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Parte II

Parte III
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Parte I

Adital

Introducción

La figura del referéndum se legalizó en Costa Rica en el año 2006. Se utilizó por primera vez el 7 de octubre del 2007, ante el gran debate que dividió al país en dos bandos, dada la intensidad de la discusión ideológica en torno a la aprobación o rechazo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centro América y República Dominicana, CAFTA-DR, por sus siglas en inglés.

Ante tal polarización, surgió la solicitud ciudadana para un referéndum. El Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, la aceptó. Sin embargo, el gobierno, impulsor del Tratado, retomó la idea y pidió a la Asamblea Legislativa que solicitara al TSE convocar el referéndum, con el propósito de adelantar su trámite, pues de haberse hecho por la vía ciudadana, se disponía de 9 meses para recolectar el 5% de las firmas inscritas en el padrón electoral, tiempo que se ahorraron al solicitarlo el Poder Ejecutivo en conjunto con el Legislativo. El TSE, a pesar de haber aceptado formalmente la primera solicitud, la desechó para acoger la de los Poderes.

El bando del SI al CAFTA ha gastado más de 10 millones de dólares durante el proceso de su aprobación, en “propaganda”, intentando convencer a un pueblo de las “bondades” del mismo. El alcance y la profundidad del compromiso, tanto del poder político como del gran capital, quedó al descubierto cuando se conoció lo que se dio en llamar el “memorando del miedo”, documento elaborado por el Vice Presidente de la República, Dr. Kevin Casas y el Diputado y sobrino del Presidente de la República, Dr. Fernando Sánchez, un maquiavélico plan para ganar ese referéndum a como hubiera lugar. La campaña mediática fue devastadora, se intensificó en los tres días previos al 7 de octubre, precisamente cuando se debía respetar por ley, una tregua.

La batalla en los medios fue totalmente desigual, más del 95% de la publicidad fue pautada por la tendencia del SI. Se gastaron para ello importantes recursos, muchos del erario público, manejados como si fueran privados. Sin embargo, lo más denigrante fue el nivel de cinismo, de mentira y de engaño, con que se abordó toda la campaña a favor del Tratado, desde el inicio.

Una de las más prestigiosas firmas de encuestas, UNIMER, reveló una semana antes del referéndum, que la tendencia del NO ganaba por un 12%. Finalmente este se realizó con la participación del 60% de la población. La tendencia del SI ganó con el 51% de los votos emitidos, equivalente al 30% de los electores empadronados y el 17% del total de la población.

El país se enfrentó luego a la vergonzosa aprobación de la_ “Agenda de Implementación”_ del CAFTA, que concedió aun más beneficios que los negociados entregados, en ese Tratado. No solo va esa legislación más allá del mismo Tratado, sino que violenta la Constitución Política, CP, y transforma nuestro Estrado Social de Derecho, que ha hecho de este país el más equitativo, justo e incluyente del Continente latinoamericano.

La Ley del Referéndum

En Costa Rica se abre la posibilidad del referéndum el 9 de marzo del 2006, con la aprobación de la Ley No. 8492, sustentada en las reformas aprobadas en el año 2002, al artículo 9, y durante el 2003, al artículo 105 de la CP.(1)

La Ley, en su artículo 3 considera tres modalidades:_ “a) De iniciativa ciudadana: convocado al menos por un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. b) Legislativo: convocado por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de dos terceras partes del total de sus miembros. c) Ejecutivo: convocado por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa”._

Establece el artículo 6, inciso “e) El interesado en la convocatoria a referéndum contará con un plazo hasta de nueve meses para recolectar las firmas….”.

De acuerdo con el artículo 19, “El aviso de convocatoria al referéndum y su texto serán publicados en La Gaceta por el TSE, que podrá difundir, además, en la medida de sus posibilidades, una síntesis del texto, por medio de las estaciones de televisión y radio nacionales y regionales y los periódicos de circulación nacional y regional”.

El artículo 20 establece: “a) Prohíbese al Poder Ejecutivo, las entidades autónomas, las semiautónomas, las empresas del Estado y los demás órganos públicos, utilizar dineros de sus presupuestos para efectuar campañas a favor o en contra de los textos o proyectos sometidos a la consulta del referéndum;…”.

El CAFTA

En el año 2003 se iniciaron las negociaciones del CAFTA. Para los Estados Unidos, (USA), El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana (que se incorpora a las negociaciones un poco más tarde), entró en vigencia en el 2006. En USA, la Cámara de Representantes lo aprobó por 217 contra 215 votos. Algunos se supo luego, votaron afirmativamente gracias al “lobby” de la industria farmacéutica, en lo que invirtió más de $3 millones.

Los textos del Tratado en nuestro país, se manejaron subrepticiamente y en el más absoluto secretismo, el pueblo jamás los conoció hasta que ya estuvieron negociados. Se mintió y engañó a todo el país, desde el principio. Por ejemplo, el mismo Presidente de la República y todo su equipo negociador, mientras se llevaban a cabo las diferentes rondas de negociación, juraron que no se incluirían temas tan sensibles para el país, como los servicios de telecomunicaciones (2) y de seguros, pero finalmente fueron agregados al botín, en la penúltima ronda de negociaciones, luego de presiones del gobierno norteamericano.

En ninguno de los países centroamericanos hubo mayor discusión o análisis de ese documento de más de 2.500 folios. El Salvador fue el primero en aprobarlo, lo hace en la madrugada del 17 de diciembre del 2004, luego lo aprueba Honduras, en donde 124 diputados de 128 votan a favor, el 3 de marzo del 2005.

En Guatemala, el 9 de marzo del 2005 fue presentando a la Asamblea Legislativa sin haberse realizado ninguna discusión o estudio. Fue ratificado al día siguiente y notificado al Presidente de la República para su respectiva publicación. Contó con la aprobación de 126 votos y 12 en contra, y fue aprobado con la prioridad de “emergencia nacional”.

En República Dominicana se aprueba el 6 de septiembre del 2005, con 118 votos a favor, 4 en contra, 20 abstenciones y 8 ausentes y en Nicaragua se somete a discusión en el mes de septiembre del 2005 en dos ocasiones, pero en ambas no fue posible su discusión. El 7 y 8 de octubre del 2005, el representante comercial de USA, Robert Zoellick, visita ese país y se reúne con el Presidente y miembros de los partidos Liberal Constitucionalista y Sandinista. Fue ratificado tres días después, el 11 de octubre del 2005, dejando la Agenda Complementaria como anexo del dictamen de mayoría.

En Costa Rica por el contrario, ha sido sometido a la mayor discusión nacional de que se tenga memoria. Quienes lo impusieron (gobierno, cámaras empresariales y capital extranjero), acapararon con su dinero los medios de comunicación, invirtiendo más de $10 millones en propagada no información. Se gastaron dineros del gobierno del pueblo, de las cámaras empresariales, de la Fundación Costa Rica – USA, CR-USA, de la Fundación de Cooperación Estatal, FUCE, donaciones de entidades financieras internacionales y países amigos, administrados a través de esas fundaciones y del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, como si fueran fondos privados, a pesar de que muchos no lo eran.

En el bando opuesto, el pueblo invitó a foros y debates en cada barrio, surgieron cientos de líderes comunales y nacieron espontáneamente más de 140 “Comités Patrióticos”, que junto con muchas otras fuerzas sociales, sindicales, intelectuales, ambientalistas, estudiantiles, etc., llevaron a cabo las más multitudinarias marchas de la historia, se organizaron infinidad de charlas y emisiones radiales, se publicaron más de 50 libros y folletos, infinidad de volantes y comunicados.

Dos elementos hacen que este Tratado cobre especial relevancia para el país: uno es el hecho de que más que un acuerdo comercial, a diferencia de los demás, regula prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, tal y como si fuera otra CP.

Este Tratado cambiaría radicalmente nuestro modelo de desarrollo como país. El modelo actual, basado en un Estado Social de Derecho y de servicios públicos al costo, ha sido sumamente exitoso, al extremo de que el Dr. Carmelo Mesa-Lago (3), escribe un Libro (4) en el que analiza 20 variables socio – económicas de tres naciones, durante varias décadas, para concluir que “si bien es cierto no existen los sistemas ideales y cada país es diferente, en Latinoamérica Costa Rica puede servir como guía para las naciones que andan en busca de un modelo económico y social. … puedo decir que, en conjunto, la experiencia costarricense fue la más exitosa. Innegablemente los chilenos han tenido el mejor desempeño en la parte económica, pero socialmente no presentan los resultados de Costa Rica, y lo más impresionante es que el modelo costarricense se ha dado en medio de un sistema siempre democrático”. (El subrayado no es del original)

Sin embargo, toda esa herencia de casi 60 años ha sido traicionada por funcionarios y empresarios nacionales, en un Tratado como el CAFTA. El embajador de Costa Rica en Washington por ejemplo, durante la administración del Presidente Pacheco, Sr. Tomás Dueñas, en un discurso ante la Heritage Foundation, el 9 de febrero del 2005 manifestó:

_ “El DR-CAFTA es mucho más que mero comercio (…) más bien es un esquema muy interesante mediante el cual se nos concede acceso al mercado a cambio de reformas institucionales, que serán la columna vertebral del esfuerzo del DR-CAFTA. (…) el acceso al mercado es importante, pero la reforma institucional es la columna vertebral (…) Este Acuerdo proveerá (…) de nuevas oportunidades para los bienes y servicios de los EE. UU. en nuestros mercados (…) para que la economía americana, construida hoy alrededor de servicios, tenga una nueva oportunidad de expansión. +Estoy hablando de telecomunicaciones, servicios financieros, seguros+…”._ (El subrayado no es del original)

El segundo elemento es que no habrá forma de reversarlo. Una vez ratificado, el compromiso que adquiere cada país es de tal fuerza y magnitud, que denunciarlo aunque legalmente se contempla esa posibilidad- significaría activar una serie de mecanismos coercitivos que se traducirían en demandas tan cuantiosas, que nuestros países no podrían hacerles frente.

Costa Rica es signataria de la Convención de Viena y, como tal, debe ser respetuosa de los acuerdos y convenios internacionales. USA en cambio, no ha ratificado todavía esa normativa internacional. Pero aun si eso no representara como efectivamente lo es-, otra asimetría más en este negocio tan desigual, USA ratificó el Tratado a través de la Ley de Implementación del CAFTA-DR (5) la cual declara expresamente que tiene un rango inferior al de la Constitución o cualquier otra ley.(6)

En contraste, nuestra CP otorga potestades a los tratados internacionales por debajo de esa normativa, pero por encima de toda nuestra legislación. En consecuencia, nuestras propias entidades judiciales estarían en la obligación de hacer respetar el Tratado, así hubiera que cambiar toda nuestra legislación. Más aún, cualquier demanda de una empresa en contra del Estado -un derecho garantizado en el CAFTA (para las empresas pero no al revés, y tampoco para las persona físicas), sería resuelta en un arbitraje internacional, de acuerdo con la normativa dispuesta en el Tratado, con lo cual se compromete la soberanía misma del Estado costarricense.

Ante una eventual renuncia de cualquiera de los países signatarios, el CAFTA prevé mecanismos en defensa de las empresas, que podrían poner en muy grave situación a los países que así lo hagan, según lo advierte Lory Wallach (7), Directora de Observatorio de Comercio Global, cuando afirma: “Si los parlamentarios de los países centroamericanos aprueban el Tratado Comercial con Estados Unidos (CAFTA), cualquier desaceleración de sus economías podría exponerlos a indemnizaciones multimillonarias reclamadas por las empresas extranjeras que utilizan las normas sobre protección de las inversiones extranjeras. ¿Difícil de creer? Pues ya ha sucedido antes. Tras la crisis financiera de Argentina en 2001, las empresas extranjeras de servicios públicos que operan en ese país entablaron 27 demandas contra el Estado argentino ante un organismo especial de arbitraje del Banco Mundial. Estas compañías aparentemente están reclamando que la devaluación del peso argentino y las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno para capotear la crisis representaron una “expropiación” indirecta de sus ganancias, violando las normas consagradas en diversos tratados bilaterales de inversión (TBI) que garantizan privilegios especiales para los inversionistas extranjeros”.

Intereses detrás del CAFTA

La historia latinoamericana registra muchos intentos de dominación por parte de potencias extranjeras. Específicamente en Costa Rica, el primer intento se da en 1856, cuando un grupo de forajidos al mando de William Walker trató de tomar por las armas las nacientes y débiles naciones centroamericanas. En aquella ocasión, nuestros valientes ancestros, al mando del Presidente, Juan Rafael Mora Porras, terminaron afirmando no solo nuestra independencia, sino la de toda Centroamérica. A pesar de esa acción heroica que costó a la Patria el sacrificio del 10% de su población, consecuencia de la peste del cólera que se desató a raíz de la guerra, entre 1856 y 1857, sentenció el filibustero Walker: “lo que no pudieron los fusiles, podrán los dólares”, profecía que se cumpliría literalmente 150 años después, el 7 de octubre del 2007, con la aprobación del CAFTA.

El siglo XX tampoco estuvo exento de tales intentos, aunque ya no por las armas, sino mediante la dominación comercial. Aparecen en consecuencia, manifestaciones en contra de la Electric Bond & Share (8) por ejemplo, en 1941, y más recientemente en contra de ALCOA (9) en 1968, y del Combo (10) en el 2000.

Las presiones económicas y diplomáticas han sido constantes. Por ejemplo, durante la negociación del CAFTA se envía al representante de comercio, Robert Zoellick, quien en Casa Presidencial, haciéndose eco de la doctrina del “Big Stick” (11), el 1 de octubre del 2003, exigió la inclusión de los servicios de telecomunicaciones y seguros en ese Tratado.

Acciones como esta (en lo comercial y otras en lo militar), logran afirmar la hegemonía norteamericana y en conjunto defienden los intereses de sus grandes empresas transnacionales.

Consecuencias del CAFTA

El desarrollo social alcanzado por nuestro país, entre finales de la década de los años 40 y 70, se pone paulatinamente en riesgo a partir de los 80. El país cae, al igual que el resto de países latinoamericanos, en el torrente neoliberal, aunque con un dinamismo mucho menos acelerado, gracias a la resistencia pacífica del pueblo.

Se ponen en marcha nuevas políticas de gobierno, que terminan mermando la capacidad del Estado. Leyes y decretos son dictados para limitar las potestades de las instituciones autónomas y debilitar la labor social. Al menos dos de los artículos constitucionales, el 50 (12) y el 74 (13) están hoy prácticamente vaciados de contenido. Muchos otros son violados, por ejemplo, el 132, que prohíbe a los ex presidentes ser reelectos, a pesar de lo cual la Corte Constitucional, que existe para hacer cumplir la Constitución Política, no para interpretarla y menos para cambiarla, le permitió al actual Presidente, Dr. Óscar Arias Sánchez, volver a ser candidato en el 2006 (14) en lo que constituyó el último y desesperado intento del capitalismo por concluir las reformas neoliberales en éste, su último reducto en Latinoamérica.

Si bien es cierto Costa Rica se defendió de muchas otras pretensiones del capital foráneo por colonialistas, en los últimos 25 años ha entregado muchos de sus recursos y servicios públicos, y se enrumba irónicamente (porque el mundo está más bien alejándose de esa tendencia), hacia un modelo de libre mercado, en donde la competencia y el lucro sustituyen los principios solidarios. El CAFTA y su Agenda de Implementación coronan ese proceso, en un momento en que el péndulo de la economía viene de vuelta, proceso que se acelerará en los próximos meses, ante el fracaso del mismo sistema, hoy manifestado en la mayor crisis financiera desde los años de la gran depresión.

Las reformas han reducido el Estado costarricense, liberalizado y privatizado los mercados. Se vendieron al público acciones de las empresas comerciales, en ese entonces bajo la cobertura de la Corporación de Desarrollo S. A., CODESA, con el pretexto de “democratizar la economía”, acciones que fueron finalmente adquiridas a precios ridículos por transnacionales extranjeras. Se privatizaron empresas estratégicas como Cementos del Pacífico S. A., CEMPASA, Fertilizantes de Centro América S. A., FERTICA y Líneas Aéreas Costarricenses S. A., LACSA. Se propició la restricción y se comprometió la calidad de los servicios públicos, al extremo de que florecen hoy los negocios de la educación, la salud y la seguridad privadas, desaparecen o anulan las entidades encargadas de la agricultura y la seguridad alimentaria, de la regulación de los precios de productos básicos, de la vivienda popular, de la reforma agraria, se abren los servicios bancarios y desaparece la banca de desarrollo, (los bancos del Estado se convierten en una opción más entre los bancos comerciales), se privatiza la administración del aeropuerto internacional, la revisión técnica de los vehículos y algunos de los puertos. Más recientemente se otorgan en concesión algunas carreteras y se pretenden privatizar las cárceles, los parques nacionales y los servicios de agua.

A partir de 1990 no solo se abre a los privados la generación eléctrica hasta en un 30%, sino que por ley se obliga al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, a garantizar su compra a todas las plantas privadas (algunas propiedad del ex presidente, Ing. José María Figueres Olsen, promotor de la Ley, hijo de José Figueres Ferrer), así el país la ocupara o no, y a precios tres veces lo que le costaba al ICE producirla.

En 1996, durante el gobierno de Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional, PLN, se intentan abrir totalmente los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, sin éxito. El gobierno de oposición que le sucede, del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, retomando los proyectos de privatización de tales servicios del gobierno anterior, (pues ya desde antes los dos partidos tradicionales comparten la misma agenda neoliberal, en lo que se ha dado en llamar el PLUSC, PLN + PUSC), logró aprobar en el año 2000 el histórico “COMBO”: Ley de Reforma del ICE, Ley General de Electricidad y Ley General de Telecomunicaciones. Eso provocó las mayores protestas populares de la última mitad del siglo XX, y finalmente un gobierno que pendía de un hilo, debió enviar al archivo tales proyectos, pero empezó desde entonces una campaña de desprestigio en muchos de los medios de comunicación aliados al gran capital, en contra de las instituciones estatales y los servicios que ellas prestan, especialmente en contra del ICE.

Referéndum: ¿salida a una difícil decisión?

El tema de la apertura de los servicios públicos y sobretodo de su privatización, ha sido sumamente controversial en nuestro país, heredero de una tradición democrática, de justicia social, del mejor reparto de la riqueza y de una sociedad solidaria. (15). De modo que ante el enorme duelo ideológico desatado a raíz del CAFTA, dado que contraviene todos esos principios, el ex diputado, Lic. José Miguel Corrales Bolaños y otros, solicitaron al TSE autorización para recolectar las firmas y convocar a un referéndum, mediante el cual los ciudadanos lo aprobaran o lo improbaran.

El TSE, mediante Resolución No. 790-E-2007, el 12 de abril del 2007, acogió tal petición. Dice el TSE: “Se autoriza la recolección de firmas,…

Por innecesario, se omite ordenar la publicación del proyecto en La Gaceta. Se ordena a la Coordinación de Programas Electorales diseñar el formulario que este Tribunal debe autorizar para la recolección de firmas, el cual contendrá la siguiente leyenda: Respaldo la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía apruebe o impruebe el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), expediente legislativo n.º 16.047, según el texto dictaminado por la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y que fuera publicado en el Alcance n.º 2 a La Gaceta n.º 19 del 26 de enero del 2007. Se aclara que la autorización conferida no suspende la tramitación legislativa del referido proyecto, lo cual únicamente se produciría con la eventual convocatoria a referéndum, en los términos del artículo 11 de la indicada ley, y que dicho efecto suspensivo sólo alcanzaría su votación en el plenario legislativo”.

Nótese que se somete a referéndum no el CAFTA, sino un texto ya reformado y enmendado por la Asamblea Legislativa, dictaminado mediante Expediente No. 16.047. Pero el Presidente de la República sorprende al país al anunciar que, amparado en el criterio positivo del TSE, ha decidido acoger la idea del referéndum y el 13 de abril del 2007 solicitó a la Asamblea Legislativa, vía Decreto, que ordene su realización.
Dictamina el Ejecutivo: “Se propone la convocatoria a referéndum para que la Ciudadanía apruebe o impruebe el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), expediente legislativo Nº 16.047, según el texto dictaminado por la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y que fuera publicado en el Alcance Nº 2 a La Gaceta Nº 19 del 26 de enero del 2007”. En el segundo artículo el Decreto solicita: “Póngase en conocimiento de la Asamblea Legislativa esta iniciativa para su decisión, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 8492, Ley Sobre Regulación de Referéndum. A tal efecto, conforme a lo establecido por el inciso a) del artículo supra-indicado se adjunta el texto del proyecto de Ley que será sometido a consulta popular”.

El TSE aceptó finalmente las gestiones de los Poderes, basado en la tercera opción que ofrece la Ley, el 7 de mayo del 2007 y convocó el referéndum Ejecutivo (no el Ciudadano), irrespetando el principio de que “primero en tiempo, primero en derecho”.

Advertencia ante un posible desequilibrio informativo

El Observatorio de la Libertad e Expresión (OLE) (16), en una nota fechada el 18 de mayo del 2007, dirigida al TSE y con una gran visión de lo que se avecinaba, expuso: “Por encima del régimen de propiedad de los órganos de comunicación, están las libertades fundamentales y los derechos constitucionales como la libertad de conciencia; la libertad de expresión del pensamiento; la libre circulación de las ideas; la prohibición de la censura previa; derecho a la información adecuada, veraz y oportuna; la garantía del pluralismo y el respeto de la diversidad. Hay además, un campo de coincidencia entre el artículo 46 constitucional derecho ciudadano a la información adecuada y veraz, y el compromiso formal de las empresas particulares de comunicación con la verdad, fundada en la búsqueda de la precisión, la imparcialidad y la equidad“.

Termina recomendándole el OLE al TSE:

1.- Disponer que los medios y recursos de comunicación de propiedad del Estado queden, por 90 días, bajo la supervisión del Tribunal, desde la convocatoria hasta la realización del referéndum, a fin de asegurar igualdad real en la difusión del Sí y del No, en la publicidad, información, espacios de análisis y de opinión.

2.- Proponer a los propietarios y directores de medios de comunicación de propiedad particular que, por 90 días, establezcan y respeten un acuerdo cívico, depositado voluntariamente ante el Tribunal como garante de honor, que, sin afectar la libertad de prensa, asegure un trato de igualdad, cualitativa y cuantitativa, al Sí y al No, en la información, en los espacios de opinión.

3.- Considerar que, en último caso de interés o de necesidad pública, relacionado con el referéndum, se puede regular, de manera calificada y transitoria, el derecho a la libertad de empresa o de comercio, con el objeto específico de garantizar una igualdad amplia e irrestricta en el trato, si se estima claramente lesionada.

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Notas:

(1) Promulgada en 1949, cuando se funda la Segunda República, luego de la Revolución de 1948. Surgió como un Pacto Social al que concurrieron todas las fuerzas políticas, José Figueres Ferrer, caudillo triunfante de la revolución y fundador del Partido Liberación Nacional, PLN, Rafael Ángel Calderón Guardia, caudillo derrotado de la revolución, cuya herencia recoge luego el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, Manuel Mora Valverde, del Partido Comunista y Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, de la Iglesia Católica.
(2) “El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, advirtió a las autoridades nacionales que Costa Rica podría ser excluida del TLC si persiste en su actual posición de mantener el sector de telecomunicaciones fuera de la negociación. El mensaje lo transmitió al presidente, Abel Pacheco, en una reunión que tuvieron el miércoles anterior. Desde el inicio de las rondas de negociación, el gobierno de Pacheco ha insistido en que el país no abrirá a la participación privada el mercado de las telecomunicaciones.” Alexander Ramírez, La Nación, 6 de octubre 2003.
(3) Mesa-Lago, Carmelo. Buscando un modelo económico en América Latina, ¿Mercado, Socialista o Mixto?, Chile, Cuba y Costa Rica, 2000.
(4) El chileno y catedrático Joseph Ramos, comenta respecto al libro: “La editorial Nueva Sociedad acaba de publicar la versión en español de este estudio comparado sobre la evolución económica de Chile, Cuba y Costa Rica en los últimos 30 a 50 años, publicado en inglés por Johns Hopkins University Press en el año 2000. La obra es fruto de al menos una década de investigaciones en terreno por el autor, y, como habría de esperarse del Profesor Mesa-Lago así como de sus colaboradores, es un trabajo completísimo y riguroso, con conclusiones robustas y de gran interés para los demás países en desarrollo”.
(5) Public Law No. 109-53.
(6) Dice literalmente: “La ley de los Estado Unidos prevalecerá en el conflicto. Ninguna disposición de este Acuerdo, ni la aplicación de esa disposición a cualquier persona o circunstancia que sea inconsistente con cualquier ley de los Estados Unidos, tendrá efecto. Nada en este Acuerdo se entenderá que reforma o modifica ninguna ley de los Estados Unidos, a no ser que se señale específicamente en este Acuerdo”.
(7) Wallach, Lory. “CAFTA implicaría demandas por desaceleración”, 10 de noviembre de 2004, circuló por Internet.
(8) Desde 1928 la Electric Bond and Share, transnacional con sede en Nueva York, había adquirido las tres empresas que prestaban el servicio eléctrico en Costa Rica. Durante 20 años de control extranjero del recurso eléctrico, prácticamente no se construyeron nuevas plantas hidroeléctricas en el país, para responder al crecimiento de la demanda. Como resultado, el país se vio sumido en una crisis de apagones y congelamiento de servicios nuevos, lo que se convirtió en motivo de descontento popular. Torres, Margarita. Historia de la Electrificación en Costa Rica, Colección Patrimonio Futuro, Noviembre 2005, Museo Histórico y Tecnológico del ICE.
(9) La Alluminum Company of America contrató con el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández ysu Ministro de Planificación, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, un convenio para explotar la bauxita de Pérez Zeledón, el cual debería ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Según el convenio, a la compañía se le darían 30 mil manzanas de tierra para excavar a medio metro de profundidad. Fernando Chaves Molina denunció que la ALCOA contaría con todos los derechos de aduana, no pagaría ningún impuesto y recibiría del gobierno agua, cal y electricidad casi gratis, y que esas ricas tierras del sur se iban a convertir en un desierto. Una docena de diputados se opuso al proyecto, liderados por el Lic. Rodrigo Carazo Odio. El día 24 de abril los diputados le dieron al proyecto el tercer debate. Ese día los estudiantes y otros manifestantes, ante la represión de la policía, terminaron dispersándose por toda la ciudad de San José. El 24 de abril pasó a la historia como día de las luchas antiimperialistas de los estudiantes costarricenses. Aunque el convenio fue aprobado por los diputados, la explotación del aluminio nunca se realizó. Delgado, Manuel. “35 años después de la lucha contra Alcoa”, Siete Días, 25 de Abril del 2005. http://www.teletica.com/archivo/7dias/2005/04/alcoa.htm
(10) Conjunto de tres leyes, enviadas por el presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría a la Asamblea Legislativa, en el año 2000, para abrir el mercado eléctrico y de telecomunicaciones del país y reformar la Ley del ICE. Este proyecto fue aprobado en primer debate el 20 de marzo del 2000, por 45 votos a favor, 10 en contra y 2 ausentes. El 23 de marzo, ante los miles de costarricenses que se manifiestan en las calles, el Partido Liberación Nacional le retira el apoyo, y posteriormente se declara la ley inconstitucional por “vicios sustanciales que invalidan el proceso”, según Sentencia No. 3220-2000 de la Corte Constitucional. El movimiento de huelga que se generó desde el 21 de marzo hasta el 5 de abril, fue uno de los más importantes en la historia del país, por el amplio apoyo popular que tuvo. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica dio cuenta de que para el 29 de marzo, un 72% de los costarricenses estaba en contra del proyecto.
(11) La versión Roosevelt de la Doctrina Monroe estableció las bases de la hegemonía económica y militar que llevó a los Estados Unidos a constituirse en el poder dominante del Hemisferio Occidental. La nueva doctrina fue una franca declaratoria de que los USA estaban deseosos de buscar ventaja sobre los gobiernos de Latinoamérica, actuando como un poder policíaco internacional en la región. Descrita como una política de “hablar suave” pero portando un “big stick” (gran garrote), el anuncio del presidente Roosevelt lanzó la era del big stick. La Doctrina Monroe fue expuesta en 1823 y proclamaba la opinión norteamericana de que las potencias de Europa no debían, en adelante, colonizar las Américas o interferirían con los asuntos de las naciones soberanas allí constituidas, tales como los USA y otros. A cambio, los USA se mantendrían neutrales en conflictos armados entre potencias europeas y en las guerras entre las potencias europeas y sus colonias. Sin embargo, en caso de que este último tipo de guerra pudiera producirse en las Américas, los USA verían tal acción como hechos hostiles en su contra. http://www.wikipedia.org
(12) “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”
(13) “…serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.
(14) Según el Dr. Guido Sáenz, Ministro de Cultura durante el primer mandato del Dr. Arias, este habría influido en la decisión de los magistrados de la Corte Constitucional para que aprobaran la reelección y que pudiera ser candidato en las elecciones de febrero del 2006. El Dr. Sáenz se refiere al primer intento del Dr. Arias por reformar la Constitución. Sáenz declara: “De los siete votantes de la Corte Constitucional, cuatro se pronunciaron en contra, tres a favor. Lo llamé (a Arias), en cuanto me enteré de la catástrofe. “Guido, yo estaba ciento por ciento seguro de que me pasaban la reforma. Tenía la promesa de cuatro magistrados. Uno me traicionó”. Sáenz, Guido, Piedra Azul, página 361, 2003.
(15) Principalmente reflejados en los artículos 50 y 74 de la CP, y en muchas otras leyes.
(16) Integrado el 12 de junio del 2006. En ese momento lo conformaban Pablo Barahona, Giselle Boza, María Eugenia Bozzoli, Alberto Cañas, Hilda Chen, Gerardo Fumero, Glenm Gómez, Juan Rafael Quesada, Luis Sáenz, Iván Salas, Luis Guillermo Solís, Gerardo Trejos, Enrique Villalobos, Armando Vargas y Juan Manuel Villasuso. Actualmente está residenciado en la Universidad de Costa Rica y recién publicó el primer Informe al país: El Derecho a la información en Costa Rica, Editorial Juriscentro, 2008.

* Ingeniero Eléctrico (Telecomunicaciones). Miembro fundador del Observatorio de la Liberta de Expresión. Funcionario del ICE

[Coautor de varios libros, sobre el TLC, en el campo de las Telecomunicaciones. Coautor y Editor del Libro “TLC con EE. UU.: Un Desafío al Modelo Solidario de Costa Rica. Un Caso de Estudio: el ICE”, Editorial de la UNED, 2005. Autor y Editor del Libro “El Estado Solidario frente a la Globalización, Debate sobre el TLC y el ICE”, diciembre 2006].
(Continúa…)