Así consta en oficio No. AP-CO-200, fechado 22 de octubre de 2003, firmado por la licenciada Lee Virgilio, de la citada empresa privada, dirigido al jerarca de la mencionada entidad pública, señor Guillermo Alvarado. Lo más grave e indignante de este asunto, es la actitud dócil de este jerarca quien, en su oficio No. G-1771-2003, de 30 de octubre de 2003, le informa a la jerarca privada que se estarán “girando las instrucciones correspondientes para que se corrija esta situación”.
EL decomiso indicado pone en entredicho, seriamente, la responsabilidad legal del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), de promocionar, sin discriminación alguna, todas aquellas empresas que hayan recibido la declaración de interés turístico; empresas sobre las cuales debe recibir información todo turista que pasa por dicha terminal aérea.
La decisión de Alterra Partners genera una odiosa discriminación entre empresas turísticas, especialmente de alquiler de autos, pues los turistas solamente tendrán acceso a material propagandístico de aquellas empresas que “mantienen relación comercial con el aeropuerto”, pues han pagado un “derecho” a dicho consorcio empresarial.
Valga indicar que la oficina del ICT en el Aeropuerto Juan Santamaría había indicado a la Dirección de Promoción de esta entidad que, “los funcionarios de CANATUR tuvieron que desafiliar a todos los rent cars, porque sólo podían dar información de los que se encuentran dentro del edificio y que además le pagan a Alterra por su espacio” (Oficio OAJS-036-01, fechado 30 de octubre de 2003, del ICT-Aeropuerto).
Lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es indicador de lo que sucederá en el ámbito nacional, si la clase política gobernante consigue, por completo, su ansiado sueño de entregar Costa Rica al capital transnacional, a través del tratado de “libre” comercio con Estados Unidos, sin importarle la suerte de aquellas pequeñas y medianas empresas; que no serán comprendidas dentro de las reglas de negocios de las empresas multinacionales, las cuales, poco a poco, van adueñándose de importantes segmentos de los servicios públicos estratégicos del país.
Exigimos una acción firme de parte de las máximas autoridades del Gobierno de la República y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para que el consorcio Alterra Partners entienda que el sistema jurídico de nuestro país es más importante que un asunto de negocios privados. ¿Dónde quedó la libre competencia?
San José, 11 de noviembre del 2003.
