A lo largo de los últimos años, las organizaciones sindicales costarricenses, hemos sido víctimas de persecución, difamación e irrespeto de nuestros derechos más básicos como trabajadores. El Gobierno y las patronales han ejercido enormes presiones para deslegitimarnos como los representantes de la clase trabajadora, acciones que se han recrudecido durante el Gobierno de Óscar Arias, cuyo irrespeto por la ley, las normas internacionales del trabajo, y los derechos humanos, se manifestó con toda claridad el pasado 15 de Enero.
Ese día, un reducido grupo de trabajadores de SINTRAJAP, convocados por el Gobierno, se adujo la ilegítima representación de todos los empleados de dicha institución, montando una falsa asamblea de trabajadores, para aceptar los intereses de los Arias por privatizar los puertos, y de paso, destituir la Junta Directiva de Sintrajap. Esa reunión no contaba con los mínimos requisitos para ser considerada como válida, ya que solamente la Junta Directiva del sindicato tiene la potestad de convocar, tal y como lo señala la Convención Colectiva y el Estatuto de dicha organización.
El Ministro de la Presidencia, con el apoyo de La Nación, empezó de inmediato una campaña para tratar de reconocer estos acuerdos espurios. Esto constituye un Golpe de Estado contra la dirigencia sindical, y un atropello contra la decisión de la inmensa mayoría de afiliados a Sintrajap, quienes se oponen a la concesión portuaria, porque implica un soborno millonario de $137 millones de dólares (79.460 millones de colones) que se pagarán del bolsillo de todos los costarricenses.
Este acto evidencia el absoluto irrespeto del Gobierno por la autonomía sindical, nuestros derechos y garantías como clase trabajadora, al tratar de desconocer a los dirigentes democráticamente electos. La intentona de destituir a una Junta Directiva sindical es una prueba más de que los hermanos Arias seguirán pasando por encima de la ley, las convenciones colectivas, los convenios internacionales, el Convenio 98 de la OIT (que prohíbe la injerencia en los sindicatos por las autoridades públicas) y la propia Constitución Política.
La persecución de los sindicatos es una política propia de gobiernos dictatoriales, capaces de desconocer las organizaciones que agrupan los intereses de la clase trabajadora. Con ello, procuran evitar toda forma de oposición, con lo cual se garantizan que en el futuro podrán eliminar las leyes que nos protegen.
Instamos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Álvaro González, y todos los que ocupen su cargo luego de él, a cumplir su papel como defensores de la libertad sindical, tal y como la ley lo establece. Señor Ministro: su deber es ser garante de los derechos de la clase trabajadora, por encima de los intereses oscuros del Gobierno central.
Las organizaciones sindicales estamos hoy más unidas que nunca, y nos mantendremos firmes ante toda amenaza que se cierna sobre nuestros derechos. Vamos a ser vigilantes de que las libertades sindicales se respeten a cabalidad. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que este derecho se respete, y no toleraremos ningún acto que viole nuestra autonomía y nuestra independencia. No permitiremos que en Costa Rica se siga burlando la ley y las garantías sociales, por los intereses de unos pocos, como se viene haciendo desde hace años.
Llamamos a todas las organizaciones sociales a pronunciar contra estas prácticas propias de un gobierno dictatorial y a solidarizarse con nuestra lucha. ¡Basta ya de persecución sindical!
CSJMP – CNTR – CUSIMA – CCTD – CMTC – CSJM – ANEP – SINTRAJAP – FETRAL – SEC
