San José, 19 de octubre de 2009.
S.G. 09-11-0183-09
Licenciada
Karla González Carvajal
Ministra
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Su despacho
Asunto: Solicitud de prórroga de cambio de unidades móviles para transporte público modalidad taxi, modelo 1994 en adelante
Estimada señora:
Con el debido respeto, le hacemos llegar el más atento saludo de parte de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Taxistas y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Oficialmente y por esta vía, con base a la legitimidad que nos asiste para representar los intereses económicos y sociales de un importante número de ciudadanos quienes se desenvuelven en la actividad de transporte público modalidad taxi, acudimos ante su despacho para presentar formal petición de que se congele la obligación de efectuar el cambio de modelo de las unidades móviles que se necesitan para presentar la indicada modalidad de transporte público; obligación que estará vigente a partir de el próximo mes de enero de 2010, en función de la respectiva antigüedad; de forma tal que para cumplir con tal obligatoriedad, contemos con un plazo de cinco años (hasta el 2015, transcurrido totalmente el mismo).
Nos fundamentamos para presentar la petitoria en mención con base en la siguiente argumentación:
1) La competencia desleal, conocida comúnmente como “piratería”, y en todas las formas en que la misma se manifiesta, han mermado, considerablemente, nuestras expectativas de ingresos financieros, reduciéndose sustancialmente las ganancias diarias, luego de la deducción de la serie de costos y de gastos operativos.
2) La impunidad, prácticamente total, en que dicha competencia desleal actúa, contándose con la complicidad, activa y pasiva, de los órganos públicos estatales, destinados a reprimir tales actividades ilegales, si se las compara con la serie de condiciones que el taxismo formal ha debido cumplir y observar para ejecutar la actividad de transporte público modalidad taxi, según las regulaciones de ley del mismo contrato de concesión que en cada caso se ha suscrito.
3) Tal complicidad la entendemos en el marco de una necesidad política de atenuar las cifras oficiales de desempleo, pues es obvio que quienes se desenvuelven en la “piratería”, son considerados como personas que tienen empleo fijo.
4) La crisis financiera y económica mundial, con impacto directo en la economía nacional, ha generado una actitud precavida en cuanto al gasto de muchas personas lo que, sin duda alguna, ha repercutido en nuestra actividad pues ésta presenta menor demanda y parece que será una tendencia prolongada. Esto ha golpeado la proyección de ingresos en la actividad, aumentando las dificultades económicas en que la misma se desarrolla; amén de que el Gobierno de la República, no diseñó ninguna política de respaldo, dentro de “Plan Escudo”, para nuestro gremio formal, de tal suerte que las consecuencias de la crisis en la práctica de taxismo formal se ha asumido enteramente por quienes de ella viven.
5) El cambio de unidad representa un elevado costo que no estamos en condiciones de asumir en los actuales momentos. Veamos: Un vehículo modelo 1994, tiene hoy un costo de mercado para inscripción de 1.500.000.oo, con lo cual se paga por seguros contra robo, colisión, vuelco, daños vandálicos, daños a terceros y similares, una cantidad mensual de 34.450.oo colones (suponiendo que el vehículo no sufre deterioro por colisión u otros, lo que se llama “bonificación”). Si nos vemos obligados a cambiarlo por un vehículo modelo 1999, el costo de mercado para inscripción sube hasta 3.500.000.oo y el pago mensual aumentará un 125 %, con lo cual la mensualidad que hay que pagar andará alrededor de los 77.510.oo. Recalcamos que estamos hablando del paso de un modelo 94 a un modelo 99. Imaginemos qué pasará si el modelo es más reciente.
6) Para incrementar las dificultades de un cambio de modelo en las ya indicadas circunstancias, debe tenerse presente que toda la tramitología de dicho cambio (documentos requeridos, autenticaciones de notario, inscripción de vehículo, pintura del mismo color rojo, inmovilización temporal mientras se hacen los trámites, etc.), tiene un costo de 1.000.000.oo (un millón de colones que no se tiene en los actuales momentos).
7) Una ampliación de plazo para realizar el obligatorio cambio de modelo, conforme a la presente solicitud, en nada habrá de perjudicar las condiciones en que el servicio se ha de prestar a la persona usuaria del mismo. La revisión técnica vehicular es una garantía firme de ello, pues los taxis deben pasarse por la misma dos veces al año. Ello es importante desde el punto de vista del control de gases para que no contamine el ambiente, el control de frenos, el control de suspensión, carrocería y otros. Es decir, por esta situación y otras conexas, la seguridad de la persona usuaria no se verá en peligro durante los cinco años de la eventual prórroga aquí pedida.
Señora ministra González: Está más que demostrado que la actividad de transporte pública modalidad taxi que se desenvuelve dentro de la ley, está completamente indefensa, huérfana total de la protección del Estado y cuyo desenvolvimiento tiene un entorno financiero negativo, dado el auge de la competencia desleal y, por ende, le deshonra de ese Estado en cuanto a las obligaciones de cumplimiento que debe observar cuando se materializó la concesión, luego de que cada concesionario hizo enormes sacrificios y gran inversión para ser beneficiado, en la confianza de que la retribución financiera esperada se convertiría en realidad. Como sabemos, ello no ocurrió, pese a una serie de circunstancias de orden legal que, en teoría, defienden la legalidad de nuestra actividad. Veamos.
Dadas las manifestaciones por el total descontento de nuestro sector por las circunstancias que nos aquejaban (entre ellas la marcha a Casa Presidencial, el 17 de marzo de año 2003), ocupando en ese entonces usted el puesto de Viceministra de Transportes, se produjo el nacimiento del Decreto Ejecutivo No. 31180, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 30 de mayo del 2003, herramienta con la que dispondría el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Dirección General de la Policía de Tránsito, para recopilar las pruebas fehacientes, aplicar multas y sacar de circulación a todos los vehículos que poseían dispositivos similares a los de un TAXI y que además no portaran un contrato de puerta a puerta. Sin embargo, nada pasó…
Por otro lado, en defensa de nuestra actividad legal se dio el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante Voto No. 2004-3580, de fecha 14 de abril del 2004; pronunciamiento que declara sin lugar el Recurso de Amparo interpuesto por los porteadores.
Adicionalmente, está el pronunciamiento del Procurador Dr. Fernando Castillo Víquez, aclarando perfectamente toda duda referente a lo que es un servicio público formal, los distintivos, legislación que los ampara y sanciones para los que brindaran, ilegalmente, el servicio propio de TAXI; cerrando por esta vía el ejercicio ilegal de la actividad.
Recurso legal sobró para que se aplicara en su momento, pero no hubo la necesaria voluntad política para solucionar este conflicto, como quedó demostrado el 19 de enero del 2007, cuando se derogaron los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 31180 , mediante el Decreto 33526, declarando incompetencia por parte del CTP, la regulación del servicio de porteo. Se les dio así el beneplácito de brindar el servicio libremente.
En la comparecencia que recientemente la ANEP hizo ante la comisión legislativa que estudió el proyecto No. 17372, Junta Directiva de la Seccional ANEP-TAXISTAS, señalamos la disyuntiva de que si un taxista incurre en un préstamo para compra de vehículo en este momento, no sólo se precipita a una quiebra, sino que además podría enfrentar problemas judiciales por inflar cifras de dinero que no percibe; y, si le otorgaran el financiamiento, lo que es peor, podría perder no sólo el vehículo por falta de pago, sino, además, la misma concesión según el artículo 44 de la Ley 7969, en el mejor de los casos. Tenemos compañeros que hipotecaron sus viviendas para reunir la prima y están corriendo ya altísimos riesgos.
Así que, dadas las explicaciones de lo que nos preocupa y nos ocupa, es que reiteramos nuestra solicitud de prorrogar el cambio de las unidades móviles que pierden vigencia en diciembre del 2009 (vehículos modelo 1994), hasta tanto nos recuperemos de las pérdidas del año 2003, a la fecha y podamos estar al menos en pie, para satisfacer las demandas del contrato y esperar las políticas de la próxima administración, ante la problemática sin resolver de la ilegalidad del servicio de transporte público en este país.
De igual manera, solicitamos que el Poder Ejecutivo gire una directriz al sistema bancario y a entidades financieras para buscar una solución a corto plazo para los compañeros que han asumido deudas al adquirir vehículos nuevos y están con atrasos en sus compromisos financieros, buscando que puedan mantener los vehículos operando para seguir honrando sus respectivas deudas.
Anticipadamente le agradecemos la valiosa atención a la presente y confiados quedamos en tener su propia respuesta, misma que solicitamos al amparo del artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Las notificaciones las atenderemos en el fax No. 2257 8859 y/o en el siguiente correo electrónico: sitaxi@anep.or.cr
Junta Directiva Seccional ANEP Taxistas
Lorenzo Hernández Suárez
Presidente
Rigoberto Aguilar Solís
Secretario de Divulgación,
Actas y Correspondencia
Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Honorable Consejo de Transporte Público (CPT).
cc.: Honorable Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Candidatos y candidatas a la Presidencia de la República.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Taxistas.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Compañeros Taxistas.
cc.: Archivo.
