No hay ya más espacio político para la firma Alterra en el país. Esta debe abandonar lo más pronto posible Costa Rica. Se le acabó la tutela de los grupos poderosos que la mantenían administrando el Aeropuerto Juan Santamaría, por medio de un cuestionado contrato que muchos millones de dólares le ha costado a las finanzas públicas y que otros muchos millones más habría que haber erogado a su favor.
La Contraloría General de la República ha dado una inobjetable muestra de respeto a la esencia de su quehacer institucional. Ha denunciado que se pretendía afectar los intereses nacionales en la cifra escandalosa de 12 millones de dólares, aunque connotados ciudadanos especialistas en el tema han indicado que podría ascender hasta los 100 millones de dólares.
Alterra muestra la naturaleza perversa de un contrato privado con servicios públicos (en este caso aeroportuarios), jamás visto en la historia nacional. Veamos estas impresionantes cifras en dólares:
Alterra ha dispuesto de 90 millones en préstamos, 35 millones de capital y 96 millones de ingresos del aeropuerto entre 2001 y 2005; con ese total de más de 200 millones de dólares sólo ha hecho obras por valor de 37 millones, pero ha cargado 83 millones debido al pago de enormes sobreprecios a sus subcontratistas, que son sus propios socios. Alegan inversiones por 120 millones, cuando en realidad apenas llegan a 60 millones a precios de contrato. ¿En qué ha gastado todo ese dineral?
Así lo ha determinado el grupo de políticos que a pesar de haber pertenecer al bipartidismo tradicional, (antiguo PLUSC), han tenido el coraje, la hidalguía y el decoro de haber denunciado una y otra vez, ese pernicioso negocio. Nos referimos a los ciudadanos Rodolfo Silva Vargas, Guillermo Constenla Umaña y Rodolfo Méndez Mata, exministros de Obras Públicas y Transportes quienes, junto a connotados juristas, han sostenido de manera persistente las monumentales irregularidades jurídicas de ese contrato.
El Gobierno no debe esperar más. Debe actuar ya a favor del interés público que, dichosamente, la Contraloría General de la República ha salvaguardado, por tercera vez, en el caso del Aeropuerto Juan Santamaría. Lo de Alterra jamás debió ocurrir pero se puede detener semejante atentado a la transparencia en la gestión pública, cuando se dio su pernicioso incesto con los intereses privados de negocios.
San José, 2 de agosto de 2006.
