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En voto dividido, cuatro de los siete Magistrados y Magistradas de la
Sala IV – Luis Paulino Mora, Ernesto Jinesta, Gilbert Armijo y Rosa
Abdelnour – declararon inconstitucionales los dos tipos penales de la
Ley de Penalización de la Violencia en Contra de las Mujeres más
utilizados: el maltrato físico y la violencia emocional.

Estos son los delitos más usados de esta ley pues son los que
sancionan, por un lado, la agresión cotidiana que no produce lesiones
incapacitantes y, por el otro, el maltrato verbal, el insulto y las
ofensas sistemáticas que viven cada día de miles de mujeres en el
país.

La ciudadanía debe recordar que esta ley se discutió por más de 7
años y que en ese lapso fue a consulta a la Sala IV en tres ocasiones.
En este largo camino de las mujeres por la justicia, todos y cada uno
de los delitos fue ampliamente analizado, revisado y reformado según
indicaciones de esta misma Sala.

Por eso causa indignación que cuatro magistrados se tomen la
atribución de declarar inconstitucionales delitos que resoluciones
previas de la propia sala y de algunos de los propios magistrados
votantes, habían ya declarado constitucionales. Esta falta de
coherencia de la Sala IV crea un clima de inseguridad jurídica para las
mujeres y de impunidad para los agresores.

Esta posición de la Sala IV es contraria a las acciones y actitudes de
otros sectores del propio Poder Judicial y del Estado costarricense que
realizan un conciente esfuerzo por garantizar protección a las
mujeres maltratadas y facilitar su acceso a la justicia. También viola
múltiples convenios y tratados internacionales de derechos humanos
de las mujeres ratificados por Costa Rica e implica un injustificado
retroceso de la nación anteriormente reconocida por su liderazgo
latinoamericano en esta materia.

POR TODO LO ANTERIOR LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES
ACORDAMOS:

1) Repudiar y denunciar a la Sala IV – en las personas de los
Magistrados Mora, Armijo, Jinesta y la Magistrada Abdelnour – ante la
comunidad nacional e internacional por este acto regresivo y
violatorio de los Derechos Humanos de las mujeres.
2) Exigir a la Sala IV la revisión y declaratoria de nulidad de esta
resolución (Voto N. 15447-08) para la restitución de los tipos penales
cuestionados al cuerpo de la Ley de Penalización de la Violencia
contra las Mujeres.
3) Exigir que al menos el 40% del presupuesto extraordinario que
fuera girado al Poder Judicial para enfrentar la aplicación de la Ley de
Penalización de la Violencia en Contra de las Mujeres sea destinado a
la creación de un servicio de defensa y acompañamiento legal
gratuito de mujeres víctimas de violencia.

Convocamos a la ciudadanía, a las organizaciones civiles, sindicales, universitarias, de defensa de los derechos humanos, comunitarias, partidos políticos e institucionalidad pública….a manifestar su repudio frente a las actuaciones de la Sala IV

25 de Noviembre

DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE NO VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS MUJERES
PARQUE CENTRAL – 12,30 DE LA TARDE

Publicado aquí originalmente el 16 de noviembre 2008
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Historia del Día Contra la Violencia hacia las Mujeres

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el reconocimiento del 25 de noviembre como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

La propuesta fue realizada por República Dominicana con el apoyo de 60 países más, luego del asesinato de las tres hermanas Mirabal.

Las activistas políticas dominicanas fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 25 de noviembre de 1960.

En 1981 durante la celebración en Bogotá, Colombia, del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se resolvió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

Allí se definió el flagelo como_ “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada”_.

Ese año, la Asamblea también reconoció que eran necesarios “una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer”.

Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

(PÚLSAR/Wikipedia)

La principal causa del por qué 19 comunidades indígenas rechazan este proyecto es porque no nace desde las necesidades de los mismos indígenas, si no que es creado en un escritorio de una oficina en San José, en un contubernio entre la Mesa Nacional Indígena, que no representa a nadie, y el partido Liberación Nacional.

Representantes de las comunidades de Guatuso, Zapatón, Quitirrisí, Frontera Sur, Buenos Aires y Talamanca, entre otras, ejercerán presión para que dicho proyecto se detenga en su trámite legislativo. Miembros de CONAI estuvieron en la ANEP para hacer de conocimiento público esta movilización en pro de la verdadera Autonomía Indígena, no una “_que mantiene la injerencia de la Contraloría, habla de la Legislación Penal Común, se distribuyen los recursos a la libre y en cuanto a la propiedad de la tierra tiene grandes huecos_”, dijo Odir Blanco Cruz, representante indígena.

Las agrupaciones indígenas se mantendrán frente a la Asamblea Legislativa por toda la mañana y parte de la tarde de este martes 25 de noviembre.

Lea el informe de la CGR completo de ARCHIVOS ADJUNTOS

Martes 25 de Noviembre de 2008 05:35 El Pregon.org

En el informe del 12 de noviembre del presente año, la Contraloría General de la República comunica los resultados de una investigación llevada a cabo en Acueductos y Alcantarillados, con respecto a los proyectos de los acueductos Sardinal y Coco-Ocotal.

El documento revela los resultados de tal estudio, las conclusiones del mismo y las disposiciones obligatorias que deben cumplir las instituciones del estado que intervinieron el el desarrollo de estos proyectos.

Citamos a continuación dichas conclusiones y disposiciones, las cuales puede consultar también en el informe completo, adjunto a este artículo.
Conclusiones

Se autorizó el desarrollo del proyecto de ampliación del acueducto de El Coco-Ocotal al amparo del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, mediante la formalización de una carta de entendimiento, sin que se estableciera el marco legal suficiente y las especificaciones técnicas y otros requisitos importantes que deben quedar debidamente regulados, para efectos de que el Instituto pueda ejercer sus poderes de tutela y fiscalización, y garantizar el servicio público de suministro de agua en condiciones óptimas de calidad y eficiencia.

La Junta Directiva del AyA aceptó como garantía de las obras de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, un contrato de fideicomiso que no conoció, lo cual no le permitió darse cuenta que en el clausulado de dicho contrato, se establecían obligaciones para la Institución como Fideicomisario Principal, que rozan con el ordenamiento jurídico, por conceder el fideicomiso ventaja a los desarrolladores en detrimento de los demás pobladores de la zona.

Se autorizó el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, sin contar con estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal, que realmente evidenciaran que existía agua suficiente para satisfacer los 5.000 servicios requeridos por los desarrolladores, así como la demanda futura para el resto de la población de la zona. Producto de los estudios realizados por acuerdo de la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, se establece que es factible la explotación del acuífero Sardinal por etapas, conforme el incremento real de la demanda, con una explotación de 70 litros por segundo hasta el 2010 y luego basados en los resultados del proceso de monitoreo la extracción de 105 litros por segundo. No obstante, en el “Estudio Hidrogeológico Detallado Acuífero de la parte alta de la Cuenca del Río Sardinal”, elaborado por SENARA.1, se señala que debe evaluarse el efecto de la extracción de los cuatros pozos para el proyecto Sardinal, dado que se encuentran ubicados aguas abajo de la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, la cual, según se indicó, posiblemente se encuentra en un estado de sobreexplotación. Dicho estudio fue conocido por la mencionada Comisión y ésta no se refirió a la aludida microcuenca.

El AyA no ejerció adecuadamente su deber de fiscalizar que los desarrolladores del proyecto del acueducto El Coco-Ocotal, cumplieran con todos los trámites de ley en cuanto a la aprobación de planos, licencia municipal y el pago de 1% del impuesto de construcción de las obras de este proyecto; por el contrario, en forma indebida gestionó ante la Municipalidad de Carrillo permisos para algunas de las obras, evitando de esta manera que el ente municipal percibiera los impuestos que por ley le corresponden.

El A y A no ejerció todos sus poderes de tutela y fiscalización para que los tanques de almacenamiento del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, se construyeran de acuerdo con los requerimientos técnicos aprobados para el buen funcionamiento del sistema, no obstante que disponía de estudios en los que se señaló: que con la capacidad del tanque de 2.500 m3 no es posible abastecer la zona de Ocotal; que en inmueble donde se hizo el levantamiento de éste ya no hay espacio para construir otro igual2; que las condiciones hidráulicas del modelo y el uso de válvulas de regulación de presión no permiten modificar el sistema para funcionar con un solo tanque; que se estaría con un déficit de almacenamiento.

El AyA permitió que se llevaran a cabo gran parte de las obras del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal sin contar con la viabilidad ambiental, en violación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley No. 7554 y lo establecido por las partes en las cláusulas segunda y tercera de la carta de entendimiento. Además, asumió obligaciones que legalmente le corresponden a los desarrolladores de este proyecto, como el cumplir con todos los compromisos ambientales de ley y comprometió a la Hacienda Pública al asumir la responsabilidad directa de los daños ambientales que eventualmente ocasionen dichos desarrolladores producto de la ejecución de las obras del proyecto.

Desaplicando diversos acuerdos tomados por la Junta Directiva del AyA3 y lo estipulado por las partes en la carta de entendimiento, mediante actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico, se emitieron 49 cartas de disponibilidad de agua y 22 certificaciones mediante las cuales también se garantiza la disponibilidad de agua, comprometiéndose el suministro de agua por un total de 4.127 servicios (cifra que deberá revisar el AyA con base en el correspondiente inventario). Asimismo, utilizando dichos documentos se tramitó la licencia para 22 proyectos (condominios, villas, apartamentos y centros comerciales), de los cuales en la mayoría de los casos el AyA concedió nuevas previstas de agua para que edificaran las obras e incluso para que las pusieran en operación.

El AyA sin cumplir el “Principio de programación” consignado en el artículo 5 inciso e) de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, procedió a ejecutar en el año 2008 el proyecto “Mejoras al Acueducto de Sardinal”, sin tenerlo contemplado dentro del plan de inversión, plan operativo, ni en el listado de proyectos incluido en la última petición tarifaria y sin contar con recursos suficientes para tal fin.

Es criterio de este órgano contralor, que de continuarse con la construcción de las obras del proyecto, el AyA deberá tener presente de previo a la recepción de cualquiera de esas obras, que se realicen los estudios técnicos y demás labores necesarias a efecto de determinar con precisión científica la disponibilidad real de servicios de agua que se pueden brindar a los desarrolladores, sin descuidar la población vegetativa, tomando como referencia el volumen de almacenamiento de los tanques edificados, así como que el compromiso adquirido por el Instituto mediante la carta de entendimiento fue otorgar 5000 servicios siempre y cuando existiera la disponibilidad correspondiente, que se recomendó la explotación futura del acuífero por un período de dos años con un caudal de 70 l/s, que los servicios restantes por brindar serían 2979 y que la Institución ya comprometió el suministro de agua por un total de 4.127 servicios.

Disposiciones

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello.

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA

• a)* Tomar las decisiones inmediatas para que en lo sucesivo en todo proyecto de acueducto que se pretenda ejecutar con particulares al amparo del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, se formalice un documento que contenga el marco legal suficiente y las especificaciones técnicas que la administración considere pertinentes, a efecto de que el Instituto se garantice que las obras se ejecuten con estricto apego a la normativa jurídica vigente y que reúnan los requisitos necesarios para brindar un servicio público eficiente. Ver punto No. 2.1 de este informe.

• b)* Proceder a partir de la fecha en que se remita a esa Junta el inventario indicado en la disposición 4.2. c) de este informe de conformidad con la recomendación consignada en el criterio Jurídico No. DJ-2007-992 del 8 de marzo del 2007, punto IX, inciso 2., relativo a la instauración del procedimiento para declarar la nulidad de las cartas de disponibilidad de agua emitidas en la Regional, Chorotega. Asimismo, dicho criterio debe aplicarse en cuanto a las certificaciones de compromiso conferidas por el Ex Gerente General de ese entonces, y se deberá comunicar a las entidades competentes lo resuelto al respecto, con el objeto de que dichos documentos no sean utilizados para el trámite de permisos de construcción. Informar en el plazo de un mes lo resuelto a esta Contraloría General, una vez que dispongan del referido inventario. (Ver punto 2.7. de este informe).

• c)* Comunicar a esta Contraloría General, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la sesión en que la Junta Directiva conozca el presente informe, los acuerdos tomados por ese órgano colegiado para el debido cumplimiento de las disposiciones giradas.

A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AYA

• a)* Elaborar y presentar a la aprobación de la Junta Directiva, un plan con las acciones, prioridades, plazos, responsables y resultados esperados, con el fin de que se cumplan las decisiones tomadas por la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, así como con las recomendaciones del informe final que al efecto rinda la mencionada Comisión, las cuales deberán ser coordinadas con el MINAET, SENARA y demás entidades que correspondan. Ese plan debe ser objeto de seguimiento semestral por parte de esa Presidencia Ejecutiva. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo de 4 meses (Ver punto 2.3. de este informe).

• b)* Elaborar y presentar a la aprobación de la Junta Directiva, un plan con las acciones, prioridades, plazos, responsables y resultados esperados, con el objeto de que se realicen los estudios técnicos y demás labores que sean necesarias, para que el AyA pueda determinar con precisión científica la disponibilidad real de servicios de agua que se pueden brindar a los usuarios de la zona, en igualdad de condiciones. A tales efectos, se deberá considerar lo señalado en los puntos Nos. 2.3, 2.5 y 2.7. de este informe. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo de 4 meses.

• c)* Disponer de inmediato la elaboración de un inventario completo de las cartas de disponibilidad de agua y certificaciones de compromiso emitidas en la zona del acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, y de las edificaciones construidas o en proceso, ejecutadas al amparo de éstas, durante el período comprendido entre el mes de enero de 2006 a la fecha de recibo de este informe. Dicho inventario con la documentación soporte correspondiente, deberá ser remitido al Área de Seguimiento de Disposiciones de este órgano contralor para efectos de las verificaciones pertinentes. Lo anterior para la adecuada toma de decisiones por parte del AyA al otorgar nuevos servicios de agua y que permita, asimismo, el cumplimiento a lo dispuesto en la disposición 4.1. b) anterior. Ver punto 2.7. de este informe.

• d)* Girar las instrucciones pertinentes, con el fin de que dentro del proceso de liquidación que el artículo 38 obliga a realizar al A y A, no se incluya la donación que efectúen los desarrolladores del proyecto del Acueducto de Playas del Coco, para el proyecto “Mejoras al Acueducto de Sardinal”. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo de un mes. Ver punto No. 2.8. de este informe.

AL MINISTRO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES (MINAET)

• a)* Coordinar con el AyA y el SENARA para que se cumplan todas las recomendaciones que se adopten en el informe final de la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, el cual deberá contemplar un Plan de monitoreo de explotación, comportamiento y extracción controlada del acuífero Sardinal, tendiente a la protección del recurso hídrico. Para tal propósito, deberá aportarse a este órgano contralor, en el plazo de 3 meses posteriores a la emisión del informe final de la citada Comisión, las medidas tomadas al respecto para el cumplimiento de esta disposición. Ver punto 2.3 de este informe.

AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO

• a)* Tomar las medidas que correspondan para que los Fideicomisarios del Fideicomiso Acueducto Playas del Coco se pongan a derecho con la licencia municipal y el pago del impuesto de construcciones y la multa de ley cuando proceda, de todas las obras del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal. Para tales efectos, deberá establecer y comunicar a este órgano contralor, en un plazo de 30 días hábiles, las acciones tomadas sobre este asunto. Ver punto 2.4. de este informe.

A LA AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES (MINAET)

• a)* Incluir dentro de su plan de trabajo del año 2009, con la prioridad pertinente, un estudio sobre los hechos descritos en el punto 2.6. de este informe, referente a la viabilidad ambiental otorgada para el proyecto de acueducto El Coco-Ocotal; ello con el propósito de que se determine si el procedimiento utilizado para el otorgamiento de esa viabilidad se encuentra ajustado conforme al ordenamiento jurídico. De llegar a determinarse que existieron irregularidades o incumplimientos a la normativa vigente, señalar si procede las eventuales responsabilidades, así como informar lo que corresponda al órgano competente. Informar a este órgano contralor, a más tardar el 31 de enero de 2009, sobre la inclusión del estudio en dicho plan y posteriormente sobre los resultados del estudio.

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas.

En caso de que se incumpla con las disposiciones en forma injustificada dentro del tiempo dado para tal efecto, se le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley No. 7428, con garantía del debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad.

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos establecidos, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

Contra el contenido del citado informe cabe la posibilidad de interponer los recursos ordinarios de revocatoria o de apelación, cuya interposición deberá hacerse en los plazos previstos en el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública.

Fuente: El Pregón
Nov 25 | elpregon.org.

Nadie será indiferente ante el resultado de estas elecciones regionales, como tampoco a nadie se le escapa que estos comicios trascienden el mero espacio de lo local. De acuerdo a cómo quede configurado el mapa político del país se harán las diferentes interpretaciones y análisis. Las elecciones de este domingo, entonces, revisten un carácter estratégico en la lucha política venezolana.

Sabemos todos que dos proyectos son los que confrontan: el impulsado por el comandante Chávez, de revolución patriótica, antiimperialista y en vías al socialismo, y el sostenido por la oposición, de carácter neoliberal, libremercadista y aliado a los Estados Unidos.

Acertadamente, uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el general Alberto Muller Rojas, señaló en una entrevista: “No estamos ante unas simples elecciones de autoridades regionales. Ésta es una campaña nacional vinculada al juego político internacional. Aquí se enfrentan las fuerzas que luchan por la pluripolaridad y por un modelo nuevo de relaciones políticas, económicas y diplomáticas, contra las fuerzas que apoyan la unipolaridad, representada en la alianza atlántica que gira fundamentalmente en torno a Estados Unidos y a grupos minoritarios que en sus países apoyan la plutocracia que hoy domina el sistema internacional”.

Los avances en la política de integración y unidad latinoamericana caribeña han contado en los últimos años con un protagonista fundamental: el comandante Hugo Chávez. Difícil es imaginarse los pasos dados en esa dirección sin la presencia del presidente venezolano. Esto sin quitar méritos a otros mandatarios que han aportado sustancialmente en la lucha por la integración soberana.

Mas a nadie se le escapa que, tanto Petrocaribe y el ALBA, como UNASUR y el MERCOSUR, han sido espacios creados o apuntalados desde la Revolución Bolivariana. Es entonces cuando un Chávez, fortalecido o debilitado, importa al imperialismo, enemigo de toda forma de integración que cuestione la dominación estadounidense en la región.

Para los intereses oligárquico imperialistas, presentar a un Chávez sin el respaldo popular categórico que lo ha caracterizado en sus ya casi diez años de gobierno, es fundamental. Y de acuerdo a los resultados del 23 de noviembre, la maquinaria mediática se pondrá en pleno funcionamiento, desplegando todo su abanico de calumnias, que recorrerán desde la denuncia de fraude hasta la minimización del triunfo bolivariano en caso de que éste sea contundente.

Lo mismo que estamos observando en estos momentos en Nicaragua, el sandinismo ganó legítimamente las elecciones municipales del 9 de noviembre último y la oposición desconoce el resultado, acusando fraude, bajo el consentimiento del embajador estadounidense Robert Callahan. Nicaragua, miembro del ALBA y Petrocaribe e impulsor de las políticas de unidad latinoamericana caribeña, a través del presidente Daniel Ortega, es también escenario de esta lucha entre los Estados Unidos, por conservar su hegemonía mundial y América Latina y el Caribe por integrarse soberanamente.

Ya el terrorismo mediático, a través de sus analistas y politólogos a sueldo del imperio, ha comenzado a desplegar un aluvión de comentarios tendientes a demostrar que la izquierda latinoamericana está en baja. Nada dicen de que el Partido de los Trabajadores en Brasil aumentó su caudal de votos como asimismo la cantidad de alcaldías en su poder; tampoco señalan que quien ganó la mayor suma de gobiernos municipales es un partido aliado del gobierno de Lula, pero sí festejan a viva voz que la derecha ganó en San Pablo y con malabarismos matemáticos tratan de demostrar que en la segunda vuelta Lula perdió, y con él su gobierno.

En ese sentido, también llama la atención cómo los medios masivos de comunicación han manejado las elecciones municipales en Chile. Cuando al imperio le conviene, ubica al gobierno de Bachelet dentro del bloque de la izquierda latinoamericana, cuando no, lo caracteriza separándolo y atribuyéndole singulares perfiles democráticos y progresistas ejemplificantes. Ante los resultados adversos para el gobierno en las elecciones municipales del 26 de octubre pasado, los voceros de la derecha a nivel internacional no dudaron en calificar el hecho como de una derrota de la izquierda chilena. No había perdido un gobierno que lleva adelante políticas neoliberales, sino que había perdido ¡la izquierda latinoamericana!

Sobre el triunfo de Evo Morales en el referendo revocatorio a que se expuso voluntariamente hace unos meses y en el que ganó con el apoyo de un 67% de los votos emitidos, poco se ha dicho, más bien se minimizó y se caracterizó el hecho como de “fenómeno local”. El “fenómeno Evo Morales”, se leía en los titulares de varios diarios de la región ante el triunfo del presidente boliviano. Tampoco le dieron mayor significado al triunfo de Correa en el referendo a la Nueva Constitución del Ecuador.

La operación montada por el imperialismo es clara: generar la matriz de opinión de que los gobiernos de izquierda en América Latina ya no cuentan con el respaldo popular con que antes contaban y que, en consecuencia, sus políticas están en franco proceso de desgaste y fracaso. Los gobiernos de Brasil y Chile retroceden ante la derecha vernácula y el sandinismo en el poder gana las elecciones solo a través del fraude. A esta lista se pretende sumarle una señal de retroceso del proceso bolivariano en Venezuela. Todo esto, que por demás es falso, constituye la base argumental del bloque oligárquico imperialista, a fin de recomponer sus fuerzas hoy debilitadas y dispersas.

Pero la lectura correcta sobre los últimos comicios en América Latina señala todo lo contrario a lo que los comunicadores cipayos reflejan en sus análisis, ya que la izquierda patriótica y unionista sigue creciendo y consolidándose. Y a esto se agrega que los gobiernos neoliberales de la región, presentan un grado de descomposición tal que sí anticipan procesos de desgobernabilidad acentuados; es el caso de Perú y Colombia por ejemplo.

En el marco de la política internacional, es entonces donde debemos analizar los resultados de las próximas elecciones del 23 de noviembre en Venezuela. No es en la dimensión de si el bolivarianismo gana o pierde tres o cuatro gobernaciones o alcaldías, sino en cómo queda una correlación de fuerzas que excede el perímetro de lo nacional.

Cuando señalamos que la Revolución Bolivariana es hoy el centro de gravedad de la política integracionista y por la unidad latinoamericana caribeña, es porque sabemos que de este proceso es desde donde se han elaborado y se llevan a la práctica las más profundas ideas de unidad. Así lo han entendido los pueblos de Nuestra América en incontables manifestaciones de solidaridad y apoyo, pero también el bloque oligárquico imperialista lo tiene claro.

Ahora bien, teniendo en cuenta que ya los métodos contrarrevolucionarios se van agotando y los gobiernos izquierdistas latinoamericanos siguen avanzando contra viento y marea, los nuevos métodos a implementar por la derecha parecen destinados a propiciar la división de las fuerzas populares, como asimismo a intentar generar “roces” entre los gobiernos integracionistas. Los primeros ensayos aparecen en Venezuela, cuando un sector de las fuerzas aliadas al gobierno, minoritarias, están transitando su propio camino para las elecciones del 23 de noviembre.

El enfrentamiento por parte de la dirigencia indígena en Ecuador contra el gobierno de Rafael Correa podría ubicarse dentro de este panorama. Más conocida es la posición del Movimiento Renovador Sandinista en Nicaragua, que intenta mantener un discurso de izquierda para confundir a los verdaderos sandinistas, pero cuadrándose disciplinadamente con la derecha neoliberal y los dólares estadounidenses.

También aparecen algunos pequeños sectores ultraizquierdistas en Bolivia que acusan a Evo Morales de “traidor” por haber pactado con la oposición la Nueva Constitución del Estado. Asimismo es intención del imperio generar fracturas o magnificar diferencias entre los gobiernos populares. El caso de Argentina y Uruguay por el tema de “las papeleras” es el más explotado, trasladando “ruidos” tanto en el Mercosur como en Unasur.

La apuesta de la derecha apátrida es entonces doble: por un lado a generar divisiones en el campo popular como también en los bloques regionales constituidos; por otro lado, especular con que la crisis del capitalismo estadounidense impacte fuertemente en nuestras economías, a fin de achicar el margen de maniobra de los gobiernos populares y que eso genere descontento en la ciudadanía. Si algo tiene de coherencia la oligarquía latinoamericana es siempre su constante vocación vendepatria.

Por las razones expuestas, es necesario alertar a las organizaciones populares, que deberán estar atentas al curso de los acontecimientos, no caer en visiones sectarias o meramente reivindicativas, que pudiera capitalizar la derecha en su beneficio, y tener la suficiente capacidad de análisis estratégico como para entender que, hoy por hoy, el campo de batalla es todo el territorio de la región Latinoamericana Caribeña. A su vez, los gobiernos populares también deberán hacer esfuerzos mayúsculos para avanzar, aceleradamente, en concretar y profundizar los emprendimientos unitarios ya esbozados o en marcha: Banco del Sur, Banco del ALBA, Misión Milagro, los 18 proyectos grannacionales del ALBA, el Gasoducto del Sur, etcétera.

Tras el frustrado golpe de estado, el boicot petrolero, las políticas desestabilizadoras y otros métodos antidemocráticos implementados contra el gobierno revolucionario, la derecha venezolana, que es conciente que tiene pocas posibilidades en las urnas, intentará nuevamente atacar al gobierno a través de la manipulación mediática y la mentira, siempre contando con el apoyo del gobierno estadounidense.

Una vez más el pueblo venezolano se despliega en batalla, el comandante Chávez se ha puesto a la cabeza de la campaña; un nuevo triunfo del pueblo bolivariano será un paso más en la lucha por la unidad de Nuestra América como asimismo una nueva derrota del imperialismo yanqui y sus aliados.

* Presidente de la Fundación Emancipación para la Unidad y Soberanía de América Latina y el Caribe.

Más sobre este tema en el Semanario Universidad
Sala Constitucional fue “gemeleada” por agenda del TLC

Acto ilegal e inconstitucional se cometió cuando magistrados separados de su cargo y magistrados sustitutos sesionaron al mismo tiempo y resolvieron consultas legislativas y otros recursos, entre el 24 y 28 de marzo de 2008. El ex Magistrado Federico Sosto participó en ambas Salas.

Diputados y diputadas envían relación de hechos al Ministerio Público para que se determine la posible comisión de delitos por parte de los Magistrados Titulares.

Tras las irregularidades comprobadas con la designación del Magistrado Sosto, como suplente, la Fracción de Acción Ciudadana, realizó una serie de investigaciones sobre los mecanismos de sorteo para nombrar a los Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional.

La investigación sobre la participación política del ex Magistrado Federico Sosto, descubrió un hecho aún más grave: Entre el 24 y 28 de marzo del 2008, existieron dos Salas Constitucionales funcionando en paralelo.

Los magistrados titulares ejercieron como Magistrados de la República sin estar habilitados para el cargo . Ellos estaban separados de sus cargos por la Corte Plena y fueron sustituidos, según el acta del 10 de marzo del 2008.

El artículo 27 y el 162 de la Ley Orgánica del Poder Judicial especifica que un Magistrado con licencia concedida pierde la facultad de administrar justicia, porque esa potestad se “ pierde o suspende para todos los negocios cuando, por cualquier motivo, el juez deja de serlo o queda suspendido temporalmente en sus funciones.”

“Los Magistrados fueron separados de su cargo y sustituidos. Lo hecho por los magistrados separados es una ilegalidad, al tramitar y votar un grupo de consultas de constitucionalidad realizadas por la Asamblea Legislativa.
Sin tener poder para ello. Es una grosera violación del orden Constitucional por parte de aquellos llamados a defenderlo. Todo el mundo sabe que en Costa Rica existe UNA Sala Constitucional, no dos, ni tres.” declaró la diputada Leda Zamora.

Según el acta de la Corte Plena del 10 de marzo del 2008, la Magistrada Calzada, en su carácter de Presidente de la Sala Constitucional, solicitó se concediera permiso con goce de salario y sustitución a todos los Magistrados propietarios de la Sala.

Para dedicar del 24 al 28 de ese mes al estudio y discusión de varias consultas facultativas relacionadas con la Agenda de Implementación. Sin embargo, el Magistrado Luis Paulino Mora, solicitó que se le exceptuará de la separación para participar de las votaciones en la Sala Constitucional y en la Corte Plena, lo que confirma el hecho de que los demás estaban inhabilitados para ejercer como Magistrados.

Entre el 26 y 27 de marzo una Sala IV ilegítima integrada por los magistrados: Calzada, Mora, Vargas, Armijo, Jinesta, Cruz y el Suplente Sosto López. Resolvieron las consultas facultativas de: la Ley General de Telecomunicaciones, la Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y de la Adhesión de Costa Rica al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento.

El mismo 27 de marzo la Sala Constitucional, que sí tenía la potestad de sesionar resolvió 264 expedientes. Así, como se consumó una situación de total irregularidad que quebrantó el orden constitucional. Costa Rica tuvo dos Salas Constitucionales paralelas por varios días. Es curioso, el Magistrado Sosto, asesor de Casa Presidencial, participó en forma simultánea en ambas salas.

“La institucionalidad debe recomponerse y cada Magistrado debe asumir su responsabilidad. Existen responsabilidades penales y administrativas que deben ser dilucidadas por las instancias correspondientes. Lo sucedido es de la mayor gravedad y el no denunciarlo sería un atentado contra la propia democracia y el sistema de pesos y contrapesos en que esta se basa” afirmó el diputado Alberto Salom.

Jueves 20 de Noviembre de 2008

Fuente: El Pregón

Cuando nos acercamos a la historia, no solo en nuestro país sino en otros cercanos y lejanos, pero al fin miembros de este único planeta en el que habitamos, podemos deducir que la explotación de minerales no ha significado superación de la pobreza, al contrario, los efectos devastadores en el ambiente, y en las personas que directa o indirectamente se han involucrado, han dejado una herencia de dolor y pobreza. Efectivamente, ninguna ventaja material se compara con la vida, por que evidentemente hay algunos que ganan, y ganan mucho con la explotación de minerales.

Dios, quien ante los clamores de su pueblo no permanece impasible, sino que le muestra los caminos hacia su liberación, por medio de su Palabra nos da pistas para reafirmar nuestra vocación por la vida, y por lo tanto reforzar nuestro rechazo a todo aquello que sea movido únicamente por la búsqueda de la ventaja material.

Ciertamente en La Biblia aparece mencionado el oro en múltiples oportunidades, pero eso no significa que Dios lo legitime ni le dé una categoría de bien necesario, al contrario, muestra su lejanía ante el brillo del oro para que no lo confundan a él, como Dios, con un accesorio material. En el libro del Ex 20, 22, encontramos cómo Yavé habló a Moisés: “Esto dirás a los hijos de Israel: ya han visto cómo yo les he hablado desde el cielo. No pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro”. Dios es enfático, sólo Él basta para darle sentido a la vida de las personas; quien adora a Dios debe alejarse del brillo del oro.

Y es que en la vida de todos nosotros la tentación del esplendor del vil metal puede socavar nuestras opciones religiosas, pero la voz de Dios nos hace una urgente invitación a mantener la fidelidad hacia Él, como lo hizo Balaam (Números 22,18) cuando respondió a los servidores de Balac: “Aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no desobedecería la orden de Yavé, mi Dios, no importa que fuera para una cosa pequeña o grande”. Ahora bien, ¿cuál es la orden de Dios?: hacer el bien, procurar que la vida llegue a todos y todas, sin dilación, sin restricción, en plenitud.

Esta vida que se alcanza en Dios pasa por un orden natural que implica el respeto a los derechos humanos y en donde, de forma irrestricta, reclama el respeto al ambiente como casa para todos. Si la extracción del oro daña la Creación, daña la vida, por lo que su brillo no nos debe alejar de nuestro compromiso moral por el bien común; y aunque cueste, como Job debemos decir “no he puesto en el oro mi confianza, ni he exclamado tú eres mi apoyo (Job 31,24), porque cumplir la ley del Señor vale más que millones de oro y plata (Sal 119,72).

Hoy llama poderosamente la atención que la discusión sobre la bondad o la malicia de los proyectos mineros está causando serios distanciamientos sociales, fundamentalmente entre los que ya la misma realidad socioeconómica tiene en una situación de vulnerabilidad.

Ciertamente hay gente desempleada en muchas comunidades, pero no se vale manipular este derecho a trabajar, que es también una responsabilidad del Estado, pretendiendo que algunas prácticas económicas transitorias vayan a ser la respuesta para quienes están desempleados.

Es abominable que se esté empujando a personas para que cambien un amigo por la plata, a un verdadero hermano por el oro fino (Eclo 7,18). En nuestra Zona Norte existen diversas posibilidades para crecer, hay oportunidades para tener trabajo digno, porque si no cómo explicar la llegada de migrantes que buscan y encuentran trabajo. No necesitamos el oro para resolver el desempleo, porque el oro se acabará y la gente seguirá viviendo; cuando la gente no trabaja se enferma, y “la salud y una contextura firme valen más que todo el oro del mundo, y un cuerpo robusto más que una inmensa fortuna. No hay riqueza más grande que la salud del cuerpo, ni placer superior a la alegría de vivir. Más vale la muerte que una vida miserable, y el descanso eterno más que una enfermedad incurable” (Eclo 30,15).

La Iglesia, como madre y maestra, fiel a los mandatos del Señor, se hace eco de los clamores de quienes aún creen en la vida y saben que la justicia se puede aplicar. Los Obispos de América Latina y el Caribe, reunidos en año pasado en Aparecida (Brasil), nos han dejado ricas reflexiones, que hoy pueden ser motor de decisiones, fortaleza en las posiciones que se tienen respecto a la defensa de la Creación. Señalo algunas, para que sean consideradas, reflexionadas, sostenidas como argumentos morales ante quienes se rinden ante el destello del oro, y como criterio ante las mismas autoridades que toman las decisiones finales.

• 471. En América Latina y el Caribe, se está tomando conciencia de la naturaleza como una herencia gratuita que recibimos para proteger, como espacio precioso de la convivencia humana y como responsabilidad cuidadosa del señorío del hombre para bien de todos. Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos. Por eso, como profetas de la vida, queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad. Las generaciones que nos sucedan tienen derecho a recibir un mundo habitable y no un planeta con aire contaminado.

• 473. La riqueza natural de América Latina y el Caribe experimenta hoy una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región. En todo ese proceso, tiene una enorme responsabilidad el actual modelo económico que privilegia el desmedido afán por la riqueza, por encima de la vida de las personas y los pueblos y del respeto racional de la naturaleza. Nuestra región tiene necesidad de progresar en su desarrollo agroindustrial para valorizar las riquezas de sus tierras y sus capacidades humanas al servicio del bien común, pero no podemos dejar de mencionar los problemas que causa una industrialización salvaje y descontrolada de nuestras ciudades y del campo, que va contaminando el ambiente con toda clase de desechos orgánicos y químicos. Lo mismo hay que alertar respecto a las industrias extractivas de recursos que, cuando no proceden a controlar y contrarrestar sus efectos dañinos sobre el ambiente circundante, producen la eliminación de bosques, la contaminación del agua y convierten las zonas explotadas en inmensos desiertos. De manera especial, queremos llamar la atención sobre los peligros que implica el uso extensivo de tierras para monocultivos (piña, naranja, caña), que conlleva el uso de agrotóxicos. Mantenemos nuestra vocación de apoyar la agricultura orgánica, como alternativa dentro de la soberanía alimentaria.

El Papa Benedicto XVI, durante una comparecencia ante jóvenes de todo el mundo, en Sidney, Australia, dijo: “llegamos a admitir que también hay heridas que marcan la superficie de la tierra: la erosión, la deforestación, el derroche de los recursos minerales y marinos para alimentar un consumismo insaciable. La maravillosa creación de Dios es percibida a veces como algo casi hostil por parte de sus custodios, incluso como algo peligroso. ¿Cómo es posible que lo que es ‘bueno’ pueda aparecer amenazador…. Queridos amigos, la creación de Dios es única y es buena. La preocupación por la no violencia, el desarrollo sostenible, la justicia y la paz, el cuidado de nuestro entorno, son de vital importancia para la humanidad. Pero todo esto no se puede comprender prescindiendo de una profunda reflexión sobre la dignidad innata de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, una dignidad otorgada por Dios mismo y, por tanto, inviolable. Nuestro mundo está cansado de la codicia, de la explotación y de la división, del tedio de falsos ídolos y respuestas parciales, y de la pesadumbre de falsas promesas. Nuestro corazón y nuestra mente anhelan una visión de la vida donde reine el amor, donde se compartan los dones, donde se construya la unidad, donde la libertad tenga su propio significado en la verdad, y donde la identidad se encuentre en una comunión respetuosa”.

Como Oficina Diocesana de Pastoral Social-Caritas de la Diócesis de Ciudad Quesada ponemos en común estos criterios, para que en el debate de la pertinencia o no de un proyecto minero, los creyentes, no solo tengamos presente los datos técnicos que se nos ofrecen, sino que en nosotros resuene la voz de la verdad, la voz de Dios. Y sin arrogarnos una posición que sólo le compete a Dios, como dueño de la vida y autor de la justicia, queremos finalizar con su palabra, aunque a algunos les moleste: “El que ama el oro no estará libre de pecados, el que busca la ganancia se dejará llevar por mal camino. Muchos fracasaron por culpa del oro, la ruina les salió al encuentro. El oro bota al suelo a los que lo hacen su dios; los que no piensan en eso se dejan conquistar por él” (Eclo 31,5)

“Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el Templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada, y le dijo: ‘Míranos’. El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: ‘No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo: En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina’. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó” (Hch 3,3). No necesitamos el oro para vivir, no necesitamos su brillo para tener salud, no requerimos de sus migajas para tener paz. Para nosotros Dios basta, y con Él podemos construir el verdadero desarrollo sin destruir lo que Dios creó para todos y todas.

* Director Diocesano de Pastoral Social-Caritas
Ciudad Quesada.