Acompañado de dirigentes sindicales y de trabajadores del cantón de Sarapiquí, el diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, dio a conocer hoy, en conferencia de prensa, que los tribunales de Trabajo han fallado, en sentencia firme, a favor de trabajadores que sufrieron persecución sindical y fueron despedidos por empresas piñeras proveedoras de las transnacionales Del Monte, Dole y BANACOL, las cuales actuaron contra la Constitución Política, el Código Laboral y Convenios de la OIT.
Aun así, algunas de estas empresas se resisten a acatar las sentencias de los tribunales y a restituir a los trabajadores en sus puestos laborales y a reintegrarles los salarios respectivos, denunció.
En el caso de la empresa PIÑALES DE SANTA CLARA S.A., proveedora de la transnacional Del Monte, en el 2009, el Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia (SITAGAH), inició un proceso de organización y de afiliación de trabajadores. Sin embargo, la empresa reaccionó desmejorando las condiciones trabajo y los salarios, eliminando las horas extras, hostilizando verbalmente e incluso despidiendo a los trabajadores que procedieron a organizarse.
Ante esto, la organización sindical interpuso, primero, una denuncia ante la Inspección Nacional de Trabajo, instancia que constató la persecución sindical y los despidos de trabajadores por el solo hecho de ejercer su derecho humano a afiliarse a un sindicato. Luego, presentó 20 procesos judiciales, siete de los cuales ya han sido fallados, a favor de aquellos, y por los cuales se condena a la empresa a reintegrarlos y pagarles los salarios caídos.
En dos de estos procesos, las sentencias han sido confirmadas en segunda instancia y ya se encuentran firmes. Sin embargo, en dos ocasiones (18 y 23 de junio de 2011) la empresa PIÑALES DE SANTA CLARA S.A. se ha negado a reinstalar a los afectados, desobedeciendo flagrantemente la orden de los tribunales de justicia, denunció el diputado Villalta.
En el caso de la empresa COLLIN STREET BAKERY, (CORSICANA) proveedora de la transnacional DOLE, fue condenada en primera instancia por persecución sindical y prácticas laborales desleales, proceso que todavía se ventila en los tribunales.
El Departamento de la Inspección Nacional del Trabajo verificó la existencia de persecución sindical, prácticas laborales desleales, despido de trabajadores por ser afiliados al sindicato, por obstaculizar el paso a los dirigentes sindicales para atender a los afiliados, entre otras violaciones que constan en una resolución del Ministerio de Trabajo con fecha 26 de julio del 2005.
A pesar de tener este historial, esta empresa ha sido certificada e inclusive premiada por la iniciativa de comercio justo FLO CERT y por Fair Trade USA, denunciaron los trabajadores.
En el caso de INDACO HORQUETAS, empresa piñera que también es proveedora de Dole, SITAGAH inició un proceso de afiliación sindical, en el 2009. “_Desde entonces, ha procedido a despedir a una gran cantidad de trabajadores sindicalizados, con y sin responsabilidad patronal, utilizando toda clase de maniobras_”, explicaron los dirigentes sindicales.
En el caso de AGROINDUSTRIAL SAN CAYETANO S.A., de la compañía colombiana BANACOL, hace tres años “_inició el proceso de acosar, discriminar, desmejorar salarios e incluso despedir a prácticamente a todos nuestros afiliados y hoy seguimos procesos en los tribunales de trabajo los cuales ya han fallado de forma favorable para los trabajadores en primera instancia_”, dijo un dirigente de SITAGAH.
Los sindicalistas y trabajadores también denunciaron que estas empresas utilizan agroquímicos altamente peligrosos, como CLOPHIFOS y BROMACIL, los cuales causan serios daños a la salud, como cáncer al estómago.
El diputado Villalta también denunció la actitud pasiva del Ministerio de Trabajo, “_pues no tutela los derechos de los y las trabajadoras de forma efectiva. De ahí que se dan una serie de limitaciones para las organizaciones sindicales y sus afiliados, que les han obligado a recurrir a los tribunales. Es importante que la OIT y las personas consumidoras de piña, en Estados Unidos y Europa, conozcan esta realidad, de modo que también sumen sus esfuerzos para evitar que se sigan violando los derechos humanos y laborales en Costa Rica_”, expresó.
