San José, 12 de octubre del 2009.
S.G. 09-11-0171-09
¡URGENTE!
Honorables señores y señoras
Dr. Luis Antonio Sobrado González, Presidente
Licda. Eugenia María Zamora Chavarría, Vicepresidenta
Lic. Mario Seing Jiménez
Lic. Max Alberto Esquivel Faerron
MSc. Zetty María Bou Valverde
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
Sus despachos
Estimados señores y estimadas señoras:
Este anterior domingo 11 de octubre de 2009, el telenoticiero Extra TV 42, en su edición de tarde-noche, dio a conocer una denuncia en contra de la diputada del partido oficialista, la señora Mauren Ballestero, actual Vicepresidenta del Poder Legislativo, por desplazarse en un helicóptero de la Fuerza Pública (la cual ya está a la orden del Tribunal Supremo de Elecciones, según disposición constitucional para el período electoral cuatrienal); desplazándose ella hasta la ciudad de Liberia para tomar parte en un evento de escogencia de los candidatos a regidores municipales de su partido (Liberación Nacional); en un viaje de ida y vuelta por vía aérea, ante la inminente salida fuera del país de la citada diputada, con lo cual debía acortar al máximo su estadía en la denominada ciudad guanacasteca y, obviamente, viajar a ella y retornar a San José en el menor tiempo posible.
El Diario Extra, en su edición de este lunes 12 de octubre de 2009, publica también la denuncia indicada, bajo el título de “Diputada del PLN usó avioneta de policía en actividad electoral”, indicando que en la avioneta de la Fuerza Pública la legisladora oficialista Ballestero viajó “a tierra pampera para participar en la Asamblea Cantonal de su partido, donde se eligieron a los candidatos a regidores liberianos”; usando así según la citada nota periodística, recursos del Estado para una actividad partidaria que es privada. “El combustible, salario del piloto y demás gastos se pagarán con dineros de los impuestos de los costarricenses”, agrega la mencionada publicación.
Así las cosas y con base en la legitimidad que nos da la circunstancia de constituir una organización laboral-social, de carácter sindical, a la cual están afiliadas varios miles de personas trabajadoras, muchas de las cuales habrán de ejercer su constitucional derecho del sufragio en las elecciones del 7 de febrero de 2010; consideramos urgente lo siguiente:
Que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), bajo cuya responsabilidad está en estos momentos la Fuerza Pública de Costa Rica, ordene, con toda ejecutividad, seriedad y transparencia, la realización de la más urgente investigación para determinar las responsabilidades que son en competerle a la citada legisladora Mauren Ballestero, así como a las altas autoridades de la Fuerza Pública que ordenaron brindar dicho servicio de transporte aéreo, a contrapelo de la supuesta imparcialidad que el actual Gobierno de la República debe observar en el proceso electoral que fue abierto el pasado día 7 de octubre.
El TSE, altamente cuestionado por una enorme cantidad de ciudadanos y de ciudadanas por su desempeño en el proceso electoral de 2006 y en el referéndum sobre el TLC con Estados Unidos, celebrado en octubre de 2007; no puede darse el lujo de una actitud complaciente, tímida, pusilánime en la denuncia arribada indicada. Si no hay decisiones claras de que, en verdad, ahora sí, habrá absoluta imparcialidad y de que este caso no quedara impune, entonces el TSE seguirá por la curva de descrédito que ya tiene ante un buen segmento de la ciudadanía apta para votar.
Esta actuación de la diputada Ballestero y de quienes en la Fuerza Pública autorizaron el ilegal vuelo, según nuestro criterio, adquiere mayor dimensión pues el citado cuerpo policial más importante del país está ya a las órdenes de ustedes, en cuanto la máxima autoridad electoral del país y la responsabilidad delicada que les compete por vigilar las actuaciones del presente Gobierno, bastante tentado, como lo ha demostrado ya el propio Presidente de la República, a actuar a favor de su candidata a la “sucesión”, la señora Laura Chinchilla Miranda.
Es más, una actuación del TSE débil en este caso, no solamente certificaría lo que el propio mandatario Arias califica de “leyes estúpidas” (las limitaciones legales del Gobierno para hacer política electoral); sino que, una_ “absolución”_ o una “candorosa” sanción, ha de indicar “luz verde” para que la institucionalidad pública se vuelve a favor del partido en el Gobierno ayudando a sus candidaturas presidencial, legislativas y municipales, como quedó demostrado por la denuncia de Extra TV 42 y de Diario Extra.
Quedamos en espera de lo concerniente.
Muy atenta y respetuosamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
cc.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
cc.: Sra. Janina Del Vecchio Ugalde, Ministra de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía.
cc.: Fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa.
cc.: Red de Control Ciudadano-Vigilancia Electoral.
cc.: Extra TV 42.
cc.: Diario Extra.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Honorable Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Excelentísimos señores obispos, Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Movimientos sociales costarricenses.
cc.: Archivo.
