Defensor de derechos humanos español expulsado de Panamá

La deportación de Paco Gómez Nadal
por Ebrahim Asvat, el Lunes, 28 de febrero de 2011 a las 22:39

La Bitácora

Paco Gómez Nadal no vino a Panamá para hacer negocios. No fue uno de esos que al ver la clase de empresarios que nos gobiernan se motivó por llegar a estas tierras a inventar negocios, participar en contrataciones directas, a buscar socios para el dinero fácil. Si hubiera llegado a Panamá por cualquiera de esos propósitos estoy seguro que le estaría escribiendo odas a los gobernantes, lamiendo zapatillas, haciendo amistades con los detentadores del poder y dinero, mucho dinero.

Pero Paco Gomez Nadal no adquirió la residencia permanente en nuestro suelo para ninguno de esos propósitos. Llegó como asesor de medios, periodista, columnista y defensor de los derechos humanos. No los derechos humanos de los ricos empresarios y apostadores a cualquier tipo de negocio lícito o ilícito que con facilidad se realizan en nuestro país. Llegó para defender a los más indefensos y desprotegidos del país. A nuestros panameños originarios, indios, indígenas o como los quieran denominar.

A Paco Gomez Nadal no lo hubieran deportado del país si hubiera estado al servicio del Panamá, país de negocios. Pero si hubo la oportunidad para deportarlo por defender las tierras de nuestros indígenas y sus derechos. Esos derechos que nosotros los no originarios reclamamos para nosotros y hemos sido eternamente indiferentes y egoístas contra aquéllos.

Que Paco Gomez Nadal es un extranjero que llegó a nuestras tierras no es un secreto. Lo que nos debe avergonzar desde el Presidente de la República, los Ministros, los políticos y también a todos los nacionales que en esta tierra vivimos es que a Paco Gomez Nadal lo deportan por defender los derechos de los indígenas Gnobe Bugles y sus tierras. Esos derechos a que nosotros los panameños que aquí residimos no estuvimos dispuestos a defender y a luchar como él dentro de sus posibilidades lo hizo por ellos.

Siempre saldrán los ignorantes que ven la forma y no el fondo, a resaltar que Panamá es para los panameños. Que los extranjeros no tienen que meterse en nuestros asuntos internos. Yo me pregunto desde cuando los derechos humanos son nacionales y no universales. Desde cuando hay que ser panameño para defender el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión y pensamiento.

Paco Gomez Nadal se va de Panamá por defender las legítimas causas de los panameños originarios. No por voluntad propia sino por voluntad del gobernante. Ya desde los disturbios de Bocas del Toro le tenía ganas y en su despacho tenía el expediente migratorio de Paco Gomez Nadal para ver la forma como lo sacaba de aquí. Nos lo dijo en una reunión con dueños y representantes de medios de comunicación. Bueno lo logró. Yo quisiera saber que gana con eso. “Lord What fools these mortals be“.
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En el blog del Colegio Nacional de Periodistas se ha publicado el siguiente comunicado:

CONAPE – PANAMA

MENSAJE DE PACO GOMEZ NADAL A SU LLEGADA A MADRID NOS DICE SU VERSION

Acabamos de llegar a Madrid custodiados por dos agentes del SANM. Les envío este comunicado que redactamos en la escala de San José. Les pido que lo reboten a los compañeros de los medios.

Desde San José de Costa Rica, camino a Madrid (España)

He sido expulsado de Panamá en el día de hoy por el Gobierno de Ricardo Martinelli. La fórmula legal se denomina retorno voluntario pero ni es voluntario ni es retorno. Explico las circunstancias:

1. El sábado 26 de febrero fui detenido ilegalmente cuando, claramente identificado como miembro de la organización de Derechos Humanos Human Rights Everywhere (HREV), documentaba el desalojo de los indigenas ngäbe que cortaban la Plaza 5 de mayo. La detención se produjo con violencia y sin ningún tipo de contemplación. En el operativo también fue detenida de forma arbitraria e ilegal mi compañera, Pilar Chato, que estaba en el andén de la esquina entre 5 de mayo y Calle L esperando el final de los acontecimientos.

2. En las siguientes 20 horas fuimos recluidos en tres instituciones diferentes y en ningún momento se nos indicó de qué se nos acusaba, no se nos permitió comunicación con nuestros abogados ni recibir asistencia consular de la EMbajada de España, país del que somos ciudadanos. Los propios funcionarios de la DIJ de Ancón nos manifestaron que no había expediente ni documentación que justificara nuestra detención en esas instalaciones (donde tuvimos que dormir en el suelo sobre periódicos)

3. Que en la tarde del día 27 de febrero, 23 horas de spués de la detención, fuimos víctimas de un juicio express en la corregiduría de Balboa con acusaciones falsas de la Policia Nacional (como que no estaba identificado al momento de la detendicón o que se nos leyeron nuestros derechos o que fuimos informados de las razones del acto) y en base a un video sin audio que, a todas luces, no es probatorio de ningún acto delictivo o contrario a las leyes panameñas.

4. Que Aproximadamente a las 4:30 p.m. fuimos trasladados a las oficinas del Servicio Nacional de Migración donde ni siquiera sabían por qué recibirnos hasta, tal y como nos indicaron, “recibir una llamada de Presidencia”. Una vez que nos recibieron en calidad de “retenidos“, los funcionarios del SNM aseguraron al consul de España, a nuestra abogada y a representantes de la Defensoría dl Pueblo que ningún trámite sería realizado hasta la mañana del día 28 de febrero y que por esa razón debiamos permanecer en las celdas de Migración, a pesar del compromiso de los funcionarios nacionales e internacionales de servir como garantes de nuestra comparecencia al día siguiente.

5. Que después de irse el equipo de acompañamiento, la directora del SNM junto a sus abogados dictaron un decreto ilegal y arbitrario en que sin pruebas nos condenan a detención por haber alterado el orden público e “instigar protestas“. Fuimos despertados pasada la media noche, intimidados e irrespetados y obligados a firmar un documento en que se afirmaba que el SNM había escuchado nuestra defensa y respetado nuestros Derechos Humanos, cuando esto no se había producido.

6. Que ante las arbitrariedades cometidas, la agresividad de los comunicados públicos del Gobierno desde el mismo sábado 27 y los antecedentes del intento de expulsión del 4 de julio de 2010 y ante la TOTAL FALTA DE GARANTÍAS jurídicas para un proceso justo o para nuestra seguridad física ni jurídica, decidimos aceptar la deportación voluntaria.

7. Manfestamos la absoluta falta de garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá y alertamos a NAciones Unidas y a la Comisión Interamerciana de DDHH sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social.

8. Agotaremos todos los recursos legales disponibles en Panamá y en el sistema Interamericano de JUsticia para revertir esta situación y exigiremos la compensación por los daños morales, económicos y personales a los que hemos sido sometidos al abandonar nuestro hogar, nuestros amigos, nuestra misión como defensores de Derechos Humanos y nuestro desarrollo profesional.

9. HREV y mi persona sólo hemos tratado de promocionar y defender los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos de Panamá, tal y como es nuestro mandato. Nuestros informes sobre violación de derechos humanos en Changuinola o en el Centro de Cumplimiento de Tocumen o nuestro seguimiento a todo el proceso de defensa territorial de los pueblos Naso, Ngäbe y Buglé han molestado a las autoridades que han desconodio las recomendaciones de las organizaciones internacionales respecto a los Derechos HUmanos de estas poblaciones. A esta situacion se suma mi labor como periodista y columnista en el diario La Prensa con trabajos críticos que incomodan al Gobierno tal y como lo han manifestado en diversas ocasiones.

10. El trato de los funcionarios de rango bajo de la DIJ y de Migración fue en todo momento correcto y ellos mismos nos mostraron su perplejidad ante este proceso.

11. Los pueblos originarios de Panamá no necesitan de instigadores. Son autónomos y dignos y cuando protestan suelen ser provocados por medidas del Gobierno que, además del abandono secular, aprueba medidas que afectan contra la autonomía territorial, cultural y política de los pueblos originarios.

12. Reconocemos y agradecemos profundamente la valentía, el ánimo y la solidaridad que numerosas organizaciones, ciudadanos y, en especial, los representantes de los pueblos originarios de Panamá nos han mostrado en las últimas horas.

No nos echa Panamá. Nos echa su gobierno.

La lucha por los Derechos Humanos es irrenunciable y los delitos de lesa humanidad imprescriptibles.

Paco Gómez Nadal
Pilar Chato Carral

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De Radio y Televisión Española RTVE:

Panamá fuerza la salida del país de un periodista español crítico con el presidente Martinelli

– Paco Gómez Nadal y su pareja fueron detenidos tras una manifestación – El Gobierno conservador los acusa de “instigar” una protesta indígena

Los periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato han sido repatriados desde Panamá tras haber sido detenidos el sábado en la capital durante una manifestación indígena contra la minería y ser acusados por el Gobierno de instigar la protesta.

La propia Pilar Chato ha declarado a Efe poco antes de abandonar el país rumbo a Costa Rica, donde tomarán un vuelo hacia Madrid, que habían aceptado ser repatriados debido a la presión a la que fueron sometidos ella y su compañero tras la detención.

Hemos aceptado optar por el retorno voluntario para agilizar el proceso“, ha afirmado en breves declaraciones telefónicas, tras rechazar también la acusación de que no tenían sus papeles de residencia en regla.

A pesar de que finalmente la salida ha sido “voluntaria“, el abogado Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, ha asegurado que Gómez Nadal fue prácticamente forzado a una repatriación, según informa el diario panameño La Prensa.

Atención de Martinelli a los opositores

La repatriación voluntaria permite que los afectados puedan volver al país en un plazo de dos años, mientras que la expulsión lleva aparejado no poder regresar en cuatro años, han explicado a Efe fuentes cercanas al proceso.

El murciano Gómez Nadal ha asegurado a La Prensa que se trató de “un proceso arbitrario“. Incluso la ONG Reporteros sin Fronteras había advertido de que el procedimiento seguido en su contra era “sospechoso e irregular“.

El periodista ha sido un duro crítico desde su columna semanal en ese periódico con la gestión del gobierno del presidente panameño, el conservador Ricardo Martinelli.

El mandatario se ha llegado incluso a referir al caso, según Efe, y ha manifestado que “ningún extranjero puede venir a Panamá a incitar a la violencia (…) Uno va a España o a cualquier otro país y crea el caos, la violencia y se tira en una calle, y luego lo deportan“.

Recientemente, Wikileaks puso al descubierto la atención que da Martinelli da a los movimientos de la oposición, ya que según la embajadora de EE.UU. llegó incluso a pedir su ayuda para espiarlos.
Conflicto de la minería

La detención de ambos se produjo el pasado sábado. En ese momento, el Gobierno panameño aseguró que Gómez Nadal fue arrestado mientras “_instigaba y organizaba a un grupo de ciudadanos que se preparaban para realizar una protesta_” ante la sede de la Asamblea Nacional, informa la misma agencia.

En el momento del arresto, el periodista se identificó como coordinador de la ONG Human Rights Everywhere ante la policía, pero le pidieron que entregara la videocámara que llevaba. El periodista se negó, lo que provocó su detención y, después, la de su pareja.

Las autoridades aseguraron que la participación de Gómez Nadal en la protesta estaba “plenamente documentada en vídeos de las cámaras de vigilancia“, pero las imágenes ofrecidas hasta ahora por televisión sólo muestran al periodista hablando con los manifestantes.

La etnia Ngöbe Buglé, la más numerosa del país, lleva varios días realizando manifestaciones para protestar contra la ley de reforma del código minero, que según ellos, atenta contra los recursos naturales de las comarcas.

Este domingo, Gobierno e indígenas alcanzaron un principio de acuerdo para reiniciar este martes las conversaciones, que permanecían paralizadas.

Frenadeso Noticias

Denuncian que en Justicia y Paz no se paga la poliza de riesgos de trabajo

San José, 28 de febrero de 2001
S.G. 09-11-1390-11
¡URGENTE!

Licenciado
Hernando París Rodríguez
Ministro

Licenciado
Fernando Ferraro Castro
Viceministro

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Sus despacho

Honorables y estimados señores:

Con el debido respeto, reciban sus dignas autoridades el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Oficialmente y por esta vía solicitamos, con la urgencia del caso, se nos aclare si es cierto que el Ministerio de Justicia y Paz no está pagando, habría roto, el compromiso de honrar, como patrono, el pago de Riesgos de Trabajo con el Instituto Nacional de Seguros (INS); dado que a la ANEP están llegando quejas, denuncias, en tal sentido, indicándosenos por parte de las personas trabajadoras afectadas de que eso es lo que se les dice en tal institución, cuando acuden a la misma buscando recibir atención médica producto de un percance de salud relacionado con su trabajo.

Como se comprenderá, estaríamos al frente de una grave situación ya no solamente desde la perspectiva social, sino legal pues, de ser cierta la especie que se nos transmite en tal sentido, el Ministerio de Justicia y Paz estaría en una situación de evidente ilegalidad.

Con todo respeto pero con toda vehemencia, urgimos a sus dignas autoridades referirse al punto y aclarar lo pertinente; respuesta que esperamos al amparo del artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Héctor Prado Monge
Presidente Junta Directiva
Secciona ANEP-Policía Penitenciaria
Responsable ANEP-Ministerio de Justicia y Paz
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP

ANEP solicita a la Defensoría intervenir en caso de cementerios

San José, 28 de febrero de 2001
S.G. 09-11-1391-11

Licenciado
Guillermo Bonilla
Director Control de Gestión Administrativa
Defensoría de los Habitantes de la República
Su despacho

Estimado señor:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

En cumplimiento de las potestades que nos confiere la Constitución Política, en representación de la Junta Directiva de la Seccional de la ANEP en la Junta de Protección Social (JPS), y a nombre de la propia ANEP; con relación a acciones institucionales tendientes a la aprobación de reestructuraciones y cambios organizacionales que presentan en las entidades públicas, de la forma más atenta solicitamos que su representada pida copia del informe técnico denominado “_Propuesta de Reorganización Administrativa de Cementerios_“, recientemente aprobado por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, al tenor de la Ley No. 7668, del 9 de abril de 1997, publicada en La Gaceta No. 84 de 5 de mayo de 1997, denominada “_Marco para la Transformación Institucional y Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales_”.

Lo anterior en virtud de que a la Seccional ANEP-JPS, han llegado denuncias fundamentadas sobre un posible vicio de desviación de poder en detrimento de lo dispuesto en los artículos 130.3 y 131.3 de la LGAP, puesto que la persona que se ha encargado de hacer el estudio que fundamental de tal reestructuración tiene interés directo en los resultados de ésta; y, además, no posee el conocimiento técnico ni la potestad técnica necesaria en el área de las Ciencias Económicas para realizar dicha reestructuración, violentando de esta forma los limites de los actos discrecionales, en cuanto a las reglas unívocas de la Ciencia y la Técnica, art. 16 IBIDEM.

Que de conformidad con lo establecido en la Ley No. 5525, de 2 de mayo de 1974 y sus reformas, “_Ley de Planificación Nacional y Política Económica_”, los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), a través de su Departamento de Eficiencia Administrativa, realizarán programas de racionalización administrativa, con el propósito de mejorar la capacidad de planeamiento y ejecución de sus actividades y de asegurar así el cumplimiento de los planes de desarrollo, en donde los procesos de transformación y modernización institucional constituyen un medio para la consolidación de estos fines.

En este caso particular estimamos que no se estará cumpliendo con este fin, ya que de acuerdo con la Ley 8718, la JPS debe financiar estos programas como programas sociales con las rentas que se originan de las lotería. Así se colige de su “_ARTÍCULO 8.- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar…La utilidad neta total de la Junta de Protección Social, será distribuida de la siguiente manera: “a. De un trece por ciento (13%) a un catorce por ciento (14%) para la Junta de Protección Social, destinado a financiar los gastos de capital y de desarrollo institucional, así como los gastos que no tengan relación directa con la venta y operación de las loterías, los juegos y otros productos de azar…_”

Es de nuestro conocimiento el superávit presupuestario no distribuido y acumulado que tiene esa institución descentralizada, por ello no es motivo la falta de recursos económicos para trasladar la carga de los cementerios al administrado ni tampoco para crear mayor burocracia o para entregar la jefatura de esta a personas no idóneas.

Por último, deseamos compartir con la cartera a su cargo las preocupaciones de miles de arrendatarios en el sentido de que programas tan loables y sociales como son la Administración de los Cementerios de la JPS, están siendo desestimulados e inatendidos por la administración en perjuicio de los pobres y las clases necesitadas de este país, que en épocas de contingencia social tienen que acudir necesariamente a los proveedores privados para adquirir estos servicios con el consecuente costo social de lo que deben pagar para poder accesar a un entierro digno en donde hay implícito un lucro.

También estamos solicitando se le pidan cuentas a la Junta de los dineros recibidos por adelantados pagados por los arrendatarios que adquirieron sus derechos antes del año 1993, los cuales deben ascender a más de 4 millones de dólares.

Solicitar a la Junta el estudio realizado por el Departamento de Mercadeo como responsable de elaborar los estudios de mercado, como lo dicta el Decreto Ejecutivo 33436-MP-MTSS, pues tenemos conocimiento que lo que se realizo en el año 2008 fue una comparación de precios con los cementerios privados tipo jardín adaptando los precios a los cementerios administrados por la Junta, destacándose la circunstancia de que dicha comparación la realizó el señor Freddy Guzmán Jiménez.

No omitimos manifestar que desde el año 1992, la Administración de Cementerios ostenta el rango de Departamento. Así lo ratifica el señor Diego Mora Valverde, Coordinador de la Unidad de Reforma del Estado, en oficio A.M.E/U.R.I 041-0- 9 de 28 de setiembre del 2009 y ahora un señor que tendría un interés personal propone una estructura para, eventualmente, salir beneficiado.

Con las muestras de nuestra mayor consideración y respeto, dándole las gracias anticipadas por la valiosa intervención de su despacho,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Rolando Rodríguez Aguirre
Vicepresidente Junta Directiva
Seccional ANEP-JPS

Planteamientos de la ANEP al paquete de impuestos

Déficit Fiscal y paquete de impuestos del Gobierno:
LAS PROPUESTAS DE LA ANEP, 13 planteamientos

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), compareció la noche del martes 8 de febrero, ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para dar a conocer la posición de esta organización sindical de la clase trabajadora costarricense, en torno a la propuesta del Gobierno de la República para un nuevo paquete de impuestos, proyecto actualmente en trámite en el parlamento.

La ANEP fue contundente en que se debe “Desechar, desistir, archivar, la propuesta de “_LEY DE SOLIDARIDAD TRIBUTARIA_”, por su carácter inequitativo, de reforzamiento de la regresividad que caracteriza al sistema tributario costarricense y porque hay otras alternativas para resolver el problema del supuesto déficit fiscal; o, incluso, que demuestran que éste tiene una existencia ficticia al existir una especie de “_contabilidad secreta del Estado_”.

Al formular sus propuestas, la ANEP parte de lo que en su criterio es el Principal Problema Nacional, que resalta como el número uno dentro del conjunto de problemas graves que están afectando nuestra convivencia social, el crecimiento de la desigualdad y su contraparte, la concentración abusiva de la riqueza.

Para la ANEP se quiere esconder, se quiere relativizar, se quiere esquivar, se quiere invisibilizar, la envergadura de este problema pese que entidades prestigiosas y de incuestionable reputación nos lo vienen señalando; como por ejemplo, los informes del Proyecto Estado de la Nación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para la América Latina (Cepal), entre otros. Es en este ámbito y no en otro, desde el cual nosotros analizamos la propuesta de “_LEY DE SOLIDARIDAD TRIBUTARIA_”.

Aunque hay otros tres grandes problemas que nos angustian, como: a) la incontenible ola de violencia contra la integridad física de las personas y sus bienes, la inseguridad ciudadana con su impresionante cadena de delitos penales (robos, asaltos, estafas, asesinatos, violencia doméstica y similares); b) la corrupción galopante pública y privada y el deterioro de valores; y c) la creciente, sistemática, sostenida y hasta tolerada penetración del narcotráfico y del crimen organizado (que nos amenaza hasta llevarnos a la penosa situación de “Estado fallido”, como ya lo muestran varias naciones hermanas latinoamericanas); ninguno se compara con el principal, el número uno en criterio de la ANEP; lo repetimos: el crecimiento de la desigualdad y su contraparte, la concentración abusiva de la riqueza.

En tal marco de caracterización acerca de la situación del país en estos momentos, la ANEP presentó las siguientes propuestas:

1 – EVASIÓN. Crear una comisión político-social para un análisis puntilloso de los diversos informes de la Contraloría General de la República (CGR) que tratan el tema de la evasión fiscal en sus diversas manifestaciones, de forma tal que se pueda, en el menor corto plazo posible, generar una contundente acción de implementación política y administrativa de sus criterios, valoraciones y/o recomendaciones para reducir al mínimo la cifra generalmente aceptada de que esa evasión anda por el orden de los 500 mil millones de colones, una cifra muy similar a la pretendida por la propuesta gubernativa de “_LEY DE SOLIDARIDAD TRIBUTARIA_”.

2 – ADUANAS. Desagregando la anterior, es imprescindible diseñar una acción política contundente de intervención en el Sistema Aduanero Nacional, de forma tal que se proceda con urgencia a cerras las múltiples vías abiertas para la evasión fiscal en las más disímiles formas, pese a las nuevas situaciones derivadas de las rebajas arancelarias promovidas según las tesis ideológicas de los TLC’s.

3 – SUPERÁVIT. Incorporar representaciones sindicales y sociales calificadas a la comisión designada por el Gobierno para discutir con la oficina del señor diputado don Luis Fishman Zozinsky, su planteamiento de que estamos, más bien, en escenario de superávit, si partimos de una integración global de las cifras financieras del Estado (lo que nosotros llamamos la “_contabilidad secreta_” del Estado), con la indicación de la estrepitosa cifra de 1.379.816.054.704.91 colones; para, por un lado, ser partícipes directos de la constatación de si, efectivamente, el tal déficit es una realidad ó una ficción macroeconómica de signo neoliberal; por otro, para salvaguardar la preservación de las decisiones políticas de proyecciones de desarrollo institucional y sus correspondientes previsiones presupuestario-financieras, de entidades que en un escenario de “_competencia_” están ya siendo atacadas por las voraces transnacionales presentes ya en el país.

4 – POLICÍA FISCAL. Fortalecimiento urgente del cuerpo de la Policía Fiscal, dotándole de mayor personal de carácter técnico profesional y con las correspondientes condiciones de logística operativa y administrativa para que entre en operación con nuevas leyes de control de la evasión fiscal.

5 – CONTRALORÍAS DE SERVICIOS. Adscribir a la Defensoría de los Habitantes de la República, las contralorías de servicios, manteniendo la pertenencia presupuestaria en la institución de que se trate; para darles un verdadera carácter de instancias con plena independencia política de las correspondientes jerarquías; y, además, conformando consejos civiles de esas contralorías, para que coadyuven en el ejercicio cotidiano de velar por la buena marcha de los servicios públicos, su transparencia, su oportunidad, su eficiencia y su eficacia y, sobre todo, el buen uso de los recursos de que disponen.

6 – EVASIÓN-DENUNCIA-RECOMPENSA. Dictar una ley para premiar la denuncia de evasión fiscal de forma tal que la persona denunciante, comprobado el ilícito tributario, reciba un porcentaje de lo que le fue robado al fisco por impago de impuestos. En la misma ley debe establecerse la pena de cárcel por evadir impuestos; estableciendo, además, con gran claridad y contundencia que la reiteración de una conducta evasiva en idénticas condiciones a la primera conducta delictiva al respecto, es de carácter acumulativo para efectos de cobro, por ejemplo.

7 – SECRETO BANCARIO. Aprobación del proyecto “_Ley para el cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal_”, expediente legislativo 17.677, con lo cual la administración tributaria, de presumirse ilícitos tributarios con evidencia sólida en ello, puede tener acceso a las cuentas bancarias sin demérito del secreto bancario.

8 – BANCA “OFFSHORE”. Aprobar el proyecto de ley de regulación de la banca costarricense en el exterior, banca “_offshore_”.

9 – IMPUESTO AL PATRIMONIO. Aprobar, por una única vez, un impuesto al patrimonio, para grandes fortunas y capitales, a partir de cierto monto, de forma tal que no toque las cuentas ni los ahorros que con grandes penurias, gente de la clase media ha logrado guardar.

10 – LUJO SUNTUARIO. Aprobar un proyecto de “_Ley de Contingencia Fiscal_”, para gravar, extraordinariamente y por uno o dos años, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y las muestras evidentes de riqueza acumulada.

11 – GANANCIAS EN EL EXTERIOR
. Aprobar una ley para gravar las ganancias producidas en el exterior y repatriadas al país.

12 – PENSIÓN-CONSUMO. Empezar a dar a conocer y tramitar la iniciativa que promueve el distinguido ciudadano Dr. Wálter Coto Molina, Expresidente de la Asamblea Legislativa, quien, junto a un notable grupo de costarricenses patriotas, ha elaborado un novedosísimo proyecto que está dando de qué hablar en otros países, denominado PENSIÓN-CONSUMO; una iniciativa que vincula la responsabilidad ciudadana de tributar, con el incremento de la recaudación y con el premio al ciudadano que tributa para efectos de una pensión complementaria.

13 – PERSONAS ENDEUDADAS-FONDO SOLIDARIO. Establecimiento, mediante ley, de un Fondo Solidario para Personas Físicas Altamente Endeudadas, de forma tal que mediante elementos fundamentales de transparencia, de responsabilidad y de ordenamiento presupuestario individual, grandes segmentos de la clase trabajadora con altísimos niveles de endeudamiento, en su desesperada lucha para no caer en la pobreza; puedan reordenar sus deudas, alimentando su liquidez y, por ende, aumentar su capacidad de compra que no es otra cosa que alimentar el consumo (especialmente el del mercado interno) y, por ende, aumentar su aporte a la responsabilidad social de tributar. Esta iniciativa fue planteada en el mes abril de 2009, como parte de la propuesta “_Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva_”.

Hacemos un llamado a toda la comunidad laboral costarricense, así como a todos los sectores políticos-sociales preocupados por el errático rumbo de exclusión social que está transitando el país, para que apoyemos estas propuestas y que nos hagamos presente en la manifestación del jueves 10 de marzo, desde las 10 de la mañana, en el Parque Central y con rumbo a la Asamblea Legislativa.

San José, domingo 27 de febrero de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP

Wisconsin provoca una revuelta obrera en EE.UU.

En Wisconsin se juega en estos momentos el futuro de los sindicatos (unions, en inglés) en Estados Unidos. Una batalla sin precedentes tiene lugar entre los representantes sindicales de los funcionarios y el gobernador del Estado, el republicano Scott Walker, para mantener los derechos de la negociación colectiva, una batalla con repercusiones en todo el país, especialmente en los otros estados al borde de la quiebra.

Desde hace dos semanas, Madison, la capital de un Wisconsin que normalmente da bastante poco de qué hablar, es el escenario de una auténtica revolución. Los empleados públicos han tomado el Capitolio local, sus 14 congresistas demócratas han huido al vecino Illinois para evitar una votación, las manifestaciones han paralizado la ciudad y las escuelas están cerradas porque no hay profesores. Entre 70.000 y 100.000 personas volvieron a protestar el pasado sábado. Algunos han llegado incluso a comparar Wisconsin con las manifestaciones en Egipto, poniendo a Walker en el papel de Mubarak.

Walker pretende que el trabajador pague parte del seguro médico y la pensión

Los funcionarios protestan por una ley del gobernador que recortaría sus salarios, les haría pagar el 12% de su seguro médico y la mitad de su plan de pensiones y, sobre todo, eliminaría su derecho a llevar a cabo cualquier negociación colectiva que no fuera estrictamente salarial. Aseguran que el argumento de Walker paliar el déficit estatal de 360.000 millones de dólares es una excusa para acabar con los sindicatos.

Wisconsin es un estado clave en muchos aspectos. Simbólico por ser el primero en otorgar la negociación colectiva a sus funcionarios en 1959 (una veintena de estados, los llamados right-to-work states, lo siguen prohibiendo); económico porque su déficit ilustra la bancarrota de los estados que se enfrentan a agujeros colosales (California, 254.000 millones de dólares; Texas, 134.000 millones, Illinois 150.000 millones, Nueva York 9.000 millones) y político al ser uno de los estados que apoyó a Barack Obama desde el principio. Los sindicatos siguen siendo uno de los pilares del partido demócrata.

“Lo que pasa en Wisconsin no sólo tiene que ver con el presupuesto”, decía recientemente el columnista de The New York Times y premio Nobel de Economía PaulKrugman. “Es una batalla de poder. El señor Walker y sus partidarios quieren convertir Wisconsin y posteriormente Estados Unidos en una oligarquía del tercer mundo”.

Otros estados en apuros financieros desean seguir esta vía antisindical

Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, la mayor federación de sindicatos del país, ha denunciado que los argumentos de Walker han ido “cambiando” para justificar su plan y que este “no tiene nada que ver con la crisis de presupuesto”.

De momento nadie cede. El gobernador ha amenazado con despidos masivos. El pasado viernes forzó una votación de sus medidas en la Cámara Baja, que no puede seguir aprobando en el senado por falta de quorum. Los sindicatos están pensando, en caso de que Walker se salga con la suya, convocar una huelga general, iniciativa sin precedentes.

Walker se ha convertido en el abanderado de la causa ultra conservadora. The New York Times revelaba hace unos días que los hermanos multimillonarios Charles y David Koch, que financian el movimiento Tea Party desde su plataforma ultra American For Prosperity, contribuyeron a la campaña de Walker. También se ha convertido en el hazmerreír de los progresistas después de que un bloguero se hiciera pasar por uno de los hermanos Koch y ridiculizara al gobernador por teléfono, sobre todo cuando reconoció que no tenía ninguna intención de negociar y comparó su lucha a la de Ronald Reagan en 1981 cuando desmanteló los sindicatos de controladores aéreos, “la primera grieta en el muro del comunismo”.

“Quieren convertir EEUU en una oligarquía”, opina Paul Krugman

Ataque a los sindicatos

En Ohio, Indiana, zonas del antiguo cinturón industrial (Rust Belt), en Iowa y Michigan, estados con nuevas mayorías republicanas, salidas de las legislativas del pasado noviembre, los gobernadores conservadores intentan emular a Walker. En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie, una de las figuras más populares del partido, también dejó entender la semana pasada, al presentar su presupuesto, que podría recortar las pensiones y seguros de los funcionarios en la “nueva normalidad” que ha creado la crisis financiera.

Aunque en Estados Unidos el funcionariado nunca ha gozado de gran popularidad, un reciente sondeo de Gallup aseguraba que el 61% de los estadounidenses estaba a favor de mantener los privilegios de la negociación colectiva.

Obama ha denunciado el “ataque contra los sindicatos” del gobernador de Wisconsin pero, enzarzado en su propia batalla con los republicanos para que voten una ampliación del presupuesto federal antes del 4 de marzo, ha preferido no inmiscuirse demasiado.

Fuente: publico.es

Las tribus contra el búnker

Pepe Escobar
Asia Times Online
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

La revolución en Libia es una revolución tribal. No fue, y sigue sin ser, dirigida por jóvenes intelectuales urbanos, como en Egipto, o por la clase trabajadora (que en su mayoría está compuesta, de hecho, por trabajadores extranjeros). Incluso a pesar de que los protagonistas del levantamiento contra Muamar Gadafi pueden ser una mezcla de libios de a pie, juventud educada y/o desocupada, una sección de las clases medias urbanas y desertores del ejército y los servicios de seguridad, lo que los traspasa a todos es la tribu. Incluso Internet, en el capítulo libio de la gran revuelta árabe de 2011, no ha sido un protagonista absolutamente decisivo.

Libia es tribal de la A a la Z. Hay 140 tribus (qabila), 30 de ellas clave: una de ellas, Warfalla, representa a un millón de personas (de una población de 6,2 millones). A menudo, llevan el nombre de las ciudades de las que provienen. El coronel Gadafi dice ahora que el levantamiento libio es un complot de al-Qaida impulsado por hordas drogadas con leche y Nescafé mezclados con drogas alucinógenas. La realidad es menos lisérgica: es un concierto de tribus que terminará por derribar al rey de reyes africano.

Un inmenso grafiti en la Bengasi liberada dice: «_No al sistema tribal_». Es una vana ilusión. Los oficiales del ejército libio son una colección de notables tribales seducidos o sobornados por Gadafi, que sigue una estricta estrategia de dividir para gobernar desde el nacimiento del régimen en 1969. Tanto en Túnez como en Egipto, el ejército fue crucial en la caída del dictador. En Libia, es mucho más complicado. El ejército no es tan importante en comparación con las milicias paramilitares, privadas y mercenarias, dirigidas por hijos y parientes de Gadafi.

Gadafi y su hijo «_modernizador_», Saif, ya han jugado las únicas cartas que les quedan, a falta del genocidio: sedición (fitna) e islamismo, muy al estilo de Hosni Mubarak, como cuando dice «_soy yo o el caos_». En el caso del clan Gadafi, es como sigue: sin mí, es guerra civil (en realidad fabricada por el propio régimen) u Osama bin Laden (invocado como deus ex machina por el propio Gadafi). La mayoría de las tribus no se tragan ese guión del «_dios surgido de la máquina_».

Las perspectivas de Gadafi son sombrías. La tribu Awlad Ali, en la frontera egipcia, está en su contra. Az Zawiyya se le ha opuesto desde principios de esta semana. Az-Zintan, a 150 kilómetros al sudoeste de Trípoli, está centrada en Warfalla; todos están en su contra. La tribu Tarhun, que, crucialmente, incluye más de un 30% de la población de Trípoli, se le opone. El Jeque Saif al-Nasr, ex jefe de la tribu Awlad Sulaiman, habló por al-Jazeera para llamar a los jóvenes tribales del sur a sumarse a las protestas. Incluso, algunos de su pequeña tribu, Qadhadfa, ahora está en su contra.

Matando a la sociedad civil

La tribu, con sus clanes y subdivisiones, es la única institución que ha regulado durante siglos la sociedad de esos árabes que han vivido en las regiones de los colonizadores italianos a principios del siglo XX, llamadas Tripolitania, Cirenaica y Fezzan.

Después que Libia llegó a la independencia en 1951, no hubo partidos políticos. Durante la monarquía, la política sólo tuvo que ver con tribus. Sin embargo, la revolución de Gadafi del 1969 replanteó el papel político de las tribus: sólo se convirtieron en garantes de valores culturales y religiosos. La ideología de la revolución de Gadafi giraba alrededor del socialismo, con el pueblo, teóricamente, como sujeto de la historia. Los partidos políticos también fueron descartados. Fue la hora de los comités populares y el congreso popular. La vieja elite, los ancianos de las tribus, fue aislada.

Pero el tribalismo devolvió el golpe. Primero, porque Gadafi decidió que los puestos en la administración debían ser distribuidos por afiliación tribal. Y luego, durante los años noventa, Gadafi renovó las alianzas con los dirigentes tribales; los necesitaba «_para librarse de la creciente oposición y de diversos traidores_». Y aparecieron los «_comandos sociales populares_», que combatieron la corrupción, solucionaron disputas locales y terminaron por consagrar a la tribu como protagonista político.

Gadafi se aseguró de tener una alianza impenetrable con los Warfalla y, medianteuna estrategia centrada en una consigna «_pueblo armado_», logró domar al ejército. Los puestos clave en el servicio secreto fueron entregados a su tribu, Qadhadfa, y a uno de sus compañeros revolucionarios, Maqariha. Esto significó esencialmente que esas dos tribus obtuvieron el monopolio todos los sectores clave de la economía, y eliminaron, literalmente, toda oposición.

El resultado inevitable de ese sistema político tribal fue el desgajamiento de una sociedad civil basada en instituciones democráticas. La clase media educada se quedó sin nada. Luego vino el embargo de las Naciones Unidas, que duró una década. La economía, que ya estaba en mal estado, cayó en picado; nunca hubo una redistribución decente de la riqueza del petróleo y del gas. La inflación y el desempleo se dispararon. La retórica fue siempre de «_democracia directa_»; la realidad era que los pocos «_ganadores_» formaban parte de una burguesía estatal reaccionaria, ya fueran reformistas, dirigidos por Saif; conservadores (fieles al Libro Verde de Gadafi); o tecnócratas (los que disciernen jugosos tratos con corporaciones extranjeras).

Año cero en Cirenaica

No es sorprendente que el levantamiento haya comenzado en Bengasi, que quedó fuera de toda estrategia de desarrollo, en una región, Cirenaica, con una infraestructura absolutamente pésima en comparación con Tripolitania.

Ahora el oficialmente llamado Jamahiriya, «_el Estado de las masas_», está a punto de derrumbarse. Es año cero en Cirenaica. Es imposible dejar de recordar los primeros días de Iraq «_liberado_» en abril de 2003. El Estado ha desaparecido. Comités populares, grupos islámicos, y bandas armadas controlan ahora territorios enteros. Nadie sabe cómo se desarrollará esto o lo que pueda suceder después de la batalla de Trípoli (suponiendo que la oposición pueda obtener algún armamento pesado serio). Una fuerte posibilidad es la emergencia de territorios tribales auto-gobernados controlados por las tribus, como en Afganistán y Somalia o, de hecho, que regiones enteras se independicen, a pesar de los esfuerzos de la oposición en el exilio por disipar esos temores.

Antes de eso, como ha advertido Gadafi, correrá la sangre. La fuerza aérea está controlada directamente por el clan Gadafi. Además, dos de sus hijos están en posiciones clave: Moutassim es jefe del Consejo Nacional de Seguridad y Khamis es comandante de una brigada de fuerzas armadas. El ejército tiene 150.000 soldados. Los máximos comandantes militares tienen todo que perder si no apoyan a Gadafi. Según los mejores cálculos, Gadafi todavía podría contar con 10.000 soldados. Para no hablar del ejército mercenario «_africano negro_» pagado en oro, en su mayoría insertado en Libia a través de Chad.

Sea lo que sea lo que emerja de este volcán, cuesta imaginar una Libia no fracturada siguiendo líneas tribales. Es justo decir que la juventud libia tribal que salió a las calles a luchar contra el régimen armado de Gadafi considera la mentalidad tribal como la peste. No desaparecerá de un día para otro. Sin embargo, la mejor esperanza posible bajo las difíciles circunstancias, con la amenaza de una crisis humanitaria y el espectro de la guerra civil, es que Internet impulse al país a una era post tribal. Antes de eso, debe caer un búnker.

Pepe Escobar es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007) y Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge. Su último libro es Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009). Puede contactarse con él en: pepeasia@yahoo.com.

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Fuente: Asia Times

La Estrategia del Caracol

La estrategia del caracol from ggq22 on Vimeo.

TULO ORIGINAL: La estrategia del caracol
AÑO: 1993
DURACIÓN: 105 min.
PAÍS: Colombia
DIRECTOR: Sergio Cabrera
GUIÓN: Jorge Goldenberg
MÚSICA: Germán Arrieta
FOTOGRAFÍA: Carlos Congote
REPARTO: Frank Ramírez, Fausto Cabrera, Florina Lemaitre, Humberto Dorado, Delfina Guido, Víctor Mallarino, Salvatore Basile, Rafael Uribe.

La estrategia del caracol es una película colombiana de 1993 dirigida y producida por el cineasta y director Sergio Cabrera. La obra es una comedia-drama y relato de ficción sobre la libertad y la solidaridad, una metáfora del acoso inmobiliario, inspirada en un hecho real. La película trata de las penurias de las familias de bajos ingresos en Bogotá. La brecha entre ricos y pobres y sus interacciones en un sistema social altamente estratificado. Los temas más importantes de la película son la ocupación y propiedad de vivienda y el acoso inmobiliario.

Sergio Cabrera y el guionista Humberto Dorado articulan un mosaico de personajes de diferentes clases sociales, ideologías e ideas políticas que se constituyen en representaciones simbólicas perfectamente extrapolables a cualquier otra época y sitio del mundo.

La película es protagonizada por Frank Ramírez, Florina Lemaitre, Humberto Dorado, Fausto Cabrera y Carlos Vives. La película es una de las ganadoras del Festival Internacional de Cine de Berlín y del Festival de Cine de Biarritz de Cine de América Latina, y galardonada además con otros treinta premios en diversos certámenes internacionales.

Pago de prestaciones: Extrabajadores demandarán a Agromonte S.A.

Abajo, Video de ANEPtv
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El pasado domingo 20 de febrero de 2011 se realizó, en Boca Arenal de San Carlos, un Taller de capacitación para ex trabajadores y ex trabajadoras de la empresa piñera Agrícola Agromonte S.A. y otras empresas de la zona, sobre derechos humanos sindicales.

En este Taller también participaron trabajadores y trabajadoras que aún laboran en Agromonte y Dole, pero que fueron ubicados estratégicamente para que no fueran fotografiados o filmados por temor a ser despedidos, además de ciudadanos de la zona que desean informarse sobre los derechos laborales y las leyes que los protege.

Este Taller forma parte de una serie de acciones conjuntas por los derechos humanos que vienen realizando la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, y el Centro de Derechos Laborales de la Pastoral Social Cáritas, CDL, de la Iglesia Católica.

Muchas trabajadoras y trabajadores de las piñeras no pueden sindicalizarse porque son despedidos inmediatamente, esto a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno que ya enfrenta acusaciones internacionales ante la Asamblea Internacional del Trabajo de la O.I.T. y que tiene a nuestro país contra la pared.

La situación que enfrentan estas personas que fueron despedidas, “casualmente”, cuando se preparaban a inscribir la Seccional Sindical de ANEP en Agrícola Agromonte S.A., y que una vez sin trabajo empresas como la Dole no les da empleo “porque no quieren sindicalistas”, es grave y perjudica directamente a toda la familia.

La demanda se presentará contra Agromonte S.A. porque no les ha pagado sus prestaciones de Ley.

Varios extrabajadores nos relataron su situación. Algunos no quisieron mostrarse porque “no nos dan empleo”, por ello fueron grabados de espalda y se les distorsionó la voz para protegerlos.

Hemos hecho un esfuerzo por subtitular este video de ANEPtv, con el fin de que pueda ser visto y entendido en Europa y Estados Unidos, a donde la empresa Agromonte S.A. exporta piña.

VIDEO DE ANEPtv

ANEP-Fuerza Pública: Acuerdos y situación laboral en tensión creciente

San José, jueves 24 de febrero de 2011.
S.G. 09-11-1383-11
¡URGENTE!

Comisario
Walter Navarro Romero
Viceministro
Ministerio de Gobernación, Policía y de Seguridad Pública

Comisionado
Juan José Andrade Morales
Director General de la Fuerza Pública
Ministerio de Seguridad Pública

Sus despachos

Reciban nuestro más cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Consta a la ANEP que sus autoridades han dado muestra de compromiso y gran voluntad política para, finalmente, culminar con el proceso de cumplimiento de la totalidad de los puntos del “Acuerdo Marco para el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales del personal policial”, firmado el 4 de diciembre de 2009.

Valga decir que de dichos acuerdos se cumplieron aspectos como el reconocimiento económico del 25 % de la disponibilidad para el personal policial excluido del Estatuto Policial, los cursos de Básico Policial Especial para el personal de alta con noveno año; está en proceso y muy avanzado el nuevo Manual de Clases y Cargos Policiales para la reorganización del personal policial, y, en consecuencia, habrá de derivarse un merecido ajuste a las nuevas bases salariales, solicitud reiterada una y otra vez por nuestra organización sindical.

De igual manera, resaltamos el cumplimiento de los puntos de facilidades para que el personal policial culmine con éxito el tercer año de secundaria; el estudio y las justificaciones de orden técnico para que la Autoridad Presupuestaria apruebe el alto riesgo de manera generalizada para todo el personal policial, manteniéndose una formula de crecimiento o ajuste del mismo; en igual dirección, el eventual reconocimiento económico por concepto de peligrosidad, ambos en la segunda etapa del Manual de Clases y Cargos Policiales.

Muy significativo destacar la voluntad expresa de sus autoridades para el total respaldo al proyecto de ley, Expediente Legislativo No. 17.695, Ley Pensión de los cuerpos policiales del Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública; mismo que fue incluido en el Plan Estratégico Institucional, iniciativa que ya está en el congreso de la República y que requerirá del respaldo del Gobierno, así como de la presión sindical y la movilización del personal policial.

No obstante, es oportuno recordarles la necesidad de una nueva expresión de voluntad política de parte de vuestras autoridades, para la materialización lo más rápidamente posible de, al menos, cuatro aspectos de orden laboral fundamentales que mencionamos en el documento denominado “25 temas de orden laboral en la Fuerza Pública”, mismo que oficialmente entregáramos en sus respectivos despachos el 3 noviembre del 2010.

Nos referimos a los siguientes temas de la propuesta en mención:

JORNADAS LABORALES DE DOCE HORAS

Tal y como justificamos en el documento, el bloque de legalidad tanto constitucional como laboral, y su régimen de excepción al que se circunscribe la Fuerza Pública, define jornadas laborales de hasta doce horas; no obstante se aprecia un uso abusivo que contraviene los principios de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que en muchos deltas el personal policial termina laborando hasta veinte; sin el correspondiente reconocimiento económico por pago de horas extras que corresponderían después de las jornada laboral normal.

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL POLICIAL

Si bien fue resuelto el pago para quienes no estaban en el Estatuto, un tema planteado desde hace varios años por nuestra organización sindical, nos encontramos de igual manera con un uso abusivo de esta figura jurídica por parte de las jefaturas de deltas, pues como ley, la disponibilidad es un plus que se paga para que el personal policial permanezca expectante ante cualquier emergencia donde se requiera su servicio, En tal sentido, no es válido jurídicamente que se mantenga al personal laboral de manera cotidiana laborando más horas de la jornada , so pretexto o argumentado en la disponibilidad. Al respecto existe abundante jurisprudencia que, entre otras cosas, determinó que la disponibilidad no implica la renuncia al derecho de pago de horas extra.

PAGO DE DÍAS FERIADOS RETROCACTIVOS

Si bien celebramos con mucha complacencia que esta cartera ministerial se apegara a derecho e iniciara el reconocimiento económico de los días feriados a partir del 2008, queda pendiente la retroactividad. Hemos de afirmar que nuestra organización sindical discrepa en el sentido de que se instruya al reclamante para que demuestre documentalmente los días feriados laborados para que le puedan ser pagados, pues la custodia documental de los libros de guardia corresponde a la administración; y, la no existencia de los mismos no implica denegar dicho derecho laboral. Un ejemplo de anterior lo representa la quema del edificio donde se conservaban los libros de la región siete, incidente que aconteció hará unos seis años. Nos preguntamos: ¿cómo demostrarán los oficiales de esta región los feriados que laboraron día feriados?

En tal sentido nuestra organización sindical elaboró un machote e instruyó al personal policial para que plantearan el reclamo administrativo. No obstante, ocho meses después no sentimos que haya una clara decisión para que esta cartera ministerial de oficio proceda.

TRASLADO O REUBICACIONES DEL PERSONAL POLICIAL

Tal y como lo mencionamos en el documento en poder de vuestras autoridades, el traslado debe de realizarse en estricto apego a los parámetros supra indicados en la jurisprudencia, de tal manera que no se realicen de manera atropellada en detrimento del derecho que le asiste al oficial. Son reiterados los casos en que los mismos obedecen a razones subjetivas de jefaturas que conflictúan con los subalternos cuando éstos preguntan o cuestiona de buena fe, ocurriendo de manera simultanea el traslado.

En este sentido, es importante destacar la solicitud expresa para que se analice la viabilidad política y se realicen las gestiones pertinentes para que el personal policial en razón de sus condiciones especiales que se justifiquen en el régimen de excepción, y en ejercicio de sus funciones, puedan hacer uso de manera gratuita del servicio público modalidad autobús.

Es criterio nuestro que estos cuatro temas de alta sensibilidad, deben de ser parte inclusiva en el proceso de revisión de la implementación y del cumplimiento del acuerdo marco en mención, pues lamentablemente en la última reunión en la que participó la Oficialía Mayor, esta consideró inviable e inoportuna la inclusión de estos cuatro aspectos laborales.

Quedaremos a la espera de que nuestra respetuosa solicitud sea acogida por vuestras autoridades, en razón de ser cuatro temas de gran sensibilidad laboral.

Con estima y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Adrián López Matarrita
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública

cc.: Dr. José María Tijerino Pacheco. Ministro, Ministerio de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública
cc.: Licda. Xinia Montano Álvarez, Viceministra Administrativa, Ministerio de Gobernación y Policía y de Seguridad
Pública.
cc.: Lic. Francisco Marín Monge, Viceministro de la Presidencia, Casa Presidencial.
cc.: Personal de la Fuerza Pública.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Señores Gerardo Cascante Amador, Luis Diego Alfaro Méndez, dirigentes sindicales ANEP-MSP.
cc.: Archivo.

CCSS: ¡Organización para la lucha!

Otros documentos importantes leerlos en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

Agradecemos a Juan Carlos Durán por suministrarnos la información.

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*FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA CAJA Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL SINAE-SINASS-ANEP-SIPROCIMECA-ANASS-SISSS-SINTRASAS-SINTAF *

Se prende la llama de la protesta en el estado de Wisconsin
El estado de Wisconsin está situado en la región de los lagos en el llamado Medio Oeste del país. Esta región de los lagos ha sido tradicionalmente el corazón industrial y agrícola del país. Del otro lado del Lago Michigan se encuentra la ciudad de Detroit, cuna de la industria automovilística del país. Wisconsin es tal vez un estado más agrícola, es conocido por sus productos lácteos en general y por el queso en particular, aunque fue y hasta cierto punto sigue siendo un estado cuya economía se basa en las manufacturas y la producción de herramientas.

Desde un punto de vista político, Wisconsin es un estado peculiar, pues es la patria chica del senador republicano anticomunista Joseph McCarthy, pero también cuna de AFCSM, uno de los sindicatos más grandes de funcionarios públicos y enfermeras del país.

Desde enero del 2011 Wisconsin tiene un gobernador republicano, Scott Walker. Walker, que era el candidato “moderado” del Partido Republicano, nada más jurar su cargo y con una mayoría sólida en la asamblea estatal, otorgó una amnistía fiscal a empresas multinacionales y estatales que costó a las arcas del estado 170 millones de dólares.

Para compensar este regalo, el gobernador Walker decidió unilateralmente suspender los derechos de negociación de todos los sindicatos de trabajadores públicos y doblar la cantidad de contribuciones que éstos hacen al fondo de pensiones. La legislación laboral estadounidense regula las relaciones de empresas privadas a nivel federal, pero delega la regulación de los empleados públicos en cada uno de los estados. Por eso Walker cuenta con todo el poder legislativo en su mano para imponer medidas de corte draconiano que hagan literalmente imposible la continuidad de los sindicatos de trabajadores del sector público.

Entre otras medias, Walker quiere forzar a los sindicatos a celebrar un plebiscito que les legitime anualmente, prohibir las deducciones automáticas de las contribuciones sindicales y restringir drásticamente los derechos de negociación de los sindicatos.

Por si quedara alguna duda de sus intenciones, Walker convocó a la Guardia Nacional para sofocar cualquier conato de protesta. Sin embargo, los ciudadanos de Wisconsin han salido a la calle para desafiar el estado de sitio impuesto por el gobernador. El jueves pasado 30.000 estudiantes fueron a la huelga y llevan tres días sin ir a clase; ayer viernes la ciudad de Madison, sede del gobierno estatal, se vio inundada por miles de manifestantes de todas partes del estado, maestros y profesores han declarado una huelga indefinida, los estudiantes del sindicato de profesores asistentes de la Universidad de Wisconsin en Madison han ocupado los jardines del capitolio con una acampada de protesta y, tal vez lo que es más importante, los ciudadanos del estado de Wisconsin están cien por cien detrás de sus maestros, policías, bomberos, empleados municipales, bedeles y funcionarios. Los Green Bay Packers, el equipo local de fútbol americano, flamante campeón de la Super Bowl (la liga nacional) han emitido un comunicado expresando su apoyo a los trabajadores y las protestas; varias iglesias también han declarado su apoyo. Los congresistas demócratas, ante la avalancha de protestas populares, se encuentran actualmente viajando fuera del estado para tener una excusa legal y no acudir a la votación en la que se aprobarían estas medidas.

En el resto del país se han convocado manifestaciones de apoyo a las protestas de Wisconsin. Es pronto para decir si las protestas podrían extenderse o si se puede tratar de una reverberación de las olas revolucionarias del Norte de África (como algunos sugieren tal vez exageradamente), lo que sí está claro es que el neoliberalismo sólo puede seguir avanzando o sosteniéndose en una huida hacia adelante: exigiendo más privatizaciones dentro del sector público, aumentado la edad de jubilación, aumentando las contribuciones al fondo de pensiones, desarmando a los sindicatos para imponer recortes salariales, atacando incluso la financiación de clínicas, como Planned Parenhood, que garantizan los derechos reproductivos de las mujeres.

Las protestas de Wisconsin son sólo la punta del iceberg, forman parte de un ataque contra los pocos sindicatos e instituciones públicas del país que quedan en pie, perfectamente programado por la mayoría republicana tanto a nivel federal como a nivel estatal. Esta nueva mayoría ultraliberal cuenta, por mucho que se empeñen en disfrazarlo, con el apoyo explícito del gobierno de Obama que, entre otras cosas, acaba de aprobar el presupuesto económico más regresivo de la historia desde los gobiernos de Reagan y Eisenhower. La cuestión es hasta cuándo puede el pueblo norteamericano tolerar este nivel de agresión. Bien pudiera ser que en Wisconsin se encendiera la mecha de una rebelión mayor, es cuestión de tiempo.

CONCLUSIONES: EL CASO DE COSTA RICA EN EL 2011

1- Una gestión de Laura Chinchilla Miranda, sin norte y amarrada de pues y manos, por el séquito de banqueros y empresarios liderados por Luis Liberman desde el corazón mismo de Zapote, al punto de que pareciera que la obligan a salir a las comunidades a vender la idea de las bondades del paquete fiscal. ¡QUE DEPRIMENTE!

2- Un equipo de Gobierno con serias debilidades y peor aún tomado por fuerzas afines a corrientes políticas que le dicen a la Presidenta que hacer y que no hacer, es decir, la mandataria no esta gobernando.

3- Una bancada legislativa del otrora PLN, que le hace caso a los Arias Sánchez y no a la seudo mandataria, situación pública y notoria, que deja al desnudo la debilidad de la misma.

4- Una ratificación del pacto LI- LI (Liberación-Libertarios), que deja al desnudo por donde llevan a Laura Chinchilla e incorpora elementos importantes para entender hacia donde dirigen Costa Rica y alimenta lo hoguera de la unidad sindical y popular de cara al llamado de huelga del 10 de Marzo y más allá de esta fecha.

5- Todo lo descrito y otras cosas más, son las que han venido generando diversas situaciones que nos llevan a la decisión de realizar una primera medida de fuerza concreta: LA HUELGA DEL 10 DE MARZO DEL 2011.

NO AL ENGAÑO DE LAURA CHINCHILLA EN LAS COMUNIDADES
NO AL PAQUETE DE IMPUESTOS CONTRA EL PUEBLO
NO AL CONGELAMIENTO SALARIAL
NO A LA ANIQUILACIÓN DEL REGIMEN DE IVM
SI A LA DEFENSA DE LA SALUDBLICA
UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES