El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue, sin lugar a dudas, pésimamente mal negociado por la administración del Presidente Portillo y las de otros gobiernos de la región. Los sectores populares jamás fueron consultados y, en consecuencia, sus intereses y necesidades no forman parte, en absoluto, de la letra ni del espíritu de esta monstruosidad. A pesar de ello, el Congreso de la República, contando con los votos a favor de todas las bancadas de derecha, no dudó en ratificarlo a solicitud del Gobierno de Oscar Berger. De hecho, fue la bancada de la UNE la que propuso que se aprobara de urgencia nacional, evidenciando así su entreguismo y despojándose de su tenue máscara populista.
Pero, para el país y para Centroamérica, allí no termina la tragedia. No bastándole al Gobierno de los Estados Unidos con los términos onerosos que el Tratado establece, ahora quieren imponer una serie de reformas paralelas, como condicionantes a su entrada en vigencia. EE.UU. exige reformas en los temas de la propiedad intelectual, las telecomunicaciones y las leyes laborales, sin olvidar su demanda de combatir los productos pirata.
Los cambios que demandan a la Ley de Propiedad Intelectual, por ejemplo, implican la desaparición de los medicamentos genéricos, con lo cual se condena al pueblo a pagar precios cada vez más caros sólo por la marca de los fármacos que consuma. Se condena, además, a la desaparición de la pequeña y mediana industria nacional procesadora de medicamentos genéricos, y a la clausura de los puestos de comercialización que, como las farmacias comunitarias y otros afines, facilitan el acceso del pueblo a medicinas de bajo costo. Se trata, pues, de un atentado flagrante contra el derecho universal a la salud, al cual nuestro pueblo se niega a renunciar.
Las reformas a esta Ley implican también la criminalización del trabajo de millares de guatemaltecos y guatemaltecas quienes, para sobrevivir precariamente, no han tenido otra opción que dedicarse al comercio informal de DVDs y CDs piratas, a bajo costo para el consumidor. Ya en El Salvador se castiga con cuatro años de cárcel a quienes incurran en ese tipo de delito. Recientemente, un comerciante salvadoreño explicaba a miembros del FNL que, si lo capturan vendiendo un CD, lo condenan a cuatro años de cárcel, pero que si lo capturan robando, la pena será solamente de cuatro meses. “Mejor robo”, concluyó el trabajador informal.
Las modificaciones que Bush y Compañía demandan a la Ley de Propiedad Intelectual afectan de manera directa también al sector constituido por pequeños y medianos productores agropecuarios, por cuanto prohíbe la producción de insumos agrícolas y ganaderos genéricos y obliga, al igual que con las medicinas, a comprar las marcas amparadas por el TLC. Con esta medida paralela, se obliga al cierre de empresas nacionales que producen ese tipo de bienes de bajo costo y se reducen así las posibilidades de competitividad real del productor agrícola nacional ante la agricultura subsidiada de los Estados Unidos.
Por otra parte, las reformas que ahora, de manera adicional, exigen a las leyes reguladoras de las telecomunicaciones, acaban con las miles de radios comunitarias que cubren el país, muchas de ellas surgidas en el marco de los Acuerdos de Paz, y benefician de manera exclusiva a los dueños de las grandes cadenas y frecuencias nacionales e internacionales. Esto permitiría que el control de la información pública quede cada vez más en manos de grupos poderosos quienes han visto, en las radios comunitarias, un obstáculo a sus pretensiones hegemónicas.
Obviamente, estas reformas a los sistemas de telecomunicaciones tienen especial dedicatoria hacia Costa Rica, país que aún conserva la nacionalización en esa esfera de su vida nacional. Aunque en Costa Rica no se ha ratificado el TLC, (y sus organizaciones sindicales y populares, en buena hora, se aprestan para continuar impidiéndolo), desde ya los Estados Unidos están creando condiciones para romper con la presencia estatal tica en ese campo y privatizarlo, como lo han hecho en las demás naciones del istmo. Invitamos a nuestros hermanos costarricenses a que continúen en sus luchas no sólo por impedir la ratificación de este atroz Tratado, sino, además, para impedir que se despoje al pueblo de lo que le pertenece y se entreguen los bienes del Estado al voraz sector privado y a las codiciosas transnacionales.
Las reformas que ahora exige el Gobierno de los EE.UU. contemplan también cambios en las leyes laborales vigentes. Estos cambios se fundamentan en la idea que los pensadores neoliberales denominan pomposamente “flexibilidad laboral”, la cual no es otra cosa más que el fin abrupto de los derechos laborales. Aberraciones como la entronización del “salario por productividad”, la desaparición de los trabajos fijos sustituidos por contratos temporales ausentes de garantías sociales y laborales, el desmantelamiento de las organizaciones gremiales, entre otros efectos afines, interesan sobremanera a los propulsores del Tratado de Libre Comercio.
En síntesis, la administración Bush nos hace recordar a aquel padre de familia, vertical y autoritario quien, en la mesa, amenazaba a sus hijos con la sentencia: “Al que no quiere caldo, ¡dos tazas!”. Nos recetan no sólo una taza de esta amarga medicina (por lo demás, de marca, puesto que en su envoltura se lee claramente, y en letras mayúsculas, “made in USA”), sino que, para colmos, la complementan con otra taza tan espesa, oscura, ingrata y dañina como la primera.
Ante semejantes atropellos y pretensiones, las organizaciones populares, los gremios de trabajadores, los diversos movimientos sociales, tenemos la obligación ética de tomarnos la palabra. No sólo debemos rechazar estas nuevas imposiciones, sino que debemos darle continuidad a la lucha en contra del TLC y de su implementación.
Esa no es, como pretenden presentarlo los medios de prensa, una batalla perdida. En absoluto. Queda mucho por hacerse. Quedan terrenos por recorrerse. Hay que abrir nuevos espacios de lucha y hay que dar las batallas que correspondan, con las armas que facultan los tiempos de paz.
Por ello, el FNL ha conformado una comisión de alto nivel, integrada por juristas de reconocido prestigio y compromiso con el pueblo, como Don Alfonso Bauer Páiz, Ramón Cadena, Augusto Willensen, Antonio Mosquera y otros, quienes se han dedicado con esmero a preparar un recurso de inconstitucionalidad que pone en evidencia el amplio conjunto de puntos en los cuales el Tratado de Libre Comercio resulta violatorio de lo que establecen la Constitución Política de la República y las leyes vigentes. Este recurso será introducido ante la Corte de Constitucionalidad el próximo Viernes 24 de Febrero, justo dentro de un mes, en el marco de una masiva marcha nacional de repudio al TLC. Desde ya tenemos que ir creando las condiciones para hacer de esa fecha un imponente día de lucha a favor del futuro, en pro de los niños y niñas a quienes el TLC amenaza con destrozarles su porvenir.
Invitamos a todas las organizaciones a cerrar filas ante estas nuevas imposiciones y a darle continuidad a la lucha en contra de las anteriores. Será con nuestra presión y nuestra decidida presencia que saldremos airosos ante este nuevo desafío.
¡Basta ya! ¡¡La lucha sigue!!
Guatemala, 24 de Enero del 2006
