Adital
(Continuación)
Corrupción: combustible detrás del proceso del CAFTA
Hoy todavía no terminan de denunciarse actos ilegales, y sobretodo inmorales, que se han venido cometiendo en este gobierno para lograr la aprobación del Tratado. Por ejemplo, en julio del 2008 se denuncia que el Ministro de Vivienda, Lic. Fernando Zumbado Jiménez, desvió una donación de $1.5 millones del gobierno de Taiwán, destinada a construir 600 casas para familias pobres de los suburbios de la capital, para pagar asesorías y otros gastos. Más vergonzoso aún, el Presidente Arias, apenas a meses de esa donación, rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, para establecerlas con China Continental. (26) Dicha donación era por $2.5 millones, pero precisamente a raíz del rompimiento, Taiwán no giró el resto. Vale destacar que durante el gobierno anterior, había ese país donado también el puente de la “Amistad”, el más largo del país.
A través de las asesorías se contrataron a allegados, amigos y funcionarios públicos, que tenían absoluta prohibición de recibir otros ingresos profesionales, mientras mantuvieran sus puestos en el Estado. Se otorgaron incluso algunos contratos a empresas fundadas por el propio Ministro, quien finalmente se vio obligado a renunciar. Aparte de esos dineros, que fueron administrados por el BCIE, pero que por ley debieron de haber ingresado y ser administrados por el Fondo de Subsidios para Vivienda, FOSUVI, se denuncia también que se gastaron otros 2 millones de dólares en asesorías para la campaña del SI, durante el referéndum, procedentes de donaciones externas, canalizadas también a través del BCIE. Donativos similares habrían sido hechos al resto de países del Caribe y miembros del CAFTA, para la tramitación del Tratado.
Entre los asuntos que se descubren con los dineros administrados por el BCIE, está el hecho de que el gobierno contrató al Lic. Jorge Hidalgo Vega, del ML, socio del magistrado suplente de la Corte Constitucional, Lic. Federico Sosto López (27), quien debió dictaminar al menos 6 de las leyes de la Agenda de Implementación. Más recientemente el magistrado Sosto visitó al hermano del Presidente y Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, en Casa Presidencial, y ante los cuestionamientos aceptó que los asesoraba pero gratuitamente. Más grave todavía es que ante tanta denuncia y presión de la opinión pública, cansada de tanta corrupción, la Corte Suprema de Justicia archivó todas las recusaciones contra el magistrado Sosto, ni siquiera intentó investigar, en lo que parece una confirmación y un agravante de tales irregularidades. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora, quien escogió a dedo al magistrado Sosto, de entre los suplentes, para dictaminar algunas de las leyes de la Agenda de Implementación, cuando por ley tal escogencia debe ser hecha mediante sorteo, llegó a manifestar que él no era un juez ético sino de legalidad. (28) El magistrado Sosto se vio obligado, finalmente, a renunciar el 2 de setiembre del 2008. (29)
Apenas el pasado 1 de octubre se denuncia el último escándalo conocido. El Diario Extra informa que: Andrea Morales cree que no hubo conflicto de intereses en la intervención del abogado Luis Pal, esposo de la diputada Mayi Antillón, en la discusión del proyecto que reforma la Ley de Propiedad Intelectual. Pal es jurista experto en inscripción de patentes. La diputada independiente Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, aceptó haber solicitado asesoría al abogado Luis Pal Hegedüs, experto en inscripción y representación de marcas, durante el trámite del proyecto que agrega y modifica varias normas en materia de propiedad intelectual. Esa última iniciativa de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos está pendiente de cambios al haber sido cuestionado su trámite por la Sala Constitucional. Luis Pal Hegedüs es el esposo de la diputada Mayi Antillón Guerrero, ex jefa de fracción de Liberación Nacional y actual presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior. (30)
Todos estos hechos demuestran un ilimitado tráfico de influencias por una parte y que los tres Poderes del Estado costarricense están “alineados”, violentando de esa forma uno de los más sagrados principios de cualquier democracia, la independencia entre poderes. En este gobierno de plutócratas, los hechos hacen pensar que el Ejecutivo dicta a los demás Judicial y Legislativo, cómo y cuándo hacer, qué cosas. Esta fusión de poderes no es otra cosa que la ejecución de un plan ya sugerido por el mismo Presidente de la República, cuando en el 2005, todavía candidato, sentenció que sería necesario, “promover una tiranía en la democracia”. (31)
La corrupción ha sido tal que quienes considerábamos que jamás se presentaría de nuevo algo semejante a los hechos denunciados en el 2004, nos hemos sorprendido. Para entonces, dos ex presidentes de la República, ambos del PUSC, y casi simultáneamente, el Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del Dr. afaelÁngel Calderón Guardia (32) y el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, fueron encarcelados (33) como medida precautoria, acusados de recibir millonarios donativos para facilitar cuantiosas compras por parte del Estado, el primer donativo supuestamente entregado por proveedores de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS y el segundo por parte de proveedores del ICE. El mundo entero conoció tales hechos, pues el Dr. Rodríguez era en ese momento, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, primer centroamericano en ocupar ese puesto. Se vio obligado sin embargo, a renunciar y regresar a dar cuentas. A su llegada al país fue apresado en el aeropuerto, ante las atónitas miradas de quienes seguían en vivo las imágenes por la televisión, que se transmitían al mundo entero.
Definitivamente a los dos partidos que conforman el PLUSC, solo les queda sus nombres, pues los principios “social demócratas” del PLN y “social cristianos” del PUSC, han sido totalmente saqueados por un liderazgo al servicio del capital salvaje, trasnochado y obsoleto. Quizá permanezcan en ellos todavía, algunos costarricenses de buena fe, que no han querido despertar a la realidad o que ingenuamente aspiran a rescatar los fundamentos de esos partidos, hoy convertidos en simples maquinarias electoreras, testaferros del poder económico.
La capacidad de violentar la Constitución y las leyes no ha tenido límites durante el proceso de tramitación del Tratado. El descaro de los 38 diputados que formaron el G-38, de votar como autómatas todas las leyes de la Agenda de Implementación, muchas de las cuales legislan para otorgar concesiones que van mucho más allá de lo que demandó el mismo Tratado (34) y por tanto de lo aprobado en el referéndum, no tiene paralelo en nuestra historia. Las reformas a casi toda nuestra legislación, para adaptarla al Tratado, por tener éste rango superior a las leyes, solo favorece a los capitales transnacionales y privados, en perjuicio del pueblo, que permanece todavía, y a pesar del extraordinario movimiento patriótico surgido a raíz del referéndum, inconsciente de las consecuencias, dado que todavía no han surtido efecto en la práctica.
Durante el proceso de discusión del Tratado y las leyes de la Agenda, hubo consultas a muchas instituciones, organizaciones y movimientos sociales, pero solo para burlarse de quienes con gran patriotismo y esperanza comparecimos ante las diferentes comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa. Fuimos burlados, pues si algo hicieron fue usar todas esas comparecencias para anunciarse como muy democráticos y participativos, pero en realidad no tomaron en cuenta ninguna de nuestras opiniones o propuestas, y por el contrario, endurecieron las leyes en contra del pueblo y en beneficio de las transnacionales. (35)
Mediante el Tratado y la Agenda de Implementación se abrieron los mercados de los servicios de telecomunicaciones y seguros, cuyos precios se encarecerán enormemente, pues la apertura implicará a muy corto plazo un enorme rebalanceo de las tarifas hoy subsidiadas, las básicas hasta en un 400%. Entre las cosas inaceptables para una Ley General de Telecomunicaciones como la aprobada, No. 8642, está la preservación de la Ley de Radio y TV, aprobada en 1954 y que fijó desde ese entonces los montos de los cánones que todavía pagan esos medios de comunicación por las concesiones de las frecuencias radioeléctricas, patrimonio del Estado, (montos hoy totalmente ridículos), en un evidente acto de retribución por los servicios prestado durante la campaña mediática del referéndum.
La legislación sobre patentes impondrá gravosos costos sobre muchos productos, con nefastas consecuencias sobre la salud y la seguridad alimentaria del pueblo. Algunas de las normas aprobadas en el Tratado van más allá de lo que establecen incluso otros tratados y organismos internacionales y pondrán en riesgo nuestros recursos naturales y ambientales, so pena de demandas millonarias que ahora no podrán ser rechazadas como en anteriores ocasiones36 y excesos que solo podrían ser interpretados como concesiones en retribución a intereses personales, obediencia ciega al líder, ignorancia o corrupción.
Conclusión
La revolución de las telecomunicaciones, a partir de la aparición de la Internet, si algo ha “globalizado” es el sistema financiero mundial. Simultáneamente, la caída de las economías de Estado, (muro de Berlín y Unión Soviética), convierte al neoliberalismo en el sistema hegemónico del mundo desarrollado. Sus promotores, el gran capital transnacional, Consenso de Washington, se encargó de imponerlo al resto del mundo, a través de sus brazos de extensión: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etc.
Para ese modelo, el libre comercio, la competencia y el lucro constituyen prioridades que se ubican por encima de la persona, a la que reducen a una variable de la productividad y competitividad de la empresa, o un integrante del mercado al que se dirigen sus productos y servicios.
Antepone las ganancias al bienestar de los pueblos, generando abundante y fácil dinero, a través de medios como la especulación financiera o el sacrificio de millones de seres humanos, que hoy mueren de hambre o por enfermedad, ante la necesidad de alimentos y medicinas, cuya circulación restringen a través de costosísimas patentes.
Nuestros países no pueden ser entregados a los dictados del mercado, so pretexto de que es necesario participar del comercio mundial y de la libre competencia. Su bienestar y el de sus habitantes, debe tener prioridad frente a los intereses mercantilistas de los grandes capitales y sus empresas trasnacionales.
En el caso costarricense, un Estado Social de Derecho ha garantizado hasta hoy servicios públicos que son brindados al costo y bajo principios solidarios, lo que ha asegurado una prestación al alcance de todos, logrando el más universal acceso en el contexto latinoamericano.
Los embates del neoliberalismo sin embargo, durante más de dos décadas, han venido reduciendo y la aprobación del CAFTA lo hará aun más, las posibilidades de mantener la equidad social, al entregar al “mejor postor” los servicios públicos y los mercados internos, lo que tendrá consecuencias nefastas a muy corto plazo.
La concentración de la riqueza y el consecuente deterioro de las condiciones de vida del costarricense harán aumentar la pobreza a extremos insospechados, lo cual llevará a exacerbar aun más la violencia y la descomposición social, la corrupción, y todas las lacras que la pobreza extrema y la inequidad acarrean.
La corrupción que se genera en el proceso de venta y privatización de los bienes del Estado, ha carcomido las entrañas mismas de nuestras institucionalidades latinoamericanas. Los escándalos de corrupción de los últimos gobiernos, en la mayoría de nuestros países, desencantan a los pueblos y traicionan aun más profundamente su confianza. Los ciudadanos, cansados y sin esperanza, se han vuelto apáticos e incrédulos, pues lo único que la mayoría de sus líderes ofrecen son promesas que jamás cumplen y mentiras o engaños teñidos de sueños, con que logran en muchos casos anestesiar a las masas.
Solo el despertar de nuestras conciencias patrias y la unión de todas las fuerzas que hoy luchamos por destituir de los gobiernos al neoliberalismo, hará renacer la esperanza, quienes no lo logren seguirán rumbo al despeñadero, por el que nos han conducido las fuerzas del capital salvaje, que aunque ya probó su fracaso, sigue teniendo sus defensores.
Los acontecimientos de los últimos meses, específicamente el desplome del sistema financiero norteamericano y mundial, que provoca ya una profunda crisis económica, de la que no se repondrá en una y quizá dos décadas, ha obligado la intervención de los gobiernos norteamericano y europeos principalmente, en lo que sería la mayor contradicción de los postulados económicos defendidos precisamente por los adalides del neoliberalismo, todo lo cual provocará necesariamente cambios estructurales en el ajedrez económico mundial.
La gigantesca operación “rescate” del Presidente Bush, sin que tal plan asegure contener la debacle, confirma algunas de las principales inconsistencias que por años se le han señalado al neoliberalismo: 1) La desregulación exacerba el afán de lucro de las empresas y principalmente de las grandes y poderosas transnacionales, multiplicando injustamente sus ganancias, 2) La desregulación conlleva a la concentración de los recursos económicos en muy pocas manos, en perjuicio de las grandes mayorías, las que precisamente menos tienen, 3) Da rienda suelta a un desenfrenado consumo, irracional e ilimitado, de los recursos naturales del planeta, acelerando el agotamiento de tales fuentes y amenazando la supervivencia misma de la humanidad, 4) La desregulación que propicia es la de los mercados (precios) y de las empresas, pero en cambio impone la más absoluta protección a sus intereses, al pretender patentar hasta la vida misma, 5) Privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, pues cuando la irresponsabilidad y la ambición desenfrenada desembocan en una crisis como la actual, los bancos centrales de los países son obligados a rescatar las empresas con dineros del pueblo, 6) Solo considera al Estado cuando se le necesita para socorrer a las empresas, cuando estas no han sido capaces de detener sus propios excesos y desenfrenos, al extremo de autodestruirse y 7) Es un sistema deshumanizante, imbuido por el lucro, sin conciencia social, guiado por la ley del más fuerte, en detrimento de cualquier principio social o solidario.
Para vergüenza de Costa Rica, a pesar de la irrefutable realidad de un péndulo que regresa, en busca de una economía regulada, este país acelera su encuentro con un neoliberalismo ya fracasado y corrupto.
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Notas:
(26) El 1 de junio del 2007, el Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Brugno Stagno y el Ministro de Hacienda, Lic. Guillermo Zúñiga, firmaron un memorando de entendimiento para el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Ese acuerdo incluyó la compra de Bonos de la deuda interna de Costa Rica, por $300 millones y una donación de $130 millones, lo cual fue ocultado por meses por el gobierno. Más adelante se informó sobre los Bonos y la cooperación, pero los detalles financieros de los Bonos fueron declarados secreto bursátil. La operación fue denunciada por el presidente de Taiwán, en declaraciones a Taipei Times, como la compra por parte de China, de las relaciones con Costa Rica. En agosto del 2008, la Corte Constitucional obligó al gobierno a revelar los detalles de la venta de Bonos. Se conoce entonces que el Banco BCT es el custodio de tales documentos. El Lic. Antonio Burgués está vinculado y fue directivo de ese Banco y dejó ese puesto para ocupar la Embajada en China. Por otra parte, casi simultáneamente se ve obligado el ICE a declarar desierta una licitación, con la que pretendía adquirir 1.5 millones de líneas celulares de tercera generación y otros suministros. El monto estimado por el ICE fue de $225 millones, el precio cotizado por la única firma que participó, Huawei Technologies de China, fue de $583 millones. Los diputados de oposición recién denuncian que precisamente meses antes, el Presidente Oscar Arias, el presidente del BCIE y ex tesorero de campaña de Oscar Arias, Lic. Alfredo Ortuño, y el presidente ejecutivo del ICE, Ing. Pedro Pablo Quirós, responsable de la Ley General de Telecomunicaciones, una de las leyes de la Agenda de Implementación, estuvieron de visita en la fábrica de Huawei, en China.
(27) Federico Sosto publicó en La Nación el 15 de enero del año 2007, un artículo titulado “Más allá del TLC”, en conjunto con los abogados Alan Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, en abierto respaldo al Tratado.
(28) “Luis Paulino Mora sobre caso de magistrado suplente Federico Sosto. Presidente de la Corte: “No soy un juez ético, sino de legalidad” Votó a favor de archivar queja contra Sosto por asesorar a la Presidencia. Asegura que el magistrado no incurrió en ninguna ilegalidad”. http://www.nacion.com/ln_ee/2008/julio/24/pais1632377.html
(29) Para cuando renuncia el Magistrado Sosto, todavía faltaba dictaminar un proyecto más, el cual debió ser analizado por otro juez suplente. La Corte Constitucional sí reconoció inconstitucionalidades en este último proyecto, con lo cual obligó al gobierno a solicitar al resto de países miembros del CAFTA, una nueva prórroga (ya habían concedido una que venció el 1 de octubre del 2008).
(30) http://www.diarioextra.com/2008/octubre/01/nacionales03.php
(31) “La ingobernabilidad se ha adueñado de la administración Pacheco de la Espriella… es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia”. Declaraciones recogidas por Esteban Arrieta Arias, en “Arias defiende “tiranía” en elección de diputados”, La Prensa Libre, 3 de septiembre de 2005.
(32) http://www-ni.laprensa.com.ni/cronologico/2004/octubre/23/elmundo
(33) http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/ice-alcatel/n050315.html
- Por ejemplo*, en lo referente a telecomunicaciones, el CAFTA hace referencia unas 6 veces a los “servicios públicos” de telecomunicaciones, pero la ley aprobada como parte de la Agenda de Implementación los califica en cambio de “servicios disponible al público”, despojándolos del carácter de servicio público
universal, que tenían, para convertirlos en simples mercancías. Exige la ley además, portabilidad numérica y desagregación de la red, no incluidas en el Anexo No. 13 del CAFTA.
- Por ejemplo*, el primer proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que llegó a la Asamblea Legislativa, consideraba la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones, (para construir proyectos de beneficio social, en zonas no rentables), constituido con el aporte de un mínimo del 4% de los ingresos brutos de los operadores en el mercado. Sin embargo, ese porcentaje, después de furibundos ataques del empresariado nacional, (posiblemente sirviendo de testaferros del capital transnacional), se bajó al 1.5%. Hoy el país (el ICE), dedica un 9% de sus ingresos brutos a subsidios para garantizar universalidad.
- A la empresa Millicom*, el gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, en su primer mandato, 19861990, le otorgó por Decreto, no por ley como correspondía, una concesión para la explotación de la telefonía celular en Costa Rica. En octubre de 1993, la Corte Constitucional declaró inconstitucional tal Decreto y Millicom debió abandonar sus operaciones en el país. Millicom puso entonces una demanda en contra el Estado Costarricense, por $400 millones. Otro caso fue el de Harken Energy, la cual obtuvo en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, un contrato de concesión por 20 años para explorar posibles yacimientos de petróleo en la provincia de Limón. En febrero del 2002, el gobierno del Dr. Pacheco debió rechazar por incompletos los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa. A finales del 2003, la empresa demandó al Estado costarricense por $57.000 millones, ante el CIADI. El monto exigido corresponde, según la empresa, al costo de la “expropiación indirecta”, es decir a las ganancias que supuestamente iba a reportarle la explotación petrolera. Ese monto equivale a 15 veces la deuda externa de Costa Rica. Ninguna de las dos demandas ha tenido éxito todavía.
* Ingeniero Eléctrico (Telecomunicaciones). Miembro fundador del Observatorio de la Liberta de Expresión. Funcionario del ICE
[Coautor de varios libros, sobre el TLC, en el campo de las Telecomunicaciones. Coautor y Editor del Libro “TLC con EE. UU.: Un Desafío al Modelo Solidario de Costa Rica. Un Caso de Estudio: el ICE”, Editorial de la UNED, 2005. Autor y Editor del Libro “El Estado Solidario frente a la Globalización, Debate sobre el TLC y el ICE”, diciembre 2006].
Octubre 28, 2008
