La Comisión que analiza las reformas al Código Electoral aprobó una moción del Diputado José Merino del Río, que convierte en delito, penado con cárcel, conductas clientelistas de los funcionarios públicos y las amenazas de empresarios privados.
La moción del legislador del Frente Amplio para crear el “delito contra la libre determinación del votante”, se presentó como consecuencia de la experiencia del referéndum sobre el TLC, donde una de las tendencias utilizó tanto el clientelismo del gobierno como la coacción empresarial para lograr su aprobación, quedando impunes.
La siguiente es la moción aprobada:
Moción N.º 13 del diputado Merino del Río:
Para que se modifique el artículo 283 del proyecto de ley en discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 283.- Delito contra la libre determinación del votante
Se impondrá pena de prisión de dos a doce meses a quien con dádivas, promesas de dádivas, violencia o amenazas trate de inducir o induzca a otro a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o a abstenerse de hacerlo.
La pena será de cuatro a doce años de prisión para quienes realicen las conductas indicadas en el párrafo anterior bajo las siguientes circunstancias agravantes:
a) Estas conductas sean cometidas por funcionarios públicos actuando en el ejercicio de su cargo o con ocasión de este.
b) Se ofrezcan o entreguen bonos de vivienda, becas, pensiones o cualquier otro tipo de beneficio, ayuda social o dádiva financiados con fondos públicos a personas que se encuentren en condición de pobreza.
c) Se realicen actos de coacción, violencia, amenazas o se tomen represalias en perjuicio de trabajadores asalariados por parte de sus patronos o sus representantes.”
