San José, 09 de abril del 2008
Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Presente
Estimado señor:
Reciba un cordial saludo.
En mi condición de Presidenta de APSE y en nombre de los 18.621 agremiados y agremiadas de educación secundaria, que conforman la organización que represento, me dirijo a Usted, con el fin de exponer las razones que fundamentan el movimiento de huelga indefinido, que los trabajadores y trabajadoras de las instituciones educativas públicas de la Enseñanza Media del país, iniciamos a partir del lunes 31 de marzo del año en curso.
Cabe destacar que el pliego de peticiones en el cual se fundamenta nuestra lucha, fue puesto en conocimiento del señor Ministro de Educación Pública, desde el día 22 de febrero de este año. No obstante, su respuesta puntual a cada uno de nuestros planteamientos, además de no satisfacer nuestras demandas, generó gran molestia entre nuestros agremiados, por la forma en la que fueron abordados cada uno de los temas.
Con fecha 10 de marzo de este año, hicimos entrega de un segundo documento, al señor Leonardo Garnier, en el cual se puso de manifiesto, el resultado infructuoso del intercambio de notas entre ambas partes; de ahí que se le solicitó entablar un diálogo inmediato, donde estuvieran presentes otras autoridades gubernamentales (Ministro de Trabajo y Ministro de Hacienda), a quienes también compete atender parte de nuestras pretensiones; todo en aras de a lograr una solución consensuada.
El señor Garnier, responde a este último documento, mediante Oficio DM-1766-08 de fecha 25 de marzo de este año, recibido por mi persona el día viernes 28 de marzo, en el cual se consigna su disposición al diálogo. Sin embargo, este mismo día, pese a nuestra gestión en aras de concertar el diálogo ofrecido por el señor Ministro, se nos informa a través de una llamada telefónica realizada por la secretaria del Despacho Ministerial, que el señor Leonardo Garnier, ponía como condición para sentarse a dialogar, el que la APSE desconvocara el llamado al movimiento de huelga, programado para el lunes 31 de marzo. Así las cosas, desde esa fecha y hasta el día de hoy no hemos recibido de su parte ninguna CONTRAPROPUESTA A NUESTAS DEMANDAS, por lo que obligados ante la inacción del señor Ministro de Educación Pública, hemos mantenido el ejercicio del Derecho Constitucional de la Huelga.
Como consecuencia entonces, de la INCAPACIDAD RESOLUTIVA y de la INCAPACIDAD DE DIALOGO, demostrada por el Jerarca Ministerial de la cartera de Educación Pública, nos vimos en la necesidad de acudir el día 27 de marzo, ante el señor Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para que en cumplimiento de la misión que legalmente le asiste, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, procediera a intervenir y a coadyuvar en la búsqueda de una solución a nuestras justas peticiones, a través de la apertura de un proceso de negociación, en el que estuvieran presentes, el señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública y el señor Guillermo Zúñiga, Ministro de Hacienda; lo cual de haberse atendido nuestra solicitud, no habría existido la necesidad de tomar medidas extremas.
Señor Presidente, en respeto al orden jerárquico que corresponde, hemos acudido en primera instancia, ante sus ministros de gobierno, sin embargo, lamentablemente en ninguna de esas instancias gubernamentales, hemos encontrado la apertura de diálogo y resolución requeridas. Es por ello, que me permito plantear ante Usted los motivos que fundamentan nuestra lucha, a fin de que en su condición de Presidente de la República y de Premio Nóbel de la Paz, se constituya en garante de la armonía y paz laboral, que demanda una situación de conflicto como la que nos ocupa.
1.-PAGO OPORTUNO Y COMPLETO DEL SALARIO
Ha resultado publico y notorio que nuevamente, el Ministerio de Educación Pública ha incumplido por problemas ajenos a los trabajadores, con el pago total y oportuno de sus salarios.
Ante esta grave situación, se impone de manera urgente, que el Ministerio de Educación, tome las medidas necesarias y urgentes, a fin de garantizar a los educadores del país, su pago salarial mensual en forma puntual y completa, y que se respete el Voto de la Sala Constitucional Nº 4218-03 de las 15:46 horas del 20 de mayo del 2003, que se dictó con ocasión del Recurso de Amparo presentado en el año 2003, por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) a favor de miles de servidores afectados, y en cuya parte dispositiva se resolvió lo siguiente:
“Se ordena a Astrid Fischel Volio en su condición de Ministra de Educación Pública, Tomar de inmediato las medidas necesarias para regularizar el pago de los salarios adeudados a los amparados e impedir que en adelante se vulneren los derechos de éstos a recibir el pago oportuno de su remuneración. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.”
Este es el segundo año, en el que al señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública, le ha correspondido iniciar un curso lectivo, y en esta ocasión al igual que el año anterior, los problemas de pago no se han solucionado, pese a que para el curso lectivo del año 2007, nos vimos en la necesidad de salir nuevamente en defensa nuestros educadores, que al igual que hoy no han podido solventar sus necesidades básicas. Fue por ello que al igual que el año 2003, la Sala Constitucional emitió el Voto Nº 07-002803-0007-CO, en el cual se dispuso lo siguiente:
“Se ordena a Leonardo Garnier Rímolo o a quien ocupe el cargo de Ministro de Educación Pública, a Ligia Acuña Rodríguez o a quien ocupe el cargo de Directora General de Personal, que dispongan lo necesario para que se cancele a los y las amparadas la TOTALIDAD DEL SALARIO que se les adeuda por la labor realizada durante el presente curso lectivo, incluyendo TODOS LOS COMPONENTES SALARIALES COMO RECARGOS, ANUALIDADES, ZONA DE MENOR DESARROLLO, LECCIONES INTERINAS, CARRERA PROFESIONAL, AUMENTO POR COSTO DE VIDA Y CUALQUIER OTRO QUE SE LES ADEUDE…“
En este mismo sentido, cabe destacar, que a los servidores y servidoras del Magisterio Nacional, se les pagó hasta el día 26 de marzo, el porcentaje por concepto de Aumento por Costo de Vida, correspondiente al primer semestre del presente año, y que no aceptamos que se justifique tal atraso, según lo manifestado por el señor Ministro de Educación Püblica, en el hecho de que su aplicación ha sido así “…históricamente en virtud de limitaciones técnicas que existen para correr la planilla en paralelo con todos los nombramientos de inicio de curso lectivo”.
Lo cierto y lo legal, señor Presidente, es que mediante Resolución DG-004-2008 de la Dirección General de Servicio Civil de las 14:05 horas del 08 de enero del 2008, se resolvió revalorar todas las clases de puestos de la Escala de Salarios de la Administración Pública, de conformidad con la categoría y nivel salarial que ostentan, ajustando en un 5.88% el monto de salario base y el aumento anual, con un rige a partir del 01 de enero del 2008.
De manera que las justificaciones que esgrime el señor Ministro, para no pagar puntual, completa y oportunamente el salario de los servidores de la educación, así como el atraso en el pago por concepto de aumento por costo de vida, son contrarias a lo resuelto por la Sala Constitucional, en el citado Voto Nº 07- 002803-0007-CO, por lo que en este momento el señor Ministro de Educación Pública, está incurriendo en el DELITO DE DESOBEDIENCIA a las órdenes de la Sala Constitucional (Art.71 y 72 de la Ley de Jurisdicción Constitucional).
INFORME FINAL DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES
Con fecha 24 de marzo del 2003, los Presidentes y Secretarios Generales de diversas Organizaciones Magisteriales, denunciaron ante la Defensoría de los Habitantes, por el incumplimiento del pago oportuno y completo de los salarios de los servidores y servidoras del Magisterio Nacional y solicitaron la intervención inmediata de esta Defensoría. Fue así como se abrió al efecto el Expediente Nº 14662-24-2003-QJ-RVQ, y una vez verificado y comprobados los hechos que fundamentaron la denuncia, se arribó emitió un amplio Informe final con recomendaciones, en el cual queda de manifiesto la ineficiencia administrativa demostrada por el M.E.P, ante la forma inapropiada en la que se implementó el nuevo Sistema Informático de Pagos; violentándose de esta forma los principios de buena administración, tales como: la eficiencia, la eficacia, la legalidad, la justicia, la participación y la transparencia.
No obstante lo anterior, resulta de suma gravedad, que pese a las recomendaciones emitidas en esa ocasión por la Defensoría, dirigidas a varias instancias gubernamentales, y las directrices vertidas en el Informe N DFOE-EC-26/2004 preparado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativo de la Contraloría General de la República, denominado INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE PAGO DE SALARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, de fecha 25 de octubre del 2004, el cual se rinde con ocasión de la denuncia presentada por la APSE, relacionada con las irregularidades surgidas en la ejecución del Sistema de Pagos del M.E.P; no solo no fueron atendidas por las autoridades del Ministerio de Educación Pública, sino que nuevamente, como ha sucedido desde ese entonces y hasta la fecha, los problemas de pago producto de la ineficiencia del sistema informático de pagos, subsisten.
2. EQUIPARACIÓN SALARIAL CON PROFESIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL”.
Dentro de la propuesta técnica presentada por el Poder Ejecutivo, según compromiso adquirido y plasmado en el Acuerdo de Negociación de la Comisión de Política Salarial del Sector Público, para la revisión salarial del II período del 2007, de fecha 09 de agosto del 2007, en la cual tiene participación en representación del Poder Ejecutivo, los jerarcas de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda; se acordó la realización de un estudio de REVALORACION SALARIAL DE LOS PROFESIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL, a efecto de “cerrar las brechas salariales existentes dentro del Sector Público.”
No obstante lo anterior, tal y como a Usted le consta, para sorpresa e indignación nuestra, los servidores y servidoras de la educación, quienes siendo profesionales que laboran para el Gobierno Central y están cubiertos por el Título II del Estatuto de Servicio Civil, fueron excluidos de tal revaloración salarial.
Don Oscar, Usted conoce muy bien, que al sector Profesional y Gerencial que labora para el Gobierno Central y que está cubierto por el Título I del Estatuto de Servicio Civil, se le ajustó su base salarial al percentil 30 a partir del primer semestre de este año y gradualmente se le ajustará el percentil, hasta llegar al percentil 50 en primer semestre del año 2010.
De conformidad con lo anterior, resulta a todas luces incompresible como dentro del marco de la Política Salarial de este gobierno, tendiente a cerrar las brechas salariales en el sector público, se nos venga a negar el merecido ajuste salarial a la base, que se aplicó a los profesionales del Título I, alegándose que para ello se requiere “necesariamente un aumento en la carga tributaria del país”, según lo ha expresado el señor Ministro de Educación Pública y el señor Ministro de Hacienda.
Lo anterior no hace más que demostrarnos, que para el Gobierno de la República, el tan llamado “ejército de educadores”, no es más que un ejército de “profesionales de segunda categoría.”
Por lo expuesto, es que le solicitamos al señor Ministro de Trabajo, que por su digno medio, procediera a solicitar a las autoridades gubernamentales correspondientes, la entrega de una PROPUESTA TECNICA DE AJUSTE DE LA BASE SALARIAL, que reflejara la situación de los salarios del sector docente, con respecto a los percentiles, a fin de que se proceda con el ajuste correspondiente, tal y como se hizo con la clase profesional y gerencial cubierta por el Título I del Estatuto de Servicio Civil.
2.- CONCURSO PD-001-2007, CONVOCADO A EFECTO DE OBTENER UN REGISTRO UNICO DE ELEGIBLES para llenar plazas en PROPIEDAD E INTERINAS, propiamente docentes.
La situación de incertidumbre, indignación y zozobra, en que se encontraron nuestros educadores, ante la inhabilitación del citado concurso, lo cual pone en entredicho la inercia y eficiencia demostrada por parte de la Dirección General de Servicio Civil y la Dirección General de Personal del M.E.P, quienes no fueron capaces de planificar e implementar, los mecanismos administrativos y tecnológicos, que permitieran haber llevado a acabo para este curso lectivo, el proceso de nombramiento y selección de personal tanto interino como en propiedad, fundamentado en el criterio de idoneidad comprobada.
No debemos olvidar que este concurso, incluso desde su convocatoria, resultó violatorio de los PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, lo cual obligó a la Dirección General de Personal del M.E.P, a que en el mes de agosto del 2007, gracias a las denuncia y alerta pública de la APSE, tuviera que depurar el listado de plazas vacantes que se exhibían en la página Web de la Dirección General de Servicio Civil.
Es por la gravedad de esta situación, que con fecha 22 de febrero del 2008, solicitamos al señor Ministro de Educación Pública y a Usted, señor Presidente, que de manera inmediata, realizaran los procesos de investigación pertinentes, a fin de que se sentaran las responsabilidades administrativas y disciplinarias correspondientes, contra los funcionarios públicos involucrados.
3.- DISMINUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS POR SECCION
En aras de mejorar la calidad de la educación, es necesario que los docentes atiendan grupos que no excedan de 25 estudiantes. Sin embargo tal disposición no ha sido implementada de manera uniforme por parte del Ministerio de Educación Pública, toda vez que la directriz emanada en este sentido por el Departamento de Programación Presupuestaria, establece para la educación secundaria, un promedio de 35 alumnos por sección.
Además se requiere que de forma inmediata, este Ministerio proceda a la definición de los rangos de matricula en secundaria, cuando se cuenta en los grupos con estudiantes con necesidades educativas especiales.
4.- UNA EDUCACION DE CALIDAD
Como parte fundamental del proceso educativo, nuestros servidores y servidoras de la educación, nunca podrán alcanzar una efectiva estabilidad laboral y salarial, si nuestro país no cuenta con una verdadera Educación de Calidad, garantizada por el Estado mediante el financiamiento a la educación pública, según el porcentaje constitucionalmente establecido, atendiendo sin demora los faltantes de infraestructura, materiales didácticos en cantidad suficiente y oportuna, becas para estudiantes de escasos recursos distribuidas justamente, capacitación y motivación a los docentes y una administración moderna acorde con los retos actuales.
5.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL TEMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO Y DEMANDA DE RESPETO, BUEN TRATO Y SERVICIO EFICIENTE PARA TODOS LOS Y LAS SERVIDORAS DE LA EDUCACION EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA.
En este sentido, oportunamente solicitamos la intervención del Ministerio de Trabajo, para que de una vez por todas se pusiera fin al maltrato y mala atención de que son objeto los servidores y servidoras de la educación que acuden a las dependencias ministeriales.
Por lo expuesto, señor Presidente, nuevamente le reiteramos nuestra disposición al diálogo.
Atentamente,
Beatriz Ferreto López
PRESIDENTA APSE
