Partido Acción Ciudadana (PAC)
Partido Frente Amplio (FA)
Partido Movimiento Libertario (ML)
Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE)
Ciudadanos defensores del interés nacional
Miércoles 29 de octubre del 2008
Comunicado de Prensa
El pasado jueves 23 de octubre, diecisiete diputados de las fracciones legislativas del PAC, ML, PASE y FA, lo mismo que cinco ciudadanos de distinguida trayectoria en el ejercicio de la función pública, impugnaron la resolución emitida por la División de Contratación Administrativa de la CGR que aceptó parcialmente la propuesta del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) para el nuevo gestor del Aeropuerto Juan Santamaría.
Por una parte, el nuevo contrato asegura la impunidad a favor de ALTERRA, antiguo gestor, al permitírsele un retiro anticipado (su contrato vencía en el 2021) sin haber hecho frente a las multas pendientes y sin haber reintegrado los cobros que realizó indebidamente. Hay que recordar que, de manera unilateral, ALTERRA suspendió las obras por cuatro años y que, hasta la fecha, apenas ha invertido escasos $62,1 millones. Sin embargo, durante este período, esta empresa continuó percibiendo el 64.8% de los ingresos del aeropuerto, monto que asciende a $150 millones. Esto se suma al crédito por $90 millones recibidos por ALTERRA de mano de sus acreedores, cuyo pago está aún pendiente y será asumido por el nuevo gestor. Y para terminar, la empresa se retira sin haber cancelado cerca de $40 millones que debe por concepto de multas por el incumplimiento de la entrega de las obras en el 2004.
Hay que recordar además que en otras oportunidades la propia Contraloría conminó a ALTERRA a realizar las obras debidas y al Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) a iniciar los procesos sancionatorios. En síntesis, $280 millones de dólares han pasado a manos de ALTERRA impunemente gracias a la complacencia de las autoridades del gobierno. Como resultado, aseguraron los expositores “Costa Rica se quedó rezagada en comparación con los demás países de la región y perdió excelentes oportunidades de atraer inversiones y turismo”.
En segundo lugar, a pesar de la desafortunada experiencia que se tuvo con la gestión interesada del aeropuerto hasta la fecha, el gobierno costarricense ahora admite un nuevo contrato con la empresa HAS, tanto o más leonino en sus términos y ventajas para la nueva empresa que el firmado con ALTERRA en el 2000.
Se extiende el contrato hasta el año 2026, con lo que se incrementan los ingresos esperados por aproximadamente $300 millones. Así, HAS percibiría cerca de $900 millones durante los próximos dieciocho años, aún cuando para terminar las obras aeroportuarias la inversión no sobrepasa los 70 millones de dólares. Además, cualquier litigio por la ejecución de este nuevo convenio sería dirimido en el Condado de Harris, Texas, conforme a las leyes de los Estados Unidos.
Para los voceros, “de aceptarse el nuevo contrato, el perjuicio se agravaría exponencialmente ya que al ampliarse el plazo del gestor, no podría construirse el nuevo aeropuerto en Orotina, que debe entrar en operación en el año 2018 según proyecciones de la demanda que revelan como insuficiente para entonces la única pista del Juan Santamaría”.
Es decir, es un acuerdo gravemente ilegal y absolutamente nulo que antepone los intereses privados a los públicos, que condena a los usuarios a pagar tres o cuatro veces los precios contemplados en el Contrato original y que compromete el futuro económico del país.
Frente a la experiencia de gestión privada del Aeropuerto Juan Santamaría, las fracciones parlamentarias y los ciudadanos firmantes indicaron que, para garantizar el avance real de las obras y para asegurar el interés público en su desarrollo y gestión, “lo único razonable es que el gobierno haga la obra, tal como lo hizo con gran éxito en el pasado, cuando construyó la actual terminal en apenas dos años” concluyeron.
