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02/07/2009.- En la Constitución de Honduras de 1982, como en cualquier otra, es posible encontrar líneas que lleven a alguna contradicción en la práctica. Al igual que los escritos sagrados, no es un texto perfecto. Ha sido escrito por la mano del hombre y de algunas mujeres. No obstante es la constitución vigente en ese país y a ella hay que comenzar a referirse para el más breve análisis sobre el reciente conflicto de poderes.

Quienes secuestraron al presidente Manuel Zelaya y pusieron en su lugar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, afirman que todo el proceso fue hecho de forma legal y en respaldo a la constitución. Supongo que, como suelen hacerlo las sectas religiosas, han pasado tijera por un par de párrafos y lo han invocado para justificar toda la violencia y arbitrariedad de la que hicieron gala.

Los artículos que parecerían darles la razón a los golpistas son el 239 y el 374. En resumen, ambos dicen que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos”. Más adelante: “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República”

Pero la realidad está compuesta de varios niveles de integración. Notemos en principio que los partidarios del golpe de Estado entienden que “cesar de sus respectivos cargos” incluye (1) el allanamiento de domicilio; (2) el secuestro por la fuerza de las armas de un presidente; (3) el exilio forzado de todo un grupo, ahora disidente; (4) la desaparición de sus colaboradores; (5) la suspensión de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos (disidentes) de ese país; (6) la intervención de los medios de prensa que no les son favorables, como si no fuera suficiente tener de lado a la prensa más influyente; (7) la promoción de marchas a favor del nuevo régimen y (8) la represión violenta de los manifestantes en contra.

La discusión central debería radicar en estas y otras violaciones a los derechos humanos que comete un “proceso democrático con el apoyo unánime de la población”, definida por el presidente de facto como un ejército de “siete millones de soldados”. Por no ir más lejos con una discusión sobre las tensiones sociales, económicas e ideológicas que históricamente han sido estigmatizadas como demonios comunistas.

Pero como la disputa se ha centrado en la legalidad del golpe de estado para evitar definirlo como tal, volvamos a este punto.

La misma constitución, en el artículo 45, dice que “Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”. El artículo 2 dice que “la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria”. Y el artículo 3 complementa: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas”.

No obstante la acción del presidente Zelaya que se alega ilegal consistió en convocar al pueblo para una encuesta no vinculante que podría proponer, o no, un referéndum sobre la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones de noviembre donde él no sería ni podría ser candidato reelegible.

Esta práctica está amparada en el artículo 5 de la Ley de Participación ciudadana de 2006, según el cual es posible realizar consultas populares no vinculantes sobre una gestión o una propuesta política. El decreto 3-2006 aprobado por el mismo Congreso Nacional de Honduras, invocando “la Constitución de la República establece que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan los Poderes del Estado” y considerando que “la evolución y la dinámica del comportamiento social […] debe ser modernizada para no limitar el ejercicio de los derechos constitucionales”, establece en su artículo 5 que “la iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes: Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general […] para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante”.

Es decir, en ningún momento se intentó realizar un referéndum para reformar la constitución. Ni siquiera se propuso una consulta vinculante para promover dicho referéndum. Si las encuestas populares “no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante”, entonces no hay directa ni indirectamente un proceso de “reforma de la constitución”.

Ahora, ¿para qué sirve una Asamblea Nacional constituyente? Para redactar una nueva constitución, ya que la actual si bien reconoce que el soberano es el pueblo (no sus representantes), al mismo tiempo no reconoce que este pueblo pueda cambiar su propia constitución en lo que refiere a la forma o el período de sus gobiernos usando medios pacíficos y democráticos.

No es mi interés defender lo que siempre he criticado de los caudillos, como es su costumbre de permanecer de por vida en el poder o en sus sombras. Pero estos caudillos, esta cultura, tradicionalmente han tenido una función social específica, como lo es el mantenimiento de un statu quo que favorece a las clases dominantes. En Honduras, dueñas de los principales medios de comunicación y fabricantes de opiniones y de pasiones a su medida y conveniencia. Lo nuevo no son los caudillos. Lo nuevo son los caudillos que no responden claramente a los deseos de estas clases dominantes.

Recientemente he recibido una avalancha de correos electrónicos a favor y en contra del Golpe de Estado. Tal vez la mayoría no los leeré nunca. Algunos justifican el golpe invocando la pobreza, la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Razón por las cuales habría que dar un golpe de Estado en cada país de este mundo. Uno de estos mensajes defendía, digamos que con honestidad, su defensa a la democracia y al golpe de Estado con el siguiente argumento en mayúsculas: “No es coincidencia que el que apoya al asno de Mel [Zelaya] sean pobres, sin educación, sin criterio propio. Eso es un abuso”.

Con frecuencia una frase vale por mil palabras.

– Jorge Majfud, PhD, Lincoln University, School of Humanities, Department of Foreign Languages and Literatures.

A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE

El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO

El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.

La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.

3. EL DESENCADENANTE

La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.

B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:

1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).

2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.

3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.

4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los “poderes fácticos” que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.

C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS

1. El presidente quería imponer la democracia participativa

La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.

2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales

La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.

3. El Presidente pretendía continuar en el poder

El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.

4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país

La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.

5. El Presidente ha incumplido sus funciones

El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.

D. EL PAPEL DE LOS MILITARES

Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.

Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.

E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:

1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo

La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.

2. Sustitución versus derrocamiento

La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.

3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios

El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.

4. De candidato perdedor a presidente de facto

La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.

F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS

Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:

1. Politización partidaria de las instituciones

Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.

2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo

En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.

3. Incapacidad política para lograr acuerdos

De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.

4. Recurrencia a poderes arbitrales

Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.

5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación

Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.

G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO

Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.

Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.

Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.

Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.

•Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.

•Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.

•Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009

1) Por razones que aún no están claras, Zelaya –un político sin mayores antecedentes como líder de pensamiento avanzado- decidió imprimirle a su gobierno un curso reformista, de centro izquierda, orientado a la redistribución de ingresos a favor de los más pobres y proclive al establecimiento de alianzas con gobiernos latinoamericanos comprometidos en procesos de cambio social y político de signo democrático.

Esto suscitó la oposición feroz por parte de la oligarquía hondureña, cuyas antecedentes la retratan de cuerpo entero. Se trata de una clase social por completo insensible, extremadamente corrupta y autoritaria. El ejército –con un currículum atestado de carnicería y brutalidad- aporta aquí el complemento necesario en un cuadro que asume tintes inequívocamente dictatoriales y fascistoides.

2) La agenda reformista de Zelaya carecía, sin embargo, de una base de sustentación política lo que, en la práctica, la volvía inviable. La forma como se precipitaron los hechos en las últimas semanas –hasta culminar con el golpe- así lo demuestra. De forma mancomunada y sincrónica, confluyen en esto tanto los órganos del Estado –incluidos el Congreso, el Poder Judicial, la fiscalía y hasta el Comisionado de Derechos Humanos – como también los sindicatos empresariales, las corporaciones mediáticas, y las jerarquías religiosas católica y evangélica, además, por supuesto, del ejército. Se podría sintetizar en estos términos: Zelaya “provocó” a la oligarquía y ésta puso en marcha la totalidad de sus instrumentos de poder, en una acción concertada de grandes proporciones donde, uno a uno, se han movido todos los engranajes de su frondoso instrumental de poder.

3) Zelaya ha contado con el respaldo del movimiento ciudadano organizado en sus diferentes expresiones. Desde ahí surgía el alimento que ponía en marcha las políticas reformistas y las nuevas alianzas en proceso de estructuración. De ahí nace, hoy día, la resistencia al golpe. Pero con dos inconvenientes: no es un movimiento social suficientemente articulado y fuerte y, por supuesto, es una ciudadanía desarmada. Es lo que vemos gracias a la información que –por fuentes independientes y alternativas- nos llega: hombres y mujeres, incluso niños y niñas o personas mayores, enfrentando, a mano limpia, a un ejército armado y avituallado hasta los dientes. El resultado es el esperable: detenciones masivas; gente golpeada y herida…incluso muertes. En Honduras campea hoy –exactamente como 30 años atrás- las tinieblas del más absoluto terror.

4) De tal forma, una vez más se ratifica que para transformar la sociedad primero hay que tener poder para hacerlo. Tristemente Zelaya nunca lo tuvo porque, a su vez, los movimientos ciudadanos de base en que se ha apoyado tampoco lo tienen. En ese sentido, su caso tiene algunas similitudes con el de Allende, el presidente mártir de Chile. Por otra parte, eso es lo que, hasta la fecha, ha marcado la diferencia en los procesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. En estos países, la vía electoral tan solo ha sido el mecanismo de lucha más visible, dentro de un movimiento de cambio socio-político y cultural que nace de la gente, es decir, de la ciudadanía organizada. Pero en cada uno de estos casos, la base organizativa popular ha puesto en marcha una dinámica socio-política conducente a la construcción de instrumentos y espacios alternativos de poder. Aún así, como bien lo sabemos, la lucha ha sido dificilísima, y se han multiplicado y reiterado las amenazas de golpe de estado. El que, no obstante el asedio, los gobiernos de Evo, Chávez y Correa sigan adelante, es cosa que disgusta mortalmente a las oligarquías latinoamericanas y, por supuesto, al Departamento de Estado gringo y al capital transnacional. De ahí la agresivísima campaña contra estos gobiernos. En todo caso, resulta clave entender que ninguno de estos procesos –ni siquiera el venezolano no obstante el fuerte protagonismo de Chávez- responde a fenómenos personalistas. En cada caso hay de base, movimientos sociales complejos sin cuyo estudio y comprensión, resulta a su vez imposible entender el verdadero contenido de lo que está ocurriendo.

5) El golpe de estado en Honduras ha desnudado el talante golpista, antidemocrático, fascista, de las oligarquías latinoamericanos, incluyendo insignes representantes de la oligarquía costarricense. En ese sentido, resulta notable el siniestro liderazgo que ejerce la gran mayoría de las corporaciones mediáticas locales, ocupadas –de forma harto concienzuda- en la vergonzosa tarea de maquillar el golpe. Sin embargo, admitamos que, por esta vez, Amelia Rueda ha aportado una digna excepción. Aquí el detalle relevante es el siguiente: las oligarquías de América Latina –coaligadas con el capital transnacional- han llegado a un punto de total impaciencia frente a los procesos de cambio social que se escenifican en el continente. Están dispuestos a hacer lo que sea, y al costo que sea, para revertir la situación y recuperar la hegemonía perdida. Funes podría ser el próximo, en caso de que se atreva a desafiar a la oligarquía salvadoreña. La pregunta es: ¿tiene Funes una base de poder que le permita sostener una agenda relevante de cambio social?

6) Frente al golpismo de las derechas oligárquicas latinoamericanas, las izquierdas hemos devenido la primera línea de defensa de la institucionalidad democrática. Desde luego –y en contra de lo que afirma la propaganda- estas oligarquías, mucho más que la izquierda histórica, han sido siempre las enemigas de esa institucionalidad. Pero hoy la diferencia está mucho más clara. En especial, porque en estos momentos históricos las izquierdas del continente viven procesos de refundación que redefinen radicalmente su praxis, sus discursos y propuestas. En el contexto actual, defender la institucionalidad democrática es defender nuevas formas de organización ciudadana y participación popular que imprimen nuevos contenidos a esa institucionalidad. Es defender el derecho a una vida digna y, en último término, el derecho a la vida misma. Siguiendo a Hinkelammert, podríamos decir que aquí las izquierdas latinoamericanas reafirmar su opción por la vida, cuando las derechas clarifican su propuesta de muerte y aniquilación.

6) Las izquierdas de Costa Rica –de suyo tan dispuestas a buscar puntos de disenso y pretextos para despedazarse entre sí- hemos reencontrado un punto de coincidencia en la denuncia contra el golpe y la solidaridad con el pueblo hondureño. En buena hora. Por momentos he creído escuchar los ecos de la hermosísima lucha contra el TLC ¿No podríamos sacar de esto algunas lecciones muy básicas –lecciones de humildad y generosidad en primera instancia- y comprender que, en realidad, sí existen asuntos absolutamente cruciales alrededor de los cuales estamos plenamente de acuerdo? Repito, ojalá tuviéramos la humildad, además de la sabiduría, para hacer que este reencuentro se perpetúe y consolide.

*especial para ARGENPRESS.info

MENSAJE DESDE LA RESISTENCIA HONDUREÑA

El compañero Jorge Chavarría, coordinador de la Federación Sindical Mundial en Honduras, nos ha hecho llegar la siguiente Declaración del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) afiliado a la FSM.

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
Región América

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Afiliado a: FUTH – CUTH – BP – CNRP – FESITRAUCAMC – FSM

Teléfonos: 232-4539 – 235-3010 – 235-3011 – 235-4010 – 235-4011 – 232-2110-Ext. 223-– Fax – 235-3012
Correo Electrónico: sitraunah@yahoo.com – Apartado Postal 3310

PRONUNCIAMIENTO

1. Condenamos enérgicamente el Golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas en contra del gobierno de Honduras presidido por el Presidente Constitucional JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES, ordenado por los poderes Legislativo y Judicial y avalado por los Partidos políticos: Nacional, Liberal, Demócrata Cristiano e Innovación y Unidad (PINU).

2. Condenamos la forma violenta en que fue sacado de su residencia, por las Fuerzas Armadas, el Presidente JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES y expulsado del país hacia la República de Costa Rica, como vulgar delincuente, violándosele su investidura presidencial y sus Derechos Humanos.

3. Denunciamos que el Golpe de Estado fue inspirado y ejecutado por los grandes empresarios, terratenientes, grupos económicos, transnacionales y por las cúpulas de la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal Evangélica y con la complicidad de los grandes medios de comunicación del país, tanto escritos, radiales y televisados.

4. Desconocemos al actual gobierno de facto y usurpador conformados por grupos fácticos y mediáticos y llamamos al pueblo hondureño a llevar a la práctica el Artículo No. 3 de la Constitución de la República, que dice: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quiénes asuman funciones, empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten ó desconozcan lo que ésta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

5. Denunciamos que la oligarquía nacional y sus representantes en el Congreso Nacional, Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en contubernio con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, señor Ramón Custodio López y las Fuerzas Armadas, procedieron a darle el Golpe de Estado al gobierno legítimo presidido por el Presidente Constitucional JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES por haberse puesto a favor del pueblo hondureño, a través de las siguientes medidas:

a. Por haber modificado la fórmula de los combustibles, lo cual provocó una gran disminución en las ganancias monopólicas de las transnacionales importadoras de combustibles y, a la vez, aumentaron los ingresos del Estado en más de 8 mil millones de dólares.

b. Por haber intentado nacionalizar el proceso de importación de los combustibles, lo que fue impedido por las transnacionales con la complicidad del Poder Judicial.

c. Por haber integrado a Honduras en el ALBA y PETROCARIBE y por tener magníficas relaciones con los gobiernos revolucionarios y progresistas de América del Sur y Cuba.

d. Por haber decretado que los trabajadores públicos deben ganar un salario no menor de Lps. 5,500.00.

e. Por haber decretado que el salario mínimo de los trabajadores urbanos debe ser de Lps. 5,500.00 y de los trabajadores rurales de Lps. 4,055.00.

f. Por sus discursos y posición antiimperialista en los foros regionales y mundiales.

g. Por haber intentado hacer una encuesta, preguntándole al pueblo soberano si quiere una Cuarta urna para las Elecciones de noviembre con el fin de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución para que favorezca al pueblo y así establecer en el país una democracia no solo representativa, como la actual, sino también una democracia participativa, en la cual se le consulte al pueblo sobre las más importantes medidas del Estado.

6. Apoyamos categóricamente la posición de la ONU, OEA, GRUPO DE RÍO, ALBA y del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), así como de la mayoría de los países a nivel mundial que le están exigiendo a las autoridades hondureñas de facto, que restituyan en la presidencia de la República de Hondura a JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES, ya que es el único al que reconocen como legítimo Presidente Constitucional de Honduras.

7. Apoyamos categóricamente la decisión del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en el sentido de cerrar las fronteras al comercio con Honduras por 48 horas y a desconocer a todos aquellos funcionarios nombrados por el gobierno usurpador, para presionar a las autoridades de facto de Honduras para que restituyan al legítimo Presidente Constitucional, JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES.

8. Celebramos la decisión de los países del ALBA de retirar sus Embajadores y demás personal diplomático que mantienen en Honduras, para presionar a las autoridades de facto de Honduras a restituir en sus puesto al Presidente Constitucional de Honduras, JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES.

9. Exhortamos a la Comunidad Internacional en materia de Derechos Humanos, a vigilar que se respete los Derechos Humanos de los miembros del Gabinete de Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, así como también de todos aquellos que apoyaron y apoyan al Presidente Constitucional de Honduras, JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES.

10. Condenamos y denunciamos la brutal represión que desataron el día lunes 29 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en contra de miles de manifestantes que se habían apostado frente a la Casa Presidencial, por el único delito de exigir la restitución del Presidente Constitucional de Honduras, JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES.

11. Exigimos a las autoridades hondureñas de facto, a respetar los derechos humanos y garantías individuales del pueblo hondureño y de la familia del Presidente Constitucional de Honduras, JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES.

12. El SITRAUNAH DECLARA que es independiente del Estado, de los Partidos Políticos y del Patrono, pero también reconoce todas aquellas medidas realizadas por el gobierno del Presidente Constitucional de Honduras, JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES, a favor de nuestro pueblo.

13. Condenamos y denunciamos la aplicación de la “Ley de Mordaza” contra nuestros medios de comunicación que se han identificado con los intereses del pueblo y afines al Presidente Constitucional de la República de Honduras, JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES y a la persecución contra los periodistas de estos medios.

14. El SITRAUNAH exhorta al movimiento sindical y popular y en general a nuestro pueblo, a manifestarse a nivel nacional hasta la restitución en su puesto del Presidente Constitucional JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES-

¡POR LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL!
¡NO A LOS GOLPISTAS!
¡NO A LA REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN DE NUESTRO PUEBLO!
¡POR LA RESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS HONDUREÑOS, JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES!

¡VIVA MORAZÁN!
¡VIVA SANDINO!
¡VIVA BOLÍVAR!
¡VIVA MARTÍ!

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de julio de 2009

SITRAUNAH
FUTH CUTH BLOQUE POPULAR CNRP FESITRAUCAMC FSM

ESPECIAL HONDURAS :
en www.michelcollon.info – Investig’Action

TESTIMONIOS :

Ninoska Benitez – Carta desde Honduras

Mabel Marquez – Se reúnen movimientos sociales y populares hondureños

Wendy Cruz – La resistencia interna se organiza

Marvin Palacios – Exigen repatriación del presidente Zelaya

Michel Collon y Cédric Rutter – Breves 2 de Julio

Michel Collon y Cédric Rutter – Breves 30 de junio

Gobierno – Comunicado gabinete del gobierno de Honduras en la resistencia

ANALISIS :

Frank Molano Camargo –El campo de la lucha de clases en el país Centroamericano

Albino Vargas Barrantes – La naturaleza golpista de las oligarqias latinoamericanas

PAPEL DE LOS EE.UU. :

Stella Calloni Un mensaje de los halcones de Washington

Observatorio Social Centroamericano – Intereses Transnacionales farmacéuticos implicados en golpe

Mark Weisbrot – L’Amérique latine pousse Washington à soutenir à contrecoeur la démocratie au Honduras

MEDIOS :

Andrés Sallari – El golpe de la censura

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez – Es indispensable una Cumbre Latinoamericana sobre Comunicación

Thierry Deronne – Victoire diplomatique à Managua, défaite du Monde à Paris

Yvke Mundial – Por confirmar supuesta renuncia de algunos jerarcas militares

“Aquí no hay salida jurídica posible. La solución debe ser política”. La frase de un diputado hondureño en un diálogo con Clarín define con precisión el atolladero en el que se encuentra este empobrecido país centroamericano de poco más de 7 millones de habitantes. Y es que los atropellos legales han sido tantos, que un eventual retorno al poder del destituido presidente Manuel Zelaya deberá ser producto de un prolijo mecanismo de presión y negociación que deje a todos o a casi todos con las manos llenas o al menos no tan vacías.

El diputado del Partido Liberal, no muy “zelayista”, pero opositor al golpe prefirió guardar su nombre en reserva para no entorpecer las negociaciones que está llevando adelante entre sus pares para, precisamente, encontrar una salida a esta crisis.

“Deberá haber una sólida presión política de la comunidad internacional para hacerle entender al actual gobierno que no hay ninguna posibilidad de que sea reconocido y que va a llevar al país al aislamiento no sólo político, sino también económico”, explica a Clarín. Y que el retorno al poder de Zelaya es una condición que no se negocia. De allí en adelante, todo puede ser posible.

Hasta hoy, el gobierno de Roberto Micheletti parece no haber tomado nota de la virulenta reacción internacional en contra del golpe y cree que con los apoyos internos en particular de los grandes grupos económicos, los medios de comunicación y las marchas en su favor podrá jugar al desgaste de la presión internacional, con el objetivo de llegar a las elecciones de noviembre próximo y a la asunción del nuevo gobierno, en enero de 2010.

Si eso ocurriera, dijo a Clarín una alta fuente de la cancillería hondureña, no habría ningún motivo para que la OEA y los organismos internacionales dejen de reconocer al presidente electo y levanten las eventuales sanciones.

El diputado que trabaja con un grupo de sus pares, incluso algunos que votaron la destitución de Zelaya y ahora comienzan a retroceder plantea que el retorno del derrocado presidente debe ser con condiciones, para “todos los bandos en disputa”.

Para ellos, Zelaya debe asumir públicamente que abandonará por completo cualquier intento de reflotar el referéndum que permita reformar la Constitución para forzar una posible reelección, el argumento esgrimido por Micheletti y compañía para dar el golpe, aunque luego comenzaron a admitir que el giro a la izquierda de “Mel” era lo que los preocupaba.

También sostiene este grupo de diputados bajo la supervisión internacional Zelaya debería convocar a un gran acuerdo nacional, al diálogo y a la pacificación del país. Pero lo que es más importante afirman es que en ese marco debe haber un “blanqueo político” de lo que ha ocurrido hasta ahora.

Esto significa que deberían suspenderse las órdenes de captura contra Zelaya, pero también que habrá garantías para los golpistas de que no afrontarán consecuencias por el despropósito que cometieron el domingo pasado.

Con todo, en este escenario deberán rodar cabezas y las primeras en la fila deberían ser las de Micheletti y la del jefe de las fuerzas armadas, el general Romeo Vásquez Velázquez, el hombre que encabeza una fuerza que a punta de pistola y en pijamas sacó a Zelaya de su casa y lo mandó a Costa Rica en un avión.

Otra posibilidad que baraja este grupo y que también analizan diplomáticos de la región acreditados en Honduras es que regrese Zelaya y se adelanten las elecciones unos meses, para descomprimir la situación y que el nuevo presidente que no será zelayista ni mucho menos comience una nueva etapa.

Todos estos escenarios implican racionalidad y cierta capacidad de negociación, algo que por el momento no ha demostrado el gobierno de facto de Micheletti, aunque habrá que ver qué ocurre desde el sábado, cuando venza el ultimátum de la OEA.

Con todo, los golpistas dejaron en claro su posición el lunes, por boca del nuevo “canciller”, Enrique Ortez Colindres. Cuando en un popular programa periodístico de la TV hondureña le preguntaron por las reacciones internacionales frente al golpe de Estado, dijo sin reparos que no le atribuía importancia alguna a la OEA y a “los otros grupitos que andan por ahí”, le pidió a José Luis Rodríguez Zapatero que “vuelva a sus zapatos” y aseguró que no iba a hablar de El Salvador “porque no vale la pena hablar de un país tan chiquito, en el que no se puede jugar al fútbol porque la pelota se cae a otro país”. Pero fue por más al definir al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como “ese negrito que no sabe nada de nada”.

Acto seguido, los golpistas presentaron al Parlamento una fraudulenta carta renuncia del presidente, que sirvió de pretexto para la nominación de un sucesor.

Políticos y empresarios que en el pasado fueron el principal sostén de las dictaduras que oprimieron al pueblo hondureño, constituyen el núcleo duro de esta asonada antidemocrática. Han declarado el estado de sitio e iniciado una feroz represión contra la mayoría ciudadana que respalda al Presidente Zelaya.

Una vez más, lo que en realidad aterra a los poderes fácticos de Honduras y de toda América Latina, es que se consulte, escuche y respete la voluntad del pueblo.

La afirmación que el presidente Zelaya buscara su reelección no es sino una mentira, fórmula histórica de todos los golpes contra las democracias por casi 200 años en Latinoamérica.

En el caso de respuesta positiva a la consulta -que debía realizarse el 28-6-09-, se realizaría un plebiscito paralelo a las próximas elecciones ordinarias – convocadas para el 29 de noviembre de 2009- en el que los hondureños tomarían la decisión soberana de convocar o NO a una Asamblea Constituyente, la que se instalaría después del término del actual período constitucional. Por lo tanto, las resoluciones parlamentarias y judiciales que declararon la consulta como “ilegal” e “inconstitucional” no tienen sentido alguno. Siempre un presidente puede consultar informalmente a su pueblo, aunque las respuestas no fuesen obligatorias (“no vinculantes”) hasta que sean adoptadas por los procedimientos constitucionales.

En el acto previsto para el domingo pasado ni se imponía una Constitución sin discusión (fórmula Pinochet), ni se elegía una Asamblea Constituyente. Sólo se consultaba la voluntad popular sobre posibilidad de plebiscitarla.

La motivación de las fuerzas conservadoras hondureñas nos resulta familiar en Chile. Es un dato históricamente confirmado que con su derrocamiento, el 11 de septiembre de 1973 los conspiradores civiles y militares evitaron que el presidente Allende convocara a un plebiscito, que sería anunciado ese mismo día.

La Constitución vigente en Honduras es tan ilegítima como la chilena. Fue impuesta el 21 de enero de 1982, durante la dictadura del General Policarpo Paz García, quien había usurpado el poder en 1978. Una semana después entregó la Presidencia al civil Roberto Suazo Córdova y el poder efectivo al General Gustavo Adolfo Álvarez. Ambas Constituciones consagran posibilidades de plebiscitos, pero en condiciones y en circunstancias tan limitadas, que lo hacen imposible.

Siguiendo a la de Pinochet, la Constitución hondureña hace prácticamente imposible su reforma, pues no sólo exige quórum tan altos como la chilena, sino que –además- algunas de sus disposiciones no pueden ser modificadas ni aún por consenso unánime del parlamento ni de todos los ciudadanos. Dentro de las normas que “no podrán modificarse, en ningún caso” (artículo 374) se cuentan aquellas relativas a los procedimientos para su reforma y la que prohíbe que un ciudadano que ha ejercido la Presidencia de la República postule para el período siguiente o para cualquier otro.

En la redacción de ambas constituciones no participó ningún demócrata y el intento fue mantener instituciones anacrónicas y antidemocráticas. Policarpo Paz y Augusto Pinochet son los constituyentes únicos y perpetuos de sus pueblos.

En las condiciones descritas, la consulta que el Presidente Zelaya hizo al pueblo es plenamente legítima. No atenta contra precepto alguno de la cuestionada Constitución; es profundamente democrática, pues sólo persigue escuchar al pueblo en un tema vital para su destino, como es su Carta Fundamental. El procedimiento de consulta informal utilizado por el Presidente Zelaya en nada difiere del que convocaron los estudiantes colombianos, consistente en incluir en el marco de las elecciones generales del 11 de marzo de 1990, una papeleta adicional consultando sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La gran cantidad de estas papeletas forzó al Presidente Barco a llamar una consulta el 27 de mayo del mismo año, en el que el 87% del electorado votó por el Sí a una Asamblea de este rango.

El Movimiento por una Asamblea Constituyente en Chile ha convocado a la ciudadanía para que manifieste su voluntad democrática en las elecciones de Presidente, senadores y diputados de diciembre próximo, oportunidad en que cada elector puede anotar las palabras ASAMBLEA CONSTITUYENTE en la misma cedula en que vote por el candidato de su preferencia. Conforme a lo dispuesto en los artículos 65, 71 y 72 de la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones Populares y Escrutinios, esas cédulas son válidas y las preferencias del elector son respetadas. Este procedimiento, junto a todas las múltiples iniciativas de difusión y movilización que realicen los chilenos dentro y fuera del país, demostrará que existe una clara mayoría de ciudadanos que no acepta arrastrar la vergüenza histórica de continuar -por más de cuarenta años– sometidos a un Bando que en 1980 emitieron cuatro generales con el nombre eufemístico de “Constitución Política del Estado”.

De esta forma sumamos nuestras voces a la comunidad internacional que se solidariza con el Presidente Zelaya y exige su inmediata e incondicional restitución en el cargo, así como el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este nuevo y abominable crimen perpetrado contra el pueblo hondureño.

* Especial para el Reporte Diario, publicado originalmente en la Revista: El Mostrador.cl

[1] Gustavo Ruz Zañartu Roberto Garretón Merino integran, en Chile, el Comité de Iniciativa para una Asamblea Constituyente.