El pasado lunes 10 de mayo de 2010, fue presentada en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, una denuncia penal contra los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez; contra el Exministro de Trabajo y Seguridad Social, Álvaro González Alfaro; así como en contra de los actuales jerarcas, Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia, y Francisco Jiménez Reyes, Ministro de Obras Públicas y Transportes; aunque en estos dos últimos casos la acusación está relacionada con los cargos que ostentaban, respectivamente hablando, Ministro de Coordinación Institucional y Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
Efectivamente, los demandantes consideran que, eventualmente, la llamada “indemnización” ofrecida a las actuales personas trabajadoras de JAPDEVA, por un total de 137 millones de dólares (80 mil millones de colones), a cambio de que se acepte la privatización, vía concesión, de los muelles de Limón y de Moín, podría constituir un acto corrupto al violentarse la siguiente legislación:
Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley No. 8422; con presunta violación de los artículos 52, 56, 57, 58, 64 (artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, reformados);
Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227; con presunta violación del artículo 199, incisos 1 y 2;
Reglamento a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 32333; por presunta violación al artículo 1, inciso 5, los puntos a), b) y e);
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131; por presunta violación a los artículos 110, incisos d) y h); así como los artículos 115 y 116.
Al presuntamente violentarse la mencionada legislación, podría haberse incurrido en delitos como tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, influencia en contra de la Hacienda Pública, penalidad del corruptor, malversación, entre otros.
El pasado martes 11 de mayo, a las 2 de la tarde y en su despacho, el Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz recibió, en sus propias manos, copia del recibido de la demanda, pudiéndose explicarle, con más detalles, las motivaciones, los alcances y los fundamentos de la misma.
Firman la demanda los señores Luis Ángel Serrano Estrada, Francisco Aguilar García y Albino Vargas Barrantes, todos pertenecientes a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP); demanda que fue formulada, intelectualmente hablando, por el Lic. Geovanny Hernández Mora
De prosperar la demanda en cuanto a su admisión, podría abrirse paso para presentación de nuevas acusaciones, específicamente por prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), en contra de otros funcionarios de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que en el caso del “Golpe de Estado “ a la legítima junta directiva del sindicato SINTRAJAP, estuvieron dictando resoluciones ilegales.
Vea texto completo de la demanda en www.anep.or.cr
San José, 13 de mayo de 2010.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
