Estimado señor:
Para nadie es un secreto que el asunto del tratado de “libre” comercio (TLC), entre nuestro país y los Estados Unidos, tiene una trascendencia histórica mal allá de las decisiones que, en uno u otro sentido, se tomen en el presente período constitucional; por parte de la actual generación de costarricenses que, de una forma u otra, tienen que ver en tales definiciones; generadas desde las instancias institucionalmente establecidas, o fuera de las mismas.
Lo anterior quiere decir que, estamos ante un desafío que atañe a toda la población actual del país, así como a las futuras generaciones, de suerte tal que el debate que debe abrirse, debe facilitar la incorporación del mayor número de personas y de posiciones; buscando que las mismas sean escuchadas y analizadas por esa gran parte de la ciudadanía que prefiere escuchar antes, ideas y criterios contrarios y hasta radicalmente encontrados, para forjarse uno propio.
En correspondencia directa con la institucionalidad democrática que pregonamos sobre el ejercicio de la libertad de expresión, no es correcto ni moralmente aceptable, que, por poderío económico y/o por ejercicio transitorio del poder político, una posición prevalezca sobre las otras en cuanto a posibilidades de acceso masivo a la población; pues de lo que se trata es de un debate de ideas, de altura, y no de manipulaciones odiosas para potenciar determinada tesis.
En un tema tan delicado como éste, de tanta sensibilidad, sería irresponsable promocionarlo cual pasta dentrífica, apelando a fórmulas propagandísticas carentes de sustentabilidad real; y, mucho menos inaceptable sería la circunstancia de que sea el Gobierno, con fondos de todos, el encargado de una promoción en tal sentido.
Vistas así las cosas, como ciudadanos costarricense que pagamos, puntualmente, nuestros impuestos y, por ende, contribuyentes responsables del erario público; y como representantes de entidades laborales que integramos el amplio, activo y diverso mundo de los movimientos sociales de nuestro país; nos sentimos con la autoridad debida para plantear a la máxima autoridad ejecutiva del país, el Presidente de la República que, dada la actual coyuntura nacional en torno a este asunto del TLC y lo delicado de la misma; una acción gubernamental prudente aconsejaría lo siguiente:
1. Si se van a emplear recursos públicos, provenientes de los contribuyentes, para realizar propaganda oficial a favor del TLC, según la tesis del Gobierno de la República en la materia; constituiría una conducta injusta y antidemocrática; a sabiendas de que en la sociedad no hay unanimidad al respecto, ni siquiera consenso; y, por tanto, la tesis contraria a la oficial, merece un acceso equitativo e igualitario, si se trata del empleo de fondos públicos, como indicamos.
2. No debe, con todo respeto, el Gobierno de la República financiarle a una de las partes su campaña promocional particular; sino que, por el contrario, debe permitirle a la ciudadanía, si es que va a disponer de recursos públicos, igualdad de condiciones en cuanto a la difusión de las tesis contrapuestas.
3. Si, en realidad, se dispondrá de recursos públicos para el asunto del TLC, debe establecerse una comisión de representantes de las partes contrapuestas, para posibilitar un empleo racional y equitativo de los recursos públicos que se dispondría para tal efecto. Sería importante que en esta comisión, como testigo calificado, participe la Defensoría de los Habitantes de la República.
Nuevamente, nos vemos en la necesidad de indicar que el empleo de los recursos públicos de todos los y las costarricenses, a favor de una única tesis, en este caso la empresarial, no solamente riñe con la ética como indicamos al inicio de la presente; sino que, lo que hará es enconar los ánimos, incrementar las desconfianzas, aumentar la agresividad verbal, un deterioro de la imagen del gobernante e incitar a la confrontación social abierta y violenta.
Esperamos que la cordura, la justicia social y la sapiencia que dan los años, le posibilite, Sr. Presidente, entender la naturaleza de esta solicitud y emplazamiento respetuoso.
Muy atentamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Fabio Chaves Castro
Presidente Asociación Sindical de Empleados delInstituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE)
Luis Chavarría Vega
Secretario GeneralUnión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA)
Rafael Mora Solano
Coordinador Nacional Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP)
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c.: Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Monseñor José Francisco Ulloa, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
c.: Sres. Jefes de Fracción Parlamentaria, Asamblea Legislativa.
c.: Movimiento Social de Costa Rica.
c.: Archivo.
