El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, emplazó al Ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, para que explique por qué es el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y no la empresa concesionaria de la carretera San José –Caldera, Autopistas del Sol, quien está alquilando y colocando los puentes “Bailey”, en las partes dañadas de esa vía de comunicación.
Además, el legislador afirmó que, de acuerdo con el contrato de la Concesión, los costos en que se incurra tanto por la reparación de los daños, como por las medidas temporales que se tomen para viabilizar el tránsito de vehículos, son responsabilidad de Autopistas de Sol y deben ser enteramente costeadas por esta empresa.
Villalta citó el punto “2.14.11 Ocupación, Cierres o Desvíos de la Ruta Concesionada”, del Contrato de Concesión de esta vía pública, en el cual se establece:
“Desde la orden de inicio el Concesionario asumirá plena responsabilidad por el cuido y mantenimiento de la obra. Es responsabilidad del Concesionario la Reparación de cualquier daño que pudiera producirse, por cualquier causa, con la mayor brevedad posible, con el fin de mantener en óptimas condiciones tanto la obra como el servicio prestado. (…) El Concesionario deberá mantener operables para todo tipo de vehículos por lo menos dos carriles de la vía principal, lo mismo que los caminos públicos o variantes por los que fuere necesario desviar el tránsito a causa de la ejecución de las obras contratadas. Asimismo, deberá reparar los daños causados y/o mantener los caminos públicos que utilice para transportar los materiales que incorporará a la obra.”
“El Ministro Jiménez debe dar a conocer al país cuánto cuesta el alquiler de los puentes “Bailey” propiedad de las empresas Procom y Alsa que el CONAVI ha contratado para viabilizar el tránsito en las partes dañadas de la carretera, y cuánto cuesta la mano de obra que está involucrada en el montaje de esos puentes. El Ministro debe decirnos por qué Autopistas del Sol no se hace cargo de estos trabajos”, agregó.
Finalmente, Villalta afirmó que la obligación del MOPT y del Consejo Nacional de Concesiones es aplicar al Concesionario las multas estipuladas en el contrato. “Es increíble que una empresa que cobró más de 360 millones de dólares, no tenga la capacidad de atender sus obligaciones como debe ser. Las autoridades pertinentes tienen mucho que explicar al país”, concluyó el diputado.
