Decenas de familias campesinas, de diversos puntos del país, se hicieron presentes hoy en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, en San José.
Convocados por la Central Social Juanito Mora Porras, los campesinos “tomaron” las instalaciones del MAG para reunirse con el Ministro de la institución y hacerle entrega del documento “Denuncias y Propuestas sobre algunos temas del Sector Agropecuario”.
La reunión se realizó con el Viceministro Román Solera Andara, quien con muy buena disposición escuchó la posición de los diferentes representantes de la Central Social “Juanito” Mora Porras y del Frente Agropecuario que integró la delegación.
El viceministro Solera Andara coincidió con la mayoría de los planteamientos realizados por los representantes sindicales y sociales, a la vez que agradeció la posición expresada por su preocupación por la situación general del sector.
Finalmente se acordó volver a reunirse el próximo jueves 21 de octubre. En esta nueva reunión el viceministro se comprometió a entregar una posición con respecto al documento entregado.
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Documento completo entregado a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG.
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REUNIÓN 19 SETIEMBRE 2009
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS
DENUNCIAS Y PROPUESTAS SOBRE ALGUNOS TEMAS SECTOR AGROPECUARIO
ACUERDO DEL DIRECTORIO NACIONAL CSJMP
INTRODUCCION
Por más de 20 años el Sector Agropecuario ha estado ayuno de políticas claras, definidas y de largo plazo que orienten el crecimiento y fortalecimiento del Sector de manera consistente en la búsqueda de su desarrollo y consolidación.
Las grandes actividades como la caña de azúcar, café y banano entre otras, tienen ley propia y una muy fuerte organización empresarial que les ha permitido sortear la carencia de políticas definidas y de un Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial.
Cada Administración trae una propuesta transitoria sin ningún impacto, solamente persigue llegar a la orilla del río, mientras entrega la estafeta. El resultado de esta forma cortoplacista de abordar el Agro es de calamidad para los productores y de rezago para todo el Sector. Permanentemente hablamos de condonación de deudas, arreglos de pago, ejecución de garantías y adjudicación de propiedades por parte de los acreedores. Hay desazón en los campos, inseguridad y falta de optimismo hacia el futuro productivo.
Evidentemente, los más afectados son los pequeños y medianos productores. Compran insumos, semillas y herramientas en el último eslabón de la cadena soportando toda la inmensa intermediación. Venden en el primer eslabón de la cadena recibiendo precios bajos, si es que se lo pagan después de que se le castiga con todas las normas de calidad, unas existentes otras simuladas, todo ante un Estado que mira de reojo para no comprometerse.
Cuando se aproxima una crisis, el gobierno de turno aparece con un plan salvador. En esta oportunidad correspondió al Plan Nacional de Alimentos ante la pronosticada escasez mundial. Este ha sido un Plan de Alimentos, sin Alimentos. Se ofreció semillas y habían solamente unas pocas, se ofreció seguros y no llegaron, se ofreció crédito y no aparecieron los recursos, se ofreció infraestructura para proceso y secado y los frijoles se perdieron por la carencia de ella en las zonas productoras y hoy los arroceros luchan por encontrar donde secar su arroz. Ofrecer unos kilos de semilla y unos sacos de fertilizante por productor puede ser un mecanismo para enfrentar una hambruna, pero no la forma de garantizar la seguridad alimentaría y mucho menos de generar desarrollo en el agro y las zonas rurales del país.
La crisis que se aproxima es mayor a todas las anteriores y es la crisis que generará el cambio climático y el calentamiento global en la producción de alimentos y la seguridad alimentaría de los países, ésta ya empieza a hacer estragos en países muy cercanos como Guatemala, ante esta no se puede seguir actuando con parches y se requiere una verdadera política de estado para el Sector Agropecuario. Conscientes del peligro de esta crisis y de la necesidad de enfrentarla responsablemente, la Central Social Juanito Mora Porras, organización social que aglutina importantes organizaciones sindicales del sector agropecuario, retoma las denuncias planteadas y asume las siguientes propuestas para el urgente desarrollo del Sector Agropecuario nacional:
DENUNCIA: El Sector Agropecuario se viene debilitando, entre otros, mediante la reorganización improvisada de las Instituciones que lo conforman, las que siguen siendo amenazadas con reorganizaciones y cierres, sin que se cuente con un Plan Estratégico del Sector Agropecuario que respalde esas decisiones, sin que se consideren las funciones asignadas por las leyes, ni se hayan hecho las evaluaciones sobre el impacto negativo o los beneficios económicos y funcionales de las pasadas reestructuraciones, ni de las demandas planteadas por la actual legislación.
PETITORIAS:
• Que se elabore el Plan Estratégico del Sector Agropecuario Nacional, como Política de Estado por lo menos a 10 años plazo, en el seno de del Consejo Agropecuario Nacional, conformado con las autoridades gubernamentales de las instituciones del Sector y sus organizaciones sindicales y con participación de los representantes de las organizaciones de productores.
• Se respete el marco de competencia, de funciones y responsabilidades dictado por las leyes vigentes a cada una de las Instituciones que componen el Sector Agropecuario y se definan en este plan estratégico del Sector, las metas concretas, precisas, definidas y el impacto puntual que cada una de estas Instituciones debe lograr anualmente, mediante servicios puntuales, precisos y eficientes, que contribuyan al funcionamiento coherente y armonizado, al desarrollo de la actividad productiva y a ganar la credibilidad y confianza de los productores.
• Se asignen de una vez por todas, vía legislación, los recursos económicos permanentes que necesitan las Instituciones del Sector, para cumplir con las funciones que le demandan las leyes promulgadas, sin que estos dependan del sacrificio o buena voluntad de otras instancias del mismo.
• Se evalúen los efectos negativos de las reorganizaciones aplicadas en las Instituciones del Sector Agropecuario y a la luz del Plan Estratégico del Sector Agropecuario solicitado y la nueva legislación, se realicen los estudios técnicos para sustentar las reorganizaciones institucionales que sean pertinentes.
JUSTIFICACIONES:
CASO CNP REESTRUCTURACIÓN NOV. 2006: En esta reestructuración el personal del CNP (sin incluir la FANAL) era reducido de 622 funcionarios a 205. Mientras se mantenían intactas la Ley Orgánica institucional, sus reformas y reglamentos y la descripción funcional por áreas de trabajo en la propuesta se mantiene prácticamente igual que la situación actual, se eliminan dos terceras partes del recurso humano institucional y se promete con esto modernizar la organización y lograr con mayor eficiencia y productividad las actividades y la consecución de los objetivos establecidos por la Ley para la Institución y el Sector.
En el transcurso de este proceso de reorganización, en forma totalmente ilegal en el CNP, aunque no logró implementar la reorganización por fallos de la Sala IV, se promovió y permitió la movilidad horizontal o salida por medio de la Ley 7560 de 63 funcionarios y funcionarias, 29 de ellos profesionales, principalmente a nivel regional: (Ingenieros Agrónomos, Ing. Industrial, Ing. Civil, Ing. Mecánico). 13 funcionarios (as) de nivel técnico principalmente de apoyo en las subregiones del país y 21 funcionarios (as) entre secretarias, asistentes administrativos y misceláneos.
Se redujo personal en Direcciones Nacionales y Regionales de mucha experiencia y conocimiento institucional, que ahora andan sustituyendo con contrataciones temporales para atender demandas del Plan Nacional de Alimentos.
Posteriormente la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Sistema Banca para el Desarrollo (SBD), que únicamente eliminó de la Ley Orgánica del C.N.P, lo relativo a los recursos financieros, dejando intactas las responsabilidades de reconversión productiva, enfatizando en la responsabilidad asignada a la Institución para brindar servicios no financieros que requiere el SBD y asignándole participación dentro de la Comisión Técnica encargada de velar por los servicios no financieros y desarrollo empresarial dentro del SBD.
Luego se promulga la Ley de presupuesto extraordinario 2008, con el cual se asigna al CNP la responsabilidad por la ejecución de 3750 millones para mejoramiento en plantas de proceso, reproducción de semillas y vigilancia de mercado, cuya ejecución está demandando más recurso humano regional y especializado, como el que se trasladó a otras instituciones en el 2006, inducido irresponsablemente por la Administración Superior con la amenaza de la reorganización. En el presupuesto ordinario 2009, se suman la ejecución de 2400 millones para las actividades del Plan Nacional de Alimentos, con lo que el monto asignado alcanza los 6 052 millones de colones, de los cuales se han podido ejecutar o están comprometidos solamente 1786 millones, al mes de setiembre 2009, lo que da indicios de la lentitud con que se están desarrollando las urgentes tareas en plantas de proceso y en campo.
Se promulga la Ley 8700 el 23 de diciembre 2008, con la cual se asigna responsabilidades adicionales relativas al fortalecimiento del Programa Abastecimiento Institucional (PAI), ratificación del Art. 9 (CNP como canal de comercialización de los pequeños y medianos productores), así como la responsabilidad por la importación y distribución de insumos y fertilizantes para uso agropecuario.
Se aprobó el Reglamento relacionado con la Ley 8533 “Regulación de las Ferias del Agricultor”, en el cual se asignan una serie de acciones fundamentales al CNP, en función de la modernización de las ferias, básicamente en cuanto a la capacitación de los productores en aspectos de comercialización, calidad, inocuidad, buenas prácticas agrícolas, manipulación de alimentos, manejo poscosecha y otros tendientes a garantizar la calidad al consumidor final.
Ahora, en Gaceta No. 185 del 23 de setiembre se publicó la Ley 8763 sobre Requisitos de Desempeño para la Importación de Fríjol y Maíz Blanco con Arancel Preferencial, en la cual se asignan más responsabilidades al CNP en el monitoreo del mercado de fríjol y maíz blanco para definir las importaciones de estos granos, el cual debe llevarse a nivel de campo, donde los recursos a nivel regional están muy cercenados.
DENUNCIA: El mejoramiento y la modernización de la infraestructura para recibo, secado, proceso y almacenamiento de granos básicos del CNP, tiene más de 20 años de rezago y abandono, por lo que se requiere inversión urgente y sostenida en esta infraestructura para soportar cualquier intento de reactivación de la producción de granos básicos en el país.
PETITORIAS:
• Respetar y Acelerar la ejecución del presupuesto asignado al CNP períodos 2008-2009 (total 6052 millones) en el marco del Plan Nacional de Alimentos y se asignen los recursos adicionales económicos y humanos que sean determinados por los estudios de ingeniería en los períodos siguientes, a fin de que el país cuente con la infraestructura adecuada y recursos suficientes para apoyar la seguridad alimentaría nacional.
• Desarrollar nueva infraestructura en zonas productivas importantes y carentes de la misma, como la Región Huetar Norte y Región Brunca, estableciendo metas de producción por zonas a fin de garantizar su utilidad plena y destinando presupuesto necesario para su crecimiento y mantenimiento.
Justificación y propuestas:
El Estado tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde de mantener y/o crear la infraestructura que los estudios técnicos determinen necesaria para competir, tanto en el mercado nacional como el internacional. La modernización y mejoramiento de las capacidades de recibo, almacenamiento y proceso en las plantas del CNP es urgente, ya que se tiene más de 20 años de rezago y abandono. Asimismo, la reactivación de la red de frío, la instalación de mercados mayoristas y ferias del agricultor a nivel regional, que incluya servicios de acondicionamiento, almacenamiento y sean instrumento de venta de productos del agricultor. Esta infraestructura debe ponerse al servicio de los agricultores a tarifas de costo.
En el marco del Plan Nacional de Alimentos en vigencia, en el 2008 se asignaron al CNP 3 750 Millones del colones, de los cuales 2800 millones están destinados para mejoramiento de las plantas de Barranca, Liberia, La China y Planta Térraba. No obstante, deben incorporarse además, toda la infraestructura de bodegas en las diferentes zonas productivas del país, principalmente la Región Huetar Norte y Región Brunca, principales centros de producción de granos básicos.
Se desconocen los estudios técnicos que determinaron que estos montos son suficientes para los requerimientos de modernización de las plantas, pero se hace imperioso acelerar la ejecución de lo presupuestado 2008-2009, y que se asignen los recursos adicionales en los periodos siguientes, que sean determinados por los estudios de ingeniería necesarios, a fin de contar con la infraestructura nacional, suficiente y adecuada, para apoyar la seguridad alimentaría del país.
La infraestructura de plantas existente, debidamente modernizada y mejorada, debe ser reforzada con centros regionales que respondan a las necesidades técnicamente sustentadas, que funcionen como centros de acondicionamiento, procesamiento y mercadeo de alimentos, los cuales deben ser incorporados en un plan de comercialización de los productos de los agricultores, con destino, bien sea al mercado cautivo del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), a las Ferias del Agricultor o los mercados mayorista regionales. Se requiere para lo anterior, la ejecución en el próximo periodo de Gobierno, la construcción de los CEPROMAS realmente necesarios con criterio técnico y no como una imposición política como hasta ahora sucede, a fin de articular todo lo anterior a un verdadero plan y programa de comercialización regional y nacional.
En la Región Huetar se perdieron por problemas de poscosecha y carencia de infraestructura de secado, proceso y almacenamiento durante la cosecha 2008-2009 más de 40 mil quintales de fríjol, para un valor de mercado cercana a los 1500 millones de colones. Actualmente, los arroceros nacionales se encuentran buscando donde secar su grano, debido a la carencia de infraestructura y a la falta de respaldo al productor nacional, ya que en este país se sigue privilegiando la importación ante la producción.
(Para las plantas Liberia y Barranca se formalizó un contrato con la Universidad de Costa Rica para realizar los estudios e ingeniería que definirán las inversiones a realizar en 7 proyectos:
1- Plan para sustitución del sistema eléctrico en planta Barranca, 2- Ampliación del sistema de recibo de planta 1 Barranca, 3- reparaciones estructurales en cámaras, 4- ampliación del sistema de almacenamiento en planta 2 Barranca, 5- Remodelación y acondicionamiento de la planta de semillas, 6- Remodelación y acondicionamiento Planta 1 Barranca y 7- Remodelación y acondicionamiento de Planta Liberia.
2- El estudio inició en mayo 2009 y tiene un costo de 226 millones de colones). Se inició el montaje de la romana camionera y la compra de equipo y maquinaria en la planta Barranca. En planta La China- Belén, se realizan reparaciones del sistema eléctrico, la reparación, mantenimiento y cambio de equipo de planta y de laboratorio. Planta Térraba aún no está operando. Fuente: Informe Avance Plan Nacional de Alimentos. Al 30 junio 2009).
DENUNCIA: El costo de los agroquímicos, las semillas, los fertilizantes y otros insumos y materiales usados en la producción tradicional, orgánica, ecológica, inorgánica y en sistemas particulares de cultivos como ambientes protegidos de producción bajo climas controlados, tienen un alto impacto en los costos de producción agropecuarios y limitan las posibilidades de incremento y competitividad de la producción agropecuaria, principalmente en granos básicos.
PETITORIAS:
• Dotar al CNP de los recursos humanos, económicos y organizativos, que le permitan cumplir con la función de importación y distribución de insumos y fertilizantes para uso agropecuario, directamente o mediante organizaciones, a fin apoyar a las organizaciones de productores legalmente constituidas, para adquirir los insumos y fertilizantes requeridos para facilitar su comercialización a nivel nacional y bajar los costos de producción, tal como lo faculta y establece la Ley 8700 al CNP del 23 de diciembre del 2008.
• Esta función institucional debe acompañarse con la emisión de contratos productivos, que permita asegurar por parte del Estado, al productor agropecuario de productos sensibles, un precio mínimo de referencia que le asegure un nivel de rentabilidad que lo incentive a Se incluya en el cobro de peaje en las obras públicas concesionadas por el Gobierno, un porcentaje destinado exclusivamente para el mantenimiento de los caminos vecinales.
• Se establezca un mecanismo transparente y justo para que los pequeños y medianos productores reciban un precio preferencial en los combustibles que usan en las labores agropecuarias y el traslado de sus productos a los mercados.
*Justificación y propuestas: *
Una infraestructura vial suficiente y en buen estado, es fundamental para asegurar la calidad de los productos agrícolas y el acceso confiable a los puntos de destino. El MOPT y las Municipalidades deben rendir cuentas y ser transparentes en el manejo de fondos que reciben, en los procesos licitatorios, las adjudicaciones a las diferentes empresas constructoras, la supervisión, los pagos que realizan y el recibo de obra pública contratada, para que sea posible maximizar el uso de los recursos, sean nacionales o internacionales.
Las transferencias presupuestarias que el Ejecutivo hace a las Municipalidades, en cumplimiento de la ley del CONAVI u otras, debe ser guiada por las necesidades de los cantones más pobres y de las redes de caminos vecinales más deterioradas y de mayor importancia estratégica en cuanto a la producción y el transporte. Otra fuente de recursos para mantener las redes de caminos vecinales en buen estado, podría ser que en el cobro de peaje en las obras públicas concesionadas se cobre un porcentaje destinado exclusivamente para el mantenimiento de caminos vecinales.
Otra alternativa que debe estudiarse y aplicarse en el mediano plazo, es el funcionamiento de un sistema moderno de ferrocarril, desde las principales zonas productivas del país hacia los centros de comercialización nacional e internacional.
Los precios de los combustibles impactan fuertemente los costos de producción de las diferentes actividades productivas, afectando directamente la competitividad de las mismas. El país requiere que los pequeños y medianos agricultores que se dedican a velar por la seguridad alimentaría tengan ventajas que les permitan ser competitivos y una reducción en el precio de los combustibles ira en la dirección correcta.
DENUNCIA: A pesar de la Ley No. 8149, no se destinan recursos suficientes al INTA y no hay investigación para los cultivos nacionales de importancia estratégica en las diferentes regiones del país. La centralización del INTA, así como la ausencia de investigación dirigida a la problemática por región, redunda en una mala atención de las necesidades de investigación de los pequeños y medianos productores.
PETITORIAS:
• Se defina un plan estratégico nacional de investigación agropecuaria para al menos los próximos 10 años, que permita definir los recursos económicos, humanos y materiales que deben ser inyectados a la investigación de los cultivos nacionales de importancia estratégica.
• Fortalecer y regionalizar al INTA y asignación de recursos suficientes para realizar investigación a nivel regional sobre mejoramiento y desarrollo de nuevas variedades y semillas, manejo agronómico, mejoramiento y conservación de suelos, uso eficiente y apropiado de agroquímicos, que contribuyan al aumento de la productividad, calidad de producto, homogeneidad de características, adecuación del producto a las exigencias y estándares internacionales y nacionales del mercado.
• Se busque apoyo de los centros educativos de educación superior (UCR, ITCR, UNA, UNED, INA), para que la investigación y canalización de recursos, responda en mayor grado a la atención de las necesidades prioritarias de desarrollo e investigación del sector productivo y se realice un uso apropiado de capacidades e infraestructura, sin necesidad de crear inversiones adicionales en las regiones.
• El MAG reestructure su sistema de extensión y asistencia técnica a los productores de tal forma que los resultados de este esfuerzo de investigación sea validado y trasmitido a los campos de producción de su clientela.
JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTAS:
El Estado debe promover un plan de investigación estratégica de largo plazo y dictar las políticas de apoyo a la investigación e innovación en el Sector agropecuario, las cuales deben ser guiadas por principios para democratizar el conocimiento tecnológico, para que este sea accesible a todos los usuarios y que llegue a todos, aunque no puedan pagarlo y enfrenten problemas para la adopción de los mismos. Se debe considerar prioritariamente a los productores socioeconómicamente en desventaja como un servicio de apoyo que intervenga en la sociedad, la cultura y la naturaleza e incentive las condiciones de desarrollo y bienestar del sector productivo.
Se debe lograr que los centros de educación superior del país se acerquen más a las necesidades de investigación e innovación y capacitación del sector productivo, con un claro enfoque en el fortalecimiento de los procesos de producción agropecuaria y su armonía con el medio ambiente, el desarrollo y consolidación de las prácticas exigidas por los mercados justos para consolidar la diferenciación, la justicia social y laboral y los estándares de sanidad e inocuidad exigidos por los mercados.
DENUNCIA: No hay un verdadero Programa de selección, mejoramiento, mantenimiento y reproducción de semillas apropiadas para el pequeño y mediano productor, así como un banco de germoplasma donde se conserve el material genético valioso que tiene el país.
JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTAS:
El insumo mas importante para garantizar éxito en las actividades productivas es la semilla de buena calidad. Muchas de las enfermedades en granos básicos y raíces y tubérculos entre otras muchas actividades agropecuarias de los pequeños y medianos productores son trasmitidas por semilla. A nivel de ejemplo se puede mencionar que en fríjol el uso de semilla certificada es alrededor de solamente el 20 % y en raíces y tubérculos la totalidad de la semilla pasa de finca en finca si ninguna garantía y certificación. Lo anterior tiene efectos directos en la producción, la baja germinación, pobre vigor y el establecimiento deficiente de semillas y por ende plantaciones afecta directamente los ingresos de los productores y su capacidad competitiva.
Crear un Programa Nacional de selección, mejoramiento, mantenimiento y reproducción de semillas. Para el caso de raíces y tubérculos el programa debe incluir la limpieza de los materiales genéticos usados actualmente por los productores. En este esfuerzo se debe integrar los centros de investigación de los Centros de Enseñanza Superior, mismos que se encuentran ya dotados de laboratorios de biotecnología desarrollados, sin la necesidad de hacer nuevas inversiones, dando un uso racional a los recursos con los que ya cuenta el país.
Este Programa debe dar prioridad al desarrollo y reproducción de variedades y materiales genéticos apropiados a los sistemas de producción de los pequeños y medianos productores, garantizando la sostenibilidad de la producción de manera integral.
Dotar al país de un banco de germoplasma que permita al Programa de Semillas tener la materia prima para la consecución de sus objetivos, también garantizar al agro del futuro contar con la variabilidad genética que aun se dispone y poder rescatar de bancos genéticos internacionales, parte de la que ya se erosionó en el país.
DENUNCIA: Los pequeños y medianos productores no disponen de un sistema de comercialización que les permita acceder a un mercado transparente y ordenado que garantice precios justos por sus productos en concordancia a los precios que paga el consumidor nacional.
Justificación y propuestas:
El problema número uno del agro nacional es la comercialización de los productos agropecuarios producidos por los pequeños y medianos productores a precios justos. La cadena de intermediación es tan larga que entre el precio pagado al productor y el precio al consumidor se encuentran márgenes de intermediación entre un 200-1000 % según sea el producto, siendo la media muy cercana al 500%. Estudios señalan que el agricultor recibe escasamente el 10 % del valor final que paga el consumidor por su producto, pero es el que corre el 90 % de los riesgos durante 3-12 meses del año, según sea el ciclo del cultivo. Ante este panorama las posibilidades de tener éxito en la fase productiva es mínima y de no tomar medidas urgentes en el área de comercialización, el país tendrá que hacerse a la idea de convertirse en un dependiente permanente en cuanto a su seguridad alimentaría, esto mientras otros se cansan de darnos de comer o mientras podamos pagar por esos alimentos en tanto existan excedentes a nivel mundial y el cambio climático así lo permita.
• Poner al servicio de los pequeños y medianos productores de manera real el mercado Institucional que por ley debe atender el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) como lo establece la Ley 8700. (Mercado de 70.000 millones de colones anuales)
• Disminuir la intermediación de forma efectiva en la Ferias del Agricultor y garantizar este mercado para verdaderos pequeños y medianos productores. (Mercado superior a los 600.000 millones de colones anuales)
• Desarrollar de manera real y efectiva la red Regional de Centros de Acopio, Proceso y Comercialización de productos agropecuarios (CENADA Regionales), bajo el control de organizaciones de productores debidamente legalizadas.
• Enlazar las tres iniciativas anteriores en un Programa Nacional de Comercialización al servicio del pequeño y mediano productor y en beneficio del consumidor nacional.
DENUNCIA: No hay recursos ni capacitación a los productores para lograr el cumplimiento de los estándares de los sistemas de certificación y de calidad y cumplir con las condiciones de acceso a los mercados de los principales socios comerciales.
• Se implementen subsidios directos fiscales y crediticios, que faciliten la adopción y transferencia de nuevas tecnologías y buenas prácticas agrícolas, que impulsen el cumplimiento de los principios del comercio justo y de estándares laborales, sociales y manejo sostenibles certificables.
• Se desarrollen e intensifiquen programas de capacitación e impulso a los grupos de pequeños y medianos productores para la implementación de sistemas de certificación de estándares laborales y sociales y de manejo sostenible con el medio ambiente que les permitan consolidar nichos de mercado basados en requisitos de comercio justo.
• Se desarrollen programas de capacitación para capacitar a los productores y organizaciones agro exportadoras, sobre el cumplimiento de estándares de calidad , calibrado, tolerancias, presentación y manejo poscosecha, homogeneidad de productos, acondicionamiento, inocuidad, límites máximos de residuos, etiquetado, análisis de riesgo, erradicación de enfermedades restrictiva al comercio, permisos de funcionamiento, inspecciones, certificaciones y permisos que se han venido implementando por parte de los principales socios comerciales para poder mantener abiertas las condiciones de acceso a los mercados.
DENUNCIA:- El productor agropecuario nacional está en grave peligro de empeorar la situación de acceso al aseguramiento de las cosechas y hoy más que nunca, necesita que los seguros lo protejan de diferentes riesgos como los fenómenos de la naturaleza, precios de mercado, plagas y depredadores, etc.
PETITORIAS:
• Desarrollar una política pública alternativa de aseguramiento de amplio ámbito de cobertura ante los riesgos de las cosechas de los productores nacionales, por fenómenos de la naturaleza, precios de mercado, plagas y depredadores, etc, con un componente de subsidio estatal que le permita al pequeño y mediano productor agropecuario pagar este servicio.
Justificación y propuesta:
La nueva ley de seguros mantuvo el aporte económico del INS para sustentar el mantenimiento de los seguros solidarios, mediante los aportes de ley, como sería la Reserva Técnica de Contingencias Agrícolas. Sin embargo, al participar el INS en el esquema de apertura siendo un operador de seguros más, es necesaria una política estatal, ya que este tipo de seguros solidarios no serán rentables, por lo que serán escasos y/o muy costosos para los productores. Resulta imperativo el seguro de cosechas al sector productivo agropecuario, por lo que el Estado debe proveer a través de una ley un sistema de seguros subsidiado para el agro.
DENUNCIA: – Se trasladaron los recursos de los diferentes fideicomisos del Sector Agropecuario al Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) y ahora los productores cuentan con menos recursos para financiar la producción, pues la Banca para el Desarrollo no funciona.
PETITORIAS:
• Que la Banca pública flexibilice las condiciones crediticias con que otorga créditos al sector agropecuario en cuanto a garantías reales y costo del dinero competitivos, con líneas de crédito con condiciones de tiempo que completen el ciclo productivo de los diferentes sectores productivos.
• Que se evalúen y corrijan las situaciones existentes en Banca para el Desarrollo que no permite al sector agropecuario beneficiarse de estos recursos.
*JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTAS: *
La rentabilidad social del sector agropecuario, hace necesario que se modifiquen las regulaciones de la SUGEF en relación con los créditos a este sector, excluyéndolo de las normas de BASILEA, para flexibilizar los requisitos de garantías reales y evaluación de riesgo. Asimismo, otorgando tasas de interés con fines estratégicos en vez del tradicional enfoque de lucro y mercantilismo. Si no se corrigen las inoperancias del SBD que contempla estas disposiciones, será necesario que la Banca pública asuma los créditos urgentes para el sector agropecuario.
DENUNCIA: -Muchos pequeños y medianos productores agropecuarios necesitan urgentemente la condonación de deudas del proyecto de ley suspendido en la Asamblea Legislativa, so pena de perder sus propiedades. Los Jerarcas institucionales, algunos mandos medios nacionales y regionales y algunos diputados, son los verdaderos responsables por la infiltración de productores agropecuarios que no califican como beneficiarios para la condonación de deudas de los fideicomisos o Caja Agraria, lo que ha puesto en gran riesgo este beneficio para quienes verdaderamente lo necesitan.
PETITORIAS:
• La condonación de crédito a los deudores de los fideicomisos FIDAGRO-RECONVERSION PRODUCTIVA –CAJA AGRARIA, por sumas iguales o menores a 10 millones de colones por Agricultor individual. Asimismo, que se realicen los estudios pertinentes para determinar los montos mínimos a condonar, en el caso de créditos otorgados por los fideicomisos a las Organizaciones de Pequeños y Medianos Productores como organización.
• Que se investigue en las Instituciones y se sancione como corresponda, a los responsables de los presuntos malos manejos, los incumplimientos de la ley y la posible mala intención de beneficiar a grandes productores que no son objeto de los beneficios de la Ley de Reconversión Productiva u otras leyes generadoras de los fideicomisos o Caja Agraria.
*JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTAS: *
• La capacidad productiva nacional es un seguro contra la tendencia alcista de los precios internacionales de los principales productos agropecuarios del mercado mundial. La agricultura tiene que ser apreciada no solo por lo que produce, sino también por el empleo que genera. El sector agropecuario nacional emplea a más de 250 000 personas de manera directa. Estas personas tienen en el agro su ocupación tradicional y difícilmente son transferibles a otros segmentos de la economía.
• La seguridad alimentaria es un derecho de la ciudadanía, consistente en políticas agrarias, políticas pesqueras, políticas alimentarías, políticas crediticias, derechos sobre recursos (tierra, agua, biodiversidad, semillas) que deben estar asegurados. Estas políticas deben ser social, económica, ecológica y socialmente sustentables para promover el desarrollo integral de la población asentada especialmente en las zonas rurales.
• Se debe proteger al que siembra para vivir, se deben generar nuevamente propietarios que operen en forma rentable y sostenible. Debe haber una producción rentable asegurando precio y mercado local. Existe una necesidad nacional de reafirmar un compromiso que impulse la producción de frijoles, arroz, maíz, productos hortofrutícolas y verduras, los cuales son técnicamente posibles y con un nivel de productividad por hectárea aceptable, sin reparar únicamente en los costos por reactivar estas actividades productivas.
• La crisis económica mundial ha golpeado a nuestros productores agropecuarios y las condiciones de cambio climático hacen cada día más riesgosa la producción nacional, principalmente para los pequeños y medianos productores. Se hace necesario potenciar el mantenimiento de la actividad agropecuaria nacional y ayudar a los pequeños y medianos productores del área rural, para aliviar los compromisos financieros y mantener sus propiedades en forma rentable y sostenible.
DENUNCIA: con motivo de la discusión del Trata Libre Comercio entre Centroamérica República Dominicana y Estados Unidos, l gobierno firmo un convenio con varios dirigentes de organizaciones campesinas, ( que dicho sea de paso han sido fuertemente cuestionadas) con el propósito de que apoyaría la propuesta a un cambio de otorgarles prioridad en la compra de varias fincas y beneficiarlos con algunos proyectos.
JUSTIFICACIÓN
El 21 de agosto del 2007, en medio de la discusión sobre el Tratado Libre Comercio entre Centroamericana y los Estados Unidos, el gobierno firmó un convenio con un grupo de organizaciones campesinas, en el cual se comprometía a comprar una serie de gubernamental, así lo expresa Marcos Ramírez de alianza Campesina al indicar que “ estoy absolutamente seguro que todos los partidos de alianza y los sectores involucrados pidieron sus cosas y cada uno obtuvo lo suyo, basta ver leyes decretos y más.
Estos mismos grupos que firmaron el convenio han venido presionando para que el IDA les compre fincas. En este momento tienen estudio la finca Chirraca ubicada en Puerto Viejo de Sarapiqui, la cual tiene un costo de mil millones de colones y una extensión de 800 hectáreas, aparentemente la pretenden dividir entre cuatro de los dirigentes firmantes del compromiso, con la finalidad de u8bicar a sus afiliados y mejorar un poco la deteriorada imagen que han forjado después del incumplimiento por parte del gobierno, así lo expresa Marcos Ramírez al indicar que “ yo quisiera ayudar a Doña Laura, involucrarme y sacar el tiempo para recorrer el país visitando mas de cinco mil agremiados de los cuales visite cuando lo del TLC y que ahora me reclaman por la falta de cumplimiento”.
Aparte de esos compromisos, están ejerciendo todo tipo de presión para que los CEPROMAS se instalen en asentamientos en los cuales ellos fue adjudicado Marcos Ramírez y el Triunfo donde habita Misael Pennicott, lo mismo están haciendo con el programa de alimentos y con otros programas que tiene el IDA como es el caso de PROINDER.
Según documentos que tenemos en nuestro poder y corresponde a las minutas que elabora la Comisión de Compra de Fincas, se contemplan dentro de las prioridades para la compra de terrenos, los grupos de Alianza Caribe, liderado por Misael Pennicott, Cooperativa Nueva por Marcos Ramírez, Unión Tierra y desarrollo y Alianza Nacional Campesina cuyo dirigente es el señor Jesús Calderón (minuta de la reunión del 27 de julio del 2009)
Como se puede observar el gobierno esta siendo consecuente con los compromisos firmados con motivo del TLC, sin importar las denuncias que existen por parte de organizaciones como COOPEAGAS que indican que “al ser la Cooperativa Nueva tan mal dirigida, manipulada y irregularidades en lo financiero, optamos por apartarnos y crear una nueva organización.
No hay duda que el compromiso que existe en estas organizaciones trasciende las negociaciones del Tratado Libre Comercio, en este momento aparentemente los están utilizando para apoyar la nueva versión del Proyecto INDER, el cual pretende reformar el sector agropecuario en detrimento de instituciones como el IDA y el CNP.
PETICIÓN
Que el gobierno atienda las peticiones que formulan las organizaciones de agricultores, tomando en consideración criterios de ingresos y de las necesidades y no compromisos políticos asumidos con motivo del apoyo al Tratado Libre Comercio.
DENUNCIA.
La reestructuración del IDA se hizo sin ningún criterio técnico, el objetivo fue únicamente reducir la planilla. Esta situación provoco un grave deterioro en los servicios y afecto profundamente la labor que por ley le corresponde a la institución.
En lo que respeta a la reestructuración del Instituto de Desarrollo, la misma se realizo en 1996, con dicha reestructuración se paso de un total de 1200 funcionarios a 49, con la consecuente afectación de los servicios, tanto así que existen oficinas donde no se cuenta con secretarias o Direcciones Regionales, donde no se cuenta con el recurso técnico y profesional necesario para ejecutar las funciones que por ley le corresponde a la institución.
Como parte de la propuesta de reestructuración se eliminaron todas las instancias de control que existían en el IDA y se abrió el espacio para que cometieran las barbaridades que recientemente se publicaron en los medios de comunicación, pero que ya habían sido denunciadas en el año 1996 por el sindicato UNEIDA, encabezado por el compañero Walter Quesada.
El proceso de reestructuración que se ejecutó en el IDA estuvo dirigido únicamente al despido de trabajadores, lo que significa que nunca se hicieron los ajustes que proponían en el documento, situación que ha generado un serio de problema de funcionamiento institucional, principalmente porque no se puso a funcionar la estructura que se había propuesto.
En este momento el IDA tiene el problema de en qu están próximas a vencer las limitaciones en un 15 % de4 los terrenos que todavía esta bajo la tutela de la institución, eso significa que en pocos años el IDA no va tener razón de existir, por tanto se requiere una modernización, la cual debe ser discutida con las organizaciones de la Central Social Juanito Mora Porras.
Beneficiar los campesinos y descongestionar la lista de solicitantes de tierra que tiene la institución.
Es necesario también que el IDA agilice la recuperación de parcelas y lotes que están en manos de personas con gran solvencia económica o que se encuentra en estado de abandono, lo que implica fortalecer y mejorar la fiscalización agraria. Si la institución logra recuperar esos predios se reduce la necesidad de compra de nuevas fincas y sele soluciona el problema.
PETICION:
Que antes de llevar acabo cualquier proceso de modificación o trasformación de las instituciones del sector agropecuario se realice una evaluación de los efectos que las reestructuraciones anteriores han tenido sobre los servicios que prestan las mismas a los agricultores, que se obligue a las empresas de refrescos y de cerveza a depositar los dineros que le adeudan al IDA por concepto de refrescos y cervezas y se recuperen las fincas que están en manos de personas o empresas con gran solvencia económica.
DENUNCIA:
Un estudio elaborado por la Contraloría General de la República recomendó el cierre del IDA o la trasformación de la Institución. A raíz de esta propuesta se inicia un proceso de discusión de una propuesta para trasformar el Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de desarrollo Rural, la cual a la fecha fue descartada para dar paso a un nuevo proyecto de institución.
A partir del 2007 la dirección superior sometió a discusión una nueva propuesta denominada Ley general de Transformación del instituto de desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural, en esa discusión participaron funcionarios, especialistas en temas de desarrollo rural y organizaciones sindicales y campesinas.
Este documento contemplaba las condiciones básicas de la trasformación respetando la institucionalidad del IDA, de conformidad con el acuerdo segundo del consejo del Gobierno, sesión ordinaria N 49 del 13 de junio del 2007, articulo 3 que señala: “el instituto de desarrollo Agrario no se cerrara sino que se trasformara en el instituto de Desarrollo Rural, Transformación que involucra la confección y presentación de un proyecto de la Ley ante la Asamblea Legislativa y su posterior aprobación”.
Posteriormente, la Presidencia ejecutiva elevo un documento al Consejo de Gobierno para su análisis y aprobación y posterior remisión a la Comisión de Asuntos agropecuarios. En esta Comisión se le asigno el expediente 17.218. El Presidente Ejecutivo y la Gerente General, Licda. Annie Saborío Mora. Realizaron jornadas de divulgación y defensa del mencionado proyecto de ley.
Este documento fue avalado por el Frente de Organizaciones Sindicales del IDA en una reunión efectuada en el IICA en Coronado, sorpresivamente el Doctor Carlos Alberto Bolaños Céspedes Presidente Ejecutivo del IDA nos informa que el proyecto anterior fue sustituido y que existe un nuevo proyecto bajo el expediente17.503.
Bajo estas circunstancias, el Frente de Organizaciones Laborales expresa su malestar por el manejo que se hizo al proyecto original y se manifiesta en contra de avalar una propuesta que no ha sido conocida ni discutida con las organizaciones de trabajadores.
PETICION
Que se retire de la Asamblea Legislativa el proyecto de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural bajo el expediente 17.503 y que se discuta el expediente17.218 que fue la propuesta conocida y aprobada por las organizaciones laborales y campesinas.
Albino Vargas Barrantes
Presidente
CSJMP
Luis Angel Serrano Estrada
Vicepresidente
CSJMP
