La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras denunció ayer martes 19 de enero 2010, ante medios de comunicación sectoriales, regionales y masivos la injerencia política del Poder Ejecutivo, el cual vía decreto, irrespetó y obvió la voluntad de la Asamblea, al publicar el Reglamento para la Integración de la Asamblea en La Gaceta No. 6, del 6 de enero del 2009, después de que en la última Asamblea Plenaria, se ratificara lo actuado por el Directorio y tres de sus representantes ante la Junta Directiva Nacional, quienes habían emitido el Reglamento publicado el 29 de octubre del año anterior 2009, en el periódico oficial La Gaceta. Es sumamente grave que el nuevo Reglamento, representativo de la sola voluntad del Poder Ejecutivo, pasó por encima de la voluntad de la Asamblea, y al hacerlo, desoyó el mandato de la Contraloría General de la República, la cual instruyó conferirle a la Asamblea el control y fiscalización del proceso de integración.
Hay que enfatizar en que el Reglamento aprobado por el Directorio y la Junta Directiva Nacional había trabajado sobre aspectos dirigidos a: acatar el mandato del Ente Contralor, promover la transparencia en el nombramiento de representantes desde las organizaciones base, disminuir la injerencia de las cúpulas sectoriales en los nombramientos y consolidar la autonomía organizativa del Banco Popular.
Las modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo en el nuevo Reglamento, tienen los siguientes efectos:
– Violentan el artículo 14, inciso c) de la Ley Orgánica del Banco Popular, quitándole potestad y decisión a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, máximo órgano político donde están representados 290 delegados propietarios y 290 delegados suplentes, de diez sectores sociales.
-Traslada la competencia de integración a una Comisión externa a la ATTBP, lo cual propicia la injerencia externa y no la dirección de la propia Asamblea, naturalmente encargada de ella por Ley, según la Contraloría.
– Extralimita las funciones del Ministerio de Trabajo, el cual resolvería aspectos que son competencia de la Asamblea.
– Cambia el concepto de copropietarios establecido por Ley.
– Incumple lo dispuesto por la Contraloría General de la República, órgano constitucional que tiene competencia facultativa sobre todos los entes públicos y cuyos criterios son vinculantes para los sujetos sometidos a su fiscalización.
– Violenta el principio de transparencia, plasmado en el Reglamento aprobado por el Banco en todos sus extremos.
– Afecta la libertad de asociación establecido en la Constitución Política, que tiene calidad de derecho irrenunciable.
Por todo esto, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, hace un llamado urgente a las organizaciones sociales para hacer respetar la institucionalidad del Banco, sustentada en la autonomía de organización de dicha Asamblea, pues los sectores y organizaciones sociales representan a la población trabajadora de este país, y pueden concretar la voz que no tienen las poblaciones más vulnerables.
Licda. Marisol Delgado Rojas
Gestión de Mercadotecnia Social y Comunicación con los Sectores
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
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20 DE ENERO DE 2010
