El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) es una institución autónoma, creada en 1998, por Ley de la República No. 7801; para garantizar la promoción, defensa y ampliación de los derechos humanos de las mujeres, en salud, trabajo, seguridad social, educación, recreación y otros. Le compete trabajar en apoyo a los intereses específicos de todas las mujeres del país, independientemente de su preferencia sexual, su clase social, su filiación ideológica o nacionalidad, con el propósito de fortalecer sus capacidades integrales y asegurar el ejercicio pleno de su ciudadanía.
Pareciera, sin embargo, que la actual administración del INAMU se ha propuesto desbaratar la Institución, apartándola del cumplimiento de sus obligaciones específicas. Concretamente, se ha perseguido y acosado injustamente a un grupo de trabajadoras, 25 de las cuales ha sido prácticamente forzadas a renunciar al habérseles violentado sus derechos laborales.
Además se ha despedido injusta y arbitrariamente a profesionales de altísima calidad técnica, con más de diez y quince años de experiencia, caracterizadas por sus luchas para mejorar la vida de miles de mujeres de Costa Rica con sus respectivas familias.
Al clima de inestabilidad existente, debe agregarse la paralización de actividades y programas básicos de la institución, como lo son: la lucha por la no violencia contra las mujeres, el derecho a la justa distribución de los bienes gananciales adquiridos por la pareja durante sus años de convivencia, y otros de similar importancia.
Se ha permitido, incluso, la “reorientación” de recursos económicos que el INAMU tiene destinados a programas específicos y de primer orden para las mujeres, hacia áreas de menor prioridad, con lo que se priva a la población femenina al legítimo derecho de contar con una Institución fuerte que luche por defender y ampliar sus derechos.
Todo esto ha sido hecho del conocimiento del actual y saliente Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, en virtud a informes vertidos por la Defensoría de los Habitantes, por la Contraloría General de la República y por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa. No obstante, el Sr. Presidente ha prestado oídos sordos, empeñado al parecer, en entregarle al nuevo Gobierno un INAMU calculadamente debilitado.
Costa Rica debe ser ejemplo mundial por su constante lucha en pro de los derechos de las mujeres. Por eso es necesario que aunemos nuestras voluntades para lograr que el INAMU siga siendo el instituto de promoción y defensa de dichos derechos y para evitar que sucumba al peso de la arbitrariedad administrativa y de la actitud displicente del Gobierno de la República.
Anhelamos que las nuevas autoridades del INAMU restauren la institucionalidad lesionada de esta estratégica entidad de la democracia costarricense, rescatándola del peligroso fundamentalismo dogmático en que ha sido sumida, al imponerse el perverso reino de la intolerancia que, incluso y de manera paradójica, ha llevado a abusivas violaciones del Estado de Derecho y al atropello de la dignidad de las personas en cuya defensa se fundamenta su quehacer: las mujeres.
