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Guía básica para entender el referéndum sobre el TLC

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¿Qué es un referéndum?
Una consulta popular mediante la cual es el pueblo quien ejerce la potestad de aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales de la Constitución Política.

¿Qué materias no están sujetas a referéndum?
No podrán someterse a referéndum proyectos de ley sobre materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa.

Pero, ¿el TLC no contiene legislación tributaria?
Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que es evidente que el TLC tiene implicaciones tributarias, pero no es una legislación tributaria típica; es, ante todo, un acuerdo comercial, que usa herramientas fiscales para incentivar el comercio.

¿Cuales modalidades del referéndum existen?

a) De iniciativa ciudadana: convocado al menos por un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral (aprox. 132 mil personas). Esta es la que planteó José Miguel Corrales.

b) Legislativo: convocado por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de dos terceras partes del total de sus miembros.

c) Ejecutivo: convocado por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Esta es la que está solicitando el Presidente Oscar Arias.
En resumen, ¿qué implica la alternativa de la iniciativa popular, que plantea Corrales?:

1. Aprobada por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES (TSE) la solicitud para recoger firmas, como ocurrió el pasado 12 de abril, el interesado (Corrales) en la convocatoria a referéndum contará con un plazo hasta de nueve meses para recolectar las firmas a partir de la publicación en La Gaceta.

2. El interesado podrá solicitar ante el Tribunal una prórroga hasta por un mes más.

3. El TSE fijará los lugares para la recolección de las firmas.

4. El Tribunal contará con un período máximo de treinta días hábiles para verificar la autenticidad de los nombres, las firmas y los números de cédula.

5. De resultar no verificable el quince por ciento (15%) de las firmas necesarias para convocar a referéndum, el proyecto de ley o la reforma parcial a la Constitución Política quedará invalidado para dicho fin.

6. Cuando se haya reunido satisfactoriamente un número de firmas equivalente al menos a un (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se tendrá por convocado el referéndum.

7. El TSE hará la convocatoria oficial del referéndum comunicándolo así en La Gaceta, dentro de los siete días hábiles siguientes, y procederá a la organización y demás actos administrativos necesarios para realizar la consulta, la cual deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación del aviso.

8. PLAZO TOTAL (desde que se recolectan firmas hasta que se realiza el referéndum): APROX. 14 MESES.

En resumen, ¿qué implica la alternativa de la iniciativa popular, que plantea el Presidente Arias?:

1. La iniciativa del Poder Ejecutivo tendrá la forma de decreto y contendrá adjunto el texto del proyecto de ley que se desea someter a consulta popular. El decreto será enviado a la Asamblea Legislativa.

2. La Asamblea, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de la totalidad de sus integrantes (29 votos), decidirá someter o no a referéndum.

3. Si la Asamblea Legislativa no aprueba la propuesta de convocatoria a referéndum, se ordenará su archivo.

4. Si la Asamblea Legislativa aprueba la propuesta de convocatoria a referéndum, el texto será enviado por el presidente de la Asamblea Legislativa al TSE en un plazo máximo de ocho días hábiles, a fin de que este realice las actividades necesarias para el trámite respectivo.

5. El TSE hará la convocatoria oficial del referéndum comunicándolo así en La Gaceta, dentro de los siete días hábiles siguientes, y procederá a la organización y demás actos administrativos necesarios para realizar la consulta, la cual deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación del aviso.

6. PLAZO TOTAL (desde convocatoria hasta que se realiza el referéndum): APROX. 4 MESES

Y cuál mecanismo se utilizará entonces para efectuar el referéndum sobre le TLC, ¿el de iniciativa ciudadana (recolección de firmas planteada por Corrales) o el convocado por el Poder Ejecutivo?
Los magistrados del TSE han señalado que eso lo decidirán cuando la Asamblea les envíe el decreto convocado por el Poder Ejecutivo ya aprobado por la Asamblea.

Eso sí, aquí es importante tener presente que el proceso de la recolección de firmas (planteado por Corrales) podría extenderse por hasta 10 meses y otros 4 meses más en su revisión, convocatoria, es decir que la realización del referéndum se produciría solo hasta mediados del 2008.
Costa Rica tiene como plazo máximo para adherirse al TLC hasta el 1 de marzo del 2008.

¿Cuál sería la pregunta que deberán responder los ticos en esa consulta popular?
El departamento de Servicios Técnicos del Congreso sugiere:
“¿Aprueba usted el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, suscrito el 5 de agosto del 2004, publicado en el alcance No. 44 de La Gaceta N. 225, del martes 22 de noviembre del 2005?
Sí o No”.

¿Cuáles serán las consecuencias de una votación?
Según la ley, si se supera el umbral mínimo de participación (30 ó 40 por ciento del padrón electoral), la voluntad popular es vinculante. Eso significa que, si gana el “SÍ”, el proyecto (TLC) se transforma en ley. Pero si gana el “NO”, el Tribunal hace la declaración y el proyecto va rumbo al archivo.
¿Y es el 30% o el 40% de las personas inscritas en el padrón lo que se necesita para que el TLC sea vinculante o de acatamiento obligatorio?
Para la legislación ordinaria (proyecto de ley que debe ser aprobado por los diputados con 29 votos) se requiere que participe en el referéndum por lo menos un treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para que sea vinculante.

Se requerirá de la participación como mínimo del cuarenta por ciento (40%) del padrón cuando se trate de en los asuntos que requieran la aprobación legislativa por mayoría calificada (38 votos).

Es decir, tomando en cuenta que el padrón actual lo conforman 2.6 millones de personas, estamos hablando de que sería necesario que acudieran a las urnas entre 780 mil (30%) y 1 millón (40%) de ciudadanos para que el referéndum sobre el TLC sea vinculante.

¿Y el TLC se aprueba con 29 ó 38 votos?
Eso lo decidirá en primera instancia el presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco, quien a los medios ha señalado ser del criterio que el TLC requiere para ser aprobado 29 votos.

¿Qué pasa sino llega a votar el 30 o el 40% de los electores?
Una escasa participación significa únicamente que el pueblo deja la decisión sobre el TLC en manos de la Asamblea Legislativa, porque la ley lo dice así. Se interpretaría que la mayoría decidió no decidir.

¿Qué previsión hace el TSE de la participación electoral que habrá en este referéndum?
Los magistrados han señalado tener base para creer que el tema generará una mayor participación que las elecciones municipales pasadas (solo el 25%).

¿Cuál es la mecánica para realizar un referéndum?
Similar a una elección presidencial. Se utilizará una papeleta física y más sencilla. Las juntas receptoras de votos, en su mayoría, se instalarán en escuelas y colegios. Los partidos políticos no integrarían las juntas, solo los delegados del Tribunal.

Ahora bien, el TSE no ha definido todos los pormenores. Incluso los magistrados no han cerrado la puerta a la posibilidad de autorizar la participación de fiscales de partidos políticos y promocionar la presencia de observadores para mayor transparencia.

¿Se realizaría un domingo?
Sí, según la ley, la consulta se efectuará un domingo entre 6 a.m. y 6 p.m.

¿Y quiénes pueden votar?
Los requisitos para votar son los mismos del Código Electoral: los costarricenses mayores de 18 años, que estén inscritos en el padrón electoral y que porten su cédula de identidad al día.

¿Quién organiza el referéndum?
Corresponderá al TSE organizar, dirigir y fiscalizar los procesos de realización del referéndum, así como escrutar y declarar sus resultados.

¿Cuál es la forma de expresar el voto?
La decisión del votante solamente podrá ser “sí” o “no“, o quedar en blanco. Se tendrán por nulas las papeletas que no se ajusten al modelo oficial, las que ofrezcan dudas sobre la decisión del votante y las que contengan tachaduras, raspaduras, enmiendas, interlineados, signos o palabras ajenas a la consulta.

¿Qué pasa con los votos en blanco o nulos?
Tanto los votos en blanco como los nulos serán computados por el Tribunal como ciudadanos que han participado en el referéndum, para formar parte de los porcentajes de ley.

Y si yo trabajo ese domingo, ¿podré votar?
A fin de emitir el voto, todos los trabajadores tendrán derecho de ausentarse de su centro de trabajo el día en que se realice el referéndum, durante una hora, la cual será definida por el patrono o superior. Los trabajadores no quedarán sujetos a reducción del salario ni a cualquier otra sanción.

¿Que pasa después del referéndum?
El TSE, una vez finalizado el escrutinio (15 días), hará la declaratoria oficial de los resultados de este, y los notificará, al siguiente día, al Poder Legislativo.

En caso de ser positivo el resultado del referéndum (gana el sí al TLC) y habiendo cumplido los porcentajes requeridos para convertirse en ley de la República, el Poder Legislativo, sin más trámite, le comunicará al Poder Ejecutivo el decreto legislativo, con la razón de que fue aprobado en referéndum, para su inmediata publicación y observancia.

Si el resultado del referéndum es negativo, el proyecto (TLC) se archivará sin más trámite. RECORDAR: De no alcanzarse el porcentaje de participación necesario, si el referéndum no es vinculante, el TSE enviará el proyecto de reforma a la Asamblea Legislativa, para que continúe el trámite ordinario.

¿Qué pasa con el transporte el día del referéndum?
El día en que se celebre el referéndum, el transporte publico será gratuito para todos los ciudadanos en todas las líneas y rutas nacionales, las cuales no podrán ser modificadas ese día. Estos gastos correrán por cuenta del Tribunal.

¿Establece el TSE prohibiciones para el Poder Ejecutivo, extranjeros y costarricenses durante la campaña previa al referéndum?
Sí, se han establecido las siguientes prohibiciones:

a) Se le prohíbe al Poder Ejecutivo, las entidades autónomas, las semiautónomas, las empresas del Estado y los demás órganos públicos, utilizar dineros de sus presupuestos para efectuar campañas a favor o en contra de los textos o proyectos sometidos a la consulta del referéndum; asimismo, queda prohibido usar, para tal fin, dinero procedente del exterior donado por entidades privadas o públicas.

b) Se le prohíbe a toda persona física o jurídica extranjera, participar en la recolección de firmas, en la solicitud de celebración de referéndum, o en campañas de publicidad o propaganda a favor o en contra del proyecto sometido a referéndum.

c) Los particulares costarricenses, sean personas jurídicas o físicas, podrán contribuir, para campañas a favor o en contra del proyecto sometido a referéndum, con sumas que no excedan de veinte salarios base.

¿Y qué pasa con las encuestas?
Se prohíbe la publicación, la difusión total o parcial o el comentario de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión, dos días antes de la votación y el día de la celebración del referéndum, así como las operaciones de simulación de voto realizadas a partir de sondeos de opinión, directa o indirectamente relacionados con la consulta sometida a referéndum.

¿Ejercerá el TSE control sobre el dinero que se invierta en propaganda y publicidad a favor y en contra del TLC?
Los medios de comunicación deben reportarle al Tribunal los datos de quién les contrató campos pagados y cuánto pagó. Si se demuestra que esa persona es testaferro de una fuente de financiamiento extranjera, sería objeto de investigación y sanción penal. Si alguien tiene pruebas de que se utilizan a ciudadanos costarricenses para canalizar dinero del exterior, debe denunciarlo.

¿Cuánto costará este referéndum?
El Tribunal calcula que en total el costo de organizar el referendo para el TLC con Estados Unidos ascendería a ¢1.500 millones.

¿La convocatoria a un referéndum impide que el TLC se siga tramitando en la Asamblea Legislativa?
No, el mismo Tribunal estableció claramente en su pronunciamiento que: “se aclara que la autorización conferida (de recolectar firmas) no suspende la tramitación legislativa del referido proyecto”. Es decir que el TLC podrá seguir su tramitación mediante procedimientos abreviados, como el procedimiento del artículo 41 bis que se está a punto de usar en la Asamblea.

¿Y se suspende la discusión de la agenda de implementación?
No. Así como el TSE expresó que no se suspende la tramitación del TLC en la Asamblea, la agenda de implementación seguirá su tramitación normal, muy pronto estarán los dictámenes de las comisiones especiales y posteriormente irán a plenario para que se pueda usar el mecanismo de procedimiento abreviado que se establece para su aprobación.

¿Se le debe solicitar a la Sala Constitucional que haga un pronunciamiento sobre el TLC antes del referéndum?
No. Dentro del procedimiento que establece la ley de la jurisdicción, el referéndum no es objeto de consulta a la Sala como un control a priori, tal y como normalmente sucede con las otras inactivas legales que después del primer debate se puede hacer la consulta preceptiva. Así que en este caso no habría esa consulta por no tratarse de ordinaria, sino que se trata de una consulta al pueblo. Una vez aprobado el tratado vía referéndum a posteriori, siempre cabe la opción de una acción de inconstitucionalidad.

¿Cuál es el mensaje que envía el pueblo al solicitar la convocatoria a un referéndum?
Le da la posibilidad a la ciudadanía de que se pronuncie sobre un tema de trascendencia nacional. Esta es una oportunidad extraordinaria, ya que como país damos un paso muy importante para enriquecer y profundizar la democracia, pues somos el primer país en que un acuerdo comercial es sometido a una consulta popular.

TLC: BENEFICIO EXCLUSIVO DE LA MINORÍA OLIGÁRQUICA

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La creciente organización ciudadana que se gesta, día con día, en cada comunidad, para organizar el triunfo del No en el referéndum sobre el TLC, está dejando en evidencia clarísima que el TLC es una cuestión de los oligarcas y que nada tiene que ver con las amplias mayorías ciudadanas, de todos los estratos sociales, a excepción de ese, el de los oligarcas.

Cada vez que los representantes del SÍ al TLC empiezan a dar la cara, la gente de pueblo nota que son personas pertenecientes al rancio círculo de la oligarquía criolla, vinculada con los sangrientos capitales centroamericanos y de las grandes empresas transnacionales. El brazo político de esta oligarquía está en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, junto a los medios de prensa que expresan su ideología mercantilista, neoliberal, egoísta, excluyente y codiciosa. La gente del pueblo y los sectores de la amplia clase media, ya perciben con toda claridad que el TLC es para que esa oligarquía se apropie, definitivamente, de los bienes más preciados del patrimonio público nacional.

En el Sí al TLC, hay un grupúsculo de enorme influencia cuya base de poder es la plata que han concentrado abusivamente, valiéndose de la gran red de tráfico de influencias que han construido en veinte años de neoliberalismo, amén de los más sofisticados sistemas de evasión, elusión, fraude fiscal y saqueo indiscriminado de la cosa pública. El Sí al TLC no tiene base social y, por eso lo que van a hacer es presionar, intimidar, chantajear, no convencer, en, al menos, dos segmentos de población.

El primer segmento lo constituyen la clase trabajadora de sus fábricas y empresas. Las están convirtiendo en campos de concentración, con jornadas de adoctrinamiento ideológico, chantajeando hasta con el despido si no votan por el SÍ. Es más, en varias cadenas de supermercados ya tienen listas las camisetas que deberán ponerse, obligadamente, sus empleados, con el Sí al TLC. Estamos presenciando una gigantesca operación de terror propagandístico con los atropellos más evidentes a la libertad de expresión de cada persona trabajadora en el Sector Privado, agrediendo el libre albedrío de cada cual para decidir.

El segundo segmento de esa oligarquía pro TLC, son los sectores más pobres, de más miseria económica, aglutinadas en las zonas de marginalidad de las áreas rurales y urbanas. La oferta de bonos de vivienda, de becas escolares, de títulos de propiedad, de comestibles, de arreglo de caminos y hasta entregas de dinero en efectivo, están empezando a aflorar para comprarle votos para el Sí con los recursos públicos.

De ahí la enorme importancia que está tomando la organización cívica del No al TLC en cada comunidad. Los comités patrióticos cantonales, creciendo inconteniblemente, podrán contrarrestar la ofensiva antiética, de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en que la oligarquía pro-TLC está desarrollando su campaña por el Sí al TLC.

Hoy está completamente claro que el TLC de los oligarcas, perjudica a las grandes mayorías de la ciudadanía costarricense. Por eso es que tanta resistencia ha generado. Por eso es que será derrotado en las urnas. La gente ha tomado nota de que tan sólo es para beneficio exclusivo de la mayoría oligárquica: la misma que fue derrotada en el Combo, la misma de los grandes escándalos financieros con préstamos del exterior, la misma de Alcatel, la misma del cierre del Banco Anglo, la misma de Alterra y Riteve, la misma que le adeuda millones y millones a la Caja, etc., etc.

Roces constitucionales del TLC

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ROCES CONSTITUCIONALES DEL TRATADODELIBRECOMERCIO ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS (TLC)

INTRODUCCIÓN

La Universidad de Costa Rica, primera universidad pública del país, asumió desde su fundación, una responsabilidad ineludible con los intereses de la nación. Tal y como lo ha reiterado el capítulo de principios de los diversos estatutos orgánicos, la Universidad de Costa Rica, tiene el compromiso de contribuir con “…las trans¬formaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Según lo establece nuestra Constitución Política en sus artículos 84 y 85, correspon¬de al Estado dotar de patrimonio propio y de la financiación necesaria a la educa¬ción superior, de manera que ésta, entre otros fines, contribuya con la creación del conocimiento y la formación de los profesionales que el país requiere en procura de ofrecer, como lo indica el artículo 50 de la Constitución Política, en el Título de De¬rechos y Garantías Sociales “… el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado…”

Al tenor de ese mandato constitucional, de los principios que rigen nuestra vida académica y del juramento que profesamos los graduados de la Universidad de Costa Rica “…ante Dios o ante lo más sagrado de nuestras convicciones y prometemos a la Patria y a la Universidad, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, así como cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que impone el ejercicio de nuestra profesión.”, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, convocó a una comisión integrada por académicos y egresados de esta institución para que estudiara los roces del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC), con nuestra Constitución Política.

Como universidad pública, estamos obligados, según el artículo 88 de nuestra Constitución, a conocer y discutir todos aquellos proyectos relativos a las materias puestas bajo las competencias de las universidades públicas. Por lo tanto, es deber fundamental de la Universidad de Costa Rica y de las universidades públicas, de¬fender los intereses individuales y colectivos de la nación costarricense, así como procurar el mayor bienestar de sus habitantes.

Plenamente consciente de la encrucijada en que se encuentra nuestro país, la Uni¬versidad de Costa Rica considera ineludible pronunciarse respecto de corrientes de pensamiento y de política que, ante la presente globalización del comercio, de la información, de las comunicaciones y de la sociedad, así como de la consiguiente interdependencia de las naciones, privilegian de manera indebida intereses co¬merciales y privados en perjuicio del bien común, con lo que rompen el equilibrio entre los fines y los medios, y entre intereses privados y públicos, necesarios para asegurar la vida en sociedad.

En los albores del siglo XXI, el desenvolvimiento normativo de las relaciones econó¬micas internacionales se instrumenta en asimétricos tratados de libre comercio, en los que la inversión y el comercio, que debieran ser instrumentos al servicio de la humanidad, pasan a ser, por el contrario, el centro de gravitación de la sociedad y de la política, en plena contradicción con los valores y fines de nuestro Estado Social de Derecho, que privilegia los derechos y beneficios sociales.

Así ocurre con el TLC propuesto para su aprobación, en el cual, antes que un equilibrio adecuado entre los fines y los medios, quedó plasmado un beneficio des¬proporcionado en favor de los intereses comerciales de empresas extranjeras, en plena contradicción con el principio de bien común estipulado en el artículo 50 de la Constitución y con una política de inversión extranjera y de libertad de industria, comercio y agricultura, conforme al Derecho de la Constitución, sus antecedentes, principios, valores y fines rectores.

Del texto se desprende que lo negociado en el TLC no se limitó, como debió ser, a que Costa Rica se insertara de la mejor manera en el ámbito del comercio inter¬nacional, sino que, contrariamente, asumió obligaciones que van más allá de la relación comercial justa entre Estados Parte, y entre inversionistas de esos Estados y el Estado receptor. Asimismo, si bien es cierto que algunas regulaciones del TLC están vinculadas con servicios, éstas no se limitan a los de naturaleza privada, ya que están involucrados servicios públicos históricamente considerados estratégicos para un desarrollo nacional solidario, que son esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los costarricenses.

En asuntos relativos a la solución de controversias, la salud, la seguridad social, el territorio, el ambiente, la producción de armas, la soberanía, la paz y la instituciona¬lidad democrática, la normativa negociada es desfavorable y lesiva para el Estado costarricense.

El TLC firmado y propuesto para su aprobación, no solo contraviene artículos con¬cretos de la Constitución Política, sino que atenta contra el espíritu de la Carta Magna en sus propósitos y su sistema de valores. Ningún tratado podría introducirle cambios fundamentales a nuestra Constitución Política; tales modificaciones sustanti¬vas sólo podrían materializarse en una Asamblea Constituyente.

Tan antijurídico es lo contenido en el TLC, que la propia ley de los Estados Unidos le impedía a los negociadores estadounidenses proponerlo o im¬ponerlo, como lo hicieron, a sus contrapartes centroamericanas. La “Trade Promotion Act Authority” (Public Law 107-210 del 2002), o ley del_ “Fast Track”_, que habilitó a tales negociadores para ese efecto, les puso límites claros (Sección 2102) en materia de propiedad intelectual, salud pública, condiciones laborales, ambientales y de privilegios a los inversionistas ex¬tranjeros, que fueron irrespetados.

Véase sentencia No. 2771-03, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 11:40 del 4 de abril de 2003, respecto a la debatida sentencia que permitió la reelec¬ción presidencial, establece: “En el caso de la reforma a la Constitución se presenta una gran e importante diferencia: aquellas normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales o a decisiones políticas trascendentales, solo pueden ser reformadas por una Asamblea Constituyente de conformidad con el artículo 196 de la Constitución Política. En beneficio de la contundencia de la afirmación, repetimos que las normas originarias acerca de derechos fundamentales y los siste¬mas políticos y económicos, únicamente pueden ser disminuidas por una asamblea constituyente. Las otras normas de la Constitución y las leyes secundarias son susceptibles de ser revisadas por la Asamblea Legislativa…”

Los negociadores impusieron a sus contrapartes centroamericanas lo que les había sido prohibido, lo que, no solo resalta las transgresiones, sino que introduce razones adicionales de antijuridicidad, más allá de lo inconstitucional local, fundadas en el Derecho Internacional y en el poder de los negociadores.

La Universidad de Costa Rica, centro de estudios superiores, en ejercicio de su de¬ber, como lo dice su lema “lucem aspicio”, tiene como uno de sus fines estimular una conciencia crítica y creativa en la comunidad costarricense, que permita a todos los sectores sociales participar en los diversos procesos de la actividad nacional. En el cumplimiento de esa alta responsabilidad, la Universidad de Costa Rica presenta el documento “Roces constitucionales del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC)”, a la consideración de la co¬munidad universitaria y nacional, como un aporte más para formar opinión y definir una posición respecto al TLC y a la Costa Rica que queremos.

Este documento cobra especial relevancia en momentos en que por primera vez, y en relación con el TLC, se hará efectivo el procedimiento constitucional establecido en el artículo 105 de la Carta Magna: el referéndum. Tal como lo ha señalado la señora Rectora de la Universidad de Costa Rica, “la celebración de una consulta popular de carácter vinculante sobre un asunto tan importante para el destino del país, abre una nueva etapa en el desarrollo de la democracia costarricense”.

Es indispensable, no obstante, que los roces y transgresiones del TLC con la Cons¬titución Política, que se plantean en este documento, sean objeto de consulta, de manera oportuna, ante la Sala Constitucional a fin de evitar que este primer ejerci¬cio de democracia participativa que se realiza en Costa Rica, sea invalidado por atentar contra nuestro ordenamiento jurídico fundamental.

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Votar con lapicero: Deplorable decisión del TSE

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Otro yerro del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Otra muestra más de un proceso que parece sistemático, en cuanto a la pérdida de confianza y de credibilidad de la inmensa mayoría ciudadana que adversa el nefasto TLC, en las autoridades electorales.

La deplorable decisión de que votemos marcando con lapicero en el referéndum sobre el TLC, reaviva las enormes situaciones de conflicto generadas con ocasión de los comicios presidenciales del 2006, cuando la sospecha de_ “chorreo”_ de votos, especialmente en zonas de alta marginalidad social y de enorme pobreza, mancharon la credibilidad de aquellas elecciones.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que no salió bien librado de su papel en ese entonces, calificando de “inconsistencias” las enormes interrogantes sobre la transparencia en una gran cantidad de urnas electorales; toma ahora una decisión que no ayuda a la recuperación de la fe en su efectividad, en su neutralidad, en su transparencia.

Votar con lapicero es alimentar las posibilidades de delitos con el sufragio, cuando el partido político en el poder, en no pocas oportunidades ha sido cuestionado por prácticas “incorrectas” en comicios electorales, a través de la nefasta práctica del “chorreo de votos”.

Ahora más que nunca, la observación internacional del referéndum sobre el TLC se torna estratégica. Hemos de insistir en que la mayor cantidad posible de representantes de los movimientos sociales del planeta, que luchan contra el neoliberalismo, se hagan presentes en Costa Rica para poder garantizar una efectiva transparencia que no creemos sea posible depositar, exclusivamente, en las manos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuya neutralidad queda en duda con esta nueva pifia política.

San José, 25 de mayo de 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

¡¡¡SALUDOS, COLEGAS SINDICALISTAS DE ASDEICE!!!

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ASDEICE ha logrado posicionarse como una entidad laboral sólida, de reconocida capacidad convocante y con un altísimo prestigio y credibilidad en el seno del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Además, ASDEICE ha alcanzado una gran notoriedad nacional, convirtiéndose en una fuente de obligada referencia para los polémicos asuntos del país, especialmente el nefasto TLC.

Nuestra querida Patria vive uno de los momentos más trascendentales de toda su historia republicana. La clase trabajadora costarricense enfrenta amenazas gigantescas a sus derechos laborales y sociales, amén del alto riesgo de deteriorar todavía más su situación económica. Esa amenaza y ese riesgo tiene un nombre: TLC.

Luego de que ha sido derrotado en el campo de las ideas y del pensamiento; luego de que ha sido derrotado en el campo de la movilización ciudadana activa, a través de lo que en ANEP denominamos el “Referéndum de la Calle”; ahora nos toca darle su entierro definitivo: en las urnas, con el referéndum venidero, el primer acontecimiento democrático de este tipo en el país.

Pese a un tribunal electoral parcializado, pese a una “gran” prensa descaradamente a su favor porque ha perdido toda decencia ética en materia de libertad de expresión; pese a los multimillonarios recursos financieros que tienen a su favor; los del Sí al TLC no podrán vencernos.

En el No al TLC está lo mejor de lo mejor de la conciencia patria; está la mística, el compromiso, el estudio y la reflexión; está la experiencia de lucha en medio de tanta adversidad; y, sobre todo, está nuestro corazón, latiendo vibrantemente, con enorme coraje y sobrecargado de dignidad, decoro, ética y moral. En esto no nos ganan y por eso los hemos de derrotar de manera definitiva.

Sin lugar a dudas, ASDEICE ha venido jugando un rol patriótico de extraordinaria relevancia en esta y en anteriores circunstancias históricas, como la del Combo ICE. Sin lugar a dudas, ASDEICE se ha ganado un lugar muy especial en el corazón del pueblo. Sin lugar a dudas, el nombre de ASDEICE ya está inscrito en letras de oro en la historia del movimiento obrero y patriótico costarricense, dignificando con grandes honores la noble causa sindical.

Hoy, con ocasión de vuestra Asamblea General, ANEP expresa la enorme satisfacción y el gran orgullo que sentimos por considerarnos organización sindical hermana y fraterna de ASDEICE. Hoy renovamos antes ustedes, amigos y amigas, compañeros y compañeras sindicalistas de ASDEICE, nuestros lazos de solidaridad, de amistad, de fraternidad y de lucha inclaudicable contra esa oligarquía nacional vendepatria, egoísta, codiciosa y angurrienta, representada hoy por el régimen de los hermanos Arias.

¡¡¡NO AL TLC!!! – ¡¡¡SÍ A LA PATRIA!!!

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Siete victorias históricas del pueblo de Costa Rica

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Para elevar nuestra autoestima y reforzar la fe en Costa Rica, recordamos los anteriores triunfos, fundamento de nuestra nacionalidad, soberanía y bienestar.

15 de setiembre de 1842. Derrota del invasor Francisco Morazán y del traidor Vicente Villaseñor

Era jefe de Estado don Braulio Carrillo. Sus enemigos consiguieron el apoyo del general hondureño Francisco Morazán parra derrocarlo. Morazán invade Costa Rica y obtiene la rendición de las tropas enviadas a combatirlo, comandadas por el militar salvadoreño Villaseñor, hombre de confianza de Carrillo. Don Braulio fue depuesto y se declaró a Costa Rica un Estado más de la Federación Centroamericana, en un intento por resucitar el cadáver de la República Federal. La mayoría de los costarricenses se opuso, pues no soportaron el aumento de los impuestos, el servicio militar obligatorio ni los atropellos de las tropas extranjeras.

La sublevación armada, al mando de don Antonio Pinto, comenzó en Alajuela, continuó por Heredia y San José hasta terminar en Cartago. Morazán, trasladado a San José, fue merecidamente fusilado pero, como a hombre de honor, se le permitió dirigir el pelotón. A Villaseñor se le fusiló por la espalda, por traidor. La ocupación extranjera había durado 5 meses.

1856-1857. Gloriosa Campaña Nacional contra los filibusteros

Amenazada la existencia misma de la Patria por los filibusteros estadounidenses que ocuparon Nicaragua aprovechando una guerra intestina, don Juanito Mora, secundado por Mons. Anselmo Llorente, supo llamar a las armas y sostener el ánimo de la población. Los servicios diplomáticos del país alertaron a tiempo y anudaron alianzas con países latinoamericanos. Se preparó un ejército bien armado, muchas mujeres se encargaron de mantener la producción sustituyendo a los soldados y algunas heroínas acompañaron a la tropa. La cooperación de las naciones hermanas de Centroamérica fue determinante. Costa Rica, de abril a agosto de 1856, perdió el 10% de la población por la peste del cólera causada por la guerra. No obstante, tuvo el coraje de retomar las acciones militares y cerrar el paso filibustero por el río San Juan. El resultado final: se conservó la soberanía y se detuvo la expansión de los Estados Unidos.

7 de noviembre de 1889. Noche de San Bartolomé o de los machetes

Siendo presidente Bernardo Soto y estando próximo el fin de su período, se empecinó en que el Lic. Ascensión Esquivel le sucediera en el poder. Maniobró para arrebatar la victoria electoral al legítimo triunfador de las elecciones, el Lic. José Joaquín Rodríguez. Permitió que Esquivel lanzase a la policía a las calles para que lo declararan vencedor de las elecciones y próximo presidente. El pueblo no permitió tan torpe artimaña. El Lic. Rafael Iglesia aprovechó el descontento y, con ayuda de algunos sacerdotes, consiguió que el 7 de noviembre de 1889, los habitantes de los pueblos vecinos de San José desafiaran a las fuerzas del gobierno con machetes y armas de cacería. Bernardo Soto, para no mancharse las manos de sangre, reconoció la derrota de su protegido. Fue la primera vez que se defendió la pureza del sufragio.

10 de agosto de 1919. Sublevación popular contra la dictadura de los hermanos Tinoco. Ganaron las mujeres

Los hermanos Tinoco, de familia cafetalera, respaldados por la oligarquía a la que pertenecían, depusieron al presidente Alfredo Gonzáles Flores, el 27 de enero de 1917, por atreverse a imponer tributos directos a los ricos, fundar el primer banco estatal y detener un contrato petrolero. Contaban, por supuesto, con el apoyo de la prensa. Instauraron una dictadura proclive a la persecución, el asesinato y la tortura. El pueblo costarricense, cansado de los dos hermanos tiranos, se levantó en armas para desalojarlos del poder. El asunto no fue fácil. Se recuerda en especial los martirios del maestro salvadoreño Marcelino García Flamenco y de Rogelio Fernández Güell, y los apaleamientos de los sacerdotes Salomón Valenciano y Ricardo Rodríguez, cura de Atenas. Los esfuerzos militares al mando de Julio Acosta y Jorge Volio, entre tantos otros, no consiguieron deponer la dictadura.

La victoria la consiguió una rebelión estudiantil comandada por maestras y maestros, en especial Carmen Lyra, la costarricense más notable del siglo XX, y el argentino Julio Barcos. La gente protegía a los rebeldes escondiéndolos en sus casas del acoso de la policía. Fue incendiado el diario La Información, vocero de los intereses oligárquicos. Perjudicó el afán dictatorial el no reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Federico Tinoco huyó hacia París el 13 de agosto de 1919. El 10 de agosto había sido asesinado su hermano y Ministro de Guerra Joaquín Tinoco.
_“Que la Patria se hunda en el fango o se remonte en la virtud es tarea que corresponde a cada uno de sus hijos. Que la Historia nos sirva de enseñanza y de ejemplo, porque, bajo diferentes nombres y circunstancias, la Historia se repite_” (Eduardo Oconitrillo García, Los Tinoco: 1917-1919. San José, 1980, p. 240).

1940-1949. Un decenio de cambios socioeconómicos

Es digno de admiración que el pueblo de Costa Rica haya logrado en esos años, y a pesar de una guerra civil, las Garantías Sociales, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo, la Universidad de Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones, y la creación de una serie de instituciones estatales que, de manera coordinada, lograron mejorar las condiciones de vida. Cabe destacar la supresión del ejército como institución permanente y la nacionalización de la banca. Pero es de lamentar que, tiempo después, los electores se hayan equivocado al confiar la Presidencia de la República a Calderón Fournier y Figueres Olsen, cuyo único mérito era ser hijos de los caudillos. Lejos de defender, actualizar y renovar la obra histórica de sus padres, prefirieron hacer “jugadas de pared” entre sus negocios privados y los bienes e instituciones estatales.

1970. Huelga contra Alcoa

La transnacional Aluminuin Company of America, mediante acciones dudosas logró del presidente José Joaquín Trejos y su Ministro de Planificación Miguel Ángel Rodríguez, un contrato para extraer bauxita en el cantón de Pérez Zeledón. La Asamblea Legislativa debía aprobarlo. Alcoa iba a recibir unas 30.000 manzanas de tierra con derecho a excavarlas para extraer el mineral. Aunque se comprometía a dejar los terrenos en condiciones aptas para el cultivo, eso era técnicamente imposible. Además, casi no iba a pagar de impuestos, recibiría agua gratuita y electricidad en condiciones privilegiadas.

No se hizo esperar la reacción del pueblo costarricense y muy en especial de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, dirigidos por el vicepresidente de la federación estudiantil de entonces, Jorge Enrique Romero, hoy doctor en derecho y profesor de esa casa de estudios superiores. Estudiantes de diversas orientaciones políticas y religiosas se coordinaron para lograr la victoria. Fue decisivo el empuje dado por estudiantes de secundaria. También participó una docena de diputados liderados por Rodrigo Carazo Odio y Salazar Navarrete. Por varios meses el pueblo se manifestó en contra de la aprobación del contrato. El 24 de abril de 1969, a las cuatro de a tarde, se inició un enfrentamiento entre manifestantes y policías, que derivó en una persecución por la ciudad josefina.

El contrato fue aprobado, pero Alcoa escogió retirarse. Así se libró el país de desertificar parte de su territori.o, sólo para favorecer a extranjeros.

Marzo y abril del 2000. Victoria contra el Combo-ICE

El “Combo del ICE”, tiene su génesis en la administración Figueres Olsen, pero es en el periodo presidencial de Miguel Ángel Rodríguez cuando se envía a la Asamblea un proyecto de ley sobre energía, telecomunicaciones y “modernización del ICE”. El proyecto fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo del 2000, pero el 23 de marzo el pueblo costarricense se levantó con gran fuerza política.

Hubo tantos cierres de vías públicas y tanta unanimidad de diversos sectores, dirigidos por los sindicatos del ICE, que contaron con el apoyo de Mons. Trejos, Obispo de San Isidro, que el Presidente Rodríguez se vio en la necesidad de retirar el _“Combo”_de la corriente legislativa. Luego la Sala Constitucional anuló, por errores de procedimiento, la aprobación recibida en primer debate. El “Combo-ICE” no pasó, gracias a la participación activa del pueblo costarricense que defendió una institución exitosa. Sin embargo, continúan las presiones de los interesados en privatizarlo. Los sucesivos gobiernos, sin excepción, le imponen trabas administrativas, le cortan el presupuesto, lo obligan a financiar el déficit fiscal para descapitalizarlo. Luego, los medios de difusión en permanente campaña, lo acusan de ineficiencia. Al principio de la negociación del TLC se dijo que el ICE no era negociable, ni en energía ni en telecomunicaciones, pero después “nuestros negociadores costarricenses” cambiaron de opinión…

Con tu esfuerzo, Costa Rica logrará su octava victoria

El desplome de los derechos laborales con el TLC

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Es decir, el “libre comercio” equivale a convertir en una gran maquila al tercer y cuarto mundos y suprimir la competencia en los mercados de los productos agrícolas subsidiados.

Nuestros trabajadores manufacturarán ropa interior que se vende cara, pero se les pagará con salarios de hambre –para tal fin la educación es un estorbo y las universidades públicas, por su actitud contestataria, son sospechosas de actividades subversivas–. Desde esa perspectiva, en nuestro país la memoria histórica debería borrarse, al menos, desde don Jesús Jiménez hasta don Rodrigo Facio.

Además nos mantendremos, sumisamente, como un “destino turístico paradisíaco” donde se habla inglés en las playas, que ya no son nuestras, y nosotros ponemos a los saloneros(as), cocineros(as) y auxiliares en la actividad hotelera, pero seremos extranjeros en nuestro propio país y lo más grave es que las utilidades de las compañías internacionales vuelan hacia otros destinos una vez que se aprovecharon de nuestras corrongas facilidades tropicales, paisajistas y fiscales, con prostitución infantil criolla –_“sin restricciones que apliquen”_– incluida.

En eso de las reglas ortodoxas de mercado no hay nada de filantrópico y, consecuentemente, nada de cristiano; sino que se lo pregunten a Monseñor Sanabria que tuvo lo arrestos suficientes en la defensa de la garantías sociales, como hoy Monseñor Ignacio Trejos, quien, con la hidalguía que le es propia, como Juanito Mora, advierte sobre los riesgos de que perdamos en el altar del comercio el derecho a la vida, a la Patria ancestral, respetuosa de la dignidad y del decoro humanos.

Resumidamente, el “capitalismo salvaje” según la expresión de Juan Pablo II -alma del TLC–,es inhumano, porque está en las antípodas del cristianismo y de la civilización.

Precarizar progresivamente los derechos sociales es algo inherente a ese fiero comercio. Es lo que, en lenguaje lechuguino, ahora llaman –como al descuido– desregulación o, más lúbricamente, flexibilización, que no es otra cosa que el abandono y desprotección legal de los sectores populares – las consecuencias las empezamos a ver en las calles y en la violencia cotidiana en nuestro medio, experiencia dolorosa y sangrienta ya vivida intensamente en países hermanos- En esta materia no hay inocentes, sino directos responsables.

Si para poder competir tenemos que ponernos a la altura – o, más bien, a la bajura, de los países más menesterosos del planeta–, ¿es eso civilización o barbarie?

Reclame usted en un país con una régimen decadente impregnado por el neoliberalismo un derecho económico y solícitamente los poderes del estado acuden en su auxilio, pero si lo hace por uno social, donde eventualmente la indiferencia oficial, el escamoteo, la prepotencia, el afán de desquite o, peor aun, un sombrío cinismo ideológico, servirán de pretexto para negarle el acceso a la justicia. Por ese sendero caminaron dolorosamente varios respetables pueblos latinoamericanos, hoy de luto por las masacres que no supieron evitar. En letras de azufre quedaron los nombres de los responsables de esos despropósitos.

Afortunadamente, en estos días olfatearon los demócratas estadounidenses ese feo tema propio del espíritu halconado republicano, señalando que el asunto del “fair play” civilizado de mercado no consiste en masacrar a los pueblos pobres, sino en intentar respetar, al menos, ciertas condiciones decorosas de vida –estará por verse si en esto no hay una mera pose o guiño de ojo-, por lo que rechazarían los tratados de libre comercio si no se respetan las leyes laborales y se garantiza el respeto a algunas normas básicas dictadas por la Organización Internacional del Trabajo –OIT– como la prohibición del trabajo infantil, del trabajo esclavo y de la discriminación laboral, así como el respeto a los derechos de asociación y de formar sindicatos que permiten la amplia negociación colectiva de las condiciones laborales.

El tema dichosamente se ha ido desplazando al decente terreno de los derechos humanos.

Como lo sostienen Monseñor Trejos y otros respetables compatriotas, en esta materia no cabe una pusilánime neutralidad porque eso equivaldría a una complicidad con la crueldad.

Mayo 21, 2007

Fuente: www.tribunademocratica.com

TLC: LA TRANSPARENCIA Y LA VERDAD, CONTRA LA PLATA Y LA MENTIRA

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Esa oligarquía neoliberal criolla, hoy en orgiástica relación financiera con sus homólogas asesinas de los países centroamericanos ya atrapados en el TLC, acusa al cristalino, multifacético y amplio movimiento de oposición a ese “tratado”, de responder a intereses de gobiernos extranjeros, concretamente a los de las hermanas naciones latinoamericanas de Cuba y de Venezuela.

Nada más falso. Nada más calumnioso. Carente de argumentos, derrotada en el debate, acabada en el plano de las ideas, desmoralizada porque a pesar de sus millones, el Sí al TLC es lo que se reduce, ante el impetuoso avance del No al TLC; esa oligarquía neoliberal, representada por el régimen arista, no tiene más armas que acudir a la infamia y a la mentira.

A través de sus periódicos, notamos que sus “informaciones objetivas”, los artículos de sus columnistas asalariados y de los amanuenses a su servicio, así como sus “editoriales”, dejan abierta constancia de la pobreza intelectual, de la miseria de pensamiento, del sectarismo y del totalitarismo más dogmáticos que les carcome su raciocinio, mostrando a las claras que es mejor seguir el consejo de nuestro corazón, decidiéndonos firmemente por el No al TLC.

La organización ciudadana en las comunidades está brotando inconteniblemente. Un amplio movimiento cívico de resistencia se está articulando solito, creativamente, en medio de una gran tolerancia; con un fervor patriótico capaz de enfrentarse al poder de la plata de esa oligarquía neoliberal codiciosa, angurrienta y lujuriosamente ostentosa; mentirosa, difamadora y calumniadora.

No hay un centavo del exterior en el extraordinario, pujante y patriótico movimiento contra el TLC. La plata más limpia, la plata más cristalina, que en cantidad es poca pero que en ética le gana a la otra, la plata que pone la clase trabajadora, que ponen los intelectuales y académicos de su salario, que aportan las amas de casa, que ponen empresarios y cooperativistas patriotas, que dan los agricultores producto del sudor de su frente; esa es la plata que ha venido financiando la lucha contra el TLC y con la cual se enfrentará los gastos del referéndum, a sabiendas de que, seguramente, no se podrán financiar plenamente.

Pero hay mística, hay compromiso, hay emoción, han militancia, hay tolerancia, hay diversidad; hay razones, argumentos, estudios, planteamientos y fundamentos de sobra; hay amor y cariño a la tierra que nos vio nacer; en fin, hay corazón para ganar esta batalla cívica, la más importante desde que los y las compatriotas de hace ciento cincuenta años defendieron y sellaron nuestra primera independencia.

Esos valores éticos, esa enorme cultura cívica, ese profundo concepto humanista del ser costarricense, aunado a un profundo estudio de la perversidad del nefasto y anticristiano TLC, es lo que nos tiene ganando esta batalla. Ellos, esa oligarquía neoliberal criolla y sus aliadas sangrientas de la región, no pueden competir contra nosotros, el amplio, diverso, plural, tolerante y patriótico movimiento contra el TLC.

Por eso sólo les queda inventar fantasmas del pasado, acudir a la mentira, a la calumnia; solamente les queda faltar a la verdad e insultar. Están agotados. Están exhaustos. No han podido doblegar al noble pueblo costarricense. Se quedaron sin argumentos. Están gastados. Démosles el golpe de gracia, enterrando “su” TLC en las urnas, en el referéndum venidero.

Familiares de víctimas de Yumare pedirán audiencia a Oscar Arias

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Por: (ABN)
Fecha de publicación: 22/05/07

Caracas, 21 May. ABN.- El grupo espera entrevistarse con distintas organizaciones sociales y medios de prensa de ese país para impedir que se le otorgue asilo político a Henry López Sisco, autor intelectual de la muerte de 9 personas en la zona de La Vaca, estado Yaracuy, el 8 de mayo de 1986.

Eduardo Sánchez Rojas, quien forma parte de la delegación que viajará a la nación costarricense, indicó: «El objetivo de nuestra acción es impedir que se le dé asilo a un asesino que está implicado en la muerte de nuestros familiares».

De acuerdo con lo explicado por Rojas, durante el programa En confianza, transmitido este lunes por Venezolana de Televisión (VTV), una de las principales causas que motivó la acción de los familiares de las víctimas de Yumare, es la errónea matriz de opinión que se está creando en los medios de comunicación de Costa Rica.

«En varios medios importantes de Costa Rica se está presentando a López Sisco como un perseguido político que está escapando de las supuestas represalias que quiere ejecutar el actual Gobierno venezolano por su presunta implicación en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, pero lo que los medios ese país no conocen el amplio prontuario criminal de López Sisco», expresó.

Asimismo, aseguró que altos funcionarios del Gobierno costarricense se han sumado a la campaña de mentiras que se teje sobre la solicitud de asilo que hizo Henry López Sisco, «el ministro de Relaciones Interiores declaró recientemente que el asilo a López Sisco debe ser considerado pues está siendo objeto de persecución».

El 17 de mayo el Ministerio Público imputó a tres ex funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), por su presunta responsabilidad en los homicidios de nueve personas, en la masacre de Yumare.

El fiscal 2° de Yaracuy, Miguel Gómez, imputó a Freddy Alí Grangger, Eugenio Creasola Armas y a Cesáreo Soto Muñoz, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad de actos y documentos; y uso indebido de arma de guerra.

Para el momento de los hechos, Grangger se desempeñaba como subinspector adscrito a la División de Explosivos. Creasola era inspector jefe adscrito a la Brigada General de Intervenciones. Ambos dependían de la División General de Operaciones de la Disip, departamento que era comandado por Henry López Sisco.

Con estas tres nuevas imputaciones, suman un total de 16 personas vinculadas presuntamente vinculadas con los homicidios de Luis Guzmán, José Silva, Ronald Morao, Dilia Rojas, Simón Romero, Pedro Jiménez, Rafael Quevedo, Nelson Castellanos y Alfredo Caicedo.

López Sisco también dirigió la masacre de Cantaura, cometida el 4 de octubre de 1982; la masacre del Amparo, ocurrido el 29 de octubre de 1988. Fungió como asesor de seguridad del gobernador del estado Zulia y ex candidato presidencial opositor, Manuel Rosales.

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LA MASACRE

Un posible juicio para Lusinchi y López Sisco

Admitida la querella por homicidio contra los asesinos de la Masacre de Yumare

Treinta y Ocho (38) ex funcionarios de la Disip, hoy jubilados y retirados, junto a ocho (8) ex altos funcionarios del gobierno del partido político Acción Democrática en la década de los 80’ son los querellados en el caso

Hoy 13 de junio de 2006, 20 años después, el Juzgado 6º de Control del Estado Yaracuy, admitió la querella interpuesta por los familiares de los asesinados en la población de Yumare, contra los presuntos criminales agentes de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) en el gobierno de Jaime Lusinchi.

Los delitos son: homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación Ilegitima de la libertad, violación del domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad en los actos y documentos y uso indebido de armas de guerra. Dichos delitos son imprescriptibles porque constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y de Lesa Humanidad, perpetrados contra las victimas Luís Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Ronald José Morao Salgado, Dilia Antonia Rojas, Simón José Romero Madrid, Pedro Pablo Jiménez García, Rafael Ramón Quevedo Infante, Nelson Martín Castellano Díaz Y Alfredo Caicedo, quienes formaban parte del grupo político “Corriente Histórica Social”. Estas victimas fueron privadas de su libertad, torturadas y asesinadas, todos con tiros de gracia en la cabeza.

Los querellados son, por una parte, treinta y ocho ex funcionarios de la Disip, hoy jubilados y retirados: Henry Rafael Lopez Sisco, Norberto Antonio Rebanales, Alirio Rebanales, Julio Vicente Renot, Oswaldo Ramos Oviedo, Raul Fernandez Leon, Anibal Jose Adan Quero, Willian Mauricio Prado Sifontes, Freddy Ali Grangger Perez, Eugenio Rafael Creazzola Armas, Roger Eugenio Contreras Boyer, Bernam Jose Vega, Rafael Rojas, Bergenis Beraciarte, Simón Enrique Albarran, Nelson Duran, Julio Cesar Salazar Martínez, Ramón Audilio Duque Guerrero, Rafael Álvarez, Pedro Antonio Ramírez Prieto, Oswaldo Antonio Barico, German Gustavo Justino Lamoglia Mendoza, Ignacio Castillo, Rogelio Manuel Díaz Pérez, Jesús Rafael Weir, Luis Ortiz, Valmore Méndez, Cesareo Soto Muñoz, Ramón Rovaina, Francisco Oropeza, Reinaldo Rondón, Blas González, Luís Bartolini, Diony Coronado, Olmedo González, Elionay Juárez Castillo, Domingo Heriberto Núñez Pérez, Alberto Ochoa.

De la misma manera, siete funcionarios del alto gobierno del año 1986: Jaime Lusinchi, quien fungía como presidente de la República de Venezuela; Octavio Lepage, Ministro de Relaciones Interiores para el entonces; el Vicealmirante de la Armada, Andrés Eduardo Brito Martínez, quien ejercía el cargo de Ministro de la Defensa; Remberto Uzcategui, Director de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip); Pedro García, Mayor del Ejercito, quien ejercía el cargo de Fiscal Militar; Porfirio Antonio Varela, quien pertenecía a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención; el Teniente Coronel (Ej) Pedro Celestino Silvio Pérez, quien era Comandante del BIJAP-71 y Comandante de la Guarnición del Estado Yaracuy; y, por último, Mauro Yánez Pasarella, Sub Director del Policía Técnica Judicial (PTJ).

MASACRE DE YUMARE

Resumen de los hechos.

El 08.05.86 fueron asesinadas por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) nueve (9) personas, en la zona La Vaca, Barlovento, cercano a la población de Yumare, del Distrito Bolívar, en el estado Yaracuy. Las autoridades policiales indicaron que se trató de un “enfrentamiento armado de un grupo de la Disip, con un grupo guerrillero (…) con el saldo de nueve guerrilleros muertos y un funcionario de la Disip herido (Henry López Sisco)”. Sin embargo, testigos afirman que esas personas fueron detenidas, torturadas y, posteriormente, ejecutadas – les colocaron ropas militares encima de su ropa civil- por funcionarios de ese organismo policial. Indicaron que los mismos eran luchadores sociales y promotores del ideal bolivariano. Los ciudadanos presuntamente ejecutados extrajudicialmente fueron: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelsón Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jimenes García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo.

Este hecho, también fue investigado por el Congreso de la República con la denominación de la “masacre de Yumare”.

Expediente Caso Yumare

Trascripción del Voto salvado del entonces Teniente Coronel Aviación, Germán Rafael Blasco Acevedo, canciller del Consejo Permanente de Guerra, en donde se exponen argumentos que apuntan a señalar que, en Yumare, la Disip cometió una masacre.

Yo, Teniente Coronel Aviación, Germán Rafael Blasco Acevedo como Canciller del Consejo de Guerra Permanente de Maracay, en uso de la facultad que me confiere el Artículo 143 del Código de Justicia Militar, salvo mi voto en cuanto al fallo precedente por no compartir la opinión de dos otros dignos Magistrados de este Tribunal Colegiado.

Sustento mi opinión en el criterio en base a que, si bien es cierto que quedó suficientemente probado en autos la comisión del delito militar de REBELIÓN, previsto y sancionado en el Ordinal 2do. Del artículo 486 del Código de Justicia Militar, y que, por una parte, habiendo fallecido en el encuentro armado el grupo de ciudadanos incursos en la referida infracción penal, mientras que por la otra fue imposible identificar y detener hasta la fecha a los otros presuntos ciudadanos participantes del encuentro, es procedente terminar la averiguación sumarial en consideración a lo previsto en el Ordinal 4to. del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal; no memos cierto es que habiendo fallecido nueve (9) ciudadanos a manos de funcionarios que no forman parte de las FUERZAS ARMADAS, sino de la DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN, cuya función principal es la prevención del delito, antes que la represión armada; y que en el expediente surgen elementos de juicio contradictorios con las declaraciones de los funcionarios de dicho organismo policial que dan a entrever que los hechos por ellos narrados no son del todo ajustados a la verdad de lo sucedido y que aparentemente hubo excesos durante la comisión del servicio que tenían asignado; considero procedente que la sentencia debió incluir la remisión de este expediente a la jurisdicción penal ordinaria para que proceda al conocimiento y sustanciación de las verdaderas circunstancias en las cuales fallecieron los ciudadanos plenamente identificados en autos, si hubo o no la comisión de delito, y en caso de haberlo, determinar quienes fueron los responsables y la sanción correspondiente, si fuese procedente; por cuanto no corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento de dichos hechos.

Sustento mi opinión en los siguientes elementos de juicio, que se desprenden de las actas sumariales incertas (SIC) del presente expediente:

Argumentan todos los funcionarios que participaron en el presunto encuentro armado que desplazándose por un lugar boscoso, fueron objeto de una emboscada por parte de los ciudadanos fallecidos. Pero, conforme a lo que se evidencia en las fotografías que cursan en el folio 5 al 13, se observa que la zona donde todos los ciudadanos murieron está poblada de vegetación baja, tipo pasto, grama y maleza, todos de muy corta altura, característicos de terrenos despejados, de gran iluminación.

Asimismo se observa que es un terreno plano, sin obstáculos o árboles que permitiesen el ocultamiento de personas, poniendo en duda la afirmación de la presunta emboscada.

En el folio 14, cursa fotografía de una zona boscosa, donde según el funcionario inspector, fue el lugar donde ocurrieron los acontecimientos; pero sostengo el criterio que el mismo no se corresponde con el lugar donde fallecieron los ciudadanos, por la evidente contradicción claramente visible; ya que se constata que existe un significativo contraste con el tipo de vegetación e iluminación reinante en el lugar donde quedaron los cadáveres.

Sorprende la efectividad, precisión y cantidad de los impactos en los cuerpo (SIC) de las víctimas, particularmente en la cabeza y tórax de todos los presuntos agresores, por parte de los funcionarios policiales que fueron presuntamente emboscados; no habiendo baja masiva, sino dos (2) heridos por parte de los funcionarios policiales, lo que igualmente sorprende ya que la ventaja de una emboscada y la protección defensiva previa a la misma en una zona boscosa por parte de los agresores, establecería que las consecuencias para los funcionarios policiales fueses (SIC) con gran certeza desastrosas.

Es extraño que, de acuerdo a lo que se desprende de las experticias practicadas a los morrales y a su contenido, que portaban los ciudadanos fallecidos, los mismos no presentaban perforaciones ni daños por proyectiles ni esquirlas, siendo que de acuerdo con las autopsias practicadas, varias de las víctimas habían presentado orificios en la región dorsal.

Difícilmente es aceptable que quien efectúa una emboscada lo haga con un morral en las espaldas, cuyo peso y volumen le dificultaría sus movimientos.

En el folio 5 se observa un cadáver agarrando un arma de guerra, pero es extraño que el portafusil esté sobre su hombro, lo que parece ilógico de aceptar en una persona que previamente ha asumido una posición de ventaja para una emboscada.

Igualmente no son contundente las conclusiones de la experticia practicada al conjunto de guanteletes de parafina presuntamente tomados a los occisos, por cuanto difícilmente, de acuerdo a consulta telefónica efectuada con un funcionario de la Policía Técnica Judicial de Maracay, un arma larga dejaría siempre restos de ión nitrato en ambas manos; y que de cualquier manera, la experticia sólo establecía la existencia de dicho ión, más no de que exista restos de pólvora que permitan establecer definitivamente que la persona hizo uso de algún arma.

No habiéndose practicado una inspección ocular por parte de ninguno de los Jueces que tuvieron conocimiento de los hechos, sólo se tienen las fotografías existentes en autos, así como las declaraciones de los funcionarios que participaron en el encuentro, y las de los instructores que levantaron las actas existentes en este expediente; y en ninguna parte del expediente se observa, evidencia o refiere la existencia de casquillos o conchas de proyectiles de cartuchos disparados alrededor de las víctimas, lo que es lógico de observar en ese tipo de enfrentamiento, sobre todo si se está emboscado y en posición de ataque; y considerando que se alega que el enfrentamiento duró como diez (10) minutos.

Por las razones anteriormente expuestas, conciente de la autonomía de criterio que como Juez me da la Ley, al diferir con la decisión de los otros dos ilustres magistrados de este Consejo de Guerra es que he procedido a salvar mi voto en los términos que los he hecho.

AUTOR: CIRCULO BOLIVARIANO 17 DE MARZO
13-06-2006

El TLC: Un cambio en el modelo de desarrollo de Costa Rica

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Importante documento que refleja, en forma sencilla la forma como el TLC vendría a modificar el modelo de desarrollo que los y las costarricenses hemos venido construyendo en nuestro país.

Un documento elaborado por el Sindicato SIICE para su estudio, análisis y divulgación.
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Estudio sobre impactos del TLC

Estimados compañeros y compañeras:

Les adjunto estudio hecho por afiliados del SIICE con el fin de mostrar en forma integral los impactos del TLC sobre el ICE y los costarricenses, como parte de un cambio en el modelo de desarrollo del país que impulsan los neoliberales.

El estudio incluye:

-Resultados del TLC en América Latina a un año de su entrada en vigencia

-Datos sobre el crecimiento económico de Costa Rica sin el TLC

-Impacto de las leyes de apertura en Telecomunicaciones, de acuerdo a la comparecencia de SIICE ante las comisiones de la Asamblea Legislativa

-Situación de las Telecomunicaciones en América Latina después de los procesos de privatización

-Cambios e impactos sobre el Sector Electricidad del ICE

Esperamos que lo anterior les sea de utilidad como parte de un proceso educativo e informatico sobre la realidad del TLC, de cara al referendo.

Fraternalmente,

Ing. Mayid Halabí Fauaz
SIICE
“Responsabilidad y presencia en la vida nacional”

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