Que una Fiscal de la República junto con Oficiales del Organismo de Investigación Judicial, dentro de una diligencia oficial, realizaba un operativo fuera del Campus y por la falta de planificación, para detener a un Oficial de Seguridad y Tránsito al cual se le investigaba por parte de esa Fiscalía y sin coordinación con ninguna autoridad Universitaria ingresaron al campus, tanto por la Facultad de Derecho como por Farmacia y Medicina violentando las barras de acceso.
Ante el ingreso de funcionarios del OIJ fuertemente armados y en una actitud prepotente, avasalladora, amenazante y provocativa, generó el malestar de parte de la comunidad universitaria, quienes, indignados por esta situación reclamaron de manera vehemente el respeto al principio de autonomía universitaria y al Campus.
No obstante que la diligencia judicial se realizó en los términos ordenados por el juez, y que la Universidad les había garantizado su integridad física, la fiscal y sus funcionarios demandaron el auxilio de otros funcionarios del OIJ y la Fuerza Pública, en vez de retirarse de manera pacífica y ordenada, quienes llegaron ante dicho llamado actuaron de manera irrespetuosa provocaron que se agravará la situación y detonaron los resultados ya conocidos por todas y todos.
Por orden de los funcionaros del OIJ, la Fuerza Pública trasladó a tres estudiantes y a un profesor a la delegación policial de San Pedro de Montes de Oca, y gracias a la intervención de las autoridades universitarias fueron liberados horas después.
Dos de ellos, debieron ser trasladados al Hospital Calderón Guardia, ya que los golpes recibidos requirieron de atención médica.
Lo anterior nos lleva a demandar el respeto interinstitucional por parte de las Autoridades de OIJ y de la Fiscalía General de la República, toda vez que estas autoridades deben tener presente:
Qué la autonomía universitaria no excepciona por sí sola a la Universidad de Costa Rica de la correcta aplicación de la ley penal, ni mucho menos la excluye del respecto al legítimo ejercicio de la jurisdicción que ostentan nuestros Tribunales penales, ni de las competencias que legítimamente ostentan los órganos judiciales.
Se debe recordar que la autonomía universitaria garantiza un ámbito de respeto y comedida actuación judicial frente a la comunidad universitaria en el correcto ejercicio de sus competencias comunes, desde lo cual se deriva el deber –más no derecho disponible- de coordinación entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica, a fin de que el éxito de la diligencia judicial no comprometa ni implique un riesgo innecesario a los intereses de la comunidad universitaria o de la Universidad y mucho menos de la autonomía misma.
Rectoría
Universidad de Costa Rica
