarios en los cuales la competitividad europea, comparada con la centroamericana, sea baja. Los países centroamericanos han tenido duras experiencias con el DR-CAFTA especialmente con los granos básicos y el azúcar.
Para Centroamérica, la agricultura, es uno de los sectores más importantes porque significa un fuerte renglón comercial, especialmente para las exportaciones agrícolas, además de generar empleo y divisas y la UE es el segundo gran receptor de productos del sector primario centroamericano. En este sentido, la región pone sus principales intereses en productos como el banano, el azúcar y la carne de res, respetando el SGP y, defiende productos como el maíz, la papa, la cebolla y los lácteos.
¿Y los Pequeños Productores en el AdA UE-CA? Las y los pequeños productores agropecuarios contribuyen significativamente a las economías nacionales de la región. Sin embargo, los tratados de libre comercio siguen priorizando a los sectores tradicionalmente poderosos, limitando la capacidad de acceso a mercados y otros servicios de quienes no cuentan con la infraestructura socioeconómica que estos acuerdos exigen.
Para el caso concreto del AdA UE-CA, la propuesta del sector cafetalero centroamericano institucional está orientada a que en los cafés que provienen de Europa a la región se utilice café centroamericano en su preparado, con lo cual habría un incremento del volumen de exportaciones de café de la región, y aquí el análisis de los beneficios dependerá de las asimetrías existentes al interior de las cadenas de producción vinculadas con las cadenas globales de este producto.
Considerando la importancia que el café reviste en la economía nacional guatemalteca así como por los impactos de una reducción de los beneficios de acceso a mercados que afectarían negativamente a este sector, fundamentalmente en el nivel de empleo, la generación de divisas, de ingresos rurales así como la disminución de reservas productivas, con motivo de la V Ronda de Negociación realizada en ciudad de Guatemala del 6 al 10 de octubre del 2008, fue entregado un estudio y propuesta, desde los pequeños productores de café al equipo negociador guatemalteco, en el cual se indica que la discusión sobre el acceso del café al mercado europeo no está centrada en la reducción o eliminación de los derechos arancelarios, sino en las normas de origen. El problema es la definición sobre el origen del café. Los países centroamericanos plantean que es la mata en donde está sembrada y del cual se extrae el grano lo que define el origen, máxime cuando ningún país de la Unión Europea tiene plantaciones de café y, por lo tanto, el origen debería estar establecido a partir de la mata que produce el grano de donde se extrae la bebida. La Unión Europea propone una regla en la que se establece que el origen sea el país donde se tostó, lo cual permitiría importar grano de países de África, Vietnam o Brasil, tostarlo, molerlo y venderlo en Centroamérica sin aranceles, como producto de origen europeo, afectando directamente a los productores nacionales.
Entre las propuestas planteadas para fortalecer a los pequeños productores se mencionan la ratificación del SGP+, tratamiento especial y diferenciado así como efectivo y real de las asimetrías, políticas de compensación y complementariedad, normas de origen que garanticen el acceso a mercados europeos, fortalecimiento de la institucionalidad rural, establecimiento de programas de cooperación, implementar mecanismos de cooperación ambiental, laboral, para mujeres y otros sectores, ratificación del ingreso del café a la UE, cambiar la estructura del comercio y aprovechar la Agenda 2000 de la UE.
Es con lo que ya hemos descrito, que para las organizaciones de la sociedad civil, no ha sido fácil obtener información de primera mano sobre los avances y obstáculos del proceso de negociación, a pesar de existir un mecanismo oficial representativo a nivel centroamericano como lo es el Consejo Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana (CC-SICA). Los gobiernos de la región han demostrado falta de voluntad política para que diferentes sectores organizados tengan respuesta a las propuestas presentadas a los respectivos equipos negociadores. La UE ha mantenido hermetismo en cuanto a los resultados de cada ronda.
Es importante subrayar para la historia de este proceso la implicación de la negociación del AdA, que diferentes organizaciones y redes, centroamericanas latinoamericanas y europeas han encontrado formas alternativas para monitorear las negociaciones, así como mantener a la población informada, de tal manera que la exclusión a la que siempre ha estado sujeta no sea impedimento para hacer valer su voz. Es irónico que la UE manifieste que la exclusión o postergación en las consultas debe evitarse y que se posibilite la participación de la sociedad civil en la discusión de estos procesos.
Nuevamente, se visibilizan las incoherencias entre el discurso y la práctica; los movimientos sociales vuelven a quedar marginados, sin ser consultados restándosele legitimidad a los resultados alcanzados. A los gobiernos de la región únicamente les importa responder a los intereses de los sectores de poder y no a favorecer a las mayorías secularmente excluidas.
Conclusiones del porqué nos oponemos al AdA: Nuestras conclusiones parten de la premisa y aclaración categórica de que No nos oponemos a los Tratados Comerciales Justos, Democráticos y basados en las Asimetrías en todos los niveles, caminando hacia un Comercio Justo y Solidario. Consideramos que la forma en que se negoció el AdA y los contenidos generales con los que se pretenden suscribir, atenta contra la soberanía de nuestra región centroamericana y de Guatemala en particular, de cara a reconocer que somos uno de los países más desiguales del planeta, entre los pocos que más tienen y la mayoría de la población, que se debate entre la pobreza y extrema pobreza cotidiana.
• Porque No se cumplió con el sistema “Single Undertaking” (nada está previamente acordado hasta que se acuerda), violando la soberanía de nuestro país y de la región que no fortaleció su integración de manera integral, teniendo como resultado las negociaciones bilaterales, disfrazadas de acuerdo de región a región, respondiendo desde el inicio hasta el actual nivel de las negociaciones, a los intereses de los sectores del poder económico y político, tanto de la UE, como de las oligarquías de nuestros países centroamericanos, quienes han utilizado todo el andamiaje jurídico y político de nuestras naciones, en detrimento de la mayoría de la población que en CA vive en la pobreza y pobreza extrema.
• Porque la agenda económica la siguen definiendo los sectores del poder económico, nacional y transnacional en ambas regiones, imponiéndose el Pilar Comercial, por encima de los dos Pilares igualmente fundamentales del Diálogo Político y la Cooperación, mismos que no estuvieron en el mismo rango de prioridad, distorsionando la base fundamental de un acuerdo que partía “de buena fe” de las asimetrías, en las que países como España tienen una responsabilidad histórica no solo con la región centroamericana, sino a nivel latinoamericano.
• La base de negociación del AdA, desde el principio ha respondido por encima de todo el proceso, a los intereses de la UE, negociando a partir de las negativas condiciones en las que se “negoció o suscribió” el DR-CAFTA, del cual en Guatemala ya estamos viviendo los impactos negativos, en especial, en el productor del área rural, particularmente en los pequeños productores de granos básicos (maíz, frijol, arroz).
• A más de cuatro años de ratificado el DR-CAFTA, aún no se ha cumplido en el caso de Guatemala, y al parecer en la mayoría de nuestros países centroamericanos, con implementar los llamados “compensadores sociales” para disminuir el impacto negativo de este Tratado Comercial, en los sectores productivos más desprotegidos, incluyendo el No avance en la implementación de una agenda legislativa de país, siendo burlados afectados una vez más nuestros pueblos, por los intereses de las oligarquías nacionales y transnacionales.
• Porque pese a que la sociedad civil aportó propuestas para hacer del AdA “un mal menor” e ir más allá de nuestra decidida y fundamentada oposición, fueron ignorados en sus propuestas en coherencia con los intereses de los Estados centroamericanos, no siendo adecuadamente consultados y llevando sus propuestas a nivel de No vinculantes a los contenidos que se pretenden suscribir.
• Porque los contenidos del AdA prácticamente no se han trabajado y discutido a profundidad por el Estado guatemalteco y en particular, en el Congreso de la República que es el alto organismo donde se tendrá que conocer y ratificar el AdA, siendo grave que a la fecha, los contenidos torales del proceso de negociación del AdA y sus impactos negativos y positivos en sentido integral, son prácticamente ignorados por la gran mayoría de dignatarios de Guatemala, no así de la Sociedad Civil que ha estado permanentemente buscando incidir en la negociación, para salvar aspectos básicos de la soberanía de nuestros países centroamericanos.
Guatemala, febrero de 2010.
_Fuente: Incidencia Democrática
