Necesidad de estudios serios. El Poder Ejecutivo se encuentra próximo a definiciones cruciales para el futuro sostenible de las telecomunicaciones como la cantidad de operadores de telefonía celular y la asignación del espectro radioeléctrico. La dirección que al final imponga el Ejecutivo impactará profunda y permanentemente el rumbo nacional, por lo que se espera la prudencia y seria reflexión, antes que el apuro y la decisión impensada.
SIICE advierte sobre la necesidad de que estas decisiones se fundamenten sólidamente en estudios detallados y específicos sobre el mercado nacional. Es por ello que la estrategia de apertura y sobre el espectro radioeléctrico no puede resultar de simples apreciaciones o cálculos mercadológicos que más se parecen a la improvisación y al tanteo, señales de lejanía de la experticia técnico-científica.
Los estudios requeridos para orientarse hacia las decisiones más favorables al interés público no son sencillos pero sí factibles. Por ello, lo que no tendría lógica sería prescindir de las consideraciones técnicas, negándole al país la fundamentación necesaria a que obliga la propia Ley General de la Administración Pública a partir del artículo 128.
Sobre la cantidad de operadores de telefonía celular en Costa Rica solo se conoce un estudio sobre la materia, titulado: “Informe de Análisis de Mercado y Estrategia de Apertura” contratado por el Banco Mundial a Sepúlveda Consulting Inc (2006). No obstante, el propio informe reconoció sus limitaciones al confesar su carácter preliminar y se basaba en datos del 2004, es decir, de hace más de cinco años. El informe fue categórico sobre la necesidad de estudios actualizados para decidir sobre los mecanismos de la apertura de las telecomunicaciones en nuestro país: “Enfatizamos que estos resultados son generales y que un estudio debe llevarse a cabo en forma específica para el mercado costarricense”. Debe quedar claro que sin esos estudios cualquier proposición cuantitativa o cualitativa que se pretenda imponer carecería totalmente de sustento y no se basaría sino en la opinión de sus proponentes. Y ello aún con mayor razón considerando que la SUTEL propone abrir el mercado a tres operadores nuevos, pese a que el referido estudio del Banco Mundial al comparar el potencial o capacidad de nuestro mercado con las experiencias de liberalización en otros países similares, advirtió claramente: “Nuestra recomendación principal es de otorgar una licencia a un solo operador nuevo en el corto plazo”.
Hacer las cosas bien. Es nuestro deber velar porque las cosas se hagan bien y por ello insistimos en que las decisiones se fundamenten en estudios completos y actualizados, que a su vez contemplen el examen comparado con experiencias de países con condiciones de mercado similares y superiores, que nos permitan asegurar que las decisiones tomadas son las más favorables al interés público y obedecen a factores objetivos verificables.
Extrañamente, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 del MINAET, no desarrolla ni un párrafo sobre esta materia. Por su parte, el informe que hace SUTEL sobre espectro radioeléctrico, como el mismo documento lo indica, fue elaborado en tan solo ocho días y de él aborda, en tan solo 12 páginas, todo lo que estas instituciones han propuesto públicamente sobre la estrategia de apertura de la telefonía celular, mostrando así una atención simplista de temas tan complejos.
Los encargados de la apertura tienen una responsabilidad histórica y están obligados a encontrar respuestas precisas para problemas tan complejos como: tamaño del mercado, número óptimo de operadores móviles, nivel adecuado de rentabilidad de las operaciones comparada con el tamaño del mercado, condiciones de los mercados financieros internacionales al momento de planificar la apertura, garantizar la viabilidad de la sustitución tecnológica de las redes cuando la sostenibilidad financiera no esté presente ante una mala planificación de apertura, la solidaridad del servicio de telecomunicaciones legalmente decretado de interés público, el valor real de las concesiones del radioespectro así como su valor marginal. Todas estas consideraciones deben partir del tamaño del mercado y la entrada de varios operadores al mismo tiempo, así como de la obligatoria recaudación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones por el espectro subastado, entre otros.
Pareciera que hay quienes por prisas innecesarias piensan que tan sensibles asuntos pueden resolverse sin mayor estudio, obviando el interés público en vez de procurar, como es debido, que las decisiones que finalmente se adopten sean sólidas –léase: fundamentadas- y publicitadas para que puedan discutirse transparentemente con la concurrencia de los expertos y usuarios.
A pesar de no estar de acuerdo con este proceso de apertura, pero respetando la decisión de la mayoría expresada en el referéndum de octubre del 2007, nuestro mayor interés radica en que las decisiones sobre temas tan sensibles y fundamentales se adopten como manda la legalidad que asegura nuestra Constitución Política y genere beneficios para todos los habitantes de nuestro país. De lo contrario continuaríamos preguntando: ¿Por qué tanta prisa?
SIICE
Publicado el lunes 24 de agosto en los diarios La Nación y La Extra.
