El IDA si sirve y debe ser fortalecida

21 de enero del 2009-01-21

SANEP-001-2009

DE: SECCIONAL ANEP
A: TODOS LOS TRABAJADORES

Nosotros creemos que nadie en este país; en las actuales circunstancias, se le ocurriría proponer el cierre de la institución, por el contrario todos vuelven la mirada hacia el IDA con la esperanza de encontrar una solución a sus problemas. No debemos olvidar que muchos de los afectados ostentan la condición de beneficiarios y que muchas de las comunidades se crearon alrededor de asentamientos que constituyo el IDA.

Lo que esta claro es que entre más complicado se vuelve el panorama económico y entre más se complica la situación social del país, más vigencia cobra la institución, fundamentalmente por que el IDA es una institución que atiende a la población rural, no solo con la compra de tierra sino también con la dotación de servicios básicos.

En las actuales circunstancias la tarea del IDA es hacer un inventario de las fincas afectadas, los campesinos y beneficiarios afectados y de las fincas que existen en el entorno que podrían servir para brindar una solución a todas esas personas, volver la mirada a los campesinos que son la razón de ser de esta institución. Hoy más que nunca se vuelve imperativa nuestra participación en la búsqueda de soluciones de corto plazo, por tanto hay que solicitar mayor flexibilidad a la Contraloría y a las instancias reguladoras con la finalidad de atender en el menor tiempo posible a los afectados.

El ambiente que se percibe en la Asamblea Legislativa no parece ser el más apropiado para la discusión de la transformación IDA-INDER, por tanto hay que seguir nuestra labor sin distraernos en pensar respecto a la posibilidad o no de esa transformación, hay que recordar que hay cientos de personas que se vieron afectados por el terremoto y lo único que les interesa en este momento es una solución inmediata a su problema..

Walter Quesada Fernández
Presidente
Seccional ANEP-IDA

¡Ahora quieren llevarse los ríos!

El Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI) alerta a la opinión pública:

Con la crisis que vive el mundo, todos los países tratan de conservar su consumo interno y la producción nacional, para que haya más trabajo local. Costa Rica hace todo lo contrario cediendo nuestros mercados a las importaciones.

Mintieron para lograr sus propósitos. Le arrancaron al pueblo las telecomunicaciones, lo cual sin duda debilitará el ICE y con esto, el enfoque de solidaridad social mediante el cobro de tarifas exageradas y pésimo servicio: Ya Costa Rica vivió esa experiencia antes de la creación del ICE. Pero no les bastó. Su ambición y su codicia son tan grandes que ahora quieren apoderarse de todo lo demás. Ahora quieren todo el mercado eléctrico y para eso ya empezaron con el “inocente” proyecto titulado “Ley marco de concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas” que les permite explotar las cuencas sin los debidos controles ambientales y sin importarles abastecer la demanda del país porque lo que persiguen es que los dejen exportar la electricidad a Centroamérica.

Cuando se discutía el TLC dijimos que iban tras la privatización del agua, hoy la intentan con este proyecto de ley.

Igual asustan a la opinión pública con editoriales alarmantes (La Nación, 22 de Enero de 2009) donde advierten que: “Costa Rica podría experimentar una peligrosa ralentización económica o, quizás, una recesión de graves consecuencias para la generación de empleo, salarios reales y pobreza. Caerán las entradas de capital y disminuirán las remesas como producto de la crisis financiera internacional”.

Hace año y medio nos decían, con tal de ganar el Referendum: que sin TLC se perderían miles de empleos, que las industrias tendrían que cerrar y que el país se hundiría en la pobreza si no se firmaba el Tratado; curiosamente ahora dicen que estamos en la época de las vacas flacas. Hoy, apenas entrando en vigencia el TLC las industrias cierran, aumenta el desempleo, la desigualdad, la pobreza y la criminalidad, lo que demuestra la magnitud del engaño a los costarricenses.

Ahora apuntan sus baterías al sector eléctrico impulsando la “inocente” ley de concesión del recurso hídrico amparándose en la tragedia nacional sufrida por el reciente terremoto. También tienen elaboradas otros proyectos completamente aperturistas que sin duda significarán la destrucción final del ICE. En otros países del mundo, no sólo de América, las reformas a la industria eléctrica han tomado años de análisis y en muchos de ellos no se han podido realizar, porque éste es precisamente un sector sumamente sensible, con gran impacto en la población.

Hacemos esta denuncia para alertar al país sobre lo que está ocurriendo: Los sectores dominantes ávidos de negocios proponen leyes con consecuencias nefastas para las mayorías y en la Asamblea Legislativa se aprueban leyes sin el debido conocimiento, análisis, discusión y consulta a los sectores afectados.

Instamos a los miembros de la Asamblea Legislativa que estuvieron en contra del TLC y contra las privatizaciones y que además participan en la Comisión de Agropecuarios que es la que tramita el proyecto del recurso hídrico, para que se opongan firmemente a esta iniciativa gubernamental.

Hacemos llamado a las organizaciones ambientalistas y sociales para que establezcan un estado de alerta que permita la multiplicación de esta denuncia por todos los medios a su alcance, para promover la oposición a este proyecto de ley que nos lo presentan como inofensivo, para que sea combatido en todos sus extremos. De lo contrario, las consecuencias nefastas para el país serán sentidas en el corto, mediano y largo plazo y lamentadas por una inmensa mayoría de la población, que es siempre la más pobre, vulnerable y desprotegida.

Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI)
Rodrigo Carazo Odio
Presidente

24 de enero 2009

Selvas tropicales en peligro

Esta información confirma la importancia de las denuncias hechas por diversas comunidades de nuestro país contra los bosques en Crucitas, el recurso Hídrico en Sardinal, las mega construcciones y las marinas en las costas.

¿Será que los científicos del mundo son también “trasnochados” por defender los recursos naturales?, veamos:

Washington, 25 de enero 2009.- La deforestación, la caza y otras actividades humanas amenazan seriamente a las selvas tropicales, cuya protección es esencial para luchar contra el calentamiento global y para preservar la biodiversidad, dijeron científicos reunidos en un simposio en Washington.

El simposio fue organizado por el Museo Nacional de Historia Natural de la institución Smithsonian.

“Cerca del 25 por ciento de los mamíferos del planeta, siendo la mayoría de estos los que habitan en las selvas tropicales, están en peligro de extinción”, dijo Cristian Samper, director del Museo y uno de los organizadores de este evento.

Según Samper, una cuarta parte de las selvas tropicales del mundo ha desaparecido en los últimos 150 años.

“Lo preocupante de esto es que cuando miras a los siguientes 50 años, en donde estimamos que podríamos perder otro 25 por ciento”, dijo el director de este Museo.

Samper y otros científicos concuerdan en que la causa de las pérdidas se debe a una combinación de varios factores siendo la deforestación, para obtener madera y agricultura, la más importante.

Otras razones incluyen la sobrepoblación, la contaminación, el cambio climático y la caza de animales.

Según Elizabeth Bennett del Programa para el comercio la caza y la conservación de la vida silvestre, la caza con fines comerciales es actualmente un gran negocio mundial, que provee a diferentes países de productos como carne, animales exóticos y pieles, entre otros artículos.

“Durante el año 2000, Sumatra exportó 25 toneladas de tortugas cada semana a la China“, dijo Bennett.

El síndrome de las “Selvas Vacías”, es otro fenómeno que debe horrorizarnos, de acuerdo con Bennet.

“Las selvas vacías son un fenómeno en donde tenemos un hermoso bosque. Si lo miras a través de la fotografía de un satélite o desde un avión, luce como una bonita selva. Pero ha sido muy dañado por la caza de animales y ahora se percibe sólo silencio”, explicó la investigadora.

Muchos científicos concuerdan en que mientras las selvas tropicales podrían sobrevivir de una manera u otra, miles de especies animales podrían no hacerlo. Y al final, estaremos en un mundo lleno de vegetación pero que ha perdido su balance.

ANEP realizó tradicional rezo del niño

Parte de la diversa composición de nuestro sindicato el rezo del niño es una tradición que se consolida con los años. En esta oportunidad la actividad se realizó el día de hoy viernes 23 de enero en las instalaciones de la “Casa Sindical Mario Alberto Blanco Vado” a las 3:00 p.m.

Con gran devoción y fe, las personas participantes oraron por una Costa Rica carcomida por la corrupción y el egoísmo de unos cuantos. Pidieron por una Costa Rica nueva, con mayor devoción, fe y esperanza.

Luego del rezo, el también tradicional cafecito, chicharrones, aguadulce y demás aperitivos para honrar y dar gracias a Dios por la posibilidad de tener alimento para el cuerpo y el alma.

Trabajadores del IFAM se dirigen al Presidente Arias: Conflicto laboral en desarrollo

San José, 22 de Enero, 2009

ASEIFAM-05-2009
ASPI-05-2009

Doctor
Oscar Arias Sánchez, Presidente
Presidencia de la República

Estimado señor Presidente Arias

Con el mayor respecto nos dirigimos a su persona en calidad de funcionarios del IFAM representantes de los y las servidoras, directamente afectados por las precipitadas medidas que pretende adoptar nuestro Presidente Ejecutivo, Lic. Fabio Molina Rojas, en contra de nuestra Institución.

Es preciso hacer saber que estas últimas y conocidas medidas forman parte de un estilo de administrar y de una conducta muy propia del señor Fabio Molina Rojas, estilo y conducta que han originado un caos administrativo, financiero, organizativo y político en el IFAM de imposible solución sin la intervención de una instancia externa, técnica e imparcial.

Consecuentemente, hemos solicitado la intervención de la Contraloría General de la República y además, dadas las circunstancias prevalecientes hemos tenido que acudir a una serie de denuncias y demandas que se incoarán ante diversos tribunales. Este asunto ya es de conocimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo. No es este el lugar de exponerle en detalle las causas de la paralización y el caos que sufre la Institución a su interior, información que se dará en su oportunidad ante los organismos competentes y a usted mismo o a quién designe para la debida atención de la presente petición.

Una cosa es lo que se ha tratado de aparentar hacia fuera y otra la realidad imperante a lo interno. Existe un abismo entre ambas situaciones; poco a poco se irá sabiendo la verdad que, como siempre, terminará, más tarde o más temprano, por prevalecer.

Estamos convencidos que usted desconoce esa realidad por ser asunto que le compete a la Contraloría General de la República, Inspección General de Trabajo, Tribunales de Justicia y Organismos Internacionales, en lo que concierne al manejo administrativo, organizativo, legal y financiero de la Institución. Pero sí en lo que atañe a competencias políticas propias del señor gobernante sobre las que marcó un camino de ética y moral desde el inicio de su gestión en la presente administración.

Ante las delicadas y comprometedoras denuncias y afirmaciones expuestas por el señor Lic. Gastón Guardia Iglesias, Exsecretario General de la Junta Directiva en su informe final de labores, del cual el señor exsecretario puso formalmente en conocimiento de su Despacho, consideramos que lo más razonable, como ha sucedido en casos similares respetando y aplicando el Código de Ética y Moral del Gobierno; solicitarle la formación inmediata de una Junta Interventora o bien de la Comisión de ética, que entre a realizar una revisión integral sobre la realidad prevaleciente en torno a las finanzas, administración, organización y sobre las competencias que le corresponde ejecutar, a fin de buscar una solución al impasse en que se halla en la actualidad el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Institución a la que el señor Presidente le ha brindado un espacio importante en el proceso de “Descentralización y Fortalecimiento Local” que apoya y ha impulsado durante muchos años. Le pedimos su intervención, posibilidad que está en su poder decidirla, y que es congruente y consecuente con una gestión rectilínea en la Administración Arias Sánchez.

Quedamos a la espera de su acogida y pronto trámite a esta vehemente y respetuosa solicitud de los servidores y servidoras del IFAM.

Confiados en que prevalecerá la cordura y la justicia, atentamente,

Enrique Espinoza León
Secretario General ASEIFAM

Sandra Morales Alfaro
Secretaria General ASPI

Hannia Sequeira Durán
Secretaria Adjunta ASEIFAM

Leed Rodríguez
Sub Secretario General ASPI

Marcia Vega Mora
Secretaria de Actas ASEIFAM

Bellanira Solís Loría
Secretaria de Actas ASPI

Grace Sánchez Carvajal
Secretaria de Conflictos ASEIFAM

Ivannia Segura Sánchez
Secretaria de Conflictos Laborales ASPI

Olman Piedra Valverde
Secretario de Finanzas ASEIFAM

Ricardo Murillo De Diego
Secretario de Finanzas ASPI

Jorge Esquivel Alfaro
Secretario Organizac. y Relac. Sindic.

Patricia Rojas Gamboa
Secretaria Relaciones Públicas ASPI

Victoria Rojas Aguilar
Secretaria de Prensa y Comunicación

Ivannia Segura Sánchez
Fiscal ASEIFAM

Luis Fernando Maykall Montero
Fiscal ASPI

C:
Lic. Rodrigo Arias, Ministro de la Presidencia
Licda. Rocio Aguilar Montoya, Contralora General de la Republica
Licda. Giselle Segnini, División de Area, Asuntos Municipales, C.G.R.
Ing. Gilberto Jerez, Comisión de Asuntos Municipales, Asamblea Legislativa
Lic. Alberto Salom, Diputado PAC
Dra. Lisbeht Quesada, Defensora de los Habitantes
Lic. Francisco Morales, Ministro de Trabajo
Lic. Roberto Gallardo, Ministro de Planificación Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP
Confederación General de Trabajadores, CGT
Organización Internacional del Trabajo OIT
Cronológicos

Guatemala: Transnacional demanda al amparo del TLC

Guatemala, 22 de Enero del 2009

¡Tras que deben, cobran!

Esta empresa española, que ha sido declarada como violadora de la ley incluso por la Corte de Constitucionalidad, ahora se refugia en un TLC dentro del cual España nada tiene que ver en absoluto. Y demandan, entonces, a Guatemala, bajo el triste argumento de que no le permiten sacar la ganancia que a su codicia le apetece.

En esta demanda se dan la mano dos grandes políticas enemigas del pueblo, a las cuales el FNL ha denunciado reiteradamente: (i) la de privatización de los servicios públicos y (ii) el Tratado de Libre Comercio. Aquí se hace verdad el refrán popular que afirma que “Dios los hace pero el Diablo los junta”. En todo caso, pedimos excusas por el hecho de que el refrán atribuya a Dios la paternidad de tan horrendas criaturas.

Para nadie es un secreto que, durante el Gobierno de Arzú, se privatizó la distribución de la energía eléctrica, que pasó a ser negocio de IBERDROLA y de Unión FENOSA, ambas empresas radicadas en España. Pero ahora resulta que, con capital de IBERDROLA, participa también como socia una empresa llamada Teco Energy Inc., cuya sede se localiza en Miami, y que es dueña del 24% de las acciones de la EEGSA. A partir de ello, es que proceden a invocar el TLC y a demandar, entonces, a Guatemala.

Esta empresa tiene una subsidiaria denominada Teco Guatemala, la cual, según sus propias palabras , “opera dos plantas generadoras de energía en el país con acuerdos de venta de largo plazo y, además, es copropietaria de la empresa de distribución de electricidad más grande en Guatemala” En su página web afirman que son dueños de la planta San José, una carbonera localizada cerca de Masagua y de la planta La Alborada, cercana a Escuintla, que funciona a base de petróleo.

Allí mismo, en su propia página web, nos enteramos que durante el proceso de privatización de instalaciones de distribución de energía, en 1998, IBERDROLA de España, Teco Energy de Miami y el consorcio Electricidade de Portugal adquirieron el 81% de EEGSA y, desde entonces, la controlan, dejándole al Estado un 14% de participación.

Con respecto a esta empresa acusadora, en la página de Wikipedia se encuentra lo siguiente:

Researchers at the University of Massachusetts Amherst have identified TECO Energy as the 37th-largest corporate producer of air pollution in the United States, with roughly 11 million pounds of toxic chemicals released annually into the air. Major pollutants indicated by the study include hydrochloric acid, sulfuric acid, nitrogen oxide, sulfur dioxide, chromium compounds, arsenic compounds, and nickel compounds. In 2000, TECO Energy was fined $3.5 million by the US EPA.

Traducción libre: “Investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst han identificado a TECO Energy como la 37ava corporación más grande productora de contaminación del aire en Estados Unidos, con aproximadamente 11 millones de químicos tóxicos liberados anualmente en el aire. Los mayores contaminantes indicados en el estudio incluyen ácido hidroclorídrico, ácido sulfúrico, óxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, componentes de cromo, componentes de arsénico y componentes de níquel. En el 2000, Teco Energy fue multada con 3.5 millones de dólares por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos”

En otra página de internet, que describe los métodos de trabajo que emplea esta transnacional, encontramos lo siguiente :

WASHINGTON – Florida electric and natural gas utility owner Teco Energy Inc. spent $310,000 lobbying on energy and environmental issues in the first quarter, according to a recent disclosure form.

The power industry would likely face heightened costs should Congress pass legislation designed to curb emissions of carbon dioxide and other greenhouse gas linked to climate change…

Teco Energy spent $1.3 million lobbying last year.

Traducción libre: WASHINGTON – La empresa Teco Energy Inc., concesionaria del servicio público de energía, ubicada en Florida, gastó 310,000 dólares en cabildeo sobre temas de energía y ambiente en el primer trimestre, de acuerdo con una declaración reciente.

La industria de la energía muy probablemente enfrentará un incremento en sus costos si el Congreso aprueba la legislación destinada a reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de invernadero vinculados al cambio climático…

El año pasado Teco Energy gastó 1.3 millones de dólares en cabildeo.

Se trata, pues, de una empresa que agrede la vida en donde quiera que se instala y que, además, destina millones en gastos de cabildeo, es decir, para comprar a su favor voluntades políticas. No tenemos información alguna respecto a cuánto ha destinado al cabildeo en Guatemala ni, tampoco, respecto a cuánta contaminación ambiental genera, sobre todo sabiéndose que en el país no se aplican regulaciones ambientales como las que operan en Estados Unidos. Los pobladores de Masagua y de Escuintla serán, en este caso, los principales patos de la fiesta.

Los antecedentes públicos de esta monstruosa empresa hablan suficiente de quién es la persona jurídica que tiene el descaro de acusar a Guatemala en el marco del TLC. Se trata de modernos piratas a quienes el desarrollo o el bienestar les viene a menos.

La plana mayor que en Guatemala representa a esta empresa la conforman Gordon L. Gillett, de los Estados Unidos, quien se respalda en dos cipayos locales: Víctor F. Urrutia, Vicepresidente de Operaciones de Teco Guatemala, quien durante 16 años trabajó para la Empresa Eléctrica de Guatemala y fue uno de los responsables de su privatización y Juan C. Villa, Director de Desarrollo Empresarial de Teco Guatemala, y activo promotor de la privatización del INDE.

Hay que señalar que, desde el momento en que se privatiza la distribución de la energía, han venido surgiendo una sarta de empresas privadas, nacionales y extranjeras, que tienen participación en la producción y generación energética. Entre estas se mencionan: Unión FENOSA, IBERDROLA, Teco Energy Inc., DECAII, Electricidade de Portugal, INVELCA, IDEAMSA, AMESA y NAVEGA.

Aunque parezca mentira, el Ingeniero Villa, mencionado en un párrafo anterior, aparece vinculado de manera directa a todas ellas . Es triste descubrir cómo hay ciudadanos a quienes el poder del dinero convierte en enemigos de su propio pueblo y aliados de quienes lo explotan.

De manera, pues, que estos piratas de Teco Energy Inc., socios menores de IBERDROLA, tienen la desvergüenza de convertirse en acusadores. Demandan a Guatemala acudiendo al TLC para hacerlo.

Pues bien, dado que son ellos quienes acusan y asumen el papel de víctimas, pues sus empresas deben irse del país que afirman que los agrede. Pobrecitos. Nada puede obligarlos a seguir aquí, en donde, según los cargos que lanzan contra el Estado, no los dejan ganar lo que les ronca en gana.

Pero, además, tomando como punto de partida la demanda planteada por estas empresas, si nuestros gobernantes tuvieran la dignidad requerida, con todo derecho deberían suspender sus operaciones, rescindir sus contratos, declararlas lesivas para el interés nacional, obligarlas a reembolsar a cada usuario lo que han cobrado de más e invitarlas a salir del país apenas paguen la última de sus deudas. Nada explica que el país se permita vivir con un alacrán dentro de la camisa.

IBERDROLA, Unión FENOSA, Teco Energy Inc. y toda esa retahíla de empresas extranjeras que ahora aparecen concatenadas con el tema de la producción y distribución de la energía eléctrica deben ser expulsadas de suelo guatemalteco.

La producción y la distribución de energía debe retornar, de manera urgente, a manos del INDE, como corresponde.

En el país debe prohibirse la instalación y el funcionamiento de plantas carboneras.

Las organizaciones populares debemos exigir, con firmeza, que el Gobierno asuma el papel que le corresponde y que, en lugar de continuar entregando nuestras riquezas a estos y otros piratas, revierta las privatizaciones y proceda a restituir al Estado, es decir, al área de propiedad del pueblo, todo lo que le han despojado.

¡La Lucha Sigue!

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Prensa Libre, 22 de Enero del 2009

Económicas

*EEGSA inicia proceso para arbitraje contra Guatemala *

Segundo caso, luego de Ferrovías, que se anuncia bajo normas del TLC


Por leonel díaz , Rosa m. Bolaños y E. Godoy

Teco Energy Inc., una de las tres compañías accionistas de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), inició un proceso para alcanzar un arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala, por el cambio en el Valor Agregado de Distribución (VAD), fijado en el 2008.

El 13 de enero recién pasado, Teco Energy Inc. anunció al Gobierno de Guatemala su intención de iniciar un proceso de arbitraje contra el Estado, bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.

En tanto, el 20 de enero último, Teco informó de esa decisión a la Comisión Estadounidense de Intercambio y Valores.

La compañía se queja de la decisión de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de rebajar la tarifa del VAD que la EEGSA tiene derecho a cobrar a los usuarios, y que causó una baja en sus ganancias.

El 31 de julio del 2008, el órgano regulador fijó las nuevas tarifas, de los próximos cinco años, para clientes residenciales y pequeñas y medianas empresas.

Con anterioridad, la EEGSA cobraba US$9.19 por kilovatio (Kw) para el sector residencial, y con la decisión de la CNEE, el cobro se fijó en US$8.22.

Para las pequeñas empresas, la tarifa era de US$11.37 y se estableció en US$4.24 por Kw al mes.

“Esta acción ha causado una reducción significativa de las ganancias”, refiere la queja de Teco Energy ante la SEC.

En el último trimestre del 2008, los ingresos de la subsidiaria guatemalteca fueron de US$11.7 millones, mientras que el trimestre anterior registraron US$37.1 millones.

Teco Energy, una compañía basada en Tampa, Florida, es dueña del 24 por ciento de la EEGSA a través de una inversión con la española Iberdrola de Energía, S.A., y Electricidad de Portugal, S.A.

Iberdrola también inició un proceso, amparada en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre España y Guatemala. En este caso, las reuniones conciliatorias se llevaron a cabo en noviembre del año pasado, en México.

Rubén Morales, viceministro de Economía y Comercio Exterior, afirmó que dicho ministerio recibió la semana recién pasada el aviso por parte de la compañía, aunque evitó opinar al respecto, al comentar que los abogados revisan el caso. Agregó que desconoce qué ha pedido y argumentado la empresa.

A partir de la fecha del aviso, ambas partes tienen 90 días para buscar un acuerdo; de no lograrse en ese lapso, la empresa podrá solicitar el arbitraje a una organización de manejo de controversias, que ellos elijan, y entablar allí su demanda contra el Estado de Guatemala.

Jorge Alonso, gerente comercial de la EEGSA, informó que la EEGSA continúa con los procesos que ya inició en los juzgados nacionales y la Corte de Constitucionalidad.

Prensa Libre contactó ayer vía electrónica a Teco Energy; sin embargo, ésta no respondió la solicitud de información.

Informe

Teco Energy informó en la Comisión Estadounidense de Intercambios y Valores que el 13 de enero del 2009 avisó al Gobierno de Guatemala de su intención de un arbitraje. Argumenta que, por la baja en las tarifas del VAD, sus ganancias disminuyeron.

Litigios

_Primer caso _

El primer caso de arbitraje internacional contra el país dentro del marco del TLC lo presentó Railroad Development Corporation, accionista mayoritaria de Ferrovías.

Esa compañía, desde 1998, tiene adjudicada la operación del tren por 50 años. El gobierno de Óscar Berger declaró lesivos los contratos por el equipo, y se quejó de incumplimiento.

La empresa, con base en el capítulo 10 de inversiones del TLC, alegó expropiación indirecta, y exige al Estado US$65 millones en la demanda presentada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington.

ANEP solicita reintegro de impuesto de renta al salario escolar

San José, 22 de enero de 2009.

S.G. 07-09-1111-09

¡URGENTE!

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República

Lic. Rodrigo Arias Sánchez
Ministro de la Presidencia

Lic. Marco Vargas Díaz
Ministro de Coordinación Institucional

Lic. Guillermo Zúñiga Chaves
Ministro de Hacienda

Lic. Francisco Morales Hernández
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Asunto: Devolución impuesto de renta al Salario Escolar

Estimados señores:

Con todo respeto, reciban sus autoridades atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Siempre en el marco del debido respeto presentamos formal petición para que se reintegre a todos los empleados públicos y a todas las empleadas públicas, el importe que por concepto de impuesto sobre la renta le ha sido aplicado, ilegalmente (y reiteramos ilegalmente), al pago del Salario Escolar que por estas fechas este importante sector laboral del país está recibiendo; y que, como bien sabemos, no es ninguna regalía, privilegio, prebenda, dádiva, sino que es producto integral del salario de la persona trabajadora acumulado bajo el sistema de lo que podríamos denominar de retención transitoria.

El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación han formulado una interpretación abusiva del contenido de la Ley No. 8665 que promulgó en octubre pasado la Asamblea Legislativa, estableciendo la exoneración total de pago de impuesto sobre la renta al Salario Escolar.
Al respecto, es importante dejar sentado lo siguiente:

1- El salario escolar se paga en enero y equivale a un aumento retenido por el empleador y que se paga efectivamente, sin intereses hasta ese momento.

2. Antes de ese momento, si bien es cierto los trabajadores tienen derecho al salario escolar, éste no ha entrado todavía a su patrimonio, no tienen disposición sobre él; y, sobre todo, no lo han percibido.

3. La ley de impuesto sobre la renta en lo que se refiere a las rentas personales (incluido el salario y el salario escolar), establece que la obligación de pagar el impuesto NACE con el hecho generador del impuesto, y este hecho se da cuando el trabajador percibe el pago. Antes no. Por tal razón, es posible sostener válidamente que el hecho generador nace, en el caso del salario escolar cuando éste se paga efectivamente, es decir, en el mes de enero, y por lo tanto, nace en un momento en que este rubro (salario escolar) ya no paga impuesto sobre la renta. La ley 8665 publicada el 9 de octubre del 2008, estableció que:

Artículo 35.- Ingresos no sujetos
No serán gravados con este impuesto los ingresos que las personas perciban por los siguientes conceptos:
[…]
f) El monto total que reciben, por concepto de salario escolar, los trabajadores.”

Así las cosas, la ANEP considera que la demanda que ha interpuesto ya la Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del Poder Judicial (Acoprodeju), ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, tiene una solidez jurídica incuestionable y merece no solamente nuestro propio respaldo, sino el de todas las organizaciones sindicales y gremiales que representan a los diversos sectores laborales componentes de la Administración Pública.

ANEP no descarta presentar su propia demanda judicial aunque superar la calidad de la argumentación de la Acoprodeju no será fácil tarea a riesgo de caer en el plagio, lo que no avalamos bajo ninguna circunstancia, por ser completamente antiético.

Por tanto, bien haría el Poder Ejecutivo en reflexionar sobre la inconsistente decisión del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Tributación adscrita al mismo, en revertirla y evitarle al Estado un excesivo gasto público por un trámite judicial que, en definitiva, estimamos se va a perder en detrimento del erario.

Además, de no revertir esa ilegal decisión, la administración tributaria será inundada de demandas individuales que, evidentemente, serán rechazadas para dar paso a la instancia siguiente, el Tribunal Fiscal Administrativo, con lo cual habrá un gigantesco colapso en la gestión cotidiana de ambos entes, sin hablar del incremento en el gasto operativo que generará el giro procesal a que cada reclamante tendrá derecho.

Decimos esto porque desde este instante en que hemos redactado la presente, hemos decidido orientar a toda nuestra membresía para que proceda en tal dirección, a fin de buscar, en sede administrativa, la restauración del perjuicio que se le ha ocasionado.

Les reiteramos, respetuosamente, nuestra petición oficial expresada por esta vía para que se revierta la errática decisión de la Dirección General de Tributación (y, por ende, del propio Ministerio de Hacienda), de aplicar un impuesto sobre la renta al Salario Escolar que ya no tiene razón jurídica alguna para su existencia; y, colateralmente, se disponga lo pertinente para que se devuelva a cada persona trabajadora asalariada del Sector Público que ha sido perjudicada con el ilegal rebajo apuntado.

Además, es importante insistir en la necesidad de evitar un enorme gasto público por los procesos administrativo-jurídicos que se han iniciado y que, como expusimos líneas arriba, se habrán de incrementar en fechas próximas, saturando instancias que deben estar dedicadas a asuntos de mayor trascendencia para las finanzas públicas.

Deben ustedes entender que para cada trabajador y trabajadora asalariada, en época de restricción salarial y de alta inflación, cualquier centavo es de enorme relevancia en la economía familiar, amén de que en este caso el rebajo de impuesto sobre la renta al Salario Escolar es totalmente ilegal. No se puede seguir castigando a la clase trabajadora asalariada que no es la culpable de la crisis económica, mucho menos de esta forma, que es hablar de una especie de confiscación.

La presente petición la amparamos con base en el artículo 27 constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, a fin de obtener oportuna respuesta.

Aprovechamos para reiterarles el mayor respeto y consideración de nuestra parte.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c.
Trabajadoras y trabajadores del Sector Público.
Honorables diputados y diputadas, Asamblea Legislativa.
Señores y señoras, Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del Poder Judicial (Acoprodeju).
Juntas directivas seccionales ANEP-Sector Público.
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Plataforma Sindical Común Centroamericana-Capítulo Costa Rica (PSCC-CR).
Organizaciones sindicales del Sector Público
Medios de comunicación colectiva.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

Ley de Tránsito: Severas sanciones

Desde el mes de diciembre del año anterior empezó a regir la nueva Ley de tránsito, sin embargo, aunque se están aplicando algunas sanciones, no será hasta finales del mes de agosto que se aplique la Ley en todos sus extremos.

Según la nueva Ley, las personas que conduzcan con licor mas allá de 0,75 en la sangre, corran en forma temeraria a más de 150 kilómetros por hora, se expondrán a penas de cárcel que va de uno a tres años además de la suspensión de la licencia por dos años inicialmente.

La nueva Ley fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta en su Alcance 55 el pasado 23 de diciembre del 2008 y desde entonces se vienen realizando operativos sobre todo con los conductores borrachos con el fin de bajar los índices de muerte en las carreteras, efecto que hasta la fecha no se ha podido obtener y por el contrario, según datos de Tránsito, las cifras se mantienen como hace un año sin las actuales sanciones de cárcel.

Hasta agosto

Según se plantea en la nueva Ley de Tránsito el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, debe desarrollar una campaña nacional de educación sobre todos los alcances de las reformas realizadas a la Ley de Tránsito, además de contratar a 400 nuevos oficiales.

Esa campaña debe desarrollarla en nueve meses desde la publicación de las reformas a la Ley, o sea de diciembre 2008 hasta agosto 2009. Desde ese momento se empezarán a aplicar todas las sanciones.

Se aplica la detención

Sin embargo ya se vienen realizando operativos policiales que ha dado con la detención de conductores ebrios con resultados mayores al 0,75 permitido y que equivale a cuatro cervezas y media o cuatro tragos de licor, esto según las pruebas de aliento que se aplican.

Esta contravención implica cárcel de uno a tres años, sin embargo queda a criterio del juez aplicar la pena o puede obligar al infractor a realizar algún tipo de trabajo comunitario como medida alterna.

Para las detenciones Tránsito cuenta con la colaboración de Seguridad Pública que pone a los infractores a las órdenes de la Fiscalía de Delitos en Flagrancia del Segundo Circuito Judicial en Goicoechea.

Además de las detenciones de conductores en estado de ebriedad, también se están sancionando a los conocidos “picones” con cárcel, de uno a tres años y la inhabilitación para conducir hasta por cinco años. Las “carreras” ilícitas, competencias de velocidad ilegales o “piques” de cualquier tipo en las carreteras.

Los conductores temerarios, por velocidades superiores a 150 kilómetros por hora, también son sancionados de uno a tres años de cárcel

Puntos más, puntos menos

Otra de las “novedades” de la reforma a la Ley de Tránsito es la relacionada al sistema de puntos que se va a aplicar a finales de agosto.
Según la reforma, se establece que cada conductor tiene a su haber 50 puntos, pero con cada infracción a la Ley de Tránsito le serán rebajados puntos de acuerdo al tipo de infracción cometida.

Cada conductor contará con un expediente electrónico ligado a la licencia de conducir. Si un conductor pierde los 50 puntos por infracciones, la licencia se será suspendida por dos años la primera vez.

Al cabo de los dos años, en los cuales debe llevar un proceso de reeducación vial, podrá recuperar su licencia, aunque con solo 30 puntos.
Si el conductor no vuelve a cometer infracciones, por cada año recibirá puntos extra.

Ahora, si un conductor pierde 30 puntos, pero durante un año no vuelve a cometer infracciones, puede optar por un curso de sensibilización para sí recuperar el 80) de sus 50 puntos.

Aumentan las multas, disminuyen los puntos

Según se establece en las reforma a Ley de Tránsito aumentan significativamente las multas y se perderán puntos en la licencia de la forma como se muestra abajo.

Copia de la publicación en La Gaceta

Manual de Puestos de AyA: «Atolillo con el dedo»

Todos los trabajadores del A y A esperábamos el inicio del 2009 con la expectativa de un futuro mejor, laboralmente hablando.

Creíamos que el manual de puestos, tal y como lo había repetido en innumerables ocasiones el Sr. Ricardo Sancho, traería solamente beneficios para todos en A y A. Pero, la historia es otra y hoy lo estamos comprobando.

En primer lugar, se violentaron los acuerdos logrados en la gloriosa huelga del 2005. Entre otros, se incumplió con lo firmado ya que la remuneración que se obtendría sería “determinada de conformidad con los salarios del mercado laboral en organizaciones similares”. Nada más falso.

Es más, los salarios establecidos, en algunos casos, ni se acercan al mínimo establecido por ley. Así entonces, los compañeros que trabajan laborando como peones, al menos deberían obtener un salario mensual de ¢ 192.385.oo que es lo establecido según el decreto Nº 34937-MTSS (salarios mínimos para el 2009).

Por otra parte, si se hubiese seguido el acuerdo de huelga y se hiciere el cálculo por el promedio laboral según la Dirección General del Servicio Civil (nota SI-233-2008), homologando al salario promedio de conserje en el Sector Público central, los compañeros peones deberían obtener una remuneración de ¢244.710,oo. Situación parecida sucede con la mayoría de los diferentes puestos en el A y A.

Ahora bien, muchos compañeros fueron calificados pero no se les reconoció la capacidad y las competencias, al no cumplir con los requisitos de escolaridad exigidos en el manual de puestos. Esta situación violenta otro acuerdo con la Presidencia Ejecutiva con la cual se firmó lo siguiente: “Para los efectos del manual de puestos, la institución procederá al levantamiento de requisitos cuando la capacidad y las competencias, sin escolaridad, puedan demostrarse” (Acuerdos con la mediación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 7/11/2007).

Compañeros y compañeras de A y A: La ANEP se ha mantenido vigilante del cumplimiento de los acuerdos de huelga. Hasta el momento la administración de la institución nos ha antepuesto una serie de trabas para lograr fiscalizar el cumplimiento de esos los acuerdos. Desde el 2005 hemos tratado de lograr las mejores condiciones laborales que se establecieron en la huelga y, más aún, la lucha se mantiene.
Recordamos a todos los trabajadores que tenemos el derecho moral y legal de exigir que se cumpla con lo establecido en la gloriosa huelga del 2005 y otros acuerdos subsiguientes.

No permitamos que nuestro esfuerzo durante todos estos años se vaya a la basura. Ante el atolillo con el dedo que nos dieron, respondamos con la movilización y la protesta de todos. Creemos además que, debemos alegrarnos por aquellos compañeros que obtuvieron alguna satisfacción de su expectativa salarial. No obstante, aún así, ese nuevo salario es inferior, en general, al promedio de mercado. Por tanto, les hacemos un llamado para que se solidaricen con la nueva lucha que hoy enfrentamos.

De la misma forma, hacemos un llamado a los trabajadores del A y A a afiliarse a la ANEP y juntos lograr un futuro mejor. Instamos a otras organizaciones sindicales del A y A para que se nos unan y juntos logremos las mejores condiciones laborales y salarios justos.

A nuestros afiliados y a nuestras afiliadas les recordamos que estamos en condiciones de atender sus consultas, individualmente. Eso sí, para poder atenderles de la mejor manera, es mejor llamar a la ANEP, a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) y pedir una cita. También podemos atender reuniones en las regiones (fuera del Área Metropolitana) de personas afiliadas, previa organización y programación de parte de las personas interesadas.

Usted también puede llamar al Secretario General de la organización y hablar directamente con él, si lo considera necesario: 8839 7171 y 2233 0233.

Quienes hasta el momento nos son afiliados les recordamos que deben cumplir con el protocolo que para tal efecto se aplica.

Sólo el trabajo organizado y la lucha constante es garantía de triunfo.