San José, 12 de julio de 2011.
Señores
Francisco Marín Monge
Vice Ministro de la Presidencia
José Luis Araya Alpízar
Vice Ministro de Hacienda
Gobierno de la República de Costa Rica
Estimados señores Vice Ministros:
La Junta Directiva, de nuestra Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, con mucho entusiasmo y alegría, hizo correr un volante entre las y los agentes de seguridad de este cuerpo policial, donde se destaca entre otros elementos, que el “Gobierno acepta dar los 700 millones de colones para pagar la deuda salarial que se tiene con la Policía Penitenciaria”… “¡¡¡Los 700 millones ya están seguros¡¡¡ Todos y todas ganamos: 1) Se ganó el pago de la deuda para quienes trabajamos en la Policía Penitenciaria… Nos corresponde ahora lograr la norma legal que lo autoriza, vía parlamento”…
Todo lo anterior, en razón del acuerdo que sus autoridades firmaran el pasado viernes 1 de julio del 2011, con nuestro Secretario General, señor Albino Vargas Barrantes y otros respetables representantes de los distintos cuerpos policiales participantes.
Al igual que la Directiva de nuestra Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, nos regocijamos, aplaudimos y nos llenamos de alegría, que al fin el Gobierno, según lo anunciado en el volante de comentario, haga formal reconocimiento a la deuda y del pago de la misma. Me llena de alegría por dos motivos: En primer lugar porque se hace justicia y reconocimiento, merecido, para con este Cuerpo Policial. En segundo lugar, porque aunque fui excluido de las últimas tres negociaciones, fui junto con el compañero Albino Vargas Barrantes y la Junta Directiva de nuestra Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, uno de los precursores y motivadores para sacar adelante la valoración salarial que dio inicio a la deuda salarial hoy reclamada, participando en casi todas las reuniones que se realizaron con las distintas autoridades.
Ahora bien, según el Dictamen C-20-2010 del 25 de enero de 2010, emitido por la Procuraduría General de la República, referido al caso de la deuda salarial que tratamos, la materia de presupuesto público, tiene reserva de ley, y nos remite en la página 19 del documento a los artículos 176 y 180 de la Constitución Política.
En lo que nos interesa, el artículo 180 Constitucional señala “El Presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de la acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo.
Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior…”
De lo anterior, a no ser que haya mejor criterio, podemos desprender que la materia presupuestaria no sólo tiene reserva de ley, si no que además, la Constitución Política le atribuye, potestad exclusiva al Poder Ejecutivo, en este caso a la Señora Laura Chinchilla Miranda Presidenta de la República y al señor Fernando Herrero, Ministro de Hacienda, para la presentación de iniciativas de ley que tiendan a modificar, aumentar o crear gastos a cargo del Estado.
Conforme a lo dicho e indicado en las normas supra citadas y el acuerdo firmado por sus autoridades el pasado 1 de julio, consideramos que para que se haga efectivo el reconocimiento de la deuda de los 700 millones de colones, le corresponderá al Poder Ejecutivo, sea a la señora Presidenta de la República y al Señor Ministro de Hacienda, razonar, motivar y presentar a la corriente legislativa, para su debate y aprobación el proyecto de ley que haga efectivo el reconocimiento y pago de la deuda que tanto se merecen las y los trabajadores de la Policía Penitenciaria.
Es por ello que solicitamos de forma respetuosa pero vehemente, se nos indique en qué fecha, se estará presentando por parte del Poder Ejecutivo, el respectivo proyecto de ley, en razón de asegurarle a nuestros estimables representados, el pago de la deuda, ahora reconocida, de los 700 millones de colones. A sabiendas que una vez presentado el proyecto nos corresponderá, a nosotros, movilizarnos a la Asamblea Legislativa para asegurar su trámite y votación afirmativa.
No omito indicar que la anterior solicitud se fundamenta en el artículo 27 de la Constitución Política, por lo que espero respuesta en el plazo establecido en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Agradeciendo su atención , respetuosamente
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
cc. Señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc. Señor Fernando Herrero, Ministro de Hacienda.
cc. Señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
cc. Señores y señoras, Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
