Multitudinarias protestas en Estados Unidos

El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, reiteró hoy su intención de aprobar una ley para suprimir derechos sindicales pese a las protestas, ya que el estado “está en bancarrota” y en caso contrario “deberá eliminar 1.500 trabajos”.

Walker afirmó en rueda de prensa que “no se puede negociar cuando no se tiene dinero para negociar”.

Sin embargo, los sindicatos mantuvieron hoy sus protestas por séptimo día consecutivo en la capital del estado, Madison, donde ayer 70.000 personas se manifestaron contra la medida del gobernador republicano Scott Walker.

El proyecto de ley tenía que haber sido votado el jueves pero al menos catorce legisladores demócratas se trasladaron al vecino estado de Illinois para impedir que hubiera el quórum necesario para que se celebrara el sufragio.

El recién electo gobernador de Wisconsin instó a los demócratas, que aún no han regresado, para que “vuelvan y hagan su trabajo” y les reprochó que en las legislaturas anteriores “no han hecho su labor”.

Walker rechazó de nuevo un compromiso con los sindicatos y explicó que los puestos en trabajo en peligro pueden “alcanzar los 6.000 a finales del ciclo presupuestario”, por lo que el pulso de fuerza parece prolongarse.

Por su parte, los trabajadores públicos repitieron las protestas que han mantenido cerradas los colegios públicos del estado desde comienzos de la pasada semana y prometieron mantener a lo largo de esta semana.

“Continuaremos la lucha, pero ahora enfocaremos nuestros esfuerzos localmente. Ahora es el momento de puro poder político”, afirmó Mike Langyel, presidente del sindicato de profesores de Milwakee.

Si se aprobara la ley, los funcionarios tendrían que pagar una cuota mayor de su seguro médico y de sus fondos de pensiones y se eliminaría el derecho de llevar a cabo cualquier negociación colectiva que no sea estrictamente la
salarial.

En las protestas de hoy Tom Morello, guitarrista de la popular banda de rock Rage Against de Machine, ofreció un concierto en apoyo de los manifestantes.

Morello calificó a Walker como “el Mubarak del Medio Oeste” y acusó al gobernador de aliarse con las grandes empresas para “tratar de eliminar los derechos fundamentales de los trabajadores estadounidenses”.

Con información de EFE

Personal Interino: de vacante en vacante

San José, lunes 21 de febrero de 2011.
¡URGENTE!

Honorable señora
Licda. Sandra Piszk Feinzilber
Ministra de Trabajo y Seguridad Social

Honorable señor
Álvaro Sojo Mendieta
Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Honorable señor
Lic. José Joaquín Arguedas Herrera
Director General, Dirección General de Servicio Civil

Sus despachos

Estimada señora y estimados señores:

Con gran respeto para sus dignas autoridades, les saludamos de la manera más atenta; solicitándoles, a la vez, que sostengamos una reunión tan pronto como resulte posible, a fin de tratar una circunstancia muy especial con relación al reciente decreto ejecutivo que ayudó a resolver la situación laboral de un importante número de personas trabajadoras del sector Público central, en condición de interinas; de tal suerte que abordemos los casos de trabajadores y de trabajadoras que podrían tener una cobertura con tal decreto, si analizamos que fueron movidos de una plaza a otra, ambas vacantes, poco antes de la emisión del mismo, con lo cual, pese a tal situación sí podrían ajustar el año de interinato continuo en vacancias, de tal suerte que se les pudiese ayudar en el camino hacia su estabilidad laboral, considerando que reúnen los otros requisitos.

Es criterio de la ANEP de que con base en el espíritu que animó la expresión de la correspondiente voluntad política cuando el Poder Ejecutivo emitió tal decreto; amén de que la gracia dada en cuanto al examen requerido viene a ser casi que equivalente a la interinidad en plazas vacantes en solución de continuidad pese al cambio de una plaza a otra en el lapso previsto, nos ayudaría a resolver necesidades institucionales sentidas; y, a la vez, lo que es más importante, entendiendo el sentido social y de justicia en estos casos fortuitos; que sería una nueva expresión de solidaridad que distinguió al Gobierno en la atención y resolución de este problema, considerando la estratégica importancia que al tema del empleo se le da en la política pública actual.

Así las cosas, les reiteramos la importancia de que nos honren con una reunión de partes en tal sentido y cuanto antes.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

UNATEPROT, ¿Otro SINTRAJAP?

Manifiesto Público
Dirigido al honorable personal de la Policía de Tránsito de Costa Rica

lUnión Nacional de Técnicos Profesionales de Tránsito (UNATEPROT)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Estimados compañeros:

En los últimos meses y mediante la alianza de UNATEPROT con ANEP, se han llevado a cabo una impresionante cantidad de esfuerzos, de gestiones, de actividades y de eventos tendientes al logro de una plena reivindicación profesional y salarial de todos los compañeros integrantes de la Policía de Tránsito de Costa Rica; esfuerzos compartidos por nuestras dos organizaciones ya no solamente en el anterior gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez; sino en el actual, a cargo de la señora Presidenta Licda. Laura Chinchilla Miranda.

Toda esta impresionante actividad, sistemática, paciente, responsable y profesional también se ha dado en el marco de una alianza estratégica de gremios policiales, abriendo así paso a una histórica unidad, nunca antes vista en el país, de cuerpos de seguridad como la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía Fiscal y, por supuesto, la nuestra, la Policía de Tránsito. Además, el impacto de esta alianza ha sido enorme, al punto de que logramos estar unidos con la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de su sindicato, la ANIC.

Durante todo este proceso, la legítima organización sindical de los policías de Tránsito, UNATEPROT, junto a la ANEP, ha mostrado firmes posiciones, en defensa del honor, del prestigio, de la dignidad, de la justicia social y salarial para todos los servidores públicos a cargo de la vigilancia en las carreteras nacionales y a cargo de la observancia estricta del cumplimiento de las leyes y normas de tránsito.

UNATEPROT ha planteado siempre, con toda claridad y sin rodeos, “los puntos sobre las íes”, señalando todos y cada uno de los incumplimientos que se han venido dando, desde la firma de los históricos acuerdos de reivindicación de los gremios policiales citados, en el mes de diciembre del año 2009, en la propia Casa Presidencial, contándose con la presencia testimonial y de voluntad política del entonces Presidente Arias.

UNATEPROT, junto a la ANEP, ha insistido en lo que va de la presente administración, que tales acuerdos se han venido incumpliendo sistemáticamente y que en el caso de la Policía de Tránsito, ni siquiera llegamos a mitad de camino; es más, cuidado y sino, en próximos días y semanas, mucha parte del personal perteneciente a la planilla del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), unos 462 compañeros, hasta sin salario pudieran quedarse, dada la gran cadena de yerros administrativos y pifias de gestión política que tienen al cuerpo de la Policía de Tránsito en gran molestia.

UNATEPROT, junto a la ANEP, ha hablado con respeto pero con fortaleza y con vehemencia en varios despachos gubernamentales donde el tema de estos incumplimientos ha sido tratado: tanto ante las carteras ministeriales de Trabajo y de la Presidencia, como a lo interno del propio MOPT.

UNATEPROT, junto a la ANEP, una y otra vez, con gran responsabilidad, hemos demostrado gran paciencia, sin desechar el diálogo y la negociación, pese a que este gobierno únicamente lo que ha hecho es “patear la bola para adelante”, sin honrar lo que tiene que honrar con todas las policías y, particularmente, con la de Tránsito.

Ha sido tal la firmeza de UNATEPROT, con el respaldo de la ANEP, que ha generado ciertas “inconformidades” en algunas jerarquías de nuestro cuerpo policial, puesto que se ha sido contundente en el tema de los requisitos para los puestos, lo cual, como suele suceder, hace que la persona aludida, en vez de rendir cuentas y/o desmentir los cuestionamientos, se dedica a generar un clima de animadversión hacia la organización y hacia su actual y máxima dirigencia.

Es más, informes extraoficiales de fuentes dignas de crédito, han acudido hasta UNATEPROT y a ANEP para alertarnos de que el “síndrome de SINTRAJAP”, pudiera estarse gestando en contra de la legítima dirección del sindicato verdadero que representa los intereses laborales, económicos y sociales del personal de la Policía de Tránsito; y, en consecuencia, se estaría fraguando una especie de “golpe de Estado” para quitar del camino, una dirigencia que la oficialidad institucional considera “incómoda”; precisamente porque se ha mantenido una posición de total congruencia, de firme transparencia y de lealtad profunda, para con las aspiraciones del personal de la Policía de Tránsito cuya imagen, más bien, han sido sus propios mandos altos y en diversas ocasiones, quienes se han encargado de desprestigiarla ante la ciudadanía.

Hoy hacemos un llamado a la conciencia, un llamado a la inteligencia, un llamado al sentido común, a los compañeros de la Policía de Tránsito que están afiliados a UNATEPROT, para que cierren filas en pro de la independencia, de la autonomía, de la soberanía del sindicato; ante una intentona en desarrollo para colocar a marionetas, a pusilánimes, en su conducción, tratando de que el sindicato se someta a los designios del Gobierno y de sus intereses; en contra de los intereses legítimos del personal policial de Tránsito.

Hoy apelamos a todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y cívicas para alertarlas acerca del desarrollo de maniobras jerárquico-gubernativas que buscan ya no solamente acallar la conciencia crítica del oficial de Tránsito; sino, apartarnos de la alianza que hemos construido con las otras fuerzas policiales; y, lo que es más grave, acallar a UNATEPROT para que no siga más en la lucha por las mejores salariales, gremiales y profesionales del personal de la Policía de Tránsito, que tenemos firmadas pero que no han sido cumplidas del todo.

Hoy hacemos un llamado a cerrar filas para defender a UNATEPROT y su camino de independencia, de claridad de pensamiento, de llamar a las cosas por su nombre aunque la caiga mal a los jerarcas. La Policía de Tránsito necesita de un sindicato soberano y autónomo, tal y como es hoy UNATEPROT; y sería catastrófico que UNATEPROT fuera convertido en un sindicato tureca de las jerarquías policiales, ministeriales, gubernamentales. Usted, compañero, tiene en sus manos esta crucial decisión, este sábado 26 de febrero de 2011, a las 10 de la mañana, en las instalaciones del sindicato ANIC (OIJ). Su presencia es vital, de extraordinaria relevancia para lograr que UNATEPROT siga siendo un sindicato libre.

Hacemos extensiva esta invitación a todos los medios de comunicación colectiva para que sean testigos de otro acto bochornoso, manipulador, de intromisión disimulada, camuflada y vergonzosa, en los asuntos internos, soberanos y autónomos de sindicatos que como SINTRAJAP y UNATEPROT, al igual que ANEP, se resisten a ser controlados por los gobiernos de turno y sus testaferros.

ANEP insiste sobre peligro de la Ley de Transferencia a Municipalidades

Honorable señora
Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Su despacho

Estimada señora Presidenta:

Con gran respeto para la digna autoridad presidencial depositada en su persona, nos pareció de suma urgencia acudir ante su despacho con relación a la tesis de la transferencia de competencias de política pública hasta ahora ejercidas desde la administración central del Estado y entes adscritos y/o conexos a la misma, hacia las municipalidades; a fin de externarle un conjunto de preocupaciones y de inconvenientes que podrían dar al traste con lo que podría ser una buena decisión-país de cara a los desafíos gigantes que hoy en día presenta nuestro sistema democrático y su correspondiente institucionalidad republicana; a la luz del creciente descrédito ciudadano en su clase gobernante y, por ende, ante la enorme necesidad de que haya más gobiernos cercanos a la gente y sus necesidades.

No hay duda de que el fortalecimiento de los gobiernos locales puede convertirse en una gran oportunidad para el desarrollo de la democracia, para alcanzar niveles inéditos de participación ciudadana y de aplicación concreta de formas de democracia directa. La gente demanda más eficiencia, más eficacia, más oportunidad en las políticas públicas; mayor transparencia y más calidad en la rendición de cuentas. ANEP considera que un fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales y su institución emblema, las municipalidades, puede posibilitar el diseño de políticas públicas que ayuden a enfrentar el principal problema nacional: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza.

Sin embargo, efectuando un primer análisis del documento, de manejo “_oculto_” hasta el momento, denominado “_Plan de Fortalecimiento Municipal y Descentralización_”, diseñado para el período 2011-2014, emanado desde el despacho del señor Ministro de Descentralización y de Desarrollo Local-Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); permite el surgimiento de una serie importante de inquietudes, dudas, nebulosas y hasta cuestionamientos, dado que se deja entrever de que estamos de cara a una especie de “_Reforma del Estado_” en condición de intramuros y “_por la cocina_”; de tal suerte que elementos como los derechos laborales, la estabilidad en el empleo de miles de personas, la sostenibilidad financiera y fiscal de un proceso de tal envergadura, los probables episodios de clientelismo electoral y hasta la permanencia de duplicidades y hasta triplicidades de política pública, se derivan con potencia, con lo cual se impone, necesariamente, un alto en el camino en este trascendental proceso para nuestra democracia de tal suerte que más actores sociopolíticos intervengan e interactúen en el mismo, para darle una legitimidad que por ahora parece reducida a lo formal-institucional sin que se muestre vocación real para que avancemos, articulada y consensualmente, en el desarrollo cualitativo de nuestra golpeada institucionalidad democrática.

Por tanto, con el reiterado respeto que queremos manifestarle por esta vía, pero con una gran vehemencia, le estamos solicitando considerar, inicialmente, estos elementos y abrir los espacios de debate y de participación que hasta el momento han estado cerrados y casi que “_secuestrados_” para potenciar un proceso de transferencia de competencias de política pública que con una visión de cortísimo plazo y con cierto tufillo electoralista parece impulsarse, si vemos las enormes metas estratégicas se plantean para el año 2014 como “_punto de llegada_”, algo que genera suspicacias en no pocos sectores de nuestra comunidad cívica.

Vistas así las cosas, es imprescindible que estos elementos se valoren, con urgencia, desde el despacho presidencial, antes de seguirle abriendo espacio político a unas posiciones que, como indicamos, castran la más amplia participación cualitativa en un proceso de Reforma del Estado que, en realidad, está implícito en esto de las transferencias de competencias de política pública hacia las municipalidades. Veamos:

Primero: Gigante obstáculo es la sostenibilidad financiera del proceso en sus distintas fases, componentes y momentos si, como usted lo está diciendo de día y de noche, señora Presidenta, estamos ante una casi que apocalíptica situación de déficit fiscal que amenaza toda la estabilidad económica y social del país. Para nadie es un secreto que, al respecto, la ley 8801, marco estructural para este proceso, contempla diversos errores al respecto y, desde ya, se asoman tesis para quitarle plata a las instituciones autónomas “_superavitarias_” a fin de que le den contenido a la indicada tesis. Por tanto, sin una transformación tributaria estructural resultan inviables ambiciosas ideas de transferencia de competencias como las que se están promoviendo.

Segundo: Sigue siendo casi que “_el secreto mejor guardado_” los famosos siete proyectos de ley que le dan cuerpo a la tesis de la “_transferencia de competencias_”, lo cual nos dice que estamos violentando un imprescindible imperativo ético de transparencia, pues debemos conocer, tanto los potenciales perjudicados como los “_potenciales beneficiados_” de qué clase de proyectos estamos hablando, cuál será su impacto social, fiscal en cada caso y en qué estriba la “_ventaja_” de la transferencia de que se trate cada uno de ellos.

Tercero: Si nos atenemos a que la primera de esas siete leyes, será la de la Red Vial Cantonal, resulta imprescindible decirle la verdad a la gente de que tendrá que sacar más dinero de sus golpeados bolsillos, pues la pretensión de que esta ley tenga sustento en un porcentaje adicional al impuesto único de los combustibles, un impuesto de perversa naturaleza regresiva, constituye un golpe económico para hogares medios fundamentalmente y para los sectores productivos nacionales que, en gran medida, tienen en el mercado interno una posibilidad de sobrevivencia ante duras condiciones económicas estructurales de sesgo transnacional. Nosotros, como organización que tiene relaciones, directa o indirecta con muchos de estos sectores, desde ya nos oponemos a que la ley de la Red Vial Cantonal en manos municipales, se financie con este tipo de impuestos indirectos.

Cuarto: No comprendemos cómo se pretende, por ejemplo, el fortalecimiento de la Policía Municipal (tesis que, por supuesto aplaudimos porque nos parece correcta), pretendiendo que sea con dineros del Presupuesto Nacional de la República que se financie tal fortalecimiento. Volvemos a lo mismo: ¿y el déficit fiscal?…

Quinto: En materia de política social, la poca claridad que se tiene de un proceso así, nos lleva a creer que hasta podría haber triplicidades en cuanto a la entrega de bonos de vivienda, construcción de casas y desarrollo de programas de asistencia social con recursos del IMAS, de Fodesaf y similares. No podemos dejar de pensar en que las válidas y sentidas necesidades de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, sean sujetas a asumir determinadas posiciones electorales si esta situación presenta visos de realidad de cara al proceso electoral del 2014. Igualmente, son más que válidas preocupaciones que surgen luego de que quienes son los más ardientes abanderados de un proceso en estas “_nebulosas_” condiciones, empiezan ya a manifestar que sí es posible la transferencia de políticas públicas en los ámbitos de Salud y de Educación.

Sexto: Finalmente, debe usted saber señora Presidenta de que en el escenario actual que presenta nuestro país, que muestra que el problema número uno que enfrentamos es el crecimiento de la desigualdad y su corolario opuesto, la concentración de la riqueza; escenario que nos indica que ya estamos llegando a un 43 % de la Población Económicamente Activa (PEA), en la informalidad y en el cuentapropismo; la defensa del empleo y del derecho constitucional al Trabajo es una responsabilidad democrática y estratégica de primer orden, para una organización sindical como la que nos enorgullecemos en representar. De tal suerte que, en todo momento, en las más diversas circunstancias y acudiendo a todas las formas de lucha, hemos de asumir esa tarea que no es otra que garantizar la preservación del empleo a quienes lo ejercen con honorabilidad, con decoro y con vocación de servicio. Al hablar del tema de transparencia de competencias, es imperativo humanista tenerlo como aspecto central, número uno, estratégico, en tal escenario y la ANEP no va a renunciar a actuar en consecuencia.

Por tanto, honorable y distinguida señora Presidenta, le pedimos, con respeto, lo siguiente:

  • El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de ley sin que quede claridad del tema social y del empleo que acabamos de señalar. Se está poniendo en riesgo laboral a cerca de 10 mil personas trabajadoras asalariadas actuales del Gobierno Central, presuponiendo multimillonarias erogaciones financieras por concepto de despidos por reestructuración (en el caso del Poder Ejecutivo Servicio Civil), dineros que no se tienen.
  • El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de ley sin resolverse lo que su Gobierno, denomina “_déficit fiscal_”.
  • El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de ley que pretenda financiar la transferencia de competencias con nuevas cargas tributarias o nuevos impuestos de sesgo indirectos y en la línea de aumentar la regresividad impositiva.
  • El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de transferencia de competencias si no media un participativo proceso de consulta con los actores involucrados de suerte tal que elementos como lo social, lo fiscal, la eficiencia y la eficacia, la oportunidad de los servicios públicos, queden absolutamente asegurados.
  • El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de transferencia de competencias que abra paso a nuevas formas de clientelismo electoral y que genere efectos perversos de hasta triplicidades institucionales.
  • El Poder Ejecutivo no debe impulsar ningún proyecto de transferencia de competencias sin cerciorarse de los imprescindibles grados de competencia estratégica instalada por parte de las municipalidades receptoras de las mismas, dándole participación directa a cada sector laboral que dentro de las mismas ostente legitimidad y representativas suficientes para opinar en el tema.
  • El Poder Ejecutivo debe abrir una mesa de diálogo social con negociación efectiva en este tema, involucrando a entes institucionales y de la sociedad civil con criterio, responsabilidades y propuesta en el tema, de forma tal que los proyectos que llegaren al parlamento: a) muestren un amplio consenso civil e institucional que no potencie innecesarios conflictos sociales; b) no atrofien, castren, invaliden, perturben, lo que es una correcta idea de política pública para generar gobiernos más cercanos a las necesidades de la gente; y, c) eviten que contaminemos un proceso de tal envergadura con aspiraciones electoralistas arribistas, oportunistas, de corto plazo y con la condenable manipulación de las necesidades de nuestros y de nuestras compatriotas más humildes.
  • El Poder Ejecutivo no debe permitir, avalar, respaldar, fomentar, incentivar reuniones de sus jerarcas interesados en el tema, mientras se mantenga un abordaje de tan delicada y neurálgica situación, en las condiciones en que se viene dando; tal y como lo fue el caso de la reunión cancelada la semana pasada ó el caso de la que está prevista para este venidero día miércoles 23 de febrero, tal y como el distinguido señor don Juan Rafael Marín Quirós, Ministro de la Descentralización y Desarrollo Local lo está anunciando. Continuar en esa línea es, simplemente, una provocación al conflicto social.

Es urgente, señora Presidenta, que usted nos reciba cuanto antes en audiencia al respecto y, por tanto, oficialmente y por esta vía, se lo estamos pidiendo.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Medio Periodo

LA COMISIÓN ELECTORAL COMUNICA:

La Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), convocó a la Asamblea General Nacional Ordinaria de Medio Periodo, el día sábado 5 de marzo del 2011.

Por tanto, damos por abierto el período para la inscripción de candidaturas a la Fiscalía General de la organización, con base en el Artículo 21 de nuestros Estatutos.

El período de inscripción vence el 24 de febrero del 2011 a las 5.00 p.m.

Para la inscripción, la persona afiliada interesada debe hacer entrega de nota indicando su interés a postularse como Fiscal General y adjuntar su curriculum. Estos documentos serán recibidos en la recepción oficial de la organización, en las instalaciones de la ANEP (calle 20, San José, frente a Coopeservidores), en horas de oficina: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a jueves y el viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Rogamos asegurarse de que sus documentos tengan nombre claro y firma de quien recibe, así como el respectivo sello.

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ANEP
Período 2009-2011

Quebrando los Huevos de Oro

Este video no fue presentado a la prensa ni divulgado ampliamente por sus creadores, porque cuando el Gobierno y las autoridades del Ministerio de Turismo saliente se enteraron de su contenido, pusieron todas las presiones de que son capaces, para que se mantuviera fuera del conocimiento público.

Dirección: Charlene Music y Peter Jordan
Producción: The Center for Responsible Travel, Martha Honey.

Para más información: responsibletravel.org

ANEP y FNT de Nicaragua estrechan lazos de amistad y colaboración

CUPO MAXIMO: 60 personas
INSCRIPCION: Con el promotor y/o promotora sindical que atiende su centro de trabajo
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San José, 9 de febrero de 2011.
S.G. 09-11-1350-11

Estimadas compañeras:
Estimados compañeros:
Miembros de Seccionales Sindicales de ANEP
Delegados y delegadas sindicales

Reciban a nombre de nuestra Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Le estamos cursando por esta vía, invitación oficial para que nos haga el honor de acompañarnos en la ceremonia de relanzamiento del convenio bilateral de relaciones sindicales entre el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), de la hermana República de Nicaragua, con nuestra ANEP; proceso que pretende, entre otros aspectos, humanizar las relaciones de empleo y de trabajo de cientos y cientos de compañeros trabajadores y de compañeras trabajadoras de esa vecina nación que, con su esfuerzo, a través de su mano de obra, contribuyen con el desarrollo económico de nuestro país.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 19 de febrero de 2011, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, culminando con un almuerzo e intermediando un refrigerio.

Además, se tendrá la presencia de una representación diplomática de la central sindical de Noruega, conocida por su siglas “LO”; entidad laboral solidaria con el proceso de relacionamiento y de cooperación entre la ANEP y el FNT.

En ANEP pensamos que como clase trabajadora, tanto la del vecino país como la propia nuestra, las cuestiones políticas entre los gobiernos de ambos estados, no tienen porqué interferir en nuestras relaciones de clase, de clase trabajadora, pues las mismas filosofías y sueños nos animan, más allá de las coyunturas ampliamente sabidas de estos días.

Hemos pensando en invitarle a usted, porque aparte de ser una destacada persona dentro de la vida organizacional de la ANEP, a usted le caracteriza una sensibilidad humanista y de clase como para que se no deje llevar por apasionamientos de falsos nacionalismos que tienen interés en enturbiar las relaciones históricas de ambos pueblos. Podemos tener una opinión en determinada dirección y eso se vale, pero creemos que en esto de las organizaciones sindicales que se hermanan entre sí, como la ANEP y el FNT, nuestros intereses de clase son valores supremos para mantener y revitalizar esta alianza.

Con todo respeto, nos despedimos, agradeciéndole que nos confirme su presencia, al número 2233-0222.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Guillermo Keith Bonilla
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Sector Privado

cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.

Posición sindical sobre los «Arreglos directos» y «Comités permanentes»

San José, 17 de febrero de 2011.

Señores Diputados
Señoras Diputadas
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos
ASAMBLEA LEGISLATIVA

POSICIÓN SINDICAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA PROCESAL LABORAL, EN RELACIÓN A LOS ARREGLOS DIRECTOS Y LOS COMITÉS PERMANENTES

Quienes suscribimos, Presidentes, Secretarios y Secretarias Generales de organizaciones sindicales y gremiales de nuestro país, consideramos oportuno dirigirnos a ustedes, a efectos de compartir nuestras consideraciones con relación a una discusión que tendrán en los próximos días en torno al Proyecto 15.990 “Ley de Reforma Procesal Laboral”, específicamente al tema de los arreglos directos y los comités permanentes de trabajadores.

En la memoria institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del año 2009 podemos encontrar datos que se repiten desde hace ya varios años: el Departamento de Relaciones de Trabajo reportó 14 convenciones colectivas, 9 de ellas aprobadas y 86 arreglos directos, 59 de ellos aprobados. Las cifras hablan por sí mismas: la cantidad de arreglos directos supera en 5 veces la de convenciones colectivas de trabajo.

La convención colectiva es el instrumento de negociación por excelencia de la clase trabajadora. Su existencia está consagrada en los Convenios de OIT ratificados por Costa Rica y en nuestra Constitución Política, que le otorga fuerza de ley profesional. De conformidad con nuestro Código de Trabajo, la convención colectiva requiere necesariamente ser negociada por un sindicato.

Obviamente el deterioro de la tasa de sindicalización del sector privado y las carencias existentes para tutelar efectivamente la libertad sindical en ese sector, impacta directamente la existencia de convenciones colectivas de trabajo en el sector privado.

Sin embargo, consideramos que también ha tenido un papel decisivo en este escenario, el instrumento denominado arreglo directo, de regulación y fuerza limitados, que no requiere la participación de organizaciones sindicales y que por el contrario, el Código de Trabajo rechaza la suscripción por parte de estos y otorga titularidad exclusiva a los comités permanentes.

Los sindicatos para su fundación deben cumplir con una serie de requisitos legales, puede considerarse que representan de manera independiente los intereses de la clase trabajadora; en su lugar, los comités permanentes no son una organización social en sí, se constituyen sin ningún requisito formal, se forman con tres integrantes, no cuentan con asesoría independiente ni con protección en el ejercicio de su actividad.

Otra razón que influye en la desproporción de arreglos directos y convenciones colectivas es la desnaturalización jurídica del arreglo directo.

Nuestro Código de Trabajo establece en su Título II la regulación sobre los diversos mecanismos de negociación individuales y colectivos. En materia colectiva este título establece dos instrumentos de negociación: los contratos colectivos y la convención colectiva de trabajo, cuya titularidad compete exclusivamente a la organización sindical.

Como instrumento de negociación colectiva, la convención colectiva representa el mecanismo idóneo para el ejercicio de la autonomía sindical ante el empleador, así como para el establecimiento con fuerza de ley profesional de la regulación fundamental de las condiciones de trabajo. La negociación colectiva no presupone la existencia de un conflicto sino que lo previene, aún cuando en alguna ocasión represente la solución de un conflicto colectivo.

Por su parte, el Título VII del Código de Trabajo establece la regulación de los diversos procesos judiciales y extrajudiciales relacionados con el trabajo, incluyendo en el capítulo III el procedimiento en la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico social, estableciendo la vía judicial (conciliación y arbitraje) y la extrajudicial (el arreglo directo).

Lo anterior quiere decir que en Costa Rica, en términos normativos, el arreglo directo es exclusivamente un mecanismo de solución de conflictos y nunca un instrumento de negociación laboral que pueda sustituir a la convención colectiva de trabajo, así reconocida en los Convenios 87 y 98 de la OIT.

No obstante lo anterior, basta con la simple lectura de los arreglos directos que se inscriben rutinariamente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para constatar que su utilización no obedece a la solución de un conflicto colectivo, sino que su estructura es exactamente la misma que la de una negociación colectiva de trabajo, aún cuando su contenido en muchas ocasiones es prácticamente una repetición de normas del Código de Trabajo.

Esta transformación se ha producido por una tolerancia ministerial y ha representado un instrumento eficaz de política antisindical, ya que fomenta la negociación colectiva con los trabajadores, pero siempre y cuando no sea por medio de la organización sindical.

Es por estas razones que los arreglos directos y los comités permanentes han sido el expediente emblemático de las prácticas antisindicales en nuestro país. Fruto de las constantes denuncias de sindicatos ante OIT, en el marco de la conferencia del 2006 (junio), la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT señaló con preocupación que Costa Rica arrastra problemas graves relativos a la lentitud e ineficacia de los procedimientos de recurso en caso de actos antisindicales; restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público; y la desproporción enorme en el sector privado entre el muy reducido número de convenciones colectivas concluidas con organizaciones sindicales y el número de arreglos directos concluidos por trabajadores no sindicalizados.

De igual forma, la OIT por medio de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, acordó la necesidad de determinar por medio de un estudio de un experto independiente, porqué existen tan pocos convenios colectivos de trabajo suscritos entre sindicatos y empleadores en el sector privado costarricense, y tantos arreglos directos suscritos con los trabajadores no sindicalizados. Este informe fue elaborado por el Dr. Adrián Goldin durante el año 2006 y fue hecho público en el año 2007. El consultor arriba a las siguientes conclusiones:

  • – Son los empleadores los que postulan, defienden reivindican y suelen tomar la iniciativa tendiente a la concertación de arreglos directos.
  • – El Comité Permanente se constituye frecuentemente por iniciativa empresarial y aún y cuando son los trabajadores los que toman la iniciativa, deben solicitar a la empresa que convoque a una reunión para proceder a la elección.
  • – El modo habitual de realización de las asambleas convocadas para la elección de los miembros de los comités permanentes conspira contra la autenticidad de esos procesos: voto no secreto, a mano alzada y sujeto a escrutinio público.
  • – El arreglo directo es una relación claramente asimétrica entre un sujeto (carente de todo poder de negociación) que pide, solicita “en forma atenta” y otro (ostensiblemente más poderoso) que según su excluyente criterio, concede o deniega.
  • – Componentes de elocuente unilateralidad, relativa irrelevancia económica de los beneficios acordados, recurrente o inocua reproducción de normas imperativas de ley, inserción sistemática de principios y valores y filosofías de excluyente estirpe empresarial, reconocimiento frecuentemente sesgado y cuanto menos incompleto de derechos fundamentales de los trabajadoras y menor intensidad tutelar en comparación con las convenciones colectivas.

Textualmente nos dice el consultor: “Desde esta perspectiva, el AD no configura en sí una forma apreciable ni valiosa de negociación colectiva entre organizaciones recíprocamente independientes; por añadidura, este consultor considera haber podido corroborar “in situ” el criterio sustentado en diversas instancias por los órganos de control de la OIT en el sentido de que el AD opera en franca contradicción con el compromiso de “… estimular y fomentar ente los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” que impone el artículo 4 del Convenio 98.”

En definitiva, del criterio técnico del consultor independiente designado por la OIT, podemos concluir que existen tres tipos de problemas con relación a los arreglos directos y los comités permanentes: el primero tiene que ver con el nombramiento de los comités permanentes (titulares del instrumento), el segundo tiene que ver con la debilidad estructural en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras que no están organizados en sindicato, a efectos de poder sostener una negociación de igual a igual con el empleador; y el tercero tiene que ver con la utilización fraudulenta del arreglo directo, al desnaturalizarlo y convertirlo en un instrumento de la acción antisindical. Precisamente estos elementos hacen incompatibles estas figuras con los Convenios de OIT que tutelan la libertad sindical.

A pesar de existir enorme claridad en lo señalado en este estudio independiente contratado por OIT, el proyecto de ley de reforma procesal laboral, no resuelve este asunto como manipuladamente se ha querido hacer ver a los señores diputados y señoras diputadas, pues el proyecto no solo mantiene la existencia de los arreglos directos y de los comités permanentes de trabajadores, no establece limitaciones para que sea usado como instrumento antisindical, sino que extiende las competencias de estos últimos como titulares de los procedimientos de conciliación y en los procedimientos de calificación de huelga, amplía su radio de acción y con ello fortalece ambos instrumentos.

Es por eso que en seguimiento de los problemas identificados por OIT, esta entidad internacional elaboró un estudio técnico denominado “Estudio sobre Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral y Proyecto de Ley de Modificación del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (Julio de 2008).

El estudio fue elaborado por el Dr. Bernardo Van der Laat (ex abogado empresarial y ex-magistrado de la Sala Segunda de la Corte) y por Kirsten-María Schapira-Felderhoff, Especialista Principal en Normas Internacionales de Trabajo de la Oficina Subregional de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana.

Este estudio señala lo siguiente sobre el arreglo directo:

“La introducción del arreglo directo como medio de solución parece muy problemático respecto a la aplicación del Convenio núm. 98 al tener en cuenta la doctrina de los órganos de control de la OIT en esta materia, porque existe el peligro que dichos arreglos directos sustituyan a las convenciones colectivas. (…) En este sentido, la Comisión de Expertos en su observación de 2007 sobre la aplicación del Convenio núm. 98 por Costa Rica se refirió al problema de la negociación colectiva en el sector privado en virtud de la existencia de más arreglos directos que de convenciones colectivas. La investigación independiente, que se realizó a la solicitud de la Comisión de Expertos, denotó que el instrumento del arreglo directo es inapropiado para el fomento de la negociación colectiva, ya que permitiría a los empleadores bloquear la negociación de convenciones colectivas. (…) Se infiere además del análisis del arreglo directo que “éste último no equivale a una convención colectiva por no ser el resultado de una negociación equilibrada entre dos sujetos independientes y autónomos (…) para sostenerla, sino, bien por el contrario, una relación claramente asimétrica entre un sujeto (carente de todo poder de negociación) que pide, ruega – “en forma atenta” (…) y otro (ostensiblemente más poderoso) que, según su excluyente criterio, concede o deniega”. (…) La investigación pues llegó a la conclusión que el arreglo directo no configura en sí una forma apreciable ni valiosa de negociación colectiva entre organizaciones recíprocamente independientes; de ahí que el instrumento de arreglo directo opera en franca contradicción con el compromiso de “… estimular y fomentar entre los empleadores y ls organizaciones de empleadores, por una parte y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” que impone el artículo 4 del Convenio núm. 98. (…) Por lo tanto, se deberá derogar las palabras “arreglo directo” del artículo 610 y sustituirlas por “convención colectiva”. Además se deberán derogar los artículos 611 a 613.”

Ante lo señalado por OIT con respecto al contenido del proyecto de Reforma Procesal Laboral en torno a este tema, en el sentido de derogar los artículos relacionados con los arreglos directos y los comités permanentes de trabajadores (arts. 611 a 613, 701 y 702), el movimiento sindical considera que si Costa Rica desea ponerse a derecho con los compromisos de OIT, para respetar, fortalecer y promover el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva, los señores diputados y señoras diputadas deben eliminar no solo la regulación contenida en el proyecto, sino también los artículos 504, 505 y 506 del Código de Trabajo vigente.

Sin estos cambios, la Reforma Procesal Laboral no soluciona aspectos de fondo reiteradamente señalados por el movimiento sindical costarricense y confirmados por OIT. Por lo tanto nos opondremos rotundamente a este proyecto en los términos de no aceptar dichos instrumentos y el país seguiría expuesto a denuncias nacionales e internacionales.

Albino Vargas Barrantes
Presidente
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Sergio Saborío Brenes
Presidente
Central de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN)

Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Carlos Cabezas Mora
Secretario General
Asociación Profesores Segunda Enseñanza (APSE)
Central General de Trabajadores (CGT)

Luis Chavarría Vega
Secretario General
Unión Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA)

Gilbert Bermúdez Umaña
Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA)

cc.
Señores Diputados y Señoras Diputadas, Asamblea Legislativa
Señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social
Señor Leonardo Ferreira Neves, Director Adjunto Oficina Subregional OIT

____________________________
LISTADO DE ORGANIZACIONES SINDICALES QUE COMPONEN CADA UNA DE LAS CENTRALES SINDICALES QUE SUSCRIBEN LA CARTA

COORDINADORA DE SINDICATOS BANANEROS COSTA RICA (COSIBA-CR)
Afiliadas:

SITAGAH: Sindicato de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos de Heredia
SITRAP: Sindicato de Trabajadores
SITRACHIRI: Sindicato de Trabajadores de Chiriquí

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES (CGT)
Afiliadas:

SITUN: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional
SINDEU: Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica
SEPI: Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia
SINPAE: Sindicato Nacional Patriótico de la Educación
ANTEA: Asociación Nacional Técnicos Electricista y Afines
FEDEAGUA: Foro para el Desarrollo Alternativo de la Provincia de Guanacaste
MAPU: Movimiento de Acción Popular Urbana
SITRAA: Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados
AFUMITRA: Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo
SISSS: Sindicato de la Salud y la Seguridad Social
SIMUN: Sindicato Municipalidad de la Unión
ASEIFAM: Asociación de Empleados del IFAM
FENTRAP: Federación de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones
FTP: Federación de Trabajadores Puntarenenses
CONATRAP: Sindicato Consejo Nacional de Trabajadores

CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)
Afiliadas:

ANEP: Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ASDEICE: Asociación de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad
SITEPP: Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada
FENAC: Federación Nacional Campesina
SITRAP: Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones
SINPROCNP: Sindicato Profesionales del CNP
ASOCPREG: Asociación Precario Gracias a Dios

CENTRAL DE TRABAJADORES RERUN NOVARUM (CTRN)
Afiliadas:

SEC: Sindicato de Educadores Costarricenses
SINAC: Sindicato Nacional de Conserjes
SINCOCSEPP: Sindicato Costarricense de Conserjes del Sector Público y Privado y Afines
SINDHAC: Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda
SINTRAJAP: Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA
SITRACOME: Sindicato de Comedores Escolares y Asignaciones Familiares
SITRAMINAE: Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, Energía
SITRARENA: Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional
SITRAINDECO: Sindicato de Trabajadores de Desarrollo de la Comunidad
UFYPN: Unión Ferroviaria y Portuaria Nacional
UMC: Unión Musical Costarricense
UNATROPYT: Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes
UNEC: Unión Nacional de Empleados Electorales
ATFE: Asociación de Trabajadores de Fertilizantes
SDTG: Sindicato Democrático de Trabajadores de Golfito
SINTRACOBAL: Sindicato de Trabajadores de la Compañía Bananera Atlántica Limitada
SINTRASTAFCOR: Sindicato de Trabajadores de la Estándar Fruit Company de Costa Rica
SITRACHIRI: Sindicato de Trabadores de Chiriquí
SITRADIQUE: Sindicato de Trabajadores de la División de Quepos
SITRAFAE: Sindicato de Trabajadores del Fondo de Ahorro de Recope
STICA: Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cartón y Afines
S.T.P.F.L: Sindicato de Trabajadores Portuarios y Ferroviarios de Limón
SICOTA: Sindicato Costarricense de Taxistas
SINTRAMPRECORI: Sindicato de Trabajadores Muelleros y Predios de Costa Rica
SICOTRA: Sindicato Costarricense de Trabajadores del Transporte
UTRALEG: Unión de Trabajadores Legislativos
SIBANPO: Sindicato de Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal
UNPROBANPO: Unión de Profesionales del Banco Popular y Desarrollo Comunal
SINEBACCR: Sindicato de Empleados del Banco Central de Costa Rica
APROBACEN: Asociación de Profesionales Banco Central
SITRASAL: Sindicato de Trabajadores de Limón
SINAE: Sindicato Nacional de Auxiliares de Enfermería
SITET: Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Comunicaciones
SITRAPEQUIA: Sindicato de Trabajadores de Petróleo, Químicos y Afines
SINASS: Sindicato Nacional de Asistentes de Servicios de Salud
UNEHA: Unión Nacional de Empleados Hospitalarios y Afines
SITRACRUZR: Sindicato de Trabajadores de la Cruz Roja Costarricense
UTMA: Unión de Trabajadores Municipales de Aguirre
SITRAMUPL: Sindicato de Trabajadores Municipales de Limón
SITRAMUDEGRE: Sindicato de Trabajadores Municipales de Grecia
SIEMPRHE: Sindicato de Empleados Municipales de la Provincia de Heredia
SEMG: Sindicato de Empleados Municipales de Golfito
UTRAMUS: Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres
UTMP: Unión de Trabajadores Municipales de Puntarenas
FAN: Federación Agraria Nacional
UCASARAPIQUI: Unión Campesina Agrícola de Sarapiquí
ASOOOM: Asociación de Obreros Organizados en Objetivos Múltiples de Siquirres
UNACOBRUS: Unión de Agricultores de Coto Brus
AAHH: Asociación de Agricultores de Huacas de Hojancha

Sindicatos convocan a huelga por salarios

Un grupo de sindicatos convocó a una concentración y luego a huelga en los próximos días, con el fin de exigir mejores salarios para los sectores público y privado, defender a Japdeva y oponerse al plan de reforma fiscal.

Los sindicalistas realizarán primero una concentración frente al Ministerio de Trabajo, el 23 de febrero, para plantear el pedido sobre salarios.

Al mismo tiempo, anunciaron una huelga nacional para el 10 de marzo, fecha en la que exigirán la mejora en las remuneraciones en los sectores público y privado.

Ese día tienen previsto una concentración masiva en la capital y una marcha hacia el Congreso.

“La agenda de lucha consta de varios puntos, pero el primer objetivo específico es lograr una política sostenida de salarios crecientes para los sectores privado y público, y así acabar con el congelamiento salarial”, dice un comunicado de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Los sindicatos públicos advierten que no están satisfechos con el alza del 2,33% que se aprobó para este semestre por parte de la Comisión Negociadora de Salarios del sector público.

Ellos exigían un ajuste extra de 1,25% para quienes perciben menores ingresos.

Édgar Morales, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), dijo que a la protesta también se sumarán los trabajadores de la Central Social Juanito Mora.

Asimismo, participarán la Central General de Trabajadores y los sindicatos del Banco Popular y la Universidad de Costa Rica.

El segundo objetivo de esa huelga es exigir que no se apruebe el plan fiscal, el cual se discute en la Asamblea Legislativa.

La agenda gremial anunciada incluye “la defensa de los muelles de Limón y de las instituciones autónomas y la oposición al Plan de Fortalecimiento Municipal y Descentralización”.


Fuente: nacion.com
Vanessa Loaiza N.

ANEP plantea posición en la Comisión de Tránsito

La Comisión Especial de Tránsito, que estudia la reforma a la controversial Ley de Tránsito que rige en estos momentos en nuestro país, y que está conformada por especialistas en la materia y que son asesores de las diversas bancadas legislativas, recibió a Rigoberto Aguilar Solís, presidente de nuestra Seccional de Taxistas, para que expusiera nuestra posición desde la visión de la fuerza roja, respecto a dicha Ley.

Temáticas como las multas excesivas, tiempo de consesión de placas, año de los vehículos, entre muchos otros temas, fueron expuestos a la Comisión.

La ANEP viene trabajando intensamente este tema, ya que la nueva Ley trata el tema de los taxistas, desde una óptica que va en detrimento de esta clase trabajadora.