La denuncia presentada el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la intención abierta de comprar los votos de las personas empleadas por las empresas transnacionales para que se pronuncien a favor del TLC en el referéndum, “configura un delito que deber ser perseguido penalmente, tal y como hemos venido insistiendo”, declaró el diputado José Merino del Río.
Para el legislador del Frente Amplio, el TSE debe actuar de inmediato remitiendo la denuncia del Diputado Alberto Salom ante el Ministerio Público, con el fin de que se abra una investigación, que derive en las acusaciones penales respectivas.
En opinión del Diputado Merino detrás del correo electrónico remitido por un funcionario de la Alianza del Sí de Heredia, están las personas que formalmente dan la cara en la campaña como Alfredo Volio o René Castro y los que realmente la dirigen, como los hermanos Arias Sánchez.
“La responsabilidad política y penal debe recaer sobre la cúpula que viene implementando la “estrategia del miedo”, la cual ahora se lleva a límites de chantaje antidemocráticos, desconocidos en la historia política reciente de Costa Rica”, aseguró Merino del Río.
Según la denuncia presentada ante el TSE, la Alianza del Sí propone a los empresarios ofrecer a sus empleados el pago de ¼ a ½ tiempo de la jornada laboral diaria, con el fin de asegurar “llevarlos a votar”. Como alternativa, más grave aún, el empleado deberá solicitar en los centros de votación “un comprobante de asistencia”, para cobrar el dinero en su empresa al día siguiente.
Ambas propuestas son contrarias al artículo 152 del Código Electoral, que establece pena de dos a seis años de prisión a “*r)* quien con dádivas, promesas de dádivas, violencia, amenazas compeliere a otro a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o abstenerse de votar”.
“El presidente Arias y el embajador Langdale visitan las fábricas, pero como no convencen, tienen que diseñar mecanismos ilegales, que lesionan la dignidad de la población votante que trabaja en esos lugares, intentando comprar sus conciencias y sus votos”, dijo el representante del Frente Amplio.
Terminó diciendo el Diputado Merino que: “Estamos frente a un plan delictivo realmente detestable, ya reseñado en el memorándum Casas – Sánchez, y que se sigue implementando con el mayor descaro, violentando las tradiciones democráticas del país”.
