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Estimadas Compañeras, Estimados compañeros:
Hoy se nos entrego el formulario en el que la comisión pretende se recolecten las firmas, el cual no cumple con los requisitos de llevar el nombre de la tendencia respectiva y los puestos de los candidatos. De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 49 de los Estatutos:
“Para que la inscripción de una papeleta sea válida, se necesita contar con no menos de quinientas firmas de los afiliados. Las firmas que respalden la inscripción de una papeleta deberán recogerse en hojas que contengan: fecha, nombre de la tendencia, bandera, lista de candidatos definiendo los puestos, nombre completo, número de cédula, firma y centro de trabajo de quienes respaldan las tendencias. La Comisión Electoral numerará las papeletas según su fecha y hora de entrada; el número asignado será la única identificación de la misma para efectos de la comisión.”
Es por esto que presentamos el recurso de revocatoria que adjuntamos, ya que esto violenta nuestros estatutos, asimismo, insisten en que nombremos los delegados lo cual constituye otra violación al Artículo 44: “A la Comisión Electoral se integrará un delegado propietario y un suplente por cada tendencia inscrita, los que asumirán su cargo inmediatamente después de que se haya declarado válida la inscripción de la misma.(…)” (Resaltado es nuestro)
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San José, 17 de mayo de 2011.
S.G. 09-11-1673-11
Señores y señoras Junta Directiva
MAE. Francisco Javier Ibarra Arana Gerente General
Señor Jorge Gómez McCarthy Director Administrativo
Junta de Protección Social (JPS)
Estimados y distinguidos señores y señoras:
Como es de su conocimiento, en la Administración Pública, el funcionario público, tiene limitado su ámbito de acción, en la Constitución Política, la Ley, los Reglamentos a la Ley, los Decretos Ejecutivos, los Reglamentos, las Directrices Generales del Poder Ejecutivo y desde luego las normas internacionales, debidamente ratificadas por nuestro país.
Considérese que las normas internacionales, tienen rango igual a la Ley y que tratándose de los Convenios Internacionales que tutelan derechos humanos fundamentales, es de consenso universal, que estas normas tienen un rango o jerarquía superior o igual a las normas Constitucionales.
Apuntamos lo anterior dado que hemos tenido noticia de que sus autoridades, pretenden contratar con terceros, algunos servicios no esenciales o sustanciales con los objetivos constitutivos de la JPS.
Nuestra preocupación deviene toda vez, que aunque de seguro este es el caso, no será que este modelo de contratación ha sido utilizado, en muchas ocasiones, para precarizar las condiciones de empleo, beneficiar a contratistas o intermediarios que lucran mercadeando mano de obra barata y ocultar la responsabilidad laboral y social, de lo que se denomina, en este tipo de contratación, empresa madre.
La contratación de terceros, sin que se respeten las mismas condiciones laborales, de quienes trabajan en dicha industria o negocio, puede devenir, a nuestro juicio, en fraude de ley, violación a la ley laboral, o bien la típica práctica laboral desleal.
Estas prácticas ya han sido denunciadas por trabajadores de distintos países ante los órganos administrativos y judiciales de sus respectivos países, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales que velan por la protección de los derechos de las personas trabajadoras.
Pues el fraude o violación a la ley laboral consiste, en el hecho de que la empresa madre, subcontrata a terceros para que le presten servicios, que generalmente eran asumidos por ella. Con esta práctica se pretende, no aplicar las condiciones salariales y de empleo, de que gozan las y los trabajadores de la empresa madre. De la misma manera la empresa madre o matriz al subcontratar a tercero, trata de esconder la responsabilidad laboral, solidaria, que bien le puede caber con la persona subcontratada.
En razón de lo anterior, consideramos oportuno informarles, que si bien la Administración Pública, puede subcontratar servicios no esenciales, también es cierto que estas contrataciones deben atenerse a lo dispuesto en el Convenio Nº 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), su Reglamento, el Decreto Ejecutivos Nº 11430-TSS del 30 de abril de 1980 y la Directriz Presidencial Nº 34 del 8 de febrero de 2002.
En lo que interesa, pasamos a transcribir algunos textos de estos instrumentos jurídicos, que son parte del bloque de legalidad que rigen para la Administración Pública y que por tanto deben ser de acatamiento obligatorio para las autoridades competentes.
Convenio Nº 94 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país en 1949.
“Artículo 1 inciso 1. El presente Convenio se aplica a los contratos que reúnan las siguientes condiciones: a) que al menos una de las partes sea una autoridad pública;…”.
“*Artículo 2 inciso 1.* Los contratos a los cuales se aplique el presente Convenio deberán contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios (comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región: a) por medio de un contrato colectivo o por otro procedimiento reconocido de negociación entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores…*b)* por medio de un laudo arbitral…”
“Artículo 5 inciso 1. En caso de que no se observen o no se apliquen las disposiciones de las cláusulas de trabajo incluidas en los contratos celebrados por las autoridades públicas, de deberán aplicar sanciones adecuadas, tales como la denegación de contratos o cualquier otra medida pertinente”.
Reglamento al Convenio 94, Decreto Ejecutivo Nº 1130-MTSS, del 30 de abril de 1980.
“Artículo 2º-Las cláusulas a que se refiere el artículo anterior, deben referirse de manera expresa a la garantía de cumplimiento del adjudicatario del contrato respecto de las normas legales o convencionales relativas a salarios, jornadas de trabajo, salud ocupacional y en general, a las condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo9 de igual naturaleza en la profesión, ocupación o industria de que se trate, en lamisca zona en que se lleve a cabo la obra o se deban suministrar los servicios”.
Directriz Presidencial Nº 34 del 8 de febrero de 2002.
“1ª.-En todo cartel de licitación y contrato administrativo…, deberá incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como incumplimiento del contrato respectivo”.
Conforme al apuntado ordenamiento jurídico, rogamos a sus autoridades se nos informe, si en los contratos que su representada tiene con terceros, para la prestación de servicios, como los de servicios generales y vigilancia, entre otros, se han observado los indicados preceptos de Ley.
Con todo respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Daniel Prendas Marín Presidente Junta Directiva Comité Seccional ANEP-JPS
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP. Junta Directiva Comité Seccional ANEP-JPS. Trabajadores y trabajadoras JPS.
El proyecto de_ “Ley de Contingencia Eléctrica”_, enviado con carácter de_ “emergencia”_ por el gobierno de Laura Chinchilla a la Asamblea Legislativa, luego de que el PLN perdiera el control del Directorio Legislativo, es una versión comprimida de la Ley General de Electricidad que, al igual que sus versiones anteriores, tiene el único propósito de favorecer la privatización del servicio público, según la consideración del Diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio.
El legislador agregó que ninguno de los artículos del proyecto fortalece o beneficia al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que incluso queda sujeto a “las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo”, en materia de planificación, lo cual interfiere con la autonomía que la Constitución otorga a esta institución.
En contraste, dijo el Diputado Villalta, los empresarios generadores de electricidad del sector privado, podrán exportar sus excedentes al mercado regional centroamericano y podrán vender mediante contrato directo a los_ “grandes consumidores”_ (aquellos cuya demanda sea igual o superior a 1 megawatt).
Agregó que la propuesta del gobierno de Laura Chinchilla aumenta el tamaño de los proyectos privados, pasándolos de 20MW a 30MW, y sube el porcentaje de generación eléctrica paralela, del 15% actual, hasta un 25%.
Además, hizo ver que, al ser declarados “de interés público y conveniencia nacional”, los proyectos de generación privados recibirán autorización para “la remoción de árboles que se requiera”.
“El principal propósito del proyecto de ley es convertir la electricidad en una mercancía, pasando, en primer lugar, su comercialización y exportación a manos privadas, y poco a poco, la generación, con lo cual se perderá el carácter solidario de este servicio público”, expresó.
Además, hizo ver que el Gobierno presentó apresuradamente este proyecto luego de que la alianza opositora tomara el control de la Asamblea Legislativa y, con ello, de la agenda parlamentaria, con lo cual el proyecto original llamado “Ley General de Electricidad” tendría pocas probabilidades de ser discutido prontamente.
“¿Cuál es el apuro? Si el ICE viene planificando eficientemente el desarrollo y la sostenibilidad del sector eléctrico en el largo plazo, ¿cuál es el apuro? ¿A quién se quiere, desesperadamente, favorecer?”, preguntó el diputado del Frente Amplio.
Agregó que antes de seguir un camino equivocado, el país tiene derecho a conocer cuál es el balance de dos décadas de generación privada de energía. Recordó que hay estudios que demuestran que el pueblo costarricense ha estado financiando a las empresas cogeneradoras privados, a través de los precios abusivos que ha debido pagar el ICE a esos empresarios, con los impuestos de las y los costarricenses.
Gracias al ICE, a las cooperativas rurales y a las empresas municipales, Costa Rica ocupa el primer lugar en América Latina con una cobertura eléctrica del 99%, y el uso de energías renovables alcanza el 95% de la producción (hidroeléctrica, geotérmica y eólica), habiéndose demostrado capacidad para satisfacer una demanda eléctrica que se duplica cada 12 años, agregó.
Finalmente, el parlamentario del Frente Amplio llamó a los sectores sociales y a la ciudadanía en general a estudiar este proyecto de ley privatizador, y a disponerse a luchar para defender un modelo solidario que beneficia a las grandes mayorías.
Las Seccionales de la ANEP en el Sistema Penitenciario, luego de analizar, si era o no oportuno enviar este correo luego de tan lamentables hechos; hemos decidido, respetar la memoria de nuestro compañero Francis y solidarizarnos, de hecho no solo con palabras, con los compañeros que tuvieron que pasar por este duro trance y los y las compañeras de Reforma.
Meditamos que es necesario continuar propiciando el proceso de asunción el control de nuestra vida en el trabajo.
Durante años hemos actuado, sin importar las razones, realizando actos de fe, depositando en otros el control de la institución, sin exigir ni ejercer nuestros derechos como personal del Estado.
Las Seccionales de la ANEP, le solicita realizar de nuevo un acto de fe, pero ahora hacia usted como persona que ha venido llevando sobre las espaldas al Sistema Penitenciario, a costos que este país no tiene idea.
Afirma el Señor Director General en mensaje enviado el pasado 28 de abril del año en curso; como respuesta “obligada” a un correo electrónico que se hiciera circular por la red Institucional y que tiene la autoría de la Seccional de la ANEP del Sistema Penitenciario Nacional y que entre otras cosas reza:
“La presente administración ha realizado en menos de un año, una inversión en infraestructura, equipo de cómputo y equipo de carga y de transporte, superior a los doce millones de dólares (más de seis mil millones de colones)”, basta con buscar los antecedentes de contratación de dichos logros, para darse cuenta de que las mismas se venían gestando desde tiempo atrás, por lo que mal hace el señor Director General en afirmar que esto le corresponde a esta administración; lo que sí está haciendo es recoger los frutos de sus antecesores y hasta de él mismo, pues debemos recordarle al señor Rodríguez que él tiene ya varios años de “administrar” a la Dirección General en su calidad de Oficial Mayor. Además si tomamos en cuenta que durante el ÚLTIMOLUSTRO NO HUBO INVERSIÓN en el Sistema Penitenciario Nacional; esto viene a ser como una gota en un oasis.
Los módulos de reciente inauguración que se citan, contaban con planos, permisos de contratación dado por la Contraloría General de la República para contratar de forma directa, y hasta el financiamiento en arcas de la Institución, porque primero llegó el dinero que la definición de que hacer con él, ejemplo que evidencia claramente la poca asertividad de la Administración.
Nos agradaría sobremanera saber de los módulos construidos e inaugurados con bombos y platillos; cuales han sido habilitados o están en uso en este momento, a pesar de la urgente necesidad de utilizarlos que se tiene?, Cuales tienen el mobiliario completo para su uso?, ¿ Donde está el personal de custodia que cuidará y mantendrá el orden y la sana convivencia en dichas instalaciones? ¿Dónde está el personal que dará atención y oferta técnica a la población privada de libertad? o simple y sencillamente continuaremos con la improvisación y los recargos de trabajo; porque el crecimiento Institucional NO puede medirse solo en obra; recordemos que en nuestras manos tenemos a personas segregadas de la sociedad por haber infringida la normativa establecida y “encerrar por encerrar” no se vale. Además, la Dirección General de Adaptación Social es una entidad MERAMENTETECNICA y debe disponer, proponer y ejecutar mecanismos, a través de la oferta técnica; que permitan la reinserción social de los privados de libertad una vez egresados del Sistema Penitenciario.
En dónde se hallan las Políticas Institucionales de desarrollo humano e institucional para el personal, que guíen la planificación de los objetivos estratégicos en salud, trabajo, formación-capacitación, recreación, seguridad, entre otros.
O se le olvida al señor Rodríguez que es el personal el que debe estar en condiciones óptimas para que podamos cumplir con nuestra tarea.
La Unidad de Atención Psicológica y Operacional, remitió un informe de labores el año pasado, en la que indicaba que:
“En general el personal experimenta una constante amenaza, que procede de diferentes fuentes: desde las autoridades judiciales al tener que cumplir con plazos perentorios versus la sobre carga de trabajo que está experimentando por la sobrepoblación penal, amenaza desde la misma población penal, al cambiar esta las características tradicionales y tener el personal ahora trato con privados de libertad insertados en mafias nacionales o internacionales, y del ambiente físico ambiental adverso dadas las condiciones infraestructurales inadecuadas en que desarrolla su tarea, y que cada vez se deterioran más , y la percepción de desarrollar esta tarea en condiciones de aislamiento, al percibir que no participa de las evaluaciones y transformaciones de la política técnico- criminológica en el nivel de toma de decisiones.
Es necesario que la Institución formule una política con estrategias para la atención de la salud mental y física de su personal.”
Al señor Rodríguez no le han explicado con claridad que la gestión administrativa está al servicio de la técnica.
Consta al personal del Centro La Reforma, y a quienes ingresan a ese Centro, que el edificio de cocina comedor para el personal tiene varios años de venirse desarrollando (planificando, construyendo, etc., quien no recuerda a don Reynaldo Villalobos revisando los planos para la posible ubicación del mismo), sin que exista justificación alguna que resulte comprensible sobre la duración en la ejecución de dichas obras y su equipamiento. Es de suma importancia agregar que al día 17 de mayo; EXACTAMENTE 2 MESES después de su flamante inauguración, aun no ha sido posible su utilización; entonces de que se ufana el señor Rodríguez?, ¿dónde están los logros tan publicitados?; el que se haya terminado la obra gris de esta y otras obras en el transcurso de está administración, pareciera que NO le faculta para afirmar que se trata de la inversión y esfuerzo de un solo año y peor aún de una sola Administración.
Igualmente el proyecto de Internet y la asignación de equipos, es consecuencia de un proyecto financiado con recursos del BID que de nuevo ha demorado años para su ejecución, situación que no se aclara y se plantea como logro de un año y de la actual Administración (como olvidar a don Alexis Sánchez quien en todas sus intervenciones nos “vendía” la idea de que esto solucionaría gran parte de nuestros problemas).
Hoy nos preguntamos, si los trabajos que se realizan en Reforma son consecuentes con las prioridades que debería estar atendiendo la Institución para resolver sus problemas fundamentales, o se tratará solo de obras cosméticas que no contribuyen a resolver los problemas de fondo que el Centro enfrenta. 78 millones de colones; algo podrían solucionar en los Ámbitos que enfrentan sobrepoblación de alrededor de un 50% de su capacidad.
Ya tenemos la respuesta a esta pregunta el pasado 11 de mayo.
Las obras que se describen para Limón, Pérez Zeledón, San Rafael, Liberia, Pococi y Puntarenas, forman parte del mismo paquete que desde hace años se viene gestando y proyectando; aunque de forma desordenada, y sin embargo son atribuidas a la gestión del último año de la presente Administración.
En lo referente a la infraestructura; extrañamente no se mencionan los otros rubros y que en conjunto componen un todo, el mensaje del Señor Director General nos brinda la impresión de un excelente trabajo en el último año, cuando en realidad se trata de la culminación de obras que durante años se han venido trabajando, a un ritmo que lo único que evidencia es la ausencia de planes estructurados y calendarizados que permitan establecer el inicio y la culminación de una obra, y la medición de la razonabilidad del gasto y del tiempo requerido para su ejecución.
El esfuerzo que se realiza por lograr; por medio del financiamiento internacional, solucionar parte de los problemas que la Administración Penitenciaria, obliga a formularnos interrogantes sobre los alcances y naturaleza del proyecto que se propone; ¿enfrentará este los mismos problemas y carencias que los que hoy se anuncian como el gran logro de un año? Se habrá considerado para su formulación a los mismos “Gerentes” que hoy nos tienen en la situación que enfrentamos?; la cual desde la perspectiva de la Dirección General no es “de crisis”, esto aunque los problemas persistan por años y lejos de solventarse se agudizan con el paso del tiempo; preguntamos: ¿qué enfermedad se cura si no es tratada?
En lo que si coincidimos plenamente es en que, gracias a la mística y esfuerzo de muchas/os funcionarias/os, que se dedican día a día a trabajar con gran consagración y en condiciones infrahumanas, se ha logrado mantener el sistema Penitenciario.
Nos dice el Señor Director General, cuantos y de que tipo son los vehículos que se adquirieron; pero no nos dice, porque aún a esta fecha se tiene pendiente de recibir uno de los camiones, tampoco indica el porque el personal de la Región Occidental tubo que ir a una paro para lograr que se agilizaran los trámites y que el bus pudiera circular, igualmente tampoco revela las razones por las cuales los camiones que se compraron no pudieron circular a partir de su entrega, a pesar de que urgía ponerlos en circulación. Se nos da como respuesta, “problemas y entrabamientos administrativos” por parte de Hacienda, reales o creados por la inoperancia, negligencia y/o desidia; que lamentablemente en la mayoría de los casos caracteriza a nuestra administración.
El Ministerio de Hacienda, en el caso del Transporte, aclara y corrige al señor Director Administrativo, y la CCSS, hizo lo suyo con el Director General, cuando le señala que las consecuencias de la morosidad por parte del Ministerio, que fueron las dificultades para la atención del personal, fue responsabilidad del este Ministerio.
Retomando las palabras del señor Director General, NO SE VALE que personas que NUNCA han hecho nada por nuestro Sistema Penitenciario, hoy quieran aparecer como los grandes héroes y salvadores
Ante los graves acontecimientos registrados alrededor de las 2:30 de la tarde del 11-05-2001 nos comprometemos a realizar todas las acciones que estén a nuestro alcance para que se tomen las medidas correctivas del caso y se sienten las responsabilidades que se deban.
Saltan muchas dudas conforme pasan los días, lo que sabemos es que el operativo NO FUE UN ÉXITO, bajo ningún punto de vista, y mucho menos para el Sistema Penitenciario: murió un compañero, tres resultaron heridos, otros maltratados y todos más dañados psicológicamente de lo que venían, con altas posibilidades de brote de enfermedad mental; y además murieron dos privados de libertad.
Sabemos como penitenciaritas que tenemos que realizar un análisis exhaustivo, que debemos recuperar el control de nuestra vida institucional.
La Revolución Cubana ha sido objeto de cientos de campañas de desinformación, generalmente orquestadas por el gobierno norteamericano, con la complicidad de aliados europeos y el concurso de las poderosas fuerzas e intereses que controlan los emporios mediáticos, pero no han podido desviar a los cubanos de sus ideales de independencia y socialismo, ni confundir a los pueblos del planeta que, pese a todo, descubren con su sabiduría e instinto dónde está la verdad. Son campañas sin límites políticos ni éticos que chocan con la fuerza moral de Cuba y solo manchan a sus autores.
La más reciente, que provino de sus “multipremiados” informantes, se desinfló en 72 horas. Los políticos mentirosos, los medios de prensa que calumniaron por interés político y los periodistas que reportaron un hecho que no existió, sin intentar una mínima confirmación, no debieran tener impunidad. Por lo menos, deberían confesar el error y pedir excusas a la familia cuyo duelo no respetaron.
Curiosamente, todos ellos callan ante el millón de muertos civiles en Iraq y Afganistán a los que definen como “daños colaterales” y ante las ejecuciones extrajudiciales con aviones no tripulados en países soberanos.
Guardan prudente silencio ante el uso de la tortura, apañan la existencia de cárceles norteamericanas secretas en Europa, impiden la investigación de los crímenes cometidos en Abu Ghraib y la Base Naval de Guantánamo, que se usurpa a Cuba, y de los vuelos secretos de la CIA con personas secuestradas en otros Estados.
Tampoco se conmueven ante la forma brutal en que los gobiernos en Europa descargan en los más pobres y en los inmigrantes las consecuencias de la crisis económica. Miran a otro lado, cuando se reprime con inusitada violencia a desempleados o estudiantes en esas sociedades opulentas.
Sin embargo, andan a la caza de pretextos para denigrar a Cuba. Y a falta de estos, los fabrican.
Con toda desvergüenza, pujaron por convertir una pancreatitis en un asesinato político; una justificada detención policial de menos de tres horas por alteración del orden, sin el menor uso de la fuerza, en una golpiza mortal; una persona con antecedentes delictivos, sancionada a dos años de privación de libertad por delito común, en un disidente político, víctima de larga condena.
El pueblo comparte la protesta de la familia cuyo dolor se ofende y la indignación de los médicos a quienes prácticamente se acusa de complicidad en un homicidio. El mundo conoce sobrados ejemplos de la vocación humanística de nuestros médicos, quienes no han escatimado energías y a riesgo de sus propias vidas han prestado y prestan sus servicios en todos los continentes.
El legislador David Rivera, célebre por corrupción electoral y por sus campañas extremistas para eliminar el derecho de los cubanos emigrados a viajar a su país, que hace solo unas semanas acusó al presidente Carter de ser “un agente cubano”, afirmó bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos que el fallecido “cayó asesinado a golpes y bastonazos en el céntrico Parque Vidal de Villa Clara, el domingo pasado”.
Ni siquiera se molestó en verificar que hasta los peor intencionados reconocen que estuvo en el parque, antes y después de la breve detención, el jueves 5 de mayo, y no el domingo, cuando ya estaba hospitalizado. No sorprende que mienta, pero sí que lo haga tan torpemente.
Un tal Salafranca, europarlamentario del Partido Popular, de muchos méritos anticubanos y proyanquis, quien dice que los informes sobre los vuelos secretos de la CIA no aportan datos adicionales y se tapa los ojos para abstenerse sobre cualquier condena, aseguró en el Parlamento Europeo que la persona “falleció luego de su detención y golpiza por parte de la policía cubana”.
El País, de la España del Grupo Prisa y las confabulaciones del PP, publicó un despacho con el título “Muere un disidente cubano tras recibir una paliza de la policía”. ABC, históricamente al servicio de las peores causas, reseñó “Muere opositor cubano tras una paliza de la policía castrista”. No les interesa confirmar la veracidad de los supuestos hechos y ni siquiera se molestan en disimular el contubernio con títulos diferentes.
Insólitamente, hasta el propio Presidente Barack Obama, en Miami y ante una pregunta de la bien tendenciosa cadena Univisión, aunque dijo que faltaban por precisar detalles, se pronunció también sobre los sucesos del Parque Vidal que nunca ocurrieron.
Es curioso que Obama, siempre tan ocupado, pueda retener en su memoria el caso de una persona detenida en un parque cubano al que pudo regresar un rato después. Sin embargo, no ha dicho nada y posiblemente ni recuerde el rostro angustiado o el relato de la niña iraquí Samar Hassan, publicado en el diario The New York Times, el pasado 7 de mayo, mientras narraba la terrible experiencia del asesinato de sus padres por una patrulla norteamericana, cuando regresaban del hospital tras curar las heridas de su hermanito.
Pero, en el caso de Cuba, la peor falta no son las burdas mentiras que día a día se fabrican y reproducen. Lo que es imperdonable es que se censuren las grandes verdades y la historia de un pueblo heroico y bloqueado , que ha sido capaz de alcanzar lo que para la gran mayoría de la Humanidad es todavía un sueño.
En el pasado, se ha tratado de aislar a Cuba o de provocar desórdenes internos para provocar una intervención norteamericana. ¿Qué se pretende con estas campañas? ¿Solo denigrar o algo peor? ¿Será que a los que mueven los hilos y a sus asalariados internos les encantaría invocar la “protección de civiles” para bombardear La Habana?
Nuestro pueblo no se dejará confundir por los contrarrevolucionarios internos que buscan el pretexto mediático para promover un conflicto con Estados Unidos y sabrá responder con serenidad y firmeza ante las acciones de estos mercenarios.
Los argumentos de la Revolución Cubana no se fabrican como las mentiras de nuestros enemigos, se construyen con la dignidad y la entereza de nuestro pueblo que aprendió que la verdad es el arma más limpia de los hombres.
A las 4 p.m. empezaron a llegar los manifestantes al sitio pactado para de forma pacífica demostrar su disconformidad con la intención de la concesionaria Autopistas del Sol de iniciar el cobro, sin embargo no fue hasta las 7 p.m. que calentó el ambiente.
El líder del Frente Amplio, José Merino del Río, y el actual diputado de ese partido, José María Villalta, también dijeron presente para apoyar a los vecinos y los alcaldes en su lucha.
Del Río explicó que esta lucha la inició hace dos años, cuando junto con la ministra de Transportes de ese entonces, Karla González, fueron a ver las irregularidades en la construcción y denunció que lo que se hacía era un recarpeteo en una carretera existente y lo único nuevo eran las casetas para el cobro.
¿COBRO INJUSTO?
Los manifestantes califican de injusto que quieran cobrarles una inversión de otros sectores.
“_De Escazú a San José, cuyo tramo comprende 4 kilómetros, se amplió la vía a cuatro carriles y se construyeron puentes nuevos, pero los escazuceños no pagan ni un cinco, mientras aquí no hicieron mejoras y quieren cobrar por el mismo kilometraje que hay de Brasil a la entrada de la radial a Belén un impuesto que no existe_”, denunciaron.
En menos de 10 kilómetros los vecinos de Mora que se desplazan hacia San José deben pagar dos peajes, mientras que si se dirigen a Caldera cancelarían el peaje en Brasil y tan solo un kilómetro más adelante volverían a pagar otro.
Los alcaldes de Mora, Santa Ana y Turrubares indicaron en sus discursos que no permitirán el funcionamiento del peaje y que pedirán la destrucción de las casetas por las buenas o por las malas.
Edwin Rodríguez, secretario del Consejo Nacional de Concesiones, dijo que la junta directiva de la institución aún no ha definido cuándo darían la luz verde para la apertura del peaje.
Nuestras Primeras IDEAS-PROPUESTA DE TRABAJO Nuestro lema: “Llevo a la ANEP en mi corazón”
Estimadas y estimados anepistas: Un grupo de afiliadas y de afiliados a nuestra querida organización ANEP nos hemos conformado en un movimiento-tendencia con miras a ganar las próximas elecciones de julio próximo, para la nueva Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, que asumirá funciones a partir del 1 de agosto de 2011.
Vamos a impulsar una serie procesos y de transformaciones en aras del engrandecimiento de nuestra agrupación para llevarla a nuevos niveles de desarrollo, en pro de la clase trabajadora costarricense y migrante, con fundamento en la concepción clasista del sindicalismo y con un gran humanismo en su práctica cotidiana
Nos damos a conocer ante usted y le compartimos algunas de las principales ideas sobre cómo visualizamos el futuro inmediato y mediato de la ANEP.
Pensamos que la rica diversidad interna de la ANEP debe ser aprovechada en un marco de respeto, de tolerancia, de sentido de clase y de comprender que nadie es dueño de la verdad. En función de esa diversidad, nos hemos organizado en la Tendencia Trabajo que se propone gobernar a la ANEP en el nuevo período directivo, 2011-2013, para lo siguiente:
En el área de servicio y gestión sindical:
a. Para que la persona afiliada sienta calor humano, cortesía, cordialidad, candor solidario de clase, atención pronta y especializada, afectividad, respeto, comprensión y amabilidad al contactar directamente con la organización, con su personal, con su dirigencia. b. Para que la ANEP esté más cerca del trabajador y de la trabajadora que le aporta su cuota, de forma tal que la organización sea propiedad absoluta de su afiliación. c. Una organización sindical para la cual lo más importante, primero que todo, es la persona afiliada, demostrando que el verdadero sindicalismo es un apostolado de entrega para el servicio de nuestros hermanos y hermanas de clase. d. Una organización sindical con altísima capacidad competitiva, mejorando los plazos de respuesta y de atención de la demanda individual y colectiva. e. Para abrir los días sábados con servicio normal de atención, respetando los derechos laborales del personal actual de la agrupación. f. La revisión urgente del Protocolo de Atención Jurídica para que la concepción humanista y solidaria impere en todo momento en el servicio jurídico de la organización. g. La capacitación del personal de la ANEP en aras de mejorar la calidad de servicio que se le da al trabajador o a la trabajadora, capacitándole en áreas como Relaciones Humanas, Servicio al Cliente, elementos de Psicología y de Trabajo Social. h. La elaboración constante de una evaluación sistemática de la calidad de atención que se brinda por parte del personal de la agrupación, tanto en el plano individual como en el colectivo. i. La creación de la Contraloría de Servicios para la fiscalización del trabajo del personal que labora en la ANEP. j. Habilitar de manera eficiente con servicios de atención y demás el edificio anexo de la ANEP. k. La creación de una sala de informática en el cual los afiliados y las afiliadas, así como dirigentes de seccionales puedan hacer uso de sus equipos para el ejercicio de actividades sindicales. l. Desarrollar la estrategia de mercadotecnia aplicada a las necesidades sindicales de crecimiento de promoción de la afiliación y de la organización. m. Crear nuevos convenios para descuentos comerciales en las áreas de servicios y bienes, como universidades privadas; extensivas a las familias. n. Lograr el ciento por ciento de la carnetización de la afiliación. o. Consolidar y extender la capacitación con base en las oportunidades ofrecidas por el convenio que la ANEP tiene con el INA, extensivo para hijos e hijas de la afiliación. p. Negociar con la UNA el establecimiento del diplomado universitario en materia de Sindicalismo. q. Establecimiento de organismos y sedes regionales con base en los conceptos del Sindicalismo Ciudadano. r. El aprovechamiento de las redes sociales e internet como medio para el fortalecimiento de la actividad sindical, logrando que el ciento por ciento de la estructura dirigente intermedia tenga acceso a la información y a la comunicación por la vía electrónica.
En el ámbito del pensamiento político-sindical
1. Nos inspiramos en el concepto de “El DERECHO A LA FELICIDAD”: “Son derechos sociales, esenciales para la búsqueda de la felicidad, la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la habitación, el descanso, la seguridad social, la protección a la maternidad y a la infancia y la asistencia a los desamparados”. 2. Nos inspiramos en fuentes filosóficas del pensamiento de la Humanidad, como el Socialismo Científico, la Socialdemocracia y el Humanismo Cristiano. 3. Entendemos a la sociedad costarricense en dos grandes bloques: el del capital y el del trabajo, con un amplio segmento de capas medias viajando hacia la pobreza: el crecimiento de la desigualdad: gigantesco problema nacional. 4. Nos inspiramos en el pensamiento de grandes costarricenses, hombres y mujeres, forjadores de nuestra nacionalidad. Entre otros y otras (en un orden arbitrario): Juanito Mora, Mauro Fernández, Omar Dengo, Joaquín García Monge, Vicente Sáenz, Félix Arcadio Montero, Manuel Mora, Arnoldo Ferreto, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Emma Gamboa, Luisa González, Carmen Lyra, Alfredo González Flores, Rodrigo Facio Brenes, Carlos Luis Fallas… 5. Reivindicamos, entre otras propuestas, el pensamiento Político de la ANEP: “Tercera República”, la propuesta “CRISOL” y las “Diez Medidas…”. 6. Somos latinoamericanistas y antimperialistas. Estamos en contra del capital neoliberal extremista de signo financiero-bancario, altamente concentrador de la riqueza. 7. La aplicación práctica de los conceptos de Sindicalismo Ciudadano y Sindicalismo Rebelde-Aporte para la construcción de una nueva hegemonía política en el país. 8. Reivindicar, redimensionar, potenciar, recrear el concepto sociopolítico de la Democracia de la Calle. 9. Sistema Nacional de Delegados y Delegadas articulado. 10. El fortalecimiento del trabajo de la ANEP en el sector Privado. 11. Fortalecimiento de la estructura sindical del sector Público. 12. Cerrar el IX Congreso Político-Ideológico. 13. La creación de un nuevo espacio con poder decisorio, integrado por los presidentes y las presidentas de las bases seccionales de la ANEP: el “Consejo de Presidencias de Seccionales de la ANEP”. 14. La elaboración de una agenda sindical con nuevos temas, como por ejemplo: cambio climático, transformación tributaria estructural, asamblea constituyente, vocación para el poder político-estructural en la sociedad, como la importancia de una asamblea permanente de la sociedad civil. 15. Reafirmamos el camino de independencia política de la ANEP, de manera directa y/o indirecta, con respecto a todos los partidos políticos
Algunos temas de agenda sindical con carácter relevante:
1. Un proceso de formación político-ideológico con contenido curricular secuencial, por niveles, con multiplicidad temática, atractiva metodología participativa y simplicidad. 2. Transformación tributaria estructural 3. Soberanía alimentaria y desarrollo rural justo. 4. Género-Derechos Humanos y Diversidad Sexual: Empoderamiento dentro de la organización. 5. Creemos y apoyamos el papel estratégico de la juventud dentro de la organización: Captación de dicha población, formación político-ideológica para el relevo dirigencial. 6. Cambio Climático y Efecto Invernadero: Incidencia sindical en materia ambiental. 7. Unidad Sindical: Fortalecimiento de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) e impulso a la idea proyecto de la CENTRAL ÚNICA.
Para información comuníquese a los teléfonos: 8371 5335 8997 7584 – 8869 5723
RESCATEDENUNCIAIRREGULARIDADES EN EL PROCESOELECTORAL Y TEME SE ESTÉN GESTANDOLASCONDICIONESPARA UN FRAUDE
1. Reglas claras para la inscripción de las papeletas
Desde la fundación de nuestra Tendencia Rescate, hemos planteado la necesidad de abrir un proceso de democratización dentro de nuestra organización, con el fin de fortalecerla y acercarla más a todas y a todos los afiliados. Hemos venido planteándole a la comisión electoral vigente, que para mantener la transparencia del proceso electoral, debe realizarse un reglamento que llene los vacíos del estatuto en cuanto al accionar de las tendencias y de todos los procesos implicados en estas elecciones. Esto porque nuestro estatuto hace referencia al proceso electoral de una forma general, pero deja por fuera la definición de muchos detalles importantes para la sana realización del proceso, como por ejemplo, el financiamiento de las tendencias, la regulación de las mesas electorales, los fiscales de mesa, entre otros. Es por ello que ante la falta de reglamentación, tememos la no inscripción de la Tendencia Rescate.
2. Las hojas de firmas de la comisión electoral no cumplen con lo establecido en el art. 49 del estatuto de ANEP
Parte de lo poco que los estatutos de nuestra querida organización sí regulan específicamente, son los requisitos que deben contener las hojas de recolección de firmas para la inscripción de las papeletas. En el Art. 49 se dice:
“Para que la inscripción de una papeleta sea válida, se necesita contar con no menos de quinientas firmas de los afiliados. Las firmas que respalden la inscripción de una papeleta deberán recogerse en hojas que contengan: fecha, nombre de la tendencia, bandera, lista de candidatos definiendo los puestos, nombre completo, número de cédula, firma y centro de trabajo de quienes respaldan las tendencias. La Comisión Electoral numerará las papeletas según su fecha y hora de entrada; el número asignado será la única identificación de la misma para efectos de la comisión.” (Resaltado es nuestro)
El pasado lunes 9 de mayo, se divulgó tanto en la página web como en un afiche en una de las pizarras informativas en el local de la ANEP, el comunicado oficial de la Comisión Electoral, en el que daba por abierto el proceso electoral. En ese afiche, se transcribió el artículo 49 de los Estatutos citado, sin que se indicara que sería la Comisión Electoral la que elaboraría las fórmulas para la recolección de firmas, de hecho, el artículo no señala este aspecto.
Sin embargo, en la última reunión efectuada el día de ayer jueves 12 de mayo con la Comisión Electoral, el Presidente Sr. Rolando Fonseca, modificando las reglas publicadas, presentó el formulario en el que, según él, la comisión pretende se recolecten las firmas, el cual no cumple con los requisitos de llevar el nombre de la tendencia respectiva y los puestos de los candidatos. Cabe destacar que al final de la reunión el Sr. Fonseca nos negó la posibilidad de llevarnos un ejemplar de dicho formulario.
Esto nos demuestra la necesidad de reglamentar las condiciones en las que se llevará a cabo el proceso y nos parece un claro favoritismo a la Tendencia Trabajo, pues este grupo realizará su asamblea interna de elección de la nómina de candidatos hasta el próximo sábado 21 de mayo, lo que estatutariamente significaría que podrían iniciar el proceso de recolección de firmas hasta el lunes 23 de mayo. Sin embargo de aplicarse el formulario propuesto por el Sr. Fonseca se daría ventaja a la Tendencia Trabajo pues podría iniciar la recolección de las 500 firmas de apoyo el próximo lunes 16 de mayo sin contar con los nombres que le propondría a la afiliación.
Nuestra tendencia, respetando el estatuto de ANEP, realizó su asamblea para definir la papeleta a presentar ante toda la afiliación el día viernes 6 de mayo, con la presencia de más de 130 personas; y con base en esta elección, presentamos para aprobación de la comisión electoral las hojas que cumplen con todos los requisitos según el estatuto.
3. Rescate recolectará las firmas respetando lo estipulado en el estatuto de la organización.
La tendencia RESCATE fundamentada en el citado artículo, elaboró sus propias hojas de recolección de firmas, proceso que iniciará a partir del próximo lunes 16 de mayo.
Cabe recordar que estamos a 22 días de la inscripción, para lo cual se debe de recoger como mínimo 500 firmas. Por ello, nuestra Tendencia no encuentra justificación alguna para atrasar este proceso, e iniciará la recolección según lo que establece el estatuto. No acogeremos ningún formulario que emita la Comisión Electoral, que contradiga lo estatutariamente establecido.
Las incoherencias en la solicitud de información por parte del Sr. Rolando Fonseca, nos hace dudar de su proceder, dado que en nota enviada vía correo electrónico a RESCATE el domingo 08 de mayo, se nos convoca a reunión el día jueves 12 de mayo, asimismo solicita: “ De paso deseáramos que de ser posible para ese día nos lleven la respectiva carta de acreditación de tendencia en donde nos definan quienes va a ser los delegados propietario y suplente que los representarán en las reuniones de la Comisión Electoral ”.
En la citada reunión, planteamos que es improcedente tal solicitud, dado que según lo estipulado en el artículo 44 “A la Comisión Electoral se integrará un delegado propietario y un suplente por cada tendencia inscrita, los que asumirán su cargo inmediatamente después de que se haya declarado válida la inscripción de la misma.(…)”, y por lo tanto no podemos acreditar delegados, ya que dicho proceso es posterior al proceso de inscripción formal. Lo más preocupante de esta situación es que no vemos la voluntad necesaria por parte de la comisión electoral, de dictaminar con claridad las reglas del proceso.
Por otro lado, logramos constatar que el Sr. Fonseca está tomando acuerdos de manera unilateral, ya que según la minuta de la última sesión de la Comisión Electoral, en ningún momento se acordó solicitar los nombres de los delegados, sino únicamente solicitar dirección física, dirección electrónica, números de teléfono y facsímil a efectos de poder notificar acuerdos o resoluciones emitidas por esta comisión. Lo anterior lo aclaró la integrante de la Comisión, Jenny Esquivel, quien se lo hizo ver frente a nosotros, al Sr. Fonseca.
Dado lo anterior, solicitamos a la Comisión Electoral, que aclare públicamente las reglas del proceso electoral, y emita un reglamento, para tales efectos. Este es un paso fundamental para garantizar la transparencia de un proceso que busca ser verdaderamente democrático.
Héctor Cerdas (83-05-85-28) Laura Morúa (88-98-76-30) Susan Quirós
¡Rescatemos la ANEP con democracia y transparencia!
Con suma consternación y dolor he recibido a mi respectivo correo electrónico, comunicado de prensa suscrito por el señor Héctor Cerdas y las señoras Laura Morúa y Susán Quirós, integrantes públicos y notorios de la tendencia Rescate en donde señalan que: “Rescate denuncia irregularidades en el proceso electoral y teme se estén gestando las condiciones para un fraude electoral” sic, al respecto debo de señalar que cuando recibí el mandato dado en Asamblea General, por parte de ustedes, entendí y asumí que a partir de ese momento debía de tener un actitud integra que con honestidad, objetividad, racionalidad y transparencia me permitieran llevar a buen puerto la labor encomendada por ustedes, que consiste en velar por que la Elección de La junta Directiva Nacional próxima a realizarse en nuestra organización, se dé en un espacio imparcial y de consenso, facultados por los Estatutos que nos rigen en nuestra organización gremial.
Que además debía de convertirme en un servidor de los intereses de nuestra organización, que tenía como objeto el respetar la pluralidad de personas, credos e ideologías que integran nuestro sindicato y por ende y bajo ningún aspecto podía convertirme en paje de ningún individuo o grupo de nuestra organización gremial.
Que era consciente de manera plena y previo a tomar posición de la investidura otorgada por ustedes; que mis actuaciones e interpretaciones en ocasiones, quizás, no iban a ser del agrado de socias o socios que nos acompañan en nuestra Asociación y que por tanto debía de estar preparado para eso.
Que no obstante lo enunciado anteriormente, eso no habilita a ningún afiliado o afiliada a plantear gestión de fraude en los próximos comicios electorales a realizarse en nuestra organización.
Que para tal efecto existen grabaciones de las sesiones realizadas por la Comisión Electoral y Actas que pueden dar fe de lo actuado por mi persona, durante el desarrollo de las sesiones de la Comisión Electoral.
Que usted asociado y asociada anepista, y de acuerdo a lo regulado en el Artículo 44 de nuestros Estatutos puede solicitar y tener de primera mano no solo lo actuado por este servidor de ustedes (que son a quienes realmente me debo), sino también por las otras integrantes de esta Comisión Electoral y de esta manera poderse forma su propio criterio.
Que en este marco y en aras de mantener la nitidez y garantizar el proceso electoral próximo a realizarse en nuestra organización, rechazó de manera rotunda y contundente las aseveraciones emitidas en dicho comunicado de prensa.
Rolando Fonseca Gutiérrez Presidente Comisión Electoral
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
