Argentinos protestan por tarifas de electricidad

En Plaza de Mayo se sumaron miles de Voluntades para rechazar el Tarifazo y exigir políticas energéticas

La suma de voluntades, un objetivo claro; el rechazo al Tarifazo, una acción concreta y la recuperación de la soberanía energética una lucha constante, fueron los ejes que congregaron a la multitudinaria marcha, conformada por vecinos, consumidores, organizaciones sociales, gremiales, políticas y personas que adhirieron y acompañaron en la singular protesta.

La presencia de la gente, superó las expectativas de los organizadores. Se formó una cola interminable que ocupó más de cuatro cuadras, todos marchando con su pancarta, con su factura, para exigir al Gobierno la anulación de la malparida resolución de incremento de tarifas, que contrario a lo que se afirma, afecta de forma directa a gran parte de la población de escasos recursos económicos.

CTA, ATE y FeTERA formaron parte de esta protesta, levantando una vez más su bandera de lucha contra los tarifazos, su lucha contra una política energética que favorece el saqueo de los recursos naturales y la fuga de la renta del sector, que es patrimonio de los argentinos.

La Marcha de las Velas, realizada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, fue multitudinaria, la consigna principal, la derogación de la Resolución 1169/08, porque el “aumento de tarifas es un robo al pueblo, y debe anularse.”

Convocaron y estuvieron presentes en la Marcha: Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de CTA Provincia, Fabio Basteiro, Secretario General de CTA Capital, ATE, José Rigane, Secretario General de FeTERA, Vecinos de Tigre, Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza, Malvinas Argentinas, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Morón, Berazategui, Tres de Febrero, San Martín, Merlo, Marcos Paz, San Fernando, Jorge Newbery de La Matanza, Barrio Saavedra de Capital Federal. DEUCO, ADDUC, CEC, Unión de Usuarios y Consumidores, Consumidores Libres, Federación Judicial Argentina, OTRUCR, Luz y Fuerza Mar del Plata, APJGas, Movimiento Oro Negro, Agrupación E. Mosconi, CONADU Histórica. UOM Villa Constitución. MORENO, APYME, Barrios de Pie, Coordinadora de Barrios en Lucha de Ezeiza, CCC, MTV, MIJP, Autoconvocados por la Nacionalización de Petróleo y el Gas, Unión y Progreso de Gregorio de Laferrere, Acción Comunal de Tigre, Libres del Sur, PO, MST; PCR, Convergencia de Izquierda, Izquierda Socialista, Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, Multisectorial de Matanza, Amas de Casa del País, Barrio Malvinas Argentinas, Villa Borrego, González Catán, Partido de la Matanza,.

También se encontraban presentes los diputados nacionales: Claudio Lozano, María América González, Eduardo Macalusse, Horacio Alcuaz, Virginia Linares, Delia Bisuttii, compañeros de la Constituyente Social de Merlo y General Rodríguez,SUTEBA Gral Sarmiento, vecinos de Merlo, Berriso-Ensenada.

Pedro Bussetti, del DEUCO denunció que los vecinos de “Villa Borrego, González Catán, Partido de la Matanza estuvieron, desde el sábado hasta el martes, cuatro días sin luz, gracias a la empresa EDENOR, a pesar del tarifazo”.

– Habla José Rigane

José Rigane, Secretario General de FeTERA y Secretario de Organización de CTA Nacional, inició el acto con la lectura de la primera parte del documento elaborado, por todas las organizaciones presentes, y dijo:

“Ante los tarifazos, las organizaciones presentes nos preguntamos:
Por qué Justo Ahora, Aumentan las Tarifas de Electricidad ???

¿Por qué, justo ahora que aumenta la inflación, el desempleo y la pobreza, nos castigan con los tarifazos?

Se Dice: Desde el Gobierno Nacional, las Cámaras Empresarias de la Energía y el Sindicalismo Empresarial que:

Las tarifas aumentan para poder hacer inversiones y mejorar el servicio.

Las inversiones en el sector energético, se concentraron desde el gobierno de Carlos Menem a la fecha, en exportar petróleo y gas y en construir generadores que utilizan hidrocarburos como combustibles. Malgastando las reservas de gas y petróleo; acumuladas con gran esfuerzo, por Gas de Estado e YPF.

No se construyeron represas, centrales nucleares, y los generadores eólicos constituyen una rareza tecnológica y turística.

Esta política de saqueo, ha convertido a la energía, en un recurso, que hoy es caro y escaso.

El gobierno del matrimonio kirchner, invierte mas de 15.000 millones de pesos anuales para sostener, en definitiva, las ganancias y las políticas de las empresas energéticas, casi todas extranjeras y exportadoras además de las rentas que obtienen; sin resolver problemas como el de la falta de abastecimiento de gas natural a la mitad de los habitantes argentinos, el de la construcción de generadores con combustibles mas baratos o la reducción sustancial del precio interno de los hidrocarburos, que encarece enormemente el valor final del kilowatt.

Durante más de quince años, las empresas de la energía recaudaron muchos millones de dólares, y no realizaron las obras que dicen que quieren hacer ahora, aumentando las tarifas.

Se Dice: Desde el Gobierno Nacional, las Cámaras Empresarias de la Energía y el Sindicalismo Empresarial que:

Que aumentan porque el gobierno no puede seguir subsidiando a las empresas

Desde el gobierno nacional se explicó asi: “Es facultad del Poder Ejecutivo otorgar y quitar subsidios. Se trata de quitar a quienes consumían más, que por lógica son los que tienen más poder adquisitivo. No consideramos lógico ni justo que el Gobierno, a través del presupuesto que pagan todos los argentinos, estuviera subsidiando este consumo”.

El gobierno tendría toda la razón del mundo si pudiera explicar, por qué el gobierno insiste en mantener el ingreso de las empresas privadas, no ya a través del subsidio, sino a través de los aumentos de tarifas.

Esta situación no la explica, porque lo que intenta mantener el gobierno, son las grandes ganancias de las empresas privadas, y ante la incapacidad de seguir aportando dinero desde el Estado Nacional, se traslada esa función, a millones de usuarios y consumidores en todo el país.

Hoy, el petróleo que llega a las destilerías se factura a 43 dólares el barril, cuando su costo de extracción es de no más de 6 y 7 dólares, de promedio en los pozos argentinos. 700 por ciento de ganancia, por transportarlo por un caño, constituyen el mayor sobreprecio que sufren las tarifas eléctricas. Aquí es donde se producen los subsidios que ahora se quieren trasladar al bolsillo de los consumidores.

– Habla Gustavo Jiménez

Por las organizaciones sociales, leyó el documento Gustavo Jiménez del Movimiento Teresa Vive.

“Se Dice: Desde el Gobierno Nacional, las Cámaras Empresarias de la Energía y el Sindicalismo Empresarial que: Que aumentan porque la electricidad se facturaba a un valor inferior al de su costo de producción.

Desde el gobierno nacional se remarcó que la tarifa de energía eléctrica “es la más baja de la región” y no pasó por alto que en comparación con Brasil “es diez veces más baja”, como así también se encuentra por debajo de Chile y Uruguay.

Nosotros decimos que el valor de la energía depende de las políticas que en cada país se dé y del valor económico y social que cada sociedad elabore sobre la energía.

Argentina tiene petróleo, gas, uranio, caídas de agua, zonas de veloces y permanentes vientos, recursos de carbón para doscientos años. También tiene mano de obra calificada y técnicos e ingenieros capacitados.

Lo que no tiene es una política soberana para utilizar todos estos recursos a favor del desarrollo de procesos productivos propios, que además dosifiquen la utilización de las reservas, para garantizarlas durante más años y permitan la creación de conocimientos y tecnologías nuevas que nos lleven a ir reemplazando la actual dependencia del petróleo y el gas, cada día mas escasos, por fuentes energéticas mas limpias y renovables.

La energía la consideran barata, porque la razonan como una mercancía, con valor de cambio internacional. La llaman commodity. Además como la política económica está ganada por el razonamiento neoliberal, los valores de intercambio internacional, los trasladan al mercado interno, aumentando artificialmente el precio interno y encareciendo las tarifas finales de consumo.

La Argentina puede tener energía barata, porque tiene recursos energéticos propios, desarrollo técnico, y mano de obra calificada, formada a partir de 80 años de soberanía energética.

La Argentina tiene tarifazos porque está sometida a una política de saqueo de sus recursos naturales no renovables. La comparación que hace el gobierno es falsa y solo está destinada a dar señales de tranquilidad a las multinacionales de la energía que operan en Argentina.

Se Dice: Desde el Gobierno Nacional, las Cámaras Empresarias de la Energía y el Sindicalismo Empresarial que:

Que solo afecta a los usuarios de mayor consumo

El titular del gremio de Luz y Fuerza de Capital Federal, Oscar Lescano, defendió el incremento dispuesto por el Gobierno y dijo que la suba “alcanza sólo al 8% de los usuarios, que son los que más consumen”. Lescano consideró que la impugnación judicial que lleva adelante el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, “es equivocada, porque es justo que paguen más los mayores consumidores”.

La verdad es que se quiere confundir a la gente como se hace con el INDEC. Cuando al mismo tiempo se juntan firmas en Quilmes, se generan movimientos de oposición en Corrientes, Santiago del Estero, Mendoza, Cordoba y en Misiones; en Tigre, Ituzaingó, Escobar, Moreno Hurlingham, Malvinas Argentinas, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Morón, Berazategui, Tres de Febrero, San Martín, Merlo, Marcos Paz, San Fernando, La Matanza, en distintos barrios de la Capital Federal, en 9 de Julio, en Baradero, San Nicolas, Bahia Blanca, La Plata, Florencio Varela, Tucuman y San Juan. Cuando hay marchas y resoluciones contra los tarifazos en los Concejos Deliberantes de Mar del Plata, y el Municipio de la Costa.

Cuando la protesta se generaliza, entonces, no estamos en presencia de una medida justa que afecta a los que mejores condiciones tienen para pagar, sino ante la socialización de las pérdidas que siempre reclama el esfuerzo del bolsillo del más pobre.

Pero, además, hay una realidad que ni los técnicos del modelo económico, ni los dirigentes del sindicalismo shopping, pueden imaginar, porque no la viven, y tampoco figura en los manuales. La electricidad es la energía de los pobres. Las dificultades para conseguir la garrafa social, que además de social no tiene nada, a veces ni gas; hacen que los sectores mas pobres, cocinen, alumbren, y calefaccionen con electricidad. De esta manera, se convierten en consumidores importantes de energía, y tanto el gobierno como los sindicalistas gordos, los confunden con vecinos acaudalados.

También hay que aclarar que la adquisición de electrodomésticos sofisticados que tienen una gran eficiencia eléctrica, y por consiguiente menor consumo, no entra en el menú de posibilidades de los sectores excluidos.

Pero no solo en la Capital Federal, en la Provincia de Buenos Aires, el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata ha demostrado que los aumentos se dan sobre todas las categorías de usuarios, partiendo de consumo cero.”

-Habla Graciela Carderón

Por las organizaciones políticas Graciela Calderón, por la Izquierda Socialista hizo:

“El tarifazo encuentra en los impuestos una herramienta fabulosa para golpear al pobre. Tanto el IVA, como los impuestos que gravan al consumo, suman injusticia sobre presupuestos exhaustos. La Tarifa Social, cuyo texto duerme como proyecto en el Congreso Nacional, pero es Ley en la provincia de Buenos Aires, se le niega a los usuarios del Gran Buenos Aires de Edenor, Edesur y Edelap; que sí están obligados a pagar los impuestos provinciales al consumo. Solo las obligaciones; pocas veces los derechos.

Al aumento de los cuadros tarifarios, que afecta a todos los consumos, y grupos sociales, hay que sumarle el castigo del PURE, el Programa de Uso Racional de la Energía, que castiga a los que aumentan su consumo eléctrico con respecto a igual mes del año, 2003, ó 2004 ó 2005, según el año de implementación en cada provincia y la categoría de consumo. Este PURE, obliga a no mejorar la calidad de vida, castiga al que va superando su situación de pobreza, ya que se aplica desde consumos de 10 kilowatts y se torna ridículo, cuando al esfuerzo de consumir menos, el Estado no lo acompaña con medidas que impidan la exportación de petróleo crudo, gas, naftas, y electricidad. Así el PURE, suma saldos exportables para las empresas y no, reservas para evitar que nuestro país se convierta en importador neto de combustibles.

Estas políticas destinadas a conservar saldos exportables de energía y tasas de ganancias exorbitantes para las empresas privadas y multinacionales de la energía, ( en diez años exportaron mas de 200 mil millones de dólares de renta energética), no tienen nada que ver con la justicia distributiva, el ahorro de energía, ni el castigo a los sectores que derrochan; tiene que ver con el saqueo de los recursos naturales y la entrega de soberanía que consienten y alientan nuestros gobernantes.

No se dice:

Que desde las privatizaciones, en la década de 1990, pese a haber ganado miles de millones de dólares, las empresas multinacionales que brindan los servicios energéticos han girado muchísimo dinero a sus casas matrices en el exterior y no hicieron las inversiones para mejorar el servicio. Solo en el año 2004, Edenor, Edesur, Gas Ban, Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana, Central Costanera, Transportadora Gas del Sur, Transportadora Gas del norte, Transener, Edea, e Ypf; han denunciado ganancias, en conjunto, por 5431 millones de pesos.

No se dice:

Que los subsidios que paga y/o pagaba el gobierno, son para garantizar márgenes de ganancias, de mas o menos 700%, en dólares, para las empresas multinacionales petroleras, gasíferas, y proveedoras; que acordaron con el gobierno vender los combustibles extraídos y refinados en la Argentina, a precios de importación. Esta ventaja para las empresas surge de la resolución 394/07, que fija el valor de 42 dólares el barril de petróleo para el mercado interno, cuando los costos locales no superan los 6 dólares. Esta situación es violatoria de la ley de hidrocarburos, que dice que el precio interno del crudo no tendrá referencia en los precios internacionales cuando haya distorsiones apreciables y solo garantizará márgenes de ganancias razonables. 700% de ganancia es un robo al pueblo argentino.”

– Habla Héctor Mercado

El Pastor Héctor Mercado, leyó el documento en representación de los vecinos organizados contra el tarifazo.

“No se dice:

Que las multinacionales de la energía dan servicios de inferior calidad y mas caros que el que brindaban las empresas del Estado. Que pagan enormes salarios a sus directores y cuantiosos dividendos a los accionistas, dineros que podrían formar parte del ahorro social argentino, si las empresas volvieran al Estado.

Las empresas privatizadas, dieron lugar a la existencia de organizaciones de usuarios y consumidores, debido a la enorme cantidad de abusos y deficiencias de servicio e incumplimientos de los términos y obligaciones de los contratos de concesión.

Fue la empresa privada la que dejó sin luz 11 días a Buenos Aires, y son estas mismas empresas las que constituyen monopolio y oligopolios, que manejan el abastecimiento y precios de servicios y combustibles.

Antes de las privatizaciones no era necesario reclamar una tarifa social, y tanto el robo de energía como la mora en pago de tarifas eran situaciones raras que encontraban solución a partir de las políticas estatales destinadas a brindar el servicio.

Hoy las quejas son permanentes, el Estado se tiene que hacer cargo del pago del consumo eléctrico de ciento de miles de familias que no pueden abonar las tarifas y así y todo, las empresas reclaman al Estado la realización de obras de infraestructura que no están dispuestas a hacer.

Por otro lado, el fraccionamiento de la actividad eléctrica, gasífera y petrolera, ha llevado a la multiplicación de costos que no existían; y que intervienen directamente en calculo de la tarifa. Cada parte fraccionada tiene su directorio y grupo de accionistas. Los directores ganan fortunas y los accionistas retiran las ganancias. Así, Gas del Estado, se dividió por diez empresas de gas; las áreas de YPF multiplican sociedades y porcentajes, acumulan empresas de servicios, con trabajadores mal remunerados y trabajando con pésimas normas de seguridad. Mas allá del campo petrolero, que puede resultar lejano para un vecino de Buenos Aires, para EDENOR y EDESUR, trabajan mas de 9000 trabajadores, en las peores condiciones de seguridad, cobrando bajos salarios, sin el convenio colectivo de su actividad, constituyendo esto fraude laboral y pérdida de control sobre la calidad del servicio.

No se dice:

Que la presencia del sector privado en el servicio público representa enormes pérdidas para los usuarios argentinos, ya que el trabajo lo realizan los trabajadores; y los inversores solo están para tomar ganancias.

Las ganancias de las empresas privadas, constituyen en Argentina, un invento para dar vida al saqueo. Después de haber desarrollado YPF, durante 80 años, de haber contado con Gas del Estado, una de las dos mejores empresas de gas del mundo; de haber construido con Agua y Energía las grandes represas que formaban parte de la planificación energética del país, que se pensaba 20 años para adelante; la verdad que la aparición de las empresas privadas solo tiene explicación en la estafa, en la destrucción del patrimonio público y la generación de una política de dependencia, donde los tarifazos están destinados a mantener al pueblo en estado de miseria.

Afirmamos: Que no hay razones técnicas en la industria eléctrica que justifiquen el aumento de tarifas. Aprobamos la eliminación de los subsidios a las empresas; y exigimos la utilización de la referencia a los costos locales para la comercialización interna de los combustibles.”

– Habla Pedro Bussetti

Pedro Bussetti, Presidente de DEUCO, hizo el cierre del acto, con la lectura final del documento, y dijo:

“Afirmamos:

Que si los subsidios son para sectores que tienen 700% de ganancias en dólares; lo que hay que hacer es reducir las ganancias de estos sectores y no aumentar las tarifas. Que si la electricidad se vuelve cara porque se utilizan combustibles argentinos que se pagan a precios de importación; hay que bajar el valor de estos combustibles a precios locales. El derecho a la energía es un derecho humano que deben garantizar las leyes.

Afirmamos:

Que las empresas de servicios públicos y los recursos energéticos estratégicos, deben estar en manos de un Estado que sea democrático, participativo y popular, con control del pueblo y de los trabajadores que luchan por su recuperación. Concebimos a la energía como un bien social, y rechazamos el concepto de commodity, que la convierte en una simple mercancía.

Exigimos:

Que se derogue la resolución 1169/08, porque el aumento de tarifas es un robo al pueblo, y debe anularse.

La lucha contra los tarifazos es la lucha contra una política energética que favorece el saqueo de los recursos naturales y la fuga de la renta del sector, que es patrimonio de los argentinos.

Exigimos:

Que la Energía sea considerada un Derecho Humano y un Bien Social y que el Estado garantice su calidad, cantidad suficiente y precio socialmente justo.

Exigimos:

Que se derogue el PURE, ya que es una burla que el pueblo ahorre energía y pague multas, mientras que las empresas exportan gas, petróleo y naftas. Exigimos la implementación de políticas que sirvan al ahorro energético y al desarrollo de una matriz limpia y renovable.

Exigimos:

Que las normas para el uso racional de la energía sirvan para mejorar las reservas hidrocarburíferas del país y no para generar saldos exportables para las empresas. Rechazamos toda política de exportación energética; y reclamamos la aplicación de la Ley de Hidrocarburos que exige satisfacer el mercado interno y la conformación de reservas propias.

Exigimos:

Que las tarifas respondan al interés del pueblo que consume, y no a la tasa de ganancia de las empresas. Las Tarifas deben recalcularse a un valor socialmente justo.

MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA EL TARIFAZO

Entre otros, adhirieron al acto, desde diferentes partes del país: Agrupación Agustín Tosco – Córdoba, Agrupación de Trabajadores del Petróleo de Comodoro Rivadavia, Agrupación Enrique Mosconi La Plata, Agrupación Martín Fierro, Agrupación Petroleros de Córdoba, Alejandra Pignataro Concejal Merlo, Alternativa Social Mar del Plata, APAY, APCNEAN Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, Asambleas Barriales por la Recuperación de las Privatizadas: Danilo Pérez, Daniela Tosto y Leonardo Pérez Esquivel, Ateneo Arturo Illia (GEN – Merlo- pBA), COFA, Daniel Manzo, Eléctricos de la Matanza, Federación Judicial Argentina, FeTERA Flores, FeTERA Pichanal Salta, FeTERA San Nicolás, Luz y Fuerza de Zárate, Luz y Fuerza La Pampa, MIR – Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Movimiento Nacional Oro Negro, Multisectorial de Quilmes integrada por Movimiento de Mujeres por la Paz, Comisión de la Mujer de Quilmes, Berazategui y F. Varela; Amigos Pro-Autonomía de Hudson; SUTEBA Berazategui, Comisión de Mujeres UCR; Comisión del Conurbano UCR; OTR (Organización de Trabajadores Radicales); Agrupación Azul y Blanca de SUTEBA; UCR; ARI-Coalición Cívica; Partido Comunista Revolucionario, JCR, movimiento Unidad Secundaria, CCC, Nelson Romero Romero, OTECH Organización de Trabajadores Eléctricos de Chaco, Pablo Aceto – SI – Espacio de Solidaridad e Igualdad Mar del Plata, Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur Mar del Plata, Renacer Petrolero, Sindicato de Energía de Corrientes, UOM Seccional Villa Constitución, Liliana Parada legisladora del Espacio SI.

Carta ciudadana a Rodrigo Arias Sánchez

San José, 5 de marzo de 2009.

Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro
Ministerio de la Presidencia

Licenciado
José Rafael Torres Castro
Director General
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
Presente

Estimados señores:

Con nuestra presencia física esta mañana de jueves 5 de febrero de 2009, aquí, frente a las instalaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), planteamos fuerte demanda y exigencia de que se dé la apertura total de sus archivos secretos que sabemos existen; y que, paralelamente, se nos permita tener acceso a los expedientes personales, a las fichas personales de cientos y cientos de personas, ciudadanos y ciudadanas costarricenses; quienes, como los que hoy aquí hemos venido a estas oficinas centrales de la DIS, hemos asumido posiciones patrióticas y de defensa de la soberanía nacional, en distintos momentos y por diversas circunstancias, a lo largo de los últimos años.

La DIS, una verdadera policía política que ofende profundamente la convicción democrática del pueblo costarricense y que representa una afrenta a nuestras mejores tradiciones de convivencia civilizada, ha realizado toda una labor de espionaje político, bajo distintas formas y modalidades y, en todos los casos, al margen de la ley; en contra de los derechos democráticos y de la intimidad privada de cientos y cientos de ciudadanos y de ciudadanas de diversas creencias y filosofías políticas que, por una razón u otra, hemos estado en defensa del Estado Social de Derecho que nos fue legado y en defensa de la institucionalidad democrática tan mancillada por el grupúsculo de gran poder económico cuyos intereses estratégicos, desde el espionaje político, han sido defendidos por la DIS.

Es más, si desde los mismísimos grupos mediáticos al servicio de ese gran poder económico, hoy también se reclama, como nosotros lo hacemos, por la disolución de la DIS; es muy probable que se estén manejando datos y situaciones más allá de lo político-ideológico, para constituirse, eventualmente, en elementos de chantaje ante las disputas internas que se dan en el seno de ese gran poder económico por hegemonías personal y/o sectoriales, en el manejo de la cosa pública facilitadora de negocios privados.

También venimos a reclamar para que, con la más absoluta transparencia, se manifieste la naturaleza de presuntos vínculos externos, en materia de asesoría en seguridad y espionaje político brindados a la DIS por parte de otras policías políticas de otros países.

Tal es el caso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la República de Colombia, hoy abiertamente cuestionado por sus supuestas conexiones con el narcotráfico y el paramilitarismo e, incluso, por la venta en el mercado de datos privados producto del espionaje realizado aún en contra de sus propias autoridades político-gubernamentales. Igualmente, es preciso saber la naturaleza de los vínculos de la DIS con los servicios de inteligencia estadounidense que presumimos de su existencia.

Hoy venimos, también, a manifestar nuestro respaldo a la necesaria iniciativa de ley que permita la disolución de la DIS, completa, sin eufemismos y a la mayor brevedad. Afortunadamente, nuestra Patria goza hoy en día de una ciudadanía sumamente crítica que entiende la práctica de la democracia mucho más allá de los torneos electorales cuatrienales; y, por tanto, una ciudadanía que no necesita esconderse para practicar la política en el buen sentido del término. Así lo demostramos con ocasión de la gesta histórica en oposición al pernicioso tratado (TLC) con los Estados Unidos; proceso en el cual, estamos absolutamente convencidos, de que la DIS nos espió, nos siguió, nos puso “fijos”, fotografió, tomo videos, hurgó en nuestros espacios privados de recreación grupal, elaboró reportes, se infiltró en nuestras reuniones, asambleas, marchas, etc., etc.

Y, probablemente, lo hizo con toda facilidad, sin mucho esfuerzo, dada la profunda transparencia y la total apertura con que fueron ejecutados todas las acciones, procesos y movimientos de la gigantesca coalición cívica del No al TLC; pero, todo lo hicieron ilegalmente, violando nuestras libertades constitucionales y la cultura democrática costarricense; espiándonos como si fuésemos elementos cuasiterroristas.

Y es aquí, precisamente, donde expresamos un fuerte emplazamiento público al señor Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, superior jerárquico-político con poder absoluto sobre la DIS, para que rinda cuentas sobre todas las directrices, directivas, orientaciones, instrucciones, que debió haber impartido en tal condición, para que nuestras actividades cívicas, nuestros eventos organizaciones, nuestras protestas pacíficas, fuesen espiadas e infiltradas con ocasión del proceso del No al TLC.

El señor Ministro de la Presidencia debió haber recibido una enorme cantidad de reportes secretos acerca de los resultados del seguimiento y de la infiltración de nuestras actividades cívico-patrióticas. Y, por tanto, tenemos derecho a saber cuántas veces nuestros nombres, en cuántas ocasiones nuestras organizaciones, cada cuánto nuestros procesos fueron objeto del interés de la policía política costarricense y, particularmente, del Lic. Rodrigo Arias Sánchez.

A la vez, hemos quedado profundamente sorprendidos al enterarnos que la policía política costarricense, la DIS, ha sido utilizada para el resguardo de material electoral, especialmente con ocasión del referéndum sobre el TLC con Estados Unidos lo que, indudablemente, aumentan los cuestionamientos sobre las actuaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en tal proceso, profundizando la duda acerca de la transparencia de las actuaciones de éste, que ya anida en importantísimos sectores de la ciudadanía democrática costarricense.

Finalmente, exhortamos a todos los señores diputados y a todas las señoras diputadas para que, sin mayor dilación, procedan a aprobar una ley para disolver a la DIS. No hay duda de que muchas de las actuales personas legisladoras del parlamento costarricense, deben tener su ficha, su expediente en la DIS; en algunos casos por razones político-ideológicas; en otros, como elementos de potencial chantaje para las eventuales disputas internas del grupo de poder económico que controla la acción política de la mayoría parlamentaria ya conocida.

Somos personas honestas, somos personas trabajadoras y somos personas de fuerte convicción patriótica. Somos una parte de la gran ciudadanía activa que, para ventura de la democracia, ya viene jugando papeles históricos. Por tanto, aquí dejamos nuestros nombres, porque nada escondemos, porque nada ocultamos, porque ustedes, los de la DIS, con toda seguridad, saben todo de nosotros. Reiteramos nuestra exigencia de que abran todos sus archivos secretos y que a cada persona incluida en ellos, se le devuelvan los mismos, se le permita recuperar su privacidad violentada y se le permita la recuperación de sus derechos constitucionales violentadas por el espionaje ilegal ejercido durante muchos años por la policía política costarricense: la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Ciudadanas y ciudadanas costarricenses cuyas firmas están adjuntas a la presente carta, con copia:

Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Honorables señores y señoras, diputados y diputadas, Asamblea Legislativa.
Honorable magistratura, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Lic. Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República.
Dra. Lisbeth Quesada Huertas, Defensora de los Habitantes de la República.
Honorables jueces Corte Plena, Poder Judicial.
Medios de comunicación colectiva.
Organizaciones de la sociedad civil costarricense.
Archivo.

Cárcel de La Reforma: ¿Perdió el Estado el control?

San José, 23 de febrero de 2009.
S.G. 07-09-1189-09
¡URGENTE!

Doctora
Viviana Martín Salazar
Ministra

Licenciado
Fernando Ferraro Castro
Viceministro

Ministerio de Justicia y Gracia
Su despacho

Estimada y honorable señora Ministra:
Estimado y honorable señor Viceministro:

Con gran respeto para sus autoridades, les expresamos atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Ha llegado a nuestras manos el documento_ “Proyecto Piloto de Investigación Criminológica Penitenciaria-Centro de Atención Institucional La Reforma”_ (Resumen Ejecutivo), elaborado por la máster Martha E. González Madriz; documento al cual le hemos dado ya una primer lectura, causándonos gran impacto por lo que decidimos indicarle a vuestras ilustres autoridades la enorme preocupación que nos ha generado su contenido, dentro del cual sobresale el que se refiere al Centro de Atención Institucional La Reforma, citado algunos párrafos cuya lectura es de gran impacto.

Antes resulta importante indicar que tal proyecto obedeció a una solicitud expresa del señor Director del Instituto Nacional de Criminología para que se realizase una “investigación tanto cuantitativa como cualitativa sobre esta población (personas sentenciadas a altos montos)i para que en el seno del Departamento Técnico podamos discutir y analizar sobre los hallazgos encontrados en cuanto a la realidad que enfrenta este tipo de población que va en franco crecimiento”.

Ahora bien, tal y como se indica en el apartado _“Método de investigación utilizado_” y a la hora de abordar el caso del CAI-La Reforma, indica la autora que “Se consideró que debería asumirse de manera responsable, un hecho que ha venido denunciándose por múltiples medios (internos y externos a la institución) y durante varios años, de que el Sistema Penitenciario Costarricense se encuentra desde hace ya diversos períodos en franco proceso de crisis a lo que los últimos acontecimientos de la realidad nacional y mundial tiende a profundizar y agudizar; por lo que éstos son momentos para privilegiar el camino a las soluciones más que a sumirse en las frustraciones y privaciones que ha traído consigo la crisis.

Resulta también notoria la frase de que “Es así, como vemos que las prisiones en el país están siendo tomadas en los espacios de convivencia por la población. El Estado los saca de sus lugares de residencia o convivencia y les brinda lugares que les permite consolidar su organización violenta”.

Ahora sí, podemos entrar a lo que se determina con respecto al CAI-La Reforma. Veamos:

El Centro Penitenciario La Reforma, es el centro en donde se alberga la mayor cantidad de personas privadas de libertad (alrededor de 2000) en su mayoría sentenciada y de personal técnico, administrativo y de seguridad.

Cuenta con una estructura organizativa de alta complejidad operativa. Se podría homologar con la de la Dirección General de Adaptación Social; y aseverar, que reproduce en su interior las dificultades de manejo de la Dirección General (Oficinas Centrales), como son: canales de comunicación inexistentes o deteriorados, ambiente y cultura organizacional con niveles de violencia verbal, psicológica, de género, de amenaza a la estabilidad laboral, de sentidos favoritismos y de dogmatismos, por señalar algunos; aislamiento, distanciamiento, deslegitimación y pérdida de credibilidad de las bases en personas jefas y/o estructuras (INC, DGAS, Despacho; etc); pero con la enorme diferencia y agravante que es a la gente del Centro (Personal/Población) a la que se le ubica en grave peligro en su integridad física, porque de la salud psicológica, laboral y orgánica, ya está trágicamente dañada, y de continuar persistiendo las condiciones insalubres en que se encuentran ya se estaría calificando de fatalidad. Valga señalar que lo anterior se aplica igualmente, pero con distintos grados y áreas, a otros centros y oficinas, ya que se entiende a partir de la teoría del Análisis Institucional, que La Reforma es un emergente institucional, es el que por sus condiciones infraestructurales y organizativas logra denunciar de diversas maneras y medios su calamitosa realidad operativa organizacional, y ante la ausencia de respuesta oportuna, integral y sistemática, se llega al extremo de la actuación institucional de denuncia en el ámbito penitenciario: las muertes, ya no solo de población, sino de personal.

Se encuentra el personal del Centro La Reforma laborando en condiciones indeseables: el temor, la desconfianza, incredibilidad, en las autoridades superiores en general, condiciones infraestructurales insuficientes e impropias para la atención de las personas, sin espacios para la reflexión o la producción teórica, la ausencia de capacitación y de formación actualizada en materia criminológica y de temas como derechos humanos, no solo en cuanto a su normativa sino comprendida como una forma de ver al mundo, en donde la persona es sujeta de dignidad y respeto.

Es en este personal, por lo consiguiente, en donde se logra observar como el denominador común Institucional “el miedo” utilizado como recurso para el control, la paralización e inmovilización, no obstante y a pesar de ello logra, este personal, elevar la denuncia y demostrar una vez más su compromiso con el encargo social.

Este miedo sumado a la ausencia de capacitación, acompañamiento, seguimiento en materia penitenciaria, del para qué, cómo y por qué del trabajo en el Sistema, ha llevado a que los ámbitos de convivencia de la población hayan sido usurpados por ellos. Y como lógica consecuencia, los grupos organizados han asumido el control del Centro de manera violenta e intimidatoria no solo hacia el personal sino hacia la gran mayoría de los que se convierten en soldados de estos grupos: les venden la comida, las llamadas telefónicas, pueden denunciar solamente en temas propios de los servicios que presta la institución no de la dinámica interna, utilizan las debilidades humanas como son las personas con problemática de drogadicción o sexual, han establecido una red de comunicación con altos niveles de eficiencia entre los distintos Centros de la Institución, y logran organizar acciones delictivas de toda índole, tanto intra, Inter. O extra institucional, a pesar de ello y por ingerencia del personal, se logra que algunos de los programas y personas privadas de libertad logren “sacar su cabeza” y puedan ser productivos y creativos. Esta realidad siempre ha existido, es propia de la cultura carcelaria, el problema son los grados y ámbitos de control de la población de la dinámica institucional en relación con la del control del personal penitenciario.

Para incrementar nuestra preocupación acerca de la alta situación de riesgo y de vulnerabilidad en que se encuentra el CAI-La Reforma, los tres párrafos siguientes del mencionado son lo suficientemente elocuentes:

Se encuentra una figura llamada “el gestor” que es el que se convierte en el enlace del personal con la población penal, es el que ingresa a los ámbitos, es decir, de hecho se está valorando la vida del personal en diferentes estratos, ¿por qué unas personas no ingresan a los ámbitos por temor a ser violentados y otros son obligados por su ubicación institucional?, esta persona no cuenta, evidentemente, con el soporte técnico y administrativo necesario para el desempeño de su función y con la formación técnica especializada, deficiencia de la que no escapa el departamento de seguridad en general, ya que la función de seguridad penitenciaria es diametralmente diferente al de la seguridad policial civil, pero en este caso con estas personas gestoras, se les está ubicando en un riesgo constante que abre la posibilidad de utilizar vías no recomendables para asegurar su subsistencia laboral y emocional.

Cabe señalar acá, que La Reforma, es atendida durante las noches con un número intrépido de vigilancia, aproximadamente 280 funcionarios para un Centro con la complejidad de Reforma. En tanto, la queja generalizada del personal en general (de todos los departamentos, incluyendo Oficinas Centrales), es que en Oficinas Centrales se encuentran ubicados/as personal de seguridad (alrededor de 50), sin mayor conocimiento de la materia penitenciaria desempeñando funciones entre otras de “inteligencia”, que aparentemente no tienen mayor incidencia en lo cotidiano y mediano plazo en el Sistema Penitenciario.

A nivel administrativo, la situación no es diferente, un escaso número de personal en los distintos departamentos, en algunos solamente se pueden localizar dos funcionarios/as, otros como el de nutrición, se encuentran un reducido numero de cocineros/as, por lo que deben recurrir a la población para poder solventar las necesidades, infringiendo por necesidad en algunos momentos, directrices en este sentido, de solamente ubicar a población para el trabajo de picado y pelado de alimentos. No cuentan con reconocimiento real de sus funciones, siendo que algunos asumen labores de jefatura sin el reconocimiento salarial que justamente les correspondería, pero que deben responder como tales cuando sucede algún percance, cosa que en transportes es constante, por el mal estado de la flotilla y el insuficiente número de vehículos VS número de carros y buses que respondan a las necesidades reales en las áreas técnicas, administrativas y de seguridad.

La ANEP como entidad laboral representativa de un importante grupo laboral de servidores y de servidoras del Sistema Penitenciario Nacional que se desempeñan en el mencionado centro, no puede dejar pasar desapercibido los ya no solamente preocupantes, sino más bien alarmantes, contenidos del citado estudio, por demás, realizado por una excelente profesional con amplia trayectoria de servicio público institucional con especialidad en la materia analizada.

Además, la ANEP no ha estado ajena a la grave situación denunciada. Con fecha 7 de noviembre de 2006, a la entonces señora Ministra de Justicia y Gracia, la licenciada Laura Chinchilla Miranda, le indicamos lo siguiente, mediante nuestro oficio S.G. 05-07-0947-06; carta que le enviamos con el planteamiento de la idea para la realización de un “congreso penitenciario”; idea que pretendió ser materializada, sin resultado alguno, al término de la gestión de la Licda. Chinchilla Miranda. Veamos lo que en ese momento apuntamos y en el contexto de la dolorosa pérdida, en medio de un intento de fuga, de un compañero policía penitenciario. Dijimos:

“Tal y como se lo manifestáramos recientemente, vía telefónica, la ANEP considera oportuno, prudente y necesario un franco diálogo, respetuoso y abierto, entre su autoridad y el personal de los distintos segmentos laborales que brinda servicio en el Centro de Atención Institucional La Reforma, lo más pronto posible, a raíz de los dolorosos acontecimientos que todos conocemos.

En principio nos llenó de esperanza una carta enviada por su despacho, al señor Rodolfo Ledezma, Director de La Reforma, en la cual le indica que tal reunión estaría para el próximo 14 de noviembre, a las 10.30 a.m.; pero, se trataría de una reunión con una pequeña parte del personal del mencionado centro, cuya designación haría el señor Ledezma por indicación suya, señora Ministra.

Esto no fue el espíritu de nuestra solicitud, ni tampoco el que anima el escrito que un elevado número de personas trabajadoras de La Reforma le dirigiera a usted en días pasados y a propósito de los mismos dolorosos acontecimientos.

En los actuales momentos de tensión laboral, de incertidumbre institucional y de inseguridad sobre la propia vida de quienes laboran en La Reforma, es necesario que tal reunión sea totalmente abierta a todo el personal (con las lógicas restricciones cotidianas en pro de la seguridad carcelaria); de forma tal que la autoridad ministerial representada por su persona tenga una noción real, de viva voz y no filtrada, del sentir del personal de base de tal centro en estos momentos.

Una reunión como la que planteamos, no está en contradicción para que en un segundo momento y en otro día, usted desarrolle la reunión que plantea inicialmente con las estructuras jerárquicas del mencionado centro; porque esa sería la lógica decisión del Sr. Rodolfo Ledezma, de convocar solamente al personal con responsabilidades de jefatura, si se atiene al contenido de su carta del día 3 de noviembre.

La Reforma, los restantes centros penales, en general, y el Sistema Penitenciario Nacional en cuanto tal, ocupan de un proceso de profunda reestructuración participativa, dentro del cual aspectos de corto y mediano plazo, se combinen con decisiones estratégicas a largo plazo.

Es obvio que el desarrollo cuantitativo y cualitativo del proceso criminal hoy en día, más su trasnacionalización, ha dejado a la política pública penitenciaria en total precariedad: escasez de personal (especialmente técnico y profesional), carencia de recursos, instalaciones precarias e insalubres, bajos salarios, recargo de casos, ausencia de estímulos, etc.

Es más, creemos urgente la realización de una especie de Congreso Penitenciario, con alta participación del personal de base, para que a través de una serie de jornadas de reflexión, el país defina nuestras políticas públicas de atención al proceso criminal bajo las nuevas condiciones que presenta, producto del proceso de globalización económica y de deshumanización social que vivimos en la Costa Rica de hoy.

Por otra parte, debe considerarse que el personal penitenciario, si bien conserva admirablemente altas dosis de mística, se siente en total estado de indefensión, ante la acumulación de una serie de factores que han llevado a la labor penitenciaria a estados de indignidad y de cruel invisibilización para quienes no están en las altas esferas de decisión jerárquica cotidiana.

Vistas así las cosas, señora ministra y señor viceministro, es imperioso un abordaje urgente de la situación que expone el informe de la máster Martha E. González Madriz; y, particularmente, a la organización que nos honramos en representar, nos urge que ustedes nos reciban en audiencia para que se definan una serie de acciones compartidas que apunten en la dirección de la búsqueda de soluciones. Al respecto, queremos compartir con ustedes, respetuosamente, algunas sugerencias de nuestra parte.

Finalmente, no creemos que la invisibilización de la situación planteada, la descalificación subjetiva del informe mencionado; y, peor aún, algún nivel de persecución que se pretenda desatar en contra de la citada profesional, sean medidas que ayuden a enfrentar el grave problema aquí planteado.

Una vez más, les reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, a.í.
Lic. Guillermo Ugalde Víquez, Director Nacional de la Policía Penitenciaria.
Msc. Rómulo Castro Víquez, Director de Recursos Humanos, Adaptación Social.
Lic. Alexánder Obando Meléndez, Director, Instituto Nacional de Criminología (INC).
Bach. Ronald Herrera Martínez, Director, Centro de Atención Institucional La Reforma.
Msc. Martha E. González Madriz.
Defensoría de los Habitantes de la República.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Junta Directiva Seccional ANEP-Personal de Salud-Sistema Penitenciario Nacional.
Personal, Centro de Atención Institucional La Reforma.
Archivo.

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Estudio completo

Manifestación frente a la DIS mañana jueves

Un importante grupo de ciudadanos y de ciudadanas que realizan actividad sociopolítica desde la más amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, se presentará mañana jueves 5 de marzo, en la sede de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), para exigir lo siguiente:

1- Apertura de todos los expedientes secretos que se sabe guarda la DIS, donde se ha registrado la actividad cívica de una enorme cantidad de ciudadanos y de ciudadanas a lo largo de los últimos años.

2- Solicitar al Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, un informe completo acerca de las tareas de espionaje político que se ordenó ejecutar desde la DIS en contra de cientos y cientos de costarricenses que, desde las más disímiles organizaciones, ejercieron su derecho democrático de oposición al tratado de “libre” comercio (TLC) con los Estados Unidos de América.

3- Dejar constancia ante la opinión pública nacional de la necesidad de que la Asamblea Legislativa emita una ley disolviendo la DIS, por ser contraria a los principios democrático-constitucionales de libre expresión y manifestación de ideas que consagra nuestro régimen republicano, por tanto Costa Rica no necesita de ningún tipo de policía política.

4- Además, queremos demandar total transparencia y rendición de cuentas, en torno a las relaciones de la DIS con su homóloga colombiana, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), altamente cuestionada por su labor de espionaje político en Colombia.

5- La manifestación tendrá lugar, como indicamos, este jueves 5 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones de la DIS, ubicadas en las cercanías del Gimnasio Nacional.

San José, 4 de marzo de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Día Internacional de la Mujer: Cine foros

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Te invita a celebrar con nosotras (os)

“El Día Internacional de la Mujer”

Participa en el:

CINEFORO

4 de Marzo

North Country

Sinopsis: Josey Aimes vuelve a su pueblo natal en busca de un trabajo en las minas de hierro de la región. Nunca imaginó que tendría que lidiar con el acoso de sus compañeros. Cuando Josey protesta contra este maltrato, se encuentra una gran oposición. A través de estos contratiempos, Josey encontrará el valor para luchar por lo que creé, a pesar de tenerlo que hacer sola.

Dirección de: Niki Caro

Basada en el libro de Clara Bingham

Protagonizada por: – Charlize Theron como Josey Aimes – Elle Peterson como Karen Aimes – Thomas Curtis como Sammy Aimes – Frances McDormand como Glory – Sean Bean como Kyle – Woody Harrelson como Bill White

Comentado por: Máster Sandra Cartín Herrera

Lugar y Fecha: Miércoles 4 de Marzo a las 5 p.m. en el Auditorio de las Oficinas Centrales de la ANDE (5ta Av. Entre calles 0 y 2)

Habrá un refrigerio al final de la actividad para las personas participantes
Demos un paso más hacia la EQUIDAD.

Reafirmamos que “La violencia contra las mujeres siempre es delito”

Recientemente, en un voto dividido 4 a 3, los magistrados Luis Paulino Mora, Ernesto Jinesta, Gilbert Armijo y la magistrada Rosa Abdelnour declararon inconstitucionales los dos tipos penales más utilizados: el maltrato físico y la violencia emocional, que representan el 78% de todas las denuncias presentadas hasta este momento.

Esta decisión, además de promover la impunidad de estas formas de violencia contra las mujeres, que son las más frecuentes, no puede menos que sorprender, ya que los tres magistrados que ahora emiten este criterio en el pasado resolvieron en sentido contrario.

La Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres es la segunda ley en el mundo específica de violencia contra las mujeres, y es la primera que penaliza el delito de femicidio.

Fue aprobada en el 2007, luego de casi ocho años de debate legislativo en los que fue sometida a consulta a la Sala IV en cinco ocasiones. Durante este tiempo, todos y cada uno de los delitos fueron ampliamente analizados, revisados y reformados para subsanar los problemas señalados por esta misma Sala.

Al derogar los artículos 22 y 25, medulares para la efectividad de esta ley protectora se legitima aún más las agresiones contra las mujeres, se le niega su carácter de delito que violenta sus derechos humanos, en particular el derecho a vivir libres de violencia y se niega el acceso a la justicia a las mujeres maltratadas.

Muchas mujeres que ya se habían amparado en esta ley se encuentran ahora en una situación de gran vulnerabilidad y peligro pues es bien sabido que uno de los momentos de mayor riesgo para las mujeres maltratadas es aquel en el que se han interpuesto denuncias contra los agresores, que ahora están libres.

Detrás de la derogatoria de estos dos artículos, hay una intencionalidad clara de ir eliminando paulatinamente toda la ley, lo cual ha sido manifestado expresamente por quienes se oponen a ésta y a otros avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Así, se evidencia el irrespeto de los tres magistrados y la magistradas a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres ratificados por Costa Rica, así como el retroceso en nuestro país que ha sido reconocido por su liderazgo latinoamericano en este ámbito.

En el marco de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, dirigimos nuestra lucha a la defensa de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres.

POR TODO LO ANTERIOR ACORDAMOS:

1) Repudiar y denunciar a los magistrados Mora, Armijo, Jinesta y la magistrada Abdelnour ante la comunidad nacional e internacional por este acto regresivo y violatorio de los Derechos Humanos de las mujeres.

2) Exigir a la Sala IV la revisión y declaratoria de nulidad de esta resolución (Voto N. 15447-08) para la restitución de los tipos penales cuestionados al cuerpo de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

3) Exigir que al menos el 40% del presupuesto extraordinario que fuera girado al Poder Judicial para asegurar la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia en Contra de las Mujeres sea destinado a la creación de un servicio de defensa y acompañamiento legal gratuito de mujeres víctimas de violencia.

Invitamos a las organizaciones civiles, sindicales, universitarias, de defensa de los derechos humanos, comunitarias, partidos políticos y a la ciudadanía en general a manifestar su repudio a estas actuaciones, uniéndose a la concentración que realizaremos este Viernes 6 de Marzo a las 10:30am frente a la Sala IV.

RED FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERESCOSTA RICA

Aduanas: Despidos ponen en entredicho discurso presidencial

San José, 2 de marzo de 2009.

S.G. 07-09-1201-09

Doctor
Guillermo Zúñiga Chaves
Ministro
Ministerio de Hacienda
Su despacho

Estimado señor ministro:

Luego de saludarlo respetuosamente, deseamos manifestar una situación que en el seno de la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-Hacienda nos está preocupando.

Hemos tenido información del despido de cinco personas en la Aduana de Limón, todos en puestos de interinos; dicho despido se dio a partir de este 1 de marzo del 2009.

Estas personas son residentes de la zona, se han profesionalizado con gran esfuerzo con sus propios recursos debido que no han disfrutado de becas, demostrando su capacidad y eficiencia en el desempeño de sus labores.

Además cumplen los requisitos que se establecen en el Manual General de Clasificación de Clases, actualmente vigente. Incluso han acumulado valiosa experiencia en el desempeño de los procesos aduaneros demostrando capacidad y eficiencia y no entendemos que existen razones de peso para que los mismos sean despedidos.

Consideramos que despedir trabajadores y trabajadoras de aéreas estratégicas, como son los puestos de control de entradas y salidas de mercancías en puertos y aeropuertos para llenar plazas en oficinas de la Llacuna en San José es muy delicado, debido a que debilita el sistema en las diferentes Aduanas fomentando el contrabando y la evasión fiscal.

Dado lo anterior, y según lo establecido en el Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento, en el articulo 10 indica “se consideraran servidores interinos sustitutos los que fueren nombrados para reemplazar temporalmente a un servidor regular…..”. De ahí se desprende que la cesación de los servicios de estos compañeros y compañeras interinas será únicamente cuando regrese el titular del puesto y/o se presente la nómina de elegibles por parte de la Dirección General del Servicio Civil.

Por lo tanto, solicitamos con todo respeto la integración de dichos funcionarios y funcionarias a sus respectivos puestos, de lo contrario viene a contradecir la política del Presidente de la República Oscar Arias Sánchez, de evitar los despidos y menos si estos no se justifican en aéreas tan sensibles como los puestos de controles aduaneros.

Así mismo tenemos conocimiento en el caso de la Aduana de Limón; la Gerencia apoya a estos funcionarios y funcionarias a que no sean despedidas, ya que reconocen la labor que han realizado y están muy preocupados por supuestos despidos masivos a futuro.

Esperamos pronta repuesta según el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y si estos hechos se están suscitando denunciaremos ante la opinión pública todo prejuicio tanto a las personas trabajadoras del Estado como a las arcas del mismo, porque estamos vigilantes ante cualquier anomalía que se detecte en violación a los derechos laborales y del pueblo.

Sin más por el momento se suscriben de usted,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c.
Sr. Desiderio Soto, Director General de Aduanas.
Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Hacienda
Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP
Junta Directiva Nacional de ANEP

Tributación-Hacienda: «¿Más caciques que indios?

San José, 2 de marzo de 2009.
S.G. 07-09-1200-09

Licenciado
Francisco Fonseca Montero
Director General de Tributación
Ministerio de Hacienda
Su despacho

Estimado señor:

Con gran respeto, le expresamos a usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Como usted sabrá, una de las grandes preocupaciones de tiene esta organización sindical, en cuanto a su agenda nacional, tiene que ver con el asunto tributario costarricense, pues siempre hemos considerado que hay mucho que hacer todavía para lograr una verdadera justicia tributaria en nuestro país, aunque reconocemos importantes avances en el nivel de gestión administrativa, lo cual hubiese sido imposible de lograr si no se tuviera el comprometido personal que labora en esa Dirección.

Está circulando en la Dirección General de Tributación el documento adjunto, en el cual se muestra el supuesto nuevo organigrama que tendría la dependencia a su digno cargo, de lo cual, tenemos entendido, hasta las diferentes jefaturas de la misma, lo están dando a conocer.

Así las cosas, invocando el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la siguiente información:

Si ese documento es oficial y desde cuándo ha entrado en vigencia.

¿Cuáles es el estudio que le da sustento a esa supuesta transformación organizativa?

¿Cuál es el costo que tiene la implementación de tal estudio, siendo que del mismo se deriva la apertura de nuevas jefaturas con la correspondiente que se genera a partir de cada una?

¿Cuáles son los resultados que se esperan obtener de la implementación del estudio, en materia de elevación de le eficiencia y la eficacia de la gestión tributaria que se administra desde esa dirección?

¿Se contratará nuevo personal a partir de la implementación de tal estudio?

¿Qué persona y/o firma realizó el estudio?

¿Tiene el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) papel en este asunto?; ó ¿solamente se le informó?

Sin otro particular, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración, esperando una pronta respuesta a nuestras interrogantes.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Lic. José Manuel Gómez Sánchez
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda

C.c.
Lic. Francisco Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda.
Junta Directiva Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

Equilibrios que obsesionan

Dependiendo de la etapa del ciclo, así son los problemas. Durante la expansión, el rápido crecimiento crea presiones inflacionarias que son perjudiciales por sus consecuencias, no solo macroeconómicas sino también sociales. Es por ello que en ese momento conviene utilizar instrumentos monetarios restrictivos para abatir la inflación y aplicar mecanismos compensatorios para ayudar a quienes padecen la reducción de su poder adquisitivo.

En la etapa recesiva, por el contrario, cuando la inversión privada y la producción se contraen y el consumo se desploma, el mal que acecha es el desempleo. Las empresas despiden trabajadores, sus equipos y maquinarias quedan ociosos y muchos negocios van a la quiebra. Se deben entonces aplicar políticas que atenúen esas adversidades y que contribuyan a la reactivación productiva.

La evolución cíclica, característica del sistema de mercado, hace imperativo que el Estado intervenga con sus instrumentos de política económica para amortiguar las consecuencias negativas de esos altibajos.

Es por ello que parece razonable pensar que las instituciones económicas no deberían tener un objetivo único, inconmovible e independiente del ciclo económico, sino ajustable a las circunstancias. Combatir la inflación es necesario cuando la economía crece y los precios aumentan, pero no es prioritario cuando hay estancamiento y las presiones alcistas se reducen. Es oportuno generar superávit fiscal cuando estamos en expansión, pero resulta indispensable aumentar el gasto y el déficit cuando la actividad productiva decae.

Vivimos una etapa recesiva, posiblemente la más grave y profunda de las últimas décadas. El problema más serio que enfrentamos es la contracción productiva y el desempleo. Sobre eso ya no hay discusión.

Por lo tanto, no es momento para que el Banco Central siga obsesionado por lograr metas inflacionarias y se aferre a restricciones financieras mientras el crédito se seca, la morosidad aumenta y los precios están contenidos. Es tiempo de aumentar la liquidez, reducir las tasas de interés y adoptar una política cambiaria que genere tranquilidad y evite la especulación. Ese debe ser su papel ahora.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda debe gastar. Corresponde admitir que en este contexto el déficit fiscal es una bendición porque es más meritorio crear puestos de trabajo que cerrar el ejercicio fiscal con excedentes. Desde luego, ese gasto no debe ser superfluo sino inversión pública, ni el déficit debe ir más allá de lo razonable, entre un 3% y un 4% del PIB, si se tomaran como ejemplo otros países.

Reducir temporalmente el impuesto de venta para estimular el consumo, poner en marcha proyectos de infraestructura pública financiados con bonos y diferir el pago de algunos tributos corporativos para socorrer a empresas en situaciones precarias, serían decisiones de gran ayuda para reanimar la economía nacional.

Las autoridades económicas deben dejar de lado su obsesión por la estabilidad de precios y por el presupuesto equilibrado. La recesión que sufrimos exige de manera urgente reactivar la economía y aliviar a los damnificados. Cuando haya crecimiento y de nuevo se estén creando empleos, entonces habrá ocasión para encarar otras patologías del sistema.

Cada cosa a su tiempo.

03/03/2009