Introducción
Costa Rica atraviesa por una de las coyunturas más difíciles y decisivas de su historia. Podemos decir que se encuentra frente a una verdadera encrucijada. Los avances logrados durante la segunda mitad del siglo pasado en la institucionalidad democrática y los rasgos solidarios que han sido parte de nuestro modelo de desarrollo económico y social se encuentran hoy al acecho y en franco deterioro. Ya no sólo deben cuestionarse los efectos del “ajuste estructural” en lo económico y en lo social, sino además, en la calidad de la democracia y en la extensión y profundización de la corrupción.
Las políticas económicas impuestas desde los organismos financieros internacionales, en gran medida ajenas a nuestra realidad, fueron en principio posibles gracias al mutuo acuerdo, la docilidad y falta de patriotismo mostradas por la clase política y la elite empresarial criollas en su aplicación durante las dos últimas décadas; creando un caldo de cultivo para que el interés particular desmedido y la falta de principios éticos en la gestión política (los dos brazos de la corrupción), prevalecieran por sobre los intereses más legítimos del pueblo de Costa Rica.
Esta conducta de la clase política y la elite empresarial que desgobiernan actualmente a Costa Rica, ha creado una situación propicia para que por distintas vías, como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Plan Puebla Panamá o el ALCA, los grandes intereses económicos transnacionales y sus compinches internos traten de apropiarse de nuestros principales recursos estratégicos, naturales e institucionales; como antaño hicieron con nuestras materias primas. Sin embargo, y como era de esperar, nuestro pueblo ha sabido defender el patrimonio nacional que le pertenece y ha logrado oponerse con bastante éxito, hasta ahora, a las presiones dirigidas desde afuera y desde adentro por los impulsores del modelo neoliberal; hoy en abierta retirada en el campo de las ideas y la cultura, pero con una continuada supremacía en la esfera económica y en el mundo del policy making, a pesar de sus desalentadores resultados en México, su extrema vulnerabilidad externa en Chile y su escandaloso derrumbe en Argentina.
En Costa Rica, las desigualdades sociales se acrecientan y la segregación espacial y cultural entre ricos y pobres se profundiza; los niveles de pobreza no retroceden, mientras el número de hogares y personas pobres sigue creciendo; la cobertura del seguro de salud de la PEA asalariada ronda apenas el 60%, al tiempo que más del 40% de los ocupados no cotiza en ningún régimen obligatorio de pensiones; el crecimiento del empleo informal y de baja calidad prevalece sobre el del empleo de calidad, a la vez que persisten odiosas desigualdades regionales, generacionales y de género; la inflación es relativamente estable, pero una de las más altas de América Latina y en el último lustro, los salarios reales se han estancado e incluso disminuido. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan serias limitaciones para su desarrollo en materia de acceso al crédito, servicios de apoyo y nuevos mercados; la inversión extranjera y las exportaciones de manufacturas han crecido significativamente en los últimos años, pero no son un factor seguro de desarrollo. La elevada deuda interna y la existencia de una baja carga tributaria reducen las posibilidades de inversión pública, lo mismo que la cobertura y calidad de los servicios que brinda el Estado; el sector agropecuario sufrió en los últimos quince años un desmantelamiento de su institucionalidad y una pérdida de su peso en la estructura productiva y en el empleo, sumiendo a muchos pequeños productores en la pobreza. La cartera de crédito se ha dolarizado (para quienes pueden endeudarse en dólares), al tiempo que se concentra en crédito para el consumo y la vivienda, en detrimento de las actividades primaria y secundaria; la infraestructura para el mercado interno presenta un elevado deterioro; la inseguridad y la violencia se incrementan.
Lo anterior, sólo para mencionar algunos de los problemas más visibles que agobian a la población en su vida cotidiana, y en especial, a los sectores económicamente más vulnerables y con empleo precario (si lo tienen); acercando periódicamente al país al borde de la temida ingobernabilidad. Y es que, si bien puede decirse que la democracia es condición para el desarrollo, también es cierto que el desarrollo (al menos sin marcadas exclusiones), es condición para impedir que la democracia se vacíe o se vuelva ingobernable.
La coyuntura descrita es inédita en un sentido muy particular. Y es que, a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado con otras crisis menores, este panorama, delicado y complejo, ya no podrá ser resuelto a medias por los actores políticos tradicionales, mediante el llamado, “ajuste a la tica”, y por ello intentan ahora, con la mayor prepotencia –especialmente con su proyecto estrella, el TLC con los Estados Unidos (y su mal llamada agenda complementaria)–, una profundización del modelo neoliberal, convirtiéndolo incluso en su “buque insignia”. No obstante, una salida duradera y estable a largo plazo, sólo podrá resultar de la implementación de acuerdos nacionales, democráticamente negociados, que involucren a todas las fuerzas políticas y sociales en pugna por un determinado proyecto de país.
Desde una perspectiva alternativa, podemos constatar que el desgaste del bipartidismo (herido de muerte en las elecciones de febrero de 2006), y de sus principales dirigentes históricos, ha sido tan grande ante los ojos de los costarricenses, que se requiere de un profundo proceso de renovación de la sociedad, encabezado por una nueva aglutinación de fuerzas políticas y sociales; democrático, pluralista y lo más amplia e incluyente posible, un nuevo “Bloque Histórico” (Gramsci), que articule a las fuerzas más sanas de la sociedad civil con una visión de largo plazo, y que no descuide los pasos inmediatos a seguir; proponiendo e impulsando alternativas y soluciones para los grandes problemas nacionales.
Uno de los puntos de partida para la construcción de esta convergencia histórica consistirá en definir, mediante una Agenda de Compromisos Mínimos, los virajes estratégicos necesarios que nos permitan, a la mayor brevedad posible, defender y profundizar los logros sociales y económicos alcanzados por la sociedad costarricense, enfrentar con éxito los desafíos de la globalización y enrumbar el país por el camino de un desarrollo alternativo al modelo neoliberal, un desarrollo más justo y solidario que satisfaga las necesidades más sentidas de los distintos sectores de la sociedad. En el plano intelectual y espiritual, este esfuerzo nacional deberá alimentarse de las fuentes de pensamiento más notables desarrolladas en el país en el último siglo: el cristianismo social, la social democracia, el socialismo democrático y el humanismo crítico en general.
Desde diversos grupos de ciudadanas y ciudadanos, campesinos, trabajadores, empresarios, intelectuales, estudiantes; desde sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, ecologistas, feministas, indígenas, de derechos humanos, etc.; han surgido en los últimos años múltiples iniciativas, acciones, propuestas, así como luchas más o menos puntuales para enfrentar el proyecto neoliberal y el bipartidismo en crisis. A pesar de la fragmentación de estas organizaciones, de la variedad de sus ideologías y sus estrategias, la necesidad de precisar una agenda mínima de defensa social y nacional nos convoca como ciudadanos a construir, “desde abajo”, un amplio, plural, participativo y solidario movimiento contra el neoliberalismo y el bipartidismo que lo impulsa y representa; que luche lo más coherentemente posible por alcanzar los grandes objetivos y aspiraciones de la sociedad y de la nación. Para ese propósito se necesita con urgencia dialogar, discutir y consensuar una agenda nacional –con contenidos mínimos– que sea a la vez una fuerza de atracción y un instrumento de organización y de enseñanza-aprendizaje.
En fin, para recuperar la idea del desarrollo y de la política en el sentido de discernimiento de los rumbos de la nación, hacemos un llamado a construir, con dignidad, patriotismo y autonomía, los consensos necesarios para la búsqueda del bien común, y proponemos la siguiente Agenda de Compromisos Mínimos con el pueblo de Costa Rica; la cual deberá posteriormente y mediante un amplio proceso participativo y educativo, ser desarrollada hasta convertirse en un Programa de Compromisos Mínimos y en un Proyecto Nacional Alternativo para el desarrollo del país; que incluya los objetivos, las metas de corto, mediano y largo plazos, las principales decisiones políticas (incluyendo las necesarias reformas constitucionales y legales) y los medios e instrumentos necesarios para enrumbar a Costa Rica por un nuevo derrotero de prosperidad económica, social y cultural. Con el único fin de encauzar su discusión, hemos dividido esta propuesta de agenda en tres ejes temáticos: Sociedad, Política y Bien Común; Estado y Función Pública y; Economía y Medio Ambiente. La pertinencia de los mismos deberá ser evaluada en el mismo proceso de discusión, ya que se trata sólo de un punto de partida.
Una Agenda de Compromisos Mínimos con el Pueblo Costarricense
Sociedad, Política y Bien Común
1. Hacia una democracia de ciudadanos (as). Promover la irrupción y el protagonismo de la sociedad civil en la vida política de la sociedad costarricense, transformando la democracia electoral y representativa (una democracia delegativa cada vez más cuestionada), en una democracia participativa y con capacidad de veto sobre la acción de los gobernantes, una verdadera democracia de ciudadanas y ciudadanos. Para ello, se deberán tomar acciones como las siguientes (entre otras):
a- Fortalecimiento del régimen parlamentario, hoy sumido en una crisis de desprestrigio e inoperancia.
b- Extensión de la elección directa en la escogencia de regidores y diputados.
c- Poner en marcha los mecanismos de revocatoria de mandato en los puestos de elección popular, la rendición efectiva de cuentas, el referéndum y la consulta popular.
d- Reformar la Constitución sólo con la Constitución, enfrentando los actos y las fuerzas golpistas que pretenden un viraje hacia el autocratismo.
e- En fin, recuperar y ampliar el ámbito de la Política (con mayúscula) a partir del ejercicio democrático del poder.
*1. Centralidad de la educación, la ciencia y la cultura. * Para transitar con éxito hacia la “sociedad del conocimiento” (enfrentando sus desafíos y aprovechando sus oportunidades), Costa Rica necesita urgentemente convertir la educación, el arte, la ciencia y la cultura, en los pilares de la transformación social y productiva que el nuevo contexto nacional e internacional demandan; exaltando a la vez el espíritu humano, el pensamiento crítico y la solidaridad. Propiciando, además, el mayor acceso posible a toda la población de las tecnologías de la información, las modernas comunicaciones y el conocimiento libre por vías tradicionales y digitalizadas.
*2. Seguridad ciudadana. *Hacer de la política de seguridad ciudadana una política de Estado, que trascienda los cambios de gobierno y que sea parte de un esfuerzo integral y sostenido en la definición de un desarrollo inclusivo y solidario; coherente con nuestros valores e idiosincracia por el respeto y la inviolabilidad de la vida humana, tanto en su corporalidad como en su dignidad.
*3. Salud de calidad y Garantías Sociales para todos (as). *Fortalecer y ampliar nuestro régimen de salud y de seguridad social, propiciando su real universalidad y sostenibilidad a largo plazo. Hacer efectivas las garantías sociales y los derechos laborales plasmados en la Constitución Política y en la respectiva legislación y jurisdicción social y laboral.
4. Lucha contra la corrupción. En la lucha contra la corrupción se hace urgente y necesario regirse por principios éticos y atacar las condiciones que actúan como caldo de cultivo, en los niveles público y privado, impulsando reformas como las siguientes:
a- Aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,
b- Reforma al Código Electoral sobre la financiación de los partidos políticos y la divulgación de las finanzas de las campañas y de los partidos.
c- Elaboración de un Código de Ética que regule la función pública.
d- Negociación de acuerdos tributarios internacionales para enfrentar eficazmente la evasión fiscal vinculada a las transacciones internacionales.
e- Despolitización (partidismo corrupto) de los nombramientos en puestos públicos, del uso de los recursos del presupuesto nacional y de los empréstitos que contraen las instituciones del Estado.
f- Modernización técnica y legal de los sistemas aduaneros y tributarios, fortalecimiento además sus soportes administrativos y los recursos humanos necesarios.
1. Complementariedad Estado-Sociedad Civil y Mercado-Planificación. La sociedad civil y el Estado, no son polos excluyentes, sino complementarios. El desarrollo de la sociedad civil presupone el desarrollo correspondiente del Estado (síntesis de las tensiones y los acuerdos de la sociedad); y el desarrollo del Estado presupone, para que éste no tienda al centralismo burocrático y al totalitarismo, el desarrollo de la sociedad civil. La misma relación de complementariedad debe existir entre el mercado y la planificación. El desarrollo desenfrenado del mercado conlleva a los desequilibrios socioeconómicos del desempleo, el subdesarrollo, la desigualdad excluyente, la pobreza, la corrupción y la destrucción del medio ambiente. La extensión desmedida de la planificación conlleva a la burocratización excesiva que ahoga la dinámica económica y propicia la corrupción y la ineficiencia. Se necesita un pensamiento y un accionar de síntesis, en el cual la planificación encuentre su legitimidad en la superación de los desequilibrios socioeconómicos y ambientales; y el mercado ostente la suya como fuerza de coordinación descentralizada y dinamizadora.
Estado y Función Pública
1. Soberanía Nacional. Recuperar el papel central del Estado Nación en la sociedad, para que éste ejerza la plena soberanía nacional del pueblo costarricense sobre los mares territoriales; el espacio aéreo; los recursos hídricos, naturales y energéticos; la biodiversidad; la política exterior y la política de seguridad alimentaria; además de la administración y protección de los mares patrimoniales.
2. Reformulación del Estado Social de Derecho. Recuperar y ampliar el Estado nacional en cuanto Estado Social de Derecho, para que sea promotor del desarrollo humano y ecológicamente sustentable, de la justicia social y de la igualdad en la diversidad (igualdad en las posibilidades reales de cada uno de vivir una vida plena). Que sea a la vez:
a- Guardián de la institucionalidad democrática e impulsor de los derechos humanos, individuales y sociales, del pueblo costarricense.
b- Mediador en las tensiones y contradicciones que necesariamente surgen a diario entre los distintos grupos económicos y sociales.
c- Defensor de la libertad de expresión, de la democratización de los medios de comunicación y de la pureza del sufragio.
d- Soporte y garante de la seguridad ciudadana y el bien común.
e- Impulsor de la justicia social y la democracia económica.
Lo anterior supone poner en un primerísimo plano el respeto y cumplimiento de los derechos humanos jurídicamente ya reconocidos en nuestra Constitución (derechos individuales, civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales); así como la ampliación del reconocimiento jurídico y el cumplimiento efectivo de otros derechos todavía no incorporados en nuestra Carta Magna (derechos económicos, sociales y culturales “de segunda y tercera generación”).
1. Infraestructura y Servicios Estratégicos. La inversión pública deberá tener un papel protagónico en la modernización y el mantenimiento de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, aunque no necesariamente bajo la modalidad de contratación administrativa (ejecución directa). El Estado mantendrá una participación decisiva (y exclusiva cuando sea necesario para garantizar el bien común), en los servicios sociales (educación, salud, hábitat), la banca, la energía, las telecomunicaciones, los seguros y la infraestructura sanitaria (acueductos y alcantarillados, tratamiento de desechos y residuos).
2. Ética y Probidad. Instituir como normas fundamentales de la vida institucional la transparencia, la ética, la probidad y el respeto a los derechos ciudadanos por parte de quienes ejercen la función pública. Fortalecer el Ministerio Público y en general, apoyar de manera irrestricta al Poder Judicial en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
3. Empresas e Instituciones Públicas. En relación con las instituciones autónomas y las empresas públicas, es urgente impulsar acciones como las siguientes:
a- Fortalecer y modernizar las instituciones públicas estatales creadas por los grandes reformadores del siglo XX, entre ellos, el INS, la CCSS, el ICE, RECOPE, los bancos estatales, el Banco Popular y Acueductos y Alcantarillados; recuperando su papel en cuanto Instituciones Públicas de Desarrollo,
b- Eliminación de la Ley 4-3,
c- Eliminación de las presidencias ejecutivas y fortalecimiento de los niveles gerenciales de decisión,
d- Concurso público para la conformación de las Juntas Directivas,
e- Verdadera independencia de gestión, redefiniendo el control de la Autoridad Presupuestaria y fortaleciendo la efectiva rendición de cuentas ante la ciudadanía y las instancias fiscalizadoras.
f- En los casos en que se trate de empresas públicas que generen excedentes (Bancos del Estado, INS), garantizar su uso en el fomento de las micropymes y las organizaciones de economía social, así como en el combate a la pobreza y el desarrollo social.
1. Gestión Pública. En relación con las finanzas y la gestión de las políticas públicas:
a. Administración eficiente y austera de la hacienda pública y compromiso con la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y el manejo financieramente sostenible y políticamente responsable de la deuda pública.
b. Recuperación de una política económica que privilegie el crecimiento económico, la justa distribución del ingreso y la autodeterminación en las formas de integración nacional, regional y mundial.
c. Fortalecimiento integral de la Administración Tributación y de la rendición de cuentas en materia de gastos e ingresos públicos, a fin de garantizar una estructura tributaria equitativa, una evasión fiscal mínima y una carga tributaria capaz de sostener el gasto y la inversión pública necesarios para satisfacer la demanda de bienes públicos que la población demanda. Reforma del Artículo 18 de la Constitución Política para garantizar la equidad en el pago de los impuestos.
d. Fortalecimiento del Ministerio de Planificación Nacional, para que sea en torno a esta instancia coordinadora de qué hacer estatal donde se planifique la gestión del Presupuesto Nacional y la coordinación intersectorial y regional del gasto y las políticas públicas. El Ministerio de Hacienda se concentrará en la recaudación de los impuestos y otras contribuciones tributarias, manteniendo además su papel de tesorería del Estado.
e. Un Estado que actúe como facilitador de los emprendimientos empresariales, con un aparato administrativo que no ponga trabas innecesarias al desarrollo y accionar de las empresas, nacionales o extranjeras.
f. Impulso de una reforma financiera que promueva el ahorro nacional y el establecimiento de una banca para el desarrollo.
g. Fortalecimiento de la capacidad estatal de negociación comercial internacional en los niveles bilateral y multilateral.
h. Recuperación del ámbito de lo local y lo comunitario, reorganizado en torno a un poder municipal con mayor autonomía y capacidad de gestión.
i. Adecuada planificación de las políticas públicas en el marco de un efectivo Plan Nacional de Desarrollo. Orientación global de la economía (mediante acuerdos estratégicos), en función de las aspiraciones y los objetivos económicos, sociales y ambientales.
Economía y Medio Ambiente
1. Desarrollo Sostenible. Definir los recursos energéticos y naturales como bienes estratégicos de la nación y en consecuencia, utilizarlos de una manera racional, propiciando el bienestar de todos los costarricenses y garantizando que el uso de tales recursos y el de nuestra rica biodiversidad se realice con estricto apego a un desarrollo ambientalmente sostenible. Promover un orden económico y social que incluya en su misma racionalidad la conservación y la sustentabilidad del medio ambiente y de la biodiversidad, base natural de toda la vida humana.
2. Negociación de un nuevo tratado comercial con los Estados Unidos. Un tratado comercial y de inversión con los Estados Unidos puede ser una herramienta importante para el desarrollo del país. Pero el TLC, tal como fue firmado por los negociadores del COMEX, es altamente inconveniente y no ayuda a aquel propósito. Por eso es necesario impulsar por todos los medios diplomáticos posibles su revisión integral o, en su defecto, la negociación de un nuevo acuerdo bilateral; garantizando el derecho soberano del pueblo costarricense a definir el tipo de desarrollo económico y social y las formas de integración en la economía mundial que mejor propicien el bien común y la convivencia pacífica y democrática. Durante el tiempo que dure esa negociación, se solicitará al gobierno estadounidense el mantenimiento de las concesiones arancelarias incluidas en la llamada Iniciativa de la Cuenca del Caribe (que podrían concluir en septiembre del 2008, según lo ha dado a conocer la Oficina del Representante Comercial de los EE. UU.), y que afectan a cerca de un tercio de las exportaciones a los Estados Unidos (15% de las exportaciones totales). En esta nueva negociación se deberán tomar en cuenta, entre otras, las múltiples advertencias y recomendaciones de la Comisión de Notables y de las Universidades Públicas.
3. Mayor riqueza con Justicia Social. Propiciar formas de producción y distribución de la riqueza nacional justas y equitativas, en aras de lograr el mayor bienestar para todos (as) los (as) habitantes. Comprometerse decididamente con la erradicación de la pobreza y con la construcción de una sociedad incluyente, una sociedad “donde quepan todos_”; haciendo realidad el mandato constitucional de procurar “ el mayor bienestar a todos los habitantes del país”_ (Artículo 50) y una “política permanente de solidaridad nacional” (Artículo. 74). Las políticas sociales dejarán de ser vistas como instrumentos compensatorios y subordinados de la política económica, y pasarán a ser el eje central de una ética del desarrollo.
4. Seguridad Alimentaria. Considerar estratégico y de interés nacional todo lo relacionado con la producción, exportación, importación y comercialización de los alimentos básicos, a fin de asegurar una alimentación adecuada para toda la población. En materia agrícola y pecuaria, el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar que nuestros agricultores y productores puedan contar con los recursos económicos y técnicos necesarios para desarrollar no sólo una producción eficiente y sostenible, sino también, una calidad de vida digna. Impulsando además, mecanismos justos de comercialización de sus productos y un apoyo decidido a la agricultura orgánica y ambientalmente amigable, tanto para el consumo local como para la exportación.
5. Una economía dinámica y competitiva. Impulsar una economía de mercado pluralista en sus formas de propiedad (_“economía con mercados”_, más que “economía de mercado”) y una estructura productiva dinámica, diversificada y competitiva basada en cinco grandes sectores productivos en mutua interacción.
a- Las empresas pequeñas y medianas, que serán consideradas estratégicas para estimular el crecimiento y el desarrollo, tanto del mercado interno como del sector exportador; de manera que contribuyan con el aumento sostenido en la productividad, la creación de empleos y con una distribución más equitativa de la riqueza;
b- Las grandes empresas de capital nacional, comprometidas con la competitividad, pero también, con la responsabilidad fiscal, social y ambiental;
c- Las empresas transnacionales, que contarán con los derechos y garantías internacionalmente reconocidos, pero que deberán regirse por un estatuto de inversiones extranjeras, donde se fijen reglas de juego razonables, incluyendo el pago de impuestos y el cumplimiento de requisitos de desempeño en materia ética, laboral, ambiental y tecnológica;
d- Las unidades y agrupaciones de economía campesina, que deben ser estimuladas para producir los alimentos que necesita nuestra población y para exportar con éxito sus excedentes y otros productos no tradicionales;
e- Las organizaciones de economía social, de economía solidaria y las cooperativas, a fin de contar con formas de propiedad y unidades productivas no solamente eficientes y competitivas, sino también, solidarias y promotoras del desarrollo humano y de la creatividad social y empresarial.
1. Seguridad energética. El paradigma energético basado en el petróleo ha entrado a su fase final de existencia. Aunque las reservas mundiales alcanzarán para unas cuantas décadas más, éstas difícilmente seguirán aumentando, situación que no sólo estimula la especulación, sino que incluso ha creado una tensa situación militar y humanitaria en varias partes del planeta. Costa Rica debe seguir apostando a las fuentes renovables y alternativas de energía, e incluso incursionar visionariamente en el nuevo paradigma del ciclo agua hidrógeno, pensando en garantizar su seguridad energética en el siglo XXI.
2. Desarrollo del turismo sustentable y equitativo. El turismo es, sin duda, una opción de desarrollo sumamente rentable para nuestro país, económica y socialmente hablando. Pero es de gran importancia que su operación y expansión tome en cuenta cuatro aspectos centrales e interrelacionados:
a- La promoción de centros hoteleros de pequeña escala, a fin de favorecer no solamente los megaproyectos con predominancia de capital extranjero, sino también, criterios de equidad en la distribución de la riqueza que se crea con esta actividad,
b- Generar conglomerados de empresas nacionales abastecedoras del sector (transporte, alimentación, avituallamiento, construcción, artesanía, etc.), propiciando encadenamientos productivos que permitan aumentar el valor agregado nacional,
c- Garantizar su sostenibilidad ambiental en el largo plazo y,
d- Prever y enfrentar las consecuencias sociales negativas que el crecimiento del turismo suele generar (drogadicción, prostitución, pérdida de valores nacionales, etc.).
1. Inserción en el mercado mundial con una visión de desarrollo. Costa Rica, económicamente hablando, no es un país pequeño, es un país diminuto. Por ello, toda estrategia de desarrollo económico que se enmarque en un determinado proyecto político de país, debe ser una estrategia de desarrollo “hacia fuera”, en amplia interacción (comercial, financiera, tecnológica y de cooperación) con otras economías nacionales, regionales y al nivel mundial. Esta es una verdad de perogrullo, un hecho evidente.
Pero desarrollo “hacia fuera” no es sinónimo de “obsesión exportadora”, ni de simple y llano sometimiento a la estrategia neoliberal de globalización, sino que debe consistir en un “desarrollo hacia fuera”, pero, “desde adentro” y “desde abajo”.
“Hacia fuera”, porque toda estrategia coherente de transformación económica que intente revertir el subdesarrollo debe tener entre sus elementos más importantes, una exitosa integración (o al menos, inserción), en la economía mundial, tanto en el comercio de bienes como en el comercio de servicios y tecnologías. Esto implica una determinada especialización, pero no cualquier especialización, en el marco de la división internacional del trabajo. En particular, para revertir el subdesarrollo debemos salir del círculo vicioso de una inserción periférica y subdesarrollante, que ha sido la tónica en toda nuestra historia económica (y la de América Latina en su conjunto).
“Desde adentro”, porque esa integración (inserción) debe sustentarse en un desarrollo articulado de la economía nacional y de su tejido empresarial y productivo interno. Articulación significa, en este nivel, generación, apropiación y (re)distribución del valor agregado, con creación de encadenamientos productivos y de empleos de calidad; muy al contrario de los enclaves de plantación, industriales y de exportación que han sido la norma durante toda nuestra historia como país formalmente independiente.
“Desde abajo”, porque tiene que traducirse de un desarrollo no excluyente (desarrollo inclusivo), en la construcción de una sociedad donde quepamos todos y todas, sin dejar por fuera a la naturaleza (ambientalmente sustentable). No se trata de crecer para luego distribuir, sino que la propia racionalidad económica del proyecto transformador debe ser inclusiva. Además, ha de consistir en un desarrollo desde lo local y lo regional, dando prioridad al crecimiento exportador impulsado por las pequeñas y medianas empresas, así como por las empresas de economía social.
En resumen, el dilema no es estar a favor o en contra de una amplia inserción en la economía mundial, sino el tipo de inserción que se promueve: ¿inserción periférica o desarrollo endógeno?, ¿a favor o en contra de una sociedad incluyente?
Dentro de este marco general, incluso un pequeño país como Costa Rica, siempre y cuando se decida a realizar las transformaciones requeridas en el sistema educativo y a acometer las políticas de Estado necesarias, podría incursionar con éxito en el campo de las nuevas tecnologías de la información, las infocomunicaciones, la telemática, la producción de software para computadoras, los servicios empresariales, la educación superior y la salud curativa, reconstructiva y estética, los servicios culturales, entre otros. También se presenta muy prometedora la investigación científica y la producción para usos comerciales relacionada con la biodiversidad y eventualmente, la biotecnología; lo mismo que en la búsqueda de nuevas fuentes de energía limpia, como el ciclo agua-hidrógeno. De hecho, estos deberían ser los nuevos ejes de la estrategia de inserción en el mercado mundial, pero evitando el error de pasar de una maquila de productos industriales a una simple maquila de servicios de bajo valor agregado (call centers, sportbooks, por ejemplo).
Comentario final
Esta agenda, con las reformulaciones que sean necesarias, puede servir de punto de partida para la elaboración de un Proyecto Nacional Alternativo, el cual deberá ser construido en amplio y fluido diálogo con la sociedad, traduciendo en el mismo sus necesidades, derechos y expectativas a los términos estratégicos propios de la mediación política.
Una segunda tarea impostergable, vinculada a este proyecto, habrá de consistir en construir los acuerdos y consensos necesarios sobre los medios alternativos para transitar de la Agenda de Compromisos Mínimos al Proyecto Nacional Alternativo: ¿cómo articular el nuevo bloque histórico?, ¿cómo construir una política de alianzas sobre la base de un programa mínimo no negociable?, ¿cómo asignar responsabilidades y facilitar el intercambio de información y análisis?, ¿cómo dar curso al diálogo y a las acciones consensuadas?, ¿cómo vincular las redes de organizaciones con programas pedagógicos y espacios de diálogo-enseñanza-aprendizaje?, ¿cómo obtener los recursos necesarios?, etc. En definitiva, no basta tener claridad sobre qué país queremos, sino además, en cómo nos organizamos.
Agosto 02, 2006
Tribuna Democrática
