De ellos, 18 aspiran ahora a ganar el puesto de alcalde y los otros nueve buscan ser vicealcalde.
Las faltas cometidas son variadas, así como las sanciones que el ente contralor les impuso.
Hay desde amonestaciones escritas a regidores por no aprobar el presupuesto municipal o presentar tarde la declaración jurada de bienes, hasta despidos de alcaldes por firmar contratos con empresas privadas sin licitación ni refrendo de la Contraloría.
Uno de ellos es Róger Rivera Mora, exalcalde de Limón y actual candidato a ese mismo puesto por el Movimiento Libertario.
En el 2006, la Contraloría le impuso cuatro sanciones por dos casos distintos.
En uno lo amonestaron por autorizar y tramitar pagos a una empresa recolectora de basura sin tener un contrato refrendado. Además, lo suspendieron de su cargo por ocho días por haber aprobado pagos excesivos a la misma firma y le exigieron pagar ¢336.488 por los daños causados al municipio.
En el otro caso, la Contraloría recomendó su despido como alcalde, al considerar que Rivera debilitó la auditoría del municipio y autorizó pagos indebidos a un funcionario de ese departamento.
Entrevistado por La Nación, Rivera negó que haya debilitado la auditoría y sobre el primer caso dijo: “Yo tenía una situación difícil. La única opción para mí era esa empresa Cofinco. En mí siempre prevaleció el interés público, yo no podía dejar la basura en las calles”.
Un caso más es el de Alberto Cole De León, candidato a la alcaldía de Osa, Puntarenas, por el Partido Liberación Nacional (PLN).
En el 2007 a Cole –exdirectivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur)– se le prohibió ocupar cargos de la Hacienda Pública durante dos años, por aprobar la contratación de una agencia de publicidad para promocionar el Depósito Libre de Golfito, sin licitación, según detalló la Contraloría.
“Había que publicitar el Depósito y se hizo la contratación”, manifestó Cole cuando se le consultó por esa sanción.
Fuente: Rony Rojas, L.N. S.A.
