ANEP denuncia usurpación institucional en campaña electoral

Las correspondientes autoridades institucionales al máximo nivel, si bien no pudieran disimular sus simpatías políticas, ya sea genuinas o ya sean impuestas por el poder dominante; deben, en grado sumo, asumir una gran labor de vigilancia, de oposición y de censura, para frenar la difusión de mensajes propagandisticos que, por ejemplo, mal utilicen la estructura institucional de correos electrónicos.

Se desprestigia la noble gestión de servicio público cuando se le da a ésta un contenido electoralista en estos tiempos de elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por ejemplo, debería actuar de oficio cuando estas presuntas anomalías se detectan desde las respectivas entidades públicas. Pero parece que es mucho pedir en este caso.

Instamos a todos los servidores públicos y a todas las servidoras públicas que detecten tales situaciones, a que las denuncien inmediatamente, como se está actuando en el IMAS que es el primer caso de denuncia abierta que recibimos en la ANEP; donde, presuntamente, la tendencia de la señora Laura Chinchilla habría enviado un mensaje politico pidiendo respaldo para su candidatura y alguien le habría proporcionado la lista electrónica de todo el personal institucional. Nos consta la calidad moral y ética de doña Laura, pero si su comando de campaña está procediendo de tal forma, está cometiendo un grave error. El señor Presidente Ejecutivo del IMAS, tiene la palabra.

El texto abajo es la denuncia que llegó a la ANEP y protegemos la identidad de la persona funcionaria que nos la envió.

San José, 3 de junio de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

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Buenos días don Albino!

La carta adjunta, fue enviada por la tendencia de Laura Chinchilla a la mayoría de los funcionarios de la Institución, llama la atención que fue enviada masivamente, para lo cual se utilizó la plataforma instalada de la institución, si bien es cierto al parecer no sale de un correo del Imas( ¿?) si se utilizó la base de datos del IMAS, que contiene las direcciones electrónicas, alguien las suministró. Creo que aplica un grado de corrupción y uso indebido de recursos del Estado. Es posible que se halla enviado a otras instituciones. Le comunico esto porque a la comunidad institucional le ha molestado el asunto y se desea un pronunciamiento público o de parte de la Anep al respecto.

Que esté bien.

Libertad Sindical: Presidente y Ministro de Trabajo deben cumplir

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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“Para el Gobierno de Costa Rica no hay, ni puede haber, concesiones en la protección de los derechos de los trabajadores”. (…) “Antes bien, deseo expresar aquí el compromiso de mi Gobierno, no sólo con la preservación y regulación del derecho de la convención colectiva, sino también con la aprobación de una reforma laboral que agilice los procesos judiciales para tutelar los derechos de los trabajadores”. (…) “Quiero que Costa Rica continúe siendo, ante todo, un país de derecho, en el que se respeten siempre las decisiones de los tribunales, pero en el que también éstos se encarguen de hacer realidad el principio de justicia pronta y cumplida para todos los trabajadores”.

Tres años después, usted no ha cumplido su palabra, señor Presidente y Costa Rica continúa deshonrando su pertenencia a la OIT. El Gobierno le miente a este organismo internacional, con el cual tiene cuatro compromisos pendientes:
a) Aprobación legislativa del proyecto de ley 13.475 para, entre otros aspectos, proteger más el derecho constitucional de libre sindicalización, especialmente en la empresa privada.
b) Aprobación de la reforma procesal laboral y así impulsar el principio de justicia pronta y cumplida para la clase trabajadora (expediente legislativo 15.990).
c) Ratificación de los convenios 151 y 154, que posibilitan la negociación colectiva de trabajo como la define OIT.
Y d) Una reforma constitucional en esta materia de negociación colectiva.

Señor Presidente: Su Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Lic. Francisco Morales Hernández, don_ “Chico”_, es también responsable del engaño que el país le hace a la OIT. Don “Chico” “olvidó” (curiosamente), mencionar en su columna periodística de ayer, lunes 1 de junio, publicada en este medio, que dentro de los “Compromisos OIT” (así tituló él su comentario), está el proyecto de ley 13.475, para mayores garantías al trabajador en cuanto a la libre sindicalización. Don “Chico” tampoco está jugando limpio ante la OIT, pese a que con fecha 27 de enero de 2009, le envió una carta al Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, pidiéndole al Gobierno agilizar la tramitación parlamentaria de esos compromisos pendientes con la OIT, especialmente el proyecto 13.475.

En su carta a don Rodrigo Arias Sánchez, don “Chico” dijo esto: “Así las cosas y teniendo en cuenta los problemas apuntados por la OIT, en atención a reiteradas denuncias incoadas por organizaciones sindicales nacionales e internacionales, contra el Gobierno de Costa Rica, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en general, para el Gobierno de Costa Rica, sería de gran interés y conveniencia, iniciar un debate en sede legislativa, con miras a una eventual aprobación de los proyectos normativos citados”. Más claro no canta un gallo. Pero molesta profundamente que don “Chico”, ahora, pretenda engañar, confundir, manipular, a la fracción parlamentaria oficialista sobre la obligatoriedad del país de convertir en ley ese proyecto 13.475, cuando él mismo sabe que este proyecto es parte de la deuda de Costa Rica con la OIT.

Usted, señor Presidente, tiene una deuda política, moral y legal con Ricardo Herrera Porras, Rebeca Mena Mena, Disney Martin Mena Mora, Daniel Brenes Brenes, Oscar Ampié González, Sergio Vanthorn Brenes, Juan José Flores Salazar, Alexander Torres Benavides y William Cordero Múñoz, a quienes usted no conoce. Son personas trabajadoras de la seguridad privada que estaban trabajando para la firma Consorcio de Información y Seguridad S. A. Ellos perdieron su empleo, por la sencilla razón de que decidieron ampararse en el artículo 60 de la Constitución Política y se organizaron sindicalmente para la defensa de sus intereses económico-sociales.

Pero ellos no son los únicos en sufrir el despido antisindical. Todos los días pasa y en los más diversos sectores productivos. Hay que parar esto. Si el proyecto 13.475 ya fuera ley de la República, estas personas trabajadoras no habrían sido despedidas por querer sindicalizarse y lo que usted le dijo a la OIT, hoy hace tres años, les hubiera servido para su defensa. Pero, todavía usted está a tiempo, señor Presidente, de honrar su palabra, aunque ahora su propio Ministro de Trabajo, don_ “Chico”_, crea que es posible seguirle mintiendo a la OIT. Al menos, señor Presidente, dígale a sus diputados que ese proyecto debe ser votado y convertido en ley de la República.

«Arias no tiene ningún interés en diálogo nacional»

Vargas dijo que una propuesta que le hicieron los sectores sociales hace tres semanas para convocar a un diálogo y discutir las propuestas de salida a la crisis propuestas por diversos actores (empresarios, cámaras, sindicatos, cooperativas, etc) fue rechazado de plano por el gobierno.

Vargas es uno de los líderes del grupo de organizaciones que el 24 de abril propusieron “10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, en un acto al que asistieron los pre candidatos presidenciales de las principales organizaciones políticas del país.

Luego de ello, el gobierno de Arias invitó a los líderes sociales a casa presidencial para escuchar la propuesta, pero rechazó el pedido de convocar a un diálogo nacional para buscar una salida conjunto a la crisis.

Arias ya no cree en la democracia

Vargas dijo que el problema con el presidente es que antes decía que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia, pero que ya abandonó ese punto de vista.

“Nosotros le dijimos al gobierno, somos una parte de los sectores sociales y productivos, no somos todos, por tanto no tenemos autoridad moral para arrogarnos una representatividad que no tenemos, y lo que el gobierno debería hacer, les dijimos, es llamar humildemente a un diálogo nacional, llamar a los diversos sectores y que como país se discutiera una salida a la crisis”.

“Pero, el gobierno no cree en eso, don Oscar que antes decía que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, ya dice que no piensa eso. Y autorizó, como lo cuenta don Alberto Salom, en la última conversación que tuvieron los diputados del PAC con el presidente, para que dijera que ya él (Arias) había cambiado de opinión. Ya don Oscar no cree que los problemas de la democracia se resuelve con más democracia”.

Nunca hubo grandes expectativas

“En todo caso, nosotros nunca tuvimos grandes expectativas sobre la respuesta del gobierno al diálogo. Nosotros fuimos al gobierno, como a cualquier otro sector a exponer nuestro planteamiento. El gobierno no tiene ningún interés en escuchar a nadie, es verticalista. Ellos consideran que ellos tienen las soluciones”
, aseguró Albino Vargas.

Vargas dijo que “con este gobierno no vemos que tomen en cuenta nuestras propuestas. Habrá que esperar el cambio de gobierno. Eso está clarísimo”.

En ese sentido destacó la reunión que sostuvieron ayer martes con el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, para conversar sobre esas medidas que gozan de mucho interés del principal líder de la oposición.

Vargas dijo que el partido Frente Amplio también apoya las medidas, y que don Johnny Araya, pre candidato del PLN, dijo que tenía interés en reunirse con los sectores sociales.

Fuente: Informa-tico. com

Zelaya expresó que no será cómplice del error de la OEA de expulsar a Cuba




Presidente Zelaya de Honduras, sobre el ALBA

Declaraciones de Patricia Rodas, Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, sobre la OEA y Cuba




Patricia Rodas 1




Patricia Rodas 2

Zelaya se manifestó en la inauguración del trigésimo noveno período de la Asamblea de la OEA.

El mandatario señaló que es necesario defender el futuro con integridad y democracia y para ello es fundamental “derogar lo actuado” en el pasado.

Por otro lado, el presidente hondureño, afirmó que la OEA ha servido a los intereses de Estados Unidos.

Además, indicó la importancia de fortalecer los procesos regionales y destacó las propuestas de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, señalaron que esperan que la OEA anule la resolución que excluyó a Cuba.

Finalmente y por otro lado, la secretaria de Estado de Estados unidos, Hillary Clinton, dijo que su país está abierto a que Cuba vuelva al sistema interamericano, pero puso como condición que cumpla con los estándares democráticos de la región.

Fuente: Agencia PÚLSAR de noticias

Día Mundial del Medio Ambiente: Manifestación frente al MINAET

Esta manifestación forma parte de la jornada de movilización nacional que realizarán los movimientos sociales y comunitarios, ante el favorecimiento que ha dado este gobierno a grandes empresas y megaproyectos en perjuicio del derecho humano al ambiente sano de miles de personas.

Estamos cansados ya del doble discurso de Paz con la Naturaleza, que en la práctica ha sido una GUERRA contra el ambiente e inclusive la salud, tanto humana como animal.

Las comunidades de Milano, La Francia, Luisiana y El Cairo en Siquirres, tienen dos años y medio de estar recibiendo agua en camiones cisterna, esto debido a que el agua de sus ríos y nacientes está contaminada con los agroquímicos que lanza una finca piñera de la transnacional Del Monte S.A.

El Estado no ha responsabilizado a la empresa por los daños causados durante tanto tiempo a las comunidades, y peor aún, la contaminación producida por la empresa piñera en el agua aumentó ocho veces más, tal como lo corroboró el Tribunal Ambiental Administrativo el pasado 19 de mayo.

A su vez, la misma empresa Del Monte S.A. enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por daños ambientales en la zona sur del país, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

Por lo tanto, manifestémonos este 5 de junio para exigirle al gobierno cumplir con su deber y detener los proyectos que afectan el medio ambiente y que atentan contra el derecho humano a un ambiente sano.

A su vez, como FRENASAPP exigimos que se le haga cumplir la legislación ambiental a las empresas piñeras, ya que la mayoría están operando al margen de la legislación existente.

Lugar: MINAET (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones). Avenida 8 y 10, calle 25. Del Edificio de la Corte Suprema de Justicia 200 E, frente a la Iglesia Votivo Corazón de Jesús.

Hora: 9 a.m.

Y a las 10 a.m…. nos estaremos desplazando a la Sala IV…

Seccional solicita información sobre 250 nuevas clases de puestos

San José, 01 de junio del 2009

STS-001-2009

Licenciada
Maryurie Mora González
Directora
Presupuesto Nacional
Autoridad Presupuestaria
Su despacho

Estimada Licenciada:

Es de nuestro conocimiento que al Ministerio de Salud se le han aprobado 250 nuevas clases de puestos para el año 2009, para ampliar la plantilla del recurso humano en la Área Rectoras de dicha entidad.

Por lo anterior le solicitamos e la manera más atenta, se nos facilite la información sobre la cantidad de puestos, la clase de puestos y la asignación presupuestaria aprobada por la Autoridad Presupuestaria al Ministerio de Salud, con el objetivo de informar a nuestra membresía de trabajadoras sociales quienes nos han solicitado nuestra intervención en este caso para un mejor manejo de la información y evitar posibles malentendidos.

Agradeciéndole su fina atención, con el respeto de siempre,

Atentamente;

Msc. Zaida Sánchez Rojas
Secretaría de Organización
Seccional ANEP-Trabajadoras Sociales-Ministerio de Salud

NOTIFICACIONES: Al apartado 1784-2100, Guadalupe, a nuestro correo electrónico seccionaltrabajadorassociales@anep.or.cr, y/o al fax 2257-8859.

C.c.
Junta Directiva Nacional de ANEP
Guillermo Murillo Castillo, Promotor responsable ANEP-Ministerio de Salud
Trabajadoras Sociales del Ministerio de Salud
Archivo

Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios en la corriente Legislativa

El texto base de este proyecto de ley fue elaborado con participación de 53 comunidades costeras, pesqueras e isleñas, agrupadas en el Frente Nacional de Comunidades Afectas por Políticas de Extinción, y acogido para su trámite por el Diputado José Merino del Río del Frente Amplio, junto a legisladores del PLN, PUSC, PAC, Movimiento Libertario y Restauración Nacional.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley estas comunidades enfrentan la amenaza de expulsión de sus tierras, la destrucción y sobreexplotación de los ecosistemas naturales, la pobreza extrema y la falta de oportunidades, entre otros aspectos.

Por esa razón se pretende innovar la legislación, creando una categoría de protección para comunidades costeras, reforzando la coexistencia de la conservación de los recursos naturales y las actividades productivas sustentables como la pesca artesanal, el turismo rural comunitario y las pequeñas empresas familiares y de la economía social.

El establecimiento de una categoría especial de protección permitiría “la preservación de la cultura, las costumbres y las tradiciones de las comunidades locales que habitan en nuestras costas e islas y el mejoramiento de su calidad de vida, en plena armonía con la protección del ambiente y los ecosistemas naturales”, dice el texto.

Se propone en el proyecto que los Territorios Costeros Comunitarios sean administrados por las Municipalidades, a través de órganos desconcentrados del gobierno local, constituidos con una participación directa de las comunidades, y que tengan sus propios planes de ordenamiento territorial.

Se contempla también la creación de un régimen especial de concesiones para fines de vivienda y el desarrollo de actividades productivas sustentables, que estarían fuera del comercio, por lo que serían inembargables e intransferibles, “salvo por herencia entre las mismas personas pobladoras”.

Proyecto de Ley

Formaron sindicato y terminaron despedidos

Así lo denunciaron a DIARIO EXTRA, los ahora ex empleados de la firma de seguridad que da servicio a varias instituciones estatales, entre ellas el Registro de la Propiedad, donde se desempeñaban.

Ricardo Herrera, quien había sido nombrado como presidente de la seccional comentó que los documentos de conformación del sindicato, fueron presentados al Ministerio de Trabajo el pasado 12 de mayo, pero el 25 de ese mismo mes, fueron despedidos.

“Nosotros estamos planteando la denuncia ante el Ministro de Trabajo y ante el Juzgado de Trabajo, por que creemos que se nos están violando nuestros derechos laborales al no permitirnos ejercer libremente el sindicalismo”, dijo.

Sergio Vanhorn, otro de los afectados, indicó que lo único que buscaban era presentar a la empresa algunas propuestas para mejorar las condiciones laborales, pero sus superiores les advirtieron que los sindicalistas no eran bienvenidos en ese lugar.

“Es cierto que está es una institución privada, pero a los trabajadores se les deben respetar sus derechos y uno de ellos es ser sindicalista”, recalcó el trabajador.

Herrera, agregó que los jerarcas de instituciones publicas deben revisar con lupa el cumplimiento del convenio 94 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de las garantías sociales y laborales.

CLARA PERSECUCIÓN

Consultado sobre el tema, el especialista el derecho laboral, Eric Briones Briones, explicó a DIARIO EXTRA que este es un claro ejemplo de prácticas antisindicales.

“Desde el momento en que los trabajadores deciden conformar un sindicato, tienen protección de fuero sindical. Esto significa que no pueden ser despedidos por ese motivo”, recalcó.

La única razón por la que estos trabajadores podrían ser despedidos es que incurrieran en alguna causal contemplada en el artículo 81 del Código de Trabajado, como por ejemplo: presentarse a laborar borrachos, faltarle el respeto a sus patronos o compañeros, pero nunca por conformar un sindicato, “la reorganización de personal no es una causa contemplada en el artículo 81 del Código de Trabajo, esto que pasó es un despido totalmente injusto e ilegal que atenta contra los derechos colectivos y la libertad sindical”, insistió.

Briones recomienda que en estos casos, los trabajadores pidan la reinstalación a su puesto de manera inmediata, ante los Tribunales de Trabajo, pero antes deben demostrar que fueron despedidos por agruparse sindicalmente.

Aunque los trabajadores pueden presentar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, este órgano no puede ordenar al reinstalación de nadie. DIARIO EXTRA trató de conocer la posición del gerente general de la empresa, Agustín Guillén, pero en su oficina se nos indicó que no se encontraba. Tampoco devolvió el mensaje que se le dejaron.

Fuente: Diario Extra
MARIETTA ESPINOZA M
mespinoza@diarioextra.com
Foto: Juan Carlos Rubí

El viaje del Presidente Monge

Mediante, la denominada “operación verdad”, buscaría conseguir adicionalmente, ayuda económica para el país.
El Presidente en ejercicio, Fait Lizano, ante la ausencia del mandatario, tendría muchas sorpresas.

El sindicalismo costarricense cupular, representado entonces por las cuatro centrales: CATD, CCTD, CUT y CTC, habían elevado a la primera magistratura, un pliego de peticiones que abarcó los principales problemas de los trabajadores y del pueblo costarricense. Con amenaza de paro incluida.

Por otra parte, los trabajadores bananeros de la_ “United Brands“_, en Golfito, inquietaban a la burocracia de la transnacional con sus peticiones. Fue el inicio de lo que sería una prolongada huelga de 72 días en la zona sur del país.

Igualmente, era perturbado el ambiente laboral en la zona bananera de Río Frío.

Además, líderes de la lucha contra el tarifario eléctrico, que exitosamente organizaron al país en 1983, replantearon sus nuevas demandas.
Para colmo de males, e irritación en Casa Presidencial; estremeció el entorno en esos días el atentado terrorista de la_ “Penca“_, que cobró vidas humanas e hirió de gravedad a trabajadores de la prensa nacional y extranjera.

El atentado tuvo como objetivo a Pastora, el ambivalente comandante nicaragüense y a su Estado mayor.

El Presidente Monge que estaba en Madrid, España, recibió la noticia “perdió los estribos; primero dijo que era obra de los sandinistas, luego dijo que detuvieran a Pastora, luego ordenó que no lo detuvieran. Naturalmente el acto terrorista subrayó algo que Monge quería ocultar, la utilización que hacen los mercenarios del territorio costarricense, como lo citó el periódico Libertad.

¡Vaya lío para Monge! En efecto, el mandatario costarricense, tenía que demostrar al mundo la validez de su proclama de “Neutralidad perpetua y no armada “, anunciada con bombos y platillos solo meses atrás.
En medio de aquel zipizape, la ANEP, iniciaba el 25 de mayo de l984, un paro de labores con dos mil trabajadores del Sistema Penitenciario Nacional, luego otro, el 31 de mayo para exigir el pago de la escala salarial adeudada a esos funcionarios, desde el año 1983.

Estos movimientos de paro y protesta, alentarán a la Organización y sus trabajadores y trabajadoras del Sistema de Seguridad a una nueva lucha: la huelga de Adaptación Social., que inicio el día 18 y culminó nueve días después el 26 de junio.

Una huelga violentada y reprimida. Un movimiento en el corazón de la seguridad del Estado. Una huelga sin precedentes, que desgarró de un zarpazo, el aparente e incólume edificio concertado entre la Administración Monge y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El movimiento conquistó el derecho a la Escala salarial de los funcionarios, y las anualidades correspondientes al salario base, además el reconocimiento de 800 colones por concepto de Riesgo policial, y la gestión de la Administración para incluir, mediante norma presupuestaria el beneficio del Sistema de pensiones del Registro Nacional a todos los funcionarios de Adaptación Social.

En la prolongada ausencia del Presidente Monge, es probable que tuvo muchos dolores de cabeza, por los acontecimientos en el país.
Por las andanzas del grupo Arde y la CIA en la frontera norte, por las exigencias del sindicalismo convergente y unitario.

Pero fue talvez, la afectación mayor, fue como la ANEP y los trabajadores de Adaptación Social, se atrevieron a violentar en una huelga de nueve días, la sacrosanta negociación con la Banca acreedora del FMI, y trastocar el no reconocimiento de pluses salariales para los funcionarios del sector público.

De ahí, que la represión no se hizo esperar. Cárcel para más de medio centenar de huelguistas, tanto hombres como mujeres el día 22 de junio, elevación a juicio de otra tanto por los oprobiosos artículos 333 y 334 del Código Penal.

En ambos sucesos, la ANEP y los trabajadores salieron airosos, gracias a la conducción política y destreza jurídica de Mario Blanco Vado y Ligia Arce, abogados de la ANEP.

En el proceso de la huelga, fue también valioso la intermediación de 28 diputados que pedían la negociación y la oportuna participación de Monseñor Arrieta como jerarca de la Iglesia Católica de San José.

El día 26 de junio se conmemora el XXV aniversario de la finalización de esta huelga emblemática de la Anep.

Libertad Sindical: Incumplimientos de Costa Rica ante la UE

CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS
CSJMP

San José, Costa Rica, América Central
Teléfonos 233 02 33 – 256 13 60 Fax 255 88 59 – 256 16 93 E-mail: info@anep.or.cr

San José, 1º de junio de 2009

Baronesa
Catherine Ashton
Miembro de la Comisión Europea
B-1049
Bruselas

Estimada señora:

Desde Costa Rica, América Central, reciba usted un cordial y respetuoso saludo de parte de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), Confederación Sindical inscrita en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bajo el expediente número 867-SL, al tomo 16, folio 27, asiento 4476 de 26 de noviembre de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 10 de marzo de 2009.

Como es de su conocimiento, desde hace ya varios años hemos solicitado a esta Comisión, proceder a conocer nuestra formal queja por las constantes violaciones a la normativa laboral de OIT, específicamente en cuanto al incumplimiento y no aplicación adecuada de los convenios Nos. 87, 98, 135 (entre otros), violentando los requisitos establecidos en el Sistema Generalizado de Preferencias Plus de la Unión Europea.

Conocemos su atenta comunicación de fecha 17 de febrero del 2009, en la cual le manifiesta al Stephen Hughes, del Parlamento Europeo, la decisión de esta Comisión de continuar monitoreando de cerca a nuestro Gobierno para determinar si tales incumplimientos existen, para lo cual solicitamos se abra un proceso de investigación al amparo del Reglamento (CE) No. 980/2005.

Presentamos esta nueva solicitud en virtud de que desde hace ya varios años, Costa Rica enfrenta quejas formales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), precisamente por la no aplicación de estas normas, sin que haya realizado las reformas legales que reiteradamente han sido solicitadas por esa Organización Internacional para cumplir con los convenios internacionales relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva, y, adicionalmente, continúan produciéndose graves violaciones a la libertad sindical.

A. Reformas legales pendientes para la tutela de la libertad sindical

Fruto de las constantes denuncias de sindicatos ante OIT, en el marco de las Conferencias del 2006, 2007 y 2008, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT señaló con preocupación que Costa Rica arrastra problemas graves relativos a la lentitud e ineficacia de los procedimientos de recurso en caso de actos antisindicales; restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público; y la desproporción enorme en el sector privado entre el muy reducido número de convenciones colectivas concluidas con organizaciones sindicales y el número de arreglos directos concluidos por trabajadores no sindicalizados.

Así mismo señaló que desde hace años se han presentado a la Asamblea Legislativa proyectos de modificaciones legislativas o constitucionales tendientes a remediar el retraso en los procedimientos aplicables en caso de actos antisindicales y las restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público; así como un proyecto de reforma procesal laboral para resolver el problema de los retrasos en la justicia.

Ante esta situación, en la décima sesión de la Conferencia de la OIT, celebrada el Jueves 8 de junio de 2006, el presidente Oscar Arias señaló, entre otras cosas, que:

“Para el Gobierno de Costa Rica no hay, ni puede haber, concesiones en la protección de los derechos de los trabajadores.”
“Antes bien, deseo expresar aquí el compromiso de mi Gobierno, no sólo con la preservación y regulación del derecho de la convención colectiva, sino también con la aprobación de una reforma laboral que agilice los procesos judiciales para tutelar los derechos de los trabajadores.”
“Quiero que Costa Rica continúe siendo, ante todo, un país de derecho, en el que se respeten siempre las decisiones de los tribunales, pero en el que también éstos se encarguen de hacer realidad el principio de justicia pronta y cumplida para todos los trabajadores.”

En esa misma Conferencia, ante el señalamiento puntual que hiciera la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT y en el contexto de las múltiples promesas desarrolladas por diversas administraciones costarricenses ante la OIT, así como del compromiso asumido por el presidente Arias, el Ministro de Trabajo, señor Francisco Morales Hernández, solicitó asistencia técnica a la OIT para resolver estos problemas y asumió un compromiso de impulsar diversos proyectos de ley:

1. reforma a varios artículos del Código de Trabajo (expediente legislativo 13.475)
2. reformas a la Ley General de la Administración Pública (14.675)
3. reforma procesal laboral (15.990)
4. la ratificación de varios convenios de la OIT (Nos. 151 y 154)
5. reformar al artículo 192 de la Constitución Política para garantizar la negociación colectiva en el sector público (14.730)

Esta Misión de Asistencia Técnica de Alto Nivel, encabezada por la Señora Cleopatra Doumbia Henry, Directora de la Oficina de Normas Internacionales de la OIT, visitó el país en octubre del 2006 y luego de una serie de reuniones bilaterales, culminó su trabajo con una sesión del Consejo Superior de Trabajo (4 de octubre), en donde sindicatos, empleadores y gobierno consensuamos el acuerdo siguiente (adjuntamos el acta):

“…El Consejo Superior de Trabajo, por unanimidad llega a los siguientes acuerdos:

Acuerdo I: Instar y apoyar al Poder Ejecutivo, para que, ante la Asamblea Legislativa se promueva la constitución de una Comisión Mixta (Sindicatos y Empleadores, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con la asistencia técnica de la OIT, con el fin de impulsar y crear consenso del texto del Proyecto de Reforma Procesal Laboral, en el marco de la corriente legislativa.

Acuerdo II: proceder a analizar los restantes proyectos de ley relativos a los temas de libertad sindical y negociación colectiva, con el fin de determinar en cuáles de ellos pueden ser impulsados en forma tripartita, entre los que se encuentran los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo.”

Valga decir que en Costa Rica el parlamento divide sus sesiones en ordinarias y en extraordinarias. En las sesiones ordinarias la agenda del parlamento la definen los diputados por lo que se necesitan acuerdos entre los distintos partidos políticos para colocar en el primer lugar de la agenda algún proyecto. En las sesiones extraordinarias (diciembre a abril-inclusive, y el mes de agosto de todos los años), la iniciativa legislativa le compete unilateralmente al Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de La República. Desde el acuerdo asumido en octubre del 2006 ante la Misión de la OIT, han transcurrido las sesiones extraordinarias de diciembre del 2006 a abril del 2007, las de agosto del 2007, las de diciembre del 2007 a abril del 2008, agosto del 2008 y diciembre del 2008 a abril del 2009 sin que el Gobierno haya colocado en una sola ocasión, alguno de esos proyectos en la agenda de las sesiones extraordinarias, y sin que haya constituido la comisión mixta en la asamblea legislativa para conocer la reforma procesal.

Adicionalmente, Adrián Goldin, experto designado por la OIT, regresó al país en febrero del 2007 para realizar un estudio técnico sobre los arreglos directos en Costa Rica, ordenado por la Conferencia de la OIT y reafirmado por la Señora Cleopatra Doumbia Henry durante su visita a Costa Rica como directora de la Misión de Asistencia Técnica de Alto Nivel en octubre del año 2006. Este estudio concluyó que los arreglos directos han sido utilizados como práctica antisindical, por medio de las asociaciones solidaristas y el mismo sector empleador, sobre todo en el sector de plantaciones, lo que impide la promoción de la negociación colectiva en los términos ordenados por el Convenio 98 de la OIT.

Ante la falta de voluntad del Gobierno de La República para cumplir con el compromiso externado por el Presidente de la República y el señor Ministro de Trabajo en el seno de la Conferencia de OIT en el 2006, se solicitó una manifestación expresa del Gobierno en el Consejo Superior de Trabajo (órgano tripartito de diálogo social en Costa Rica), ante lo cual el señor Ministro de Trabajo, Sr. Francisco Morales Hernández, expresamente manifestó:

“CONTINÚA MANIFESTANDO EL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL FRANCISCO MORALES HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE TRABAJO:
a) Que el Gobierno mantiene ese compromiso pero el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, hizo que se priorizara la aprobación de leyes complementarias, las cuales no han permitido el enviar a la Asamblea Legislativa los proyectos y convenios respectivos.
b) Que el envió de los Proyectos y Convenios a la Asamblea Legislativa se hará tan pronto las circunstancias lo permitan.” (Acta de la sesión ordinaria número 41 Celebrada el día 24 de enero del año dos mil ocho, al ser las dieciséis horas y quince minutos, por el Consejo Superior de Trabajo).

Esta declaración expresa del Gobierno de La República, deja absolutamente claro que no es prioritario el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la OIT, ante la Misión de Asistencia Técnica y ante las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Lejos de ello el siguiente es el estado de los compromisos asumidos:

1. Reforma a varios artículos del Código de Trabajo – expediente legislativo 13.475. Este proyecto, a pesar de haber terminado su trámite legislativo desde el 9 de octubre del año 2000, no ha sido sometido a votación por el Gobierno anterior ni por el presente Gobierno. Han sido los partidos de oposición los que intentan colocar el proyecto en la agenda legislativa para su votación.

2. Reformas a la Ley General de la Administración Pública (expediente 14.675): este expediente fue archivado definitivamente el 18 de mayo del 2006, es decir, que todo este tiempo las promesas de aprobación del Gobierno ante OIT, han sido sobre un proyecto que se archivó desde hace dos años. Otra promesa legislativa que no se cumple.

3. Reforma procesal laboral (expediente 15.990): a pesar de haberse asumido un compromiso tripartito para constituir una comisión legislativa mixta para su estudio y aprobación en el Parlamento, en la que debía darse participación a empleadores, sindicatos, gobierno y Poder Judicial, el Gobierno nunca constituyó la comisión y tampoco convocó a sesiones extraordinarias el proyecto en mención, por lo que se encuentra absolutamente paralizada y fuera de las prioridades del Gobierno según lo manifestado por el Ministro de Trabajo en el Consejo Superior de Trabajo. Otra promesa legislativa que no se cumple.

4. Ratificación de varios convenios de la OIT (Nos. 151 y 154). Los expedientes sobre los Convenios 151 y 154 se abrieron por primera vez en la Asamblea Legislativa el 31 de agosto de 1984 y fueron archivados 18 años después, el 24 de mayo de 2002. Posteriormente han permanecido por más de 5 años en una segunda etapa, es decir 23 años de permanencia en el parlamento y no se han aprobado.

5. Reforma al artículo 192 de la Constitución Política para garantizar la negociación colectiva en el sector público (expediente 14.730): a pesar de gozar de dictamen unánime afirmativo, fue desechado por no haber sido tramitado en un período de 4 años. Otra promesa legislativa que no se cumple.

Como puede observarse en el Estado costarricense no existe interés alguno de hacer una tutela efectiva de los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Por el contrario, prevalece en nuestro país las graves limitaciones que impiden cumplir correctamente con los Convenios de la OIT, especialmente los números 87, 98 y 135.

B. Continúan las violaciones a la libertad sindical

A pesar de haberse reunido la Misión de Asistencia de Técnica con la Sala Constitucional, continúan anulándose normas de diversas convenciones colectivas de trabajo, bajo criterios subjetivos de razonabilidad y proporcionalidad.

De igual forma, hemos presentado diversas propuestas de negociación colectiva en el sector público, las cuales, de acuerdo a nuestra legislación, deben recibir una valoración inicial por parte de una comisión de Ministros de Gobierno antes de que pueda iniciar el proceso de negociación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, han transcurrido más de 3 años sin que esa valoración preliminar sea realizada por la Comisión, y por lo tanto el derecho a la negociación colectivo se ha hecho nugatorio.

Por su parte tal y como por ejemplo ha sucedido en plantaciones bananeras y en empresas de seguridad, en la actualidad se sigue despidiendo a dirigentes sindicales, de forma expresa o tácita por su afiliación sindical, su condición de dirigente o por participar en actividades organizadas por los sindicatos.

Al no atenderse los serios señalamientos que el experto de la OIT, Dr. Adrián Goldin, hiciera sobre la violación del derecho de negociación colectiva establecido en el convenio 98 de la OIT, en virtud de la utilización abusiva de los denominados “arreglos directos”, continúa existiendo un grave problema de limitación de este derecho en el sector privado.

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Con esta carta hacemos oficial tal petición, agradeciéndole la especial consideración,

CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gilbert Bermúdez Umaña
Secretario de Relaciones Internacionales

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