Hemos escrito este comentario a primera hora de ayer, martes 17 de abril de 2012 y no teníamos todavía noticias desde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respecto a ordenarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), suspender el acto administrativo por medio del cual se elevarían, sustancialmente, las tarifas de la casi totalidad de las rutas de autobuses de todo el país, utilizando un proceso que deja muchas dudas con respecto a su transparencia.
Efectivamente, el distinguido señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán, actual jefe de la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), ante tal situación fue a la Sala Cuarta a interponer un recurso de amparo pues ese proceso para establecer nuevas tarifas para el transporte público en autobús, estaría lleno de inconsistencias e irregularidades; perjudicando, sensiblemente, a las personas usuarias que, como sabemos, son miles y miles y, prácticamente, todas pertenecen a la clase trabajadora, tanto la que es asalariada como aquella que se gana el sustento en el mercado informal de la economía; sin hablar de esas miles personas desempleadas, casi sin dinero en sus bolsillos, que van de un lado a otro, en autobús, dejando su currículo por aquí y por allá en busca de un empleo.
También, según tenemos entendido, la propia Defensoría de los Habitantes de la República hizo lo mismo, es decir, fue a la Sala Cuarta indicando que esa alza, así como está tramitada, perjudica a las miles de personas usuarias de los servicios de autobús y, por tanto, debería suspenderse el acto administrativo mediante el cual la Aresep autoriza ese gran aumento tarifario hasta que las cosas se hagan como deben ser. Pero no. La misma Sala IV que estableció las barbaridades que ocurrieron durante la tramitación legislativa del plan fiscal, tan detestado por el pueblo, por la ciudadanía, por la Gente; es la misma Sala IV que pese a haber admitido los recursos del diputado mencionado y de la Defensoría para estudiarlos, le dijo a la Aresep, siga adelante con el trámite del alza. ¡Qué raro!
Ante esta inusual actitud del más alto tribunal de la República, pues por lo general suspende los actos administrativos cuestionados cuando alguien les pone un recurso de amparo; don Manrique Oviedo Guzmán fue más allá y presentó una especie de acción adicional, por si a la Sala IV se le hubiera “_olvidado_” decirle a la Aresep que se detuviera en su “_alocada_” carrera por imponer ese alza; acción que se denomina “_medida cautelar con carácter de so legislador, de nuevo, toca las puertas de ese tribunal y, reitera, su petición de que el trámite para tal alza debe detenerse porque, juntando todos los elementos que median en el proceso que lleva a la misma_”, pareciera que estamos de cara a un “_compadre hablado_”; es decir, el empresariado autobusero estaría siendo favorecido por presuntos torcidos procedimientos con una alza que en casi todos los casos es exagerado y va en contra del golpeado bolsillo de la gente trabajadora que viaja en bus.
Nosotros, que desde nuestra actividad sindical creemos en el Diálogo Social, en una sociedad de inclusión y en una comunidad nacional en la que todos ganemos, no estamos en contra de la actividad empresarial, mucho menos la que representa el negocio del servicio público de transporte modalidad autobús. Nosotros entendemos que en este ámbito de la actividad productiva del país, hay microempresarios, hay pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas negocio familiar de toda una vida. Nosotros no somos de la tesis del extremismo dogmático ideológicamente trasnochado que donde ve un empresario inmediatamente ve un explotador desalmado (que sí los hay, por supuesto). Sabemos también que hay un peligroso proceso de concentración en el mercado autobusero. También somos conscientes de que, por lo general, los empresarios autobuseros han acumulado mucho poder político real; ese que, en verdad, manda en este país y hegemoniza la acción gubernativa estratégica entre bambalinas.
Pero en este caso, del alza en trámite para las tarifas de autobús, la Aresep se ha comportado muy “sospechosamente” para decirlo con “_elegancia_”. Eliminar la audiencia oral (por muy desprestigiado y desacreditado que esté el procedimiento de las audiencias); trabajar en días santos en carrera loca para tener lista la decisión que debe publicarse en “_La Gaceta_”; y, lo más grave, invocar, cayendo en flagrante ilegalidad, un procedimiento extraordinario para hacer esas alzas cuando sólo debe emplearse el mismo en casos sumamente graves y totalmente fortuitos que afecten la economía nacional, constituyen solamente una parte de los elementos que a uno lo hacen desconfiar de toda esta situación.
Porque ahora que están saliendo un montón de cosas cuestionables desde la perspectiva de la transparencia en la función pública y que tiene escandalizada a la ciudadanía, alrededor de esos “_procesos_” de tráfico de influencias, de “_recomendaciones_” entre amigos para adjudicar consultorías y similares; bien haríamos en tener claridad de cómo es eso de un “_centro para el desarrollo de la regulación_”, o “_CDR_”, que funciona al interior de la Aresep, como una especie de “_aresepsita_”, ¿es que acaso trabaja a través de consultorías?; “CDR” que se creó cuando el jefe de la Aresep era el hoy “_renunciado_” Ministro de Hacienda. Así las cosas, esto de las alzas en los buses como se está tramitando deja mucho que desear y es por eso que la honorable Sala IV debería comprender que la “_medida cautelar con carácter de urgencia_” presentada por el señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán debe ser acogida. Así lo pedimos, pública y respetuosamente.
