Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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La lucha de la comunidad de Sardinal, en defensa de su legítimo e incuestionable derecho a la vida, es decir, de su derecho a tener a acceso a sus propias y originarias fuentes de agua; nos muestra a las claras la naturaleza del gigantesco desafío que tenemos por delante para recuperar una Patria que nos ha sido, sistemáticamente, robada; asalto que tiene en las zonas costeras una muestra palpable de la perversidad de un desarrollo inmobiliario y hotelero desenfrenado, depredador, contra natura.
La profundidad de la penetración de la estrategia de la entrega de nuestras playas al capital transnacional, por parte de la corrupta y vendepatria clase política tradicional, tiene en la lucha de la comunidad de Sardinal, un monumento de denuncia que conmueve hasta las más profundas fibras del patriotismo largamente mancillado en estos últimos años de desenfreno neoliberal, de concentración orgiástica de la riqueza y de alienación profunda de una élite de poder que abjuró de su ser costarricense.
La lucha de la comunidad de Sardinal es una indicación dolorosa de que a los ticos y a las ticas de pura cepa, a quien Dios nos dio el privilegio de nacer en estas ricas tierras, nos están convirtiendo en una nación “mediterránea”, si nos atenemos a dos de los significados de esta palabra, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: por un lado, algo “que está rodeado de tierra”; por otro, “que está en el interior de un territorio”.
Efectivamente, Papagayo, Jacó, Tamarindo, etc., son playas y territorios sistemáticamente entregados al capital transnacional y a sus socios internos que, por accidente, nacieron en tierras ticas. La gente, el pueblo, ya no tiene acceso a esas zonas, sometidas a una degradación ambiental sin límites, a un desarrollo inmobiliario totalmente fuera de control, con sus mantos acuíferos sometidos a presiones insostenibles; y, lo que es más grave, en territorios donde el sistema judicial costarricense prácticamente es inoperable. Todo en medio de un proceso sostenido de compra de conciencias, relativización de reglamentos y controles y de enajenación cultural, pues es más importante el agua para los campos de golf que la preservación del acceso de este vital líquido para la generación presente y futura de los y las costarricenses de esos lugares.
Pese a que en algunas partes de ese vorágine depredadora de nuestras playas y bosques, parece que ya no hay posibilidad alguna de recuperar lo robado de esa parte insustituible del patrimonio ecológico nacional; la heroica lucha de la comunidad de Sardinal nos muestra un alentador signo de esperanza, nos brinda una lección de coraje cívico y nos plantea el desafío de los nuevos horizontes de resistencia ciudadana; no solamente en el plano de la lucha contra la privatización de las playas, sino en algo tan sagrado como la lucha contra la privatización del agua.
Porque, en realidad, lo que está ocurriendo en la comunidad de Sardinal, es una verdadera lucha contra la privatización del agua, habida cuenta de las degeneradas necesidades de un desarrollo hotelero e inmobiliario para satisfacción de placeres de estilos de vida ajenos al ser costarricense.
Reiteramos nuestra admiración, nuestro mensaje solidario y nuestra sincera felicitación al noble y heroico pueblo tico de Sardinal de Guanacaste. Gracias por mostrarnos que el derecho de rebelión es la salida, cuando, prácticamente, toda la institucionalidad jurídica ha sido puesta al servicio de la opulencia de unos cuantos, en contra del bien común.
Gracias porque vuestra lucha le indica a la Gente, al pueblo, que “ellos” están dispuestos a todo, a lo que sea, hasta la privatización del agua, en su desenfrenado estilo de vida depredador de la ecología y del ambiente, capaz de arrastrarnos a todos hasta el más profundo precipicio; a no ser que nos pongamos de acuerdo para el despliegue de una acción estratégica del derecho de rebelión que ponga las cosas en dirección del legítimo interés de la Gente: la restauración de la promoción del bien común, como eje central de todas las políticas públicas.
